Roberto Adrian Cazares Gonzalez
Expediente 250/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 250/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 19/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Roberto Adrian Cazares Gonzalez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de mayo de dos mil diecisiete. El Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, CERTIFICA: Que el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió del veintisiete de abril al doce de mayo del presente año (sin contar los días uno y cinco de mayo por ser inhábiles); sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo. Cuernavaca Morelos, diecinueve de mayo de dos mil diecisiete. Conste.- En la misma fecha el Secretario da cuenta al Juez, con el estado de los autos y con la certificación secretarial que antecede. Conste.- Cuernavaca, Morelos, diecinueve de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia dictada por este Juzgado Federal, en la que se determinó sobreseer el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA; háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destruirse, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo del citado acuerdo general proceda a su destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
veinticuatro de abril de dos mil diecisiete. VISTOS los presentes autos para resolver el juicio de amparo número 250/2017, y; RESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito presentado el nueve de febrero de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, y remitido al día siguiente, por razón de turno a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, Roberto Adrián Cazares González, , solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, a quien le reclamó: "IV. ACTO RECLAMADO: ACTO RECLAMADO: ES LA PREOCUPANTE INDIFERENCIA, OMISION 0 DESDEN, RESPECTO DE PRONUNCIARSE SOBRE EL ESCRITO PRESENTADO EL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2016,Y POSTERIORMENTE REALIZAR LA DEBIDA NOTIFICACION DEL ACUERDO QUE RECAIGA LO ANTERIOR IMPIDE LLEVAR A SU TERMINO EL JUICIO DE ORIGEN NO RESPETANDO LO ORDENADO EN EL ARTICULO 119 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL, ESTO ES, CONCLUIR EL ASUNTO EN UN TERMINO DE SEIS MESES, YA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE ES OMISA EN ACORDAR O PRUNUNCIARSE SOBRE EL ESCRITO PRESENTADO EL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2016, CON NÚMERO DE FOLIO 014514, TRANSCURRIENDO DEL DIA ANTES MENCIONADO AL DIA DE LA PRESENTACION DE LA DEMANDA DE GARANTIAS APROXIMADAMENTE 3 MESES SIN QUE LA AUTORIDAD ACUERDE Y POR ENDE NOTIFIQUE LO SOLICITADO O HAGA ACTO TENDIENTE ALGUNO SU REALIZACION, ASÍ COMO TAMBIEN HACIENDO CASO OMISO AL NUMERAL 685 V 838 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, NO OBSTANTE QUE EN FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 CON NUMERO DE FOLIO 016567 Y 07 DE FEBRERO DEL 2017 CON FOLIO 001043, SE PRESENTARON ESCRITOS, DONDE SE SOLICITA SE ACUERDE Y NOTIFIQUE LO SOLICITADO EN EL PRIMER ESCRITO MENCIONADO Y SE REALIZARA LA DEBIDA NOTIFICACION A LAS PARTES INVERNIENTES DEL JUICIO LABORAL DE ORIGEN, VULNERANDO Y AGRAVIANDO MIS DERECHOS LABORALES ASI COMO DEJANDOME EN ESTADO DE INDEFENCION CAUSANDOME UN DAÑO IRREPARABLE, OCACIONANDO UNA PARALIZACION Y/O SUSPENSION TOTAL DEL JUICIO..." Actos que estima violatorio de las garantías consagradas en los artículos 1, 5, 8, 14, 16, 17 y 123 Constitucionales. SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, conocer de la demanda de garantías de que se trata, registrándose bajo el número 250/2017; mediante acuerdo de trece de febrero de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de que se trata, en el que se mandó pedir informe justificado a las autoridades responsables. Además, en el citado proveído se hizo del conocimiento de las partes que podrían oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberían precisar si contiene información de carácter reservada o confidencial, sin que al efecto hayan realizado manifestación alguna. Finalmente, se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, se ordenó emplazar al tercero perjudicado, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDOS PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los numerales 33 y 35 de la Ley de Amparo, 48, 49 y 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, 15/2013 y 32/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, además de tratarse de un juicio de amparo en materia laboral en el que se reclaman actos de una autoridad que reside dentro del ámbito territorial en que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. La fijación clara y precisa del acto que se reclama a la autoridad responsable, se encuentra determinada en el resultando primero de esta sentencia, a la vez que la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlo o no por demostrado se destacará en los apartados subsecuentes, con lo cual se cumple con la exigencia que toda sentencia debe tener en todo juicio de amparo, acorde con lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a foja 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, que es del siguiente tenor: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Los actos de molestia se hacen consistir en: "La Omisión de la responsable de dictar acuerdo respecto de los escritos presentados el diecinueve de octubre, número de folio 014514, trece de diciembre número de folio 016567, ambos de dos mil dieciséis, y siete de febrero de dos mil diecisiete en relación a la ejecución del laudo, en el expediente laboral 01/722/13." Al respecto, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por conducto de su Presidente; al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado, por lo que el mismo se tiene como plenamente probado. Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia visible en la página 206, Tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época, del Apéndice de 1995, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." TERCERO. Conforme a la técnica del juicio de amparo, y de acuerdo con el artículo 62, en relación con el diverso 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, en principio, corresponde a este juzgado federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, dado que así lo exige el orden público; y, de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la improcedencia. Cobra aplicación la tesis Jurisprudencial 11.10.J/5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Octava Época, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro: 222780, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al respecto, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, al margen de aceptar la existencia del acto reclamado, también hizo valer la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de amparo. En el caso particular, quien ahora resuelve, también estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en la que se establece: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Del citado precepto legal, se infiere que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que se constituye una situación jurídica que destruya la que dio motivo a la promoción de la acción de control constitucional, de tal manera que por esa nueva situación se reponga a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese vulnerado la esfera jurídica del particular. En la especie, de la lectura íntegra de la demanda, se evidencia que el motivo básico de la promoción del juicio constitucional estriba, en que el tribunal responsable no había dictado el acuerdo correspondiente a los ocursos que le fueron presentados el diecinueve de octubre, número de folio 014514, trece de diciembre número de folio 016567, ambos de dos mil dieciséis, y siete de febrero de dos mil diecisiete en relación a la ejecución del laudo, en el expediente laboral 01/722/13, en los que se solicitaba actos tendentes a la ejecución del laudo, empero, la responsable mediante acuerdos de trece de febrero y siete de marzo de este año proveyó lo conducente. En este contexto, tal causa de improcedencia se actualiza, pues el acto reclamado fue destruido en todos sus efectos en forma total e incondicional, ya que acuerdos de trece de febrero y siete de marzo de este año, proveyó lo conducente, dentro del expediente laboral 01/722/13, tal como se aprecia de las constancias que en copia fotostática certificada, remitió la responsable, a las que, por ser documentos públicos, se les otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, de modo tal, que las cosas regresaron al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiere otorgado el amparo, esto es, como si el acto no hubiese vulnerado la esfera jurídica del particular. En apoyo a las anteriores consideraciones, se cita la Tesis Jurisprudencial 2a./J. 205/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 605, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIX, Enero de 2009, Materia Común, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto". Igualmente, tiene sustento la Jurisprudencia ciento tres, visible en la página ochenta y uno, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En las condiciones relatadas, por lo que hace al acto reclamado precisado, se sobresee en el presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63 fracción V, en relación con la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo. No sobra decir, que dicho sobreseimiento impide el análisis de los conceptos de violación que se hubieran propuesto en la demanda sobre los actos reclamados, sin que ello genere agravio a la parte quejosa, porque aquella cuestión es de estudio preferente y de orden público. Cabe invocar al respecto, la jurisprudencia aprobada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 70, octubre de 24993, página 57, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". Sin que sea factible, que se conceda la protección constitucional al quejoso, como lo pretende hasta que se declare totalmente cumplido el laudo, toda vez que en esta etapa procedimental corresponde al interesado su impulso procesal. CUARTO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 62, 63, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Roberto Adrián Cazares González, contra de los actos reclamados a la autoridad que precisados quedaron en el considerando segundo por las razones expuestas en el considerando tercero, del mismo. SEGUNDO. Por las razones vertidas en el último considerando de esta resolución, se ordena la captura y envío de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, el licenciado Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, ante La Secretaria, Rosa María Luna Mercado, con quien actúa y da fe, hasta hoy veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, en que las labores de este juzgado permitieron concluir su engrose. Doy fe .
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos y advirtiéndose de los mismos que se encuentra transcurriendo el término a las partes para imponerse del contenido del informe justificado que rindió la autoridad responsable; a fin de no violentar el procedimiento en esta contienda constitucional y proteger la equidad procesal de las partes, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las ONCE HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, para su desahogo. Al caso, resulta aplicable la tesis jurisprudencial número 54/2000, que aprobó la contradicción de tesis 29/98-PL, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de fecha veintinueve de marzo del año dos mil, que a la letra dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE. EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("el juez podrá diferir o suspender la audiencia según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado,"), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito deber diferir, de oficio y por y una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la Ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aún cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario". Notifíquese. Así lo acordó y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien actúa asistido de Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, nueve de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, el INFORME JUSTIFICADO que rinde el Presidente y Tercer Arbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad; con su contenido y dése vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. Téngase como Delegados de la autoridad responsable, en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, a las personas que designa en su informe, y por señalado el domicilio que indica, para oír y recibir notificaciones, siempre y cuando corresponda a su residencia oficial. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.
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