Roberto Ademar Rodriguez Diaz
Expediente 1031/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1031/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Roberto Ademar Rodriguez Diaz
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos; ocho de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, se advierte que no fue recurrido el acuerdo de quince de agosto de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo. Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 97 fracción I, inciso a) y 98 de ésta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales. Archivo y anotaciones. Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ya que se desechó la demanda; por tanto, el presente asunto es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente. Por otra parte, una vez cumplidos tres años a partir del presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección General del Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el numeral 23 del mismo. Resolución a Disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales; hágase de su conocimiento que el auto que desechó la demanda estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de trasparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; quince de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo con anexo presentada por ********, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 1031/2022 y fórmese expediente. Desechamiento. Ahora bien, en seguimiento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se examinará, el escrito de demanda y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. El citado artículo 113 dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ese artículo impone la obligación al juez de distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro1, y por indudable aquello que no puede ponerse en duda; esto es, de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualice; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia2. Proceder soportado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6º, ambos de la Ley de Amparo. Los citados numerales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." En efecto el primero de los preceptos reproducidos precisa que el juicio de garantías es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley. Por su parte, el artículo 6 de la ley invocada prevé el principio de agravio personal y directo, entendiéndose por agravio todo menoscabo u ofensa a la persona física o moral, menoscabo que puede o no ser patrimonial, siempre que sea material, apreciable objetivamente; y debe recaer en una persona determinada, concretarse en ésta, no ser abstracto, genérico; y debe ser de realización pasada, presente o inminente. Asimismo, el citado numeral refiere que el juicio de amparo únicamente se puede promover por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente; y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor. Es pertinente destacar que los gobernados pueden en todo momento acudir ante las autoridades de amparo a promover conforme a sus intereses convenga, debiendo para ello cumplir las formalidades que en el caso específico exija la ley, siendo uno de estos requisitos que debe hacerse por escrito, el cual para su validez es necesario que éste se encuentre firmado por el promovente, pues ningún efecto puede producir la gestión respectiva carente de firma, habida cuenta que éste constituye el signo personal característico de cada individuo, que lo distingue, incluso, identifica en cierto modo y es un requisito indispensable para conferir a cualquier promoción la calidad de genuina y por ende darle el curso legal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia sostenida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 214, en la página ciento cuarenta y seis, tomo VI, Séptima Época, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, que al tenor y rubro dice: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio." Ahora bien, en el caso que nos ocupa, del análisis efectuado al escrito de demanda, se advierte a simple vista que carece de la firma de la promovente *****, lo cual equivale de forma análoga a una ausencia total de voluntad por parte de quien supuestamente la suscribe para instaurar el juicio de garantías. De ahí que deba concluirse que no existe la manifestación de voluntad en el ejercicio del derecho que dice transgredido por parte de la aludido promovente del amparo, bajo estas condiciones, la demanda en cuestión se trata de un acto inexistente. Tiene aplicación la tesis Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: V, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1990, página 167: "DEMANDA DE AMPARO NO FIRMADA POR QUIEN LA FORMULA. Del escrito de demanda de amparo, así como de los que aparecen en diversas promociones en el juicio de primera instancia y en el toca de apelación, que fueron remitidos como justificación del informe, se desprende que las firmas que calzan estos últimos son notoriamente distintas a las que aparecen en la demanda de amparo, lo cual permite concluir que no fue el mismo quejoso quien firmó la demanda de garantías. En estas condiciones, dado que en el procedimiento escrito la voluntad de las partes de ejercitar un derecho se manifiesta mediante la firma o, si no sabe firmar, mediante la huella digital o la firma de otra persona a su ruego, es por lo que, ante la falta de firma o, como ocurre en la especie, que la firma que calza el escrito por el que se promueve el juicio de amparo, es notoriamente distinta a la del quejoso, no hay forma de saber si es voluntad de la persona cuyo nombre encabeza el escrito, hace valer las pretensiones que en él se deducen, máxime que en el caso el disidente omitió formular, oportunamente (esto es, antes de fenecer el término para la promoción), ante la responsable, un escrito en el que expresara el porqué firmó de manera distinta la demanda de amparo o, en su caso hiciera suyo su contenido, pues de otra forma, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara escritos oportunos, para que después, en cualquier tiempo, subsanara la omisión de voluntad de promover, cuando esto debió ser oportuno". De igual forma, es aplicable la tesis Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: XIV, Noviembre de 1994, Tesis: VI. 2o. 692 K, página: 435. "DEMANDA DE AMPARO. NO FIRMADA POR EL DIRECTAMENTE INTERESADO. En el procedimiento escrito, la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho, se manifiesta a través de su firma, y cuando no saben, o no pueden firmar, lo hará otra persona a su ruego pero imprimirán su huella digital, pues de lo contrario no existe manifestación de voluntad del interesado en el ejercicio de ese derecho. Por lo tanto, si la demanda de garantías no fue firmada por el quejoso ni por su representante, debe estimarse que no existe instancia de parte agraviada, dado que no se encuentra exteriorizada la voluntad del directamente interesado en la promoción del juicio de garantías, por lo que, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 4o. del mismo ordenamiento legal, máxime que de admitir y tramitar esa promoción, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara escritos en forma oportuna, para que después, en cualquier tiempo, el directamente interesado pretendiera subsanar la omisión de expresión de voluntad de promover, mediante una simple aceptación de que esa firma, que no corresponde a su puño y letra, es suya, lo cual evidentemente iría en perjuicio de las demás partes." Por ende, ningún efecto puede producir la gestión respectiva carente de firma autógrafa, pues, como ya se expuso, esta constituye el signo personal característico de cada individuo que lo distingue, incluso, identifica, en cierto modo y es un requisito indispensable para conferir a cualquier promoción la calidad de genuina y por ende darle el curso legal. En consecuencia, si, en el caso que nos ocupa, el escrito en el que se hace valer la acción constitucional no cuenta con la firma de la parte quejosa de mérito lo que acredita la ausencia de la manifestación de voluntad de quien pretendió suscribirlo, es evidente que no es posible atribuir la autoría de tal documento a *******, y en tales condiciones, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6, ambos de la Ley de Amparo, por lo que con apoyo en el diverso 113 de la Ley en cita, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA EN CUESTIÓN POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. Apoya lo anterior, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 315, tomo X, Octubre de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de la firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4o. y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada." También es orientadora el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 241, tomo I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE FIRMA EN LA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA Y NO IRREGULARIDAD EN EL ESCRITO DE DEMANDA. No puede sostenerse válidamente que la ausencia de firma en la demanda de garantías constituya una irregularidad en el escrito y que por ello sea factible que el juez de Distrito se encuentre facultado para ordenar que la misma se subsane en los términos previstos por el artículo 146 de la Ley de Amparo, supuesto que un escrito presentado en esas condiciones no obliga al órgano de control a realizar acto alguno tendiente a darle curso, en la medida en que, al no encontrarse firmado, debe estimarse como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza. Por consiguiente, en esos casos procede que se deseche de plano la demanda por ser notoria e indudable su improcedencia." Autorizados, domicilio, correo electrónico y usuario. Sin que haya lugar a proveer en relación a los autorizados, domicilio, usuario y correo electrónico que precisa, pues como se indicó, no se externó la voluntad de la directa quejosa para promover la demanda de amparo. No obstante, a fin de realizar la notificación del presente auto y no dejar en estado de indefensión a la provente, aunado a que se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el nombre de usuario ******* se autoriza la notificación electrónica del presente auto por dicho medio, por tanto, instrúyase a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a efecto de que realice las gestiones necesarias y se habilite las notificaciones electrónicas. Habilitación Días y Horas. En acato al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho fundamental, en términos del artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles, pero en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, fracción I del Acuerdo General 212020. Aviso de transparencia. Se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 4, 11, 12, 15 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince, toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, asimismo, que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la referida ley, deberá ponerse a disposición del público y actualizarse la información relativa a las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, así como las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información, en la inteligencia de que la falta de oposición de manera expresa conlleva su consentimiento. En caso de oposición, deberá estarse a lo establecido en la sección tercera, relativa al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince. Notifíquese y personalmente vía electrónica a la parte promovente.
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