Roberta Gómez Aguilar

Expediente 281/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
281/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
12/05/2023

Partes del expediente

  • Roberta Gómez Aguilar

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VI A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de mayo de dos mil veintitrés. Toda vez que del cómputo secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de veinte de abril del año en curso, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Archivo del expediente Con fundamento en los artículos 1, 14, 15 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecisiete de marzo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, en vigor el veintiséis de marzo de la misma anualidad, archívese el presente asunto como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del acuerdo en comento. Destrucción del expediente Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este juzgado durante tres años, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del expediente y remitirá el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Anotaciones en la carátula y libro de gobierno Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA VI A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de abril de dos mil veintitrés. En términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos, los informes justificados que rinden el Presidente y Actuario de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, al que adjuntan un legajo de copias certificadas deducidas el expediente laboral 328/2016. Pruebas de las responsables Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de las autoridades en comento, las documentales que acompañan consistentes en un legajo de copias certificadas deducidas el expediente laboral ****, de su índice. Sobreseimiento fuera de audiencia Ahora, del análisis integral del escrito de demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables Presidente y Actuario de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, lo siguiente. La omisión de dictar acuerdo correspondiente al escrito de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, presentado el veinticinco siguiente ante la autoridad responsable, en el cual promovió ejecución del laudo firme dictado en segunda resolución de dieciséis de abril de dos mil veintiuno y la notificación que recaiga al proveído que se dicte. En este sentido, cabe precisar que las precitadas autoridades, en los informes justificados de cuenta, aceptaron la existencia de los actos reclamados; aduciendo el presidente de la Junta responsable, que a la fecha de presentación de la demanda, no le había sido posible emitir acuerdo respecto al escrito del cual se duele el quejoso, sin embargo, el doce de abril de dos mil veintitrés, fue acordado su escrito de veinticuatro de enero del año en curso. Así también, con los oficios de cuenta se advierte que las autoridades responsables remiten un legajo de copias certificadas deducidas el expediente laboral ***, de su estadística, de las cuales de advierten la copia certificada de proveído de doce de abril del actual, y de su constancia de notificación realizada el catorce de abril del año en curso, a la parte aquí quejosa, por conducto de su autorizado Alejandro Cabrera; lo anterior, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (que lo fue el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés) Por lo anterior, en el caso, de oficio se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado cesó en sus efectos, como se verá a continuación. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (...). La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de la garantía violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera emergido. Con esas bases, ya que la autoridad responsable, el doce de abril de dos mil veintitrés, dictó el acuerdo correspondiente en el juicio laboral 328/2016, en el que dio respuesta al escrito de la parte quejosa de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, presentado el veinticinco de enero siguiente ante la autoridad responsable, cuya omisión de contestación reclama en esta instancia constitucional, y en atención a lo solicitado, entre otras cosas, requirió a la parte demandada para que dé cumplimiento al laudo firme de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, el cual le fue notificado el catorce de abril de dos mil veintitrés, por conducto de su autorizado; con lo que se advierte se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho humano que estimaba vulnerado, de manera total e incondicional como si se le hubiere otorgado el amparo. Aplica al caso concreto la Jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, Materia Común, página 38, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EN ESTE JUICIO. Por consecuencia, queda sin efecto la fecha y hora señaladas para la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    MESA I A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. De autos se advierte que no obran las constancias de notificación de los oficios 4903/2023, 4906/2023 y 4907/2023 dirigidos a las autoridades responsables Registrador de Silacayoapam, Oaxaca; Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Silacayoapam, Oaxaca, y Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Santa Cruz de Bravo, Silacayoapam, Oaxaca, respectivamente, por el que se les transcribió la sentencia de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Por lo anterior, en términos del artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al Jefe de Correos de México, con sede en la ciudad de Oaxaca, para que en el plazo de tres días siguiente a su legal notificación, remita a este órgano jurisdiccional los acuses de recibo relativos a los registros postales MN680104300MX, MN680104301MX y MN680104302MX, que amparan los oficios antes citados, depositados en la oficina a su cargo el trece de marzo del año en curso. Apercíbasele que de incumplir con lo anterior, se le impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización vigente, equivalente a cinco mil ciento ochenta y siete pesos, a razón de $103.74 como valor diario, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así, lo proveyó el Juez Emmanuel Hernández Alva, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Piedad Guadalupe Jiménez Santiago, que autoriza y da fe, quienes firman electrónicamente.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta secretarial que inmediatamente antecede, se provee: Registro del expediente Con el escrito de demanda de amparo, promovida por********************, quién se ostenta como apoderado legal de la directa quejosa ********************, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, fórmese expediente electrónico e impreso (éste último con las promociones físicas que presenten las partes, así como con las actuaciones que resulten indispensables para el impulso del asunto), regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 281/2023. Bases Normativas Ahora bien, el artículo 114 de la Ley de Amparo, establece que cuando hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda, el órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente para que la aclare, cuando se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de dicha ley; no se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado y no se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda; señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse. En relación con lo anterior, conviene destacar que el artículo 11 de la Ley de Amparo, establece la carga procesal, respecto a que, cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. En la especie,********************, se ostenta como apoderado legal de ********************, en el juicio laboral ********************, de la estadística de la Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje; sin embargo, no acredita tal carácter con las constancias respectivas, en términos del invocado numeral 11 de la ley de la materia. Lo anterior es así, ya que la documental que anexa al escrito de demanda para tal efecto, resulta insuficiente para acreditar tal circunstancia, puesto que con dicho documento únicamente acredita que con el carácter que ostenta, dirigió un escrito al Presidente Ejecutor de la Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje; pero no que la responsable le hubiese reconocido la personalidad con la que comparece a esta instancia constitucional. Prevención En tales condiciones, con fundamento en los invocados numerales 11 y 114, fracciones II y III de la Ley de Amparo, requiérase al promovente a fin de que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad y de conformidad con lo previsto por el artículo 108, fracciones I y II, de la misma ley, regularice su demanda de la siguiente manera: Exhiba el documento idóneo con el que acredite el carácter con que promueve el presente ocurso constitucional. Lo anterior, toda vez que no resulta suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda de amparo que únicamente afirme tener la personalidad que ostenta, sino que es necesario que ésta se acredite con las constancias respectivas. Al efecto es aplicable, la jurisprudencia P./J. 43/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página 48, Tomo IV, julio de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo". Asimismo, sirve de sustento la jurisprudencia número P./J. 23/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato". Así también, precise el nombre y domicilio de quien le resulte el carácter de tercero interesado. Lo anterior, toda vez que si bien en su demanda el promovente manifestó "Dada la naturaleza del acto reclamado, no existe tercero perjudicado", dicha circunstancia no es suficiente para estimar colmado al requisito exigido en el artículo 108, fracción II de la Ley de Amparo. Esto, porque conforme lo previsto en el artículo 5º, fracción III de la Ley de Amparo, tiene el carácter de tercero interesado: "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable." Entonces, al derivar el acto reclamado de un juicio laboral -a saber el ********************, del registro de la Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje- como así lo manifestó en su demanda el promovente del amparo, se considera la existencia de esa parte procesal. Máxime que, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la directa quejosa tiene el carácter de parte actora en el juicio laboral ********************, por tanto, se evidencia que a su contraparte (demandada) le resulta tal carácter de tercero interesado, en términos del artículo 5º, fracción III, inciso b) de la citada ley de la materia. Requisito, que tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda y cumplir los con requisitos que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo. Apercibimiento Apercibido que en caso de no cumplir íntegramente con la prevención antes señalada dentro del plazo indicado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, lo anterior, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de la Materia. Domicilio para recibir notificaciones y autorizaciones Se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica el promovente en el escrito de demanda, y por autorizados para recibir notificaciones con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala, por así solicitarlo expresamente, y ser el presente asunto en materia laboral, y el quejoso, la parte trabajadora en el juicio de origen. Consulta del expediente electrónico Por otra parte, respecto al que se autorice al usuario "********************", para que pueda consultar el expediente electrónico, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; con fundamento en los artículos 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, 6, 34, 35, 36, 37, 38 y 40, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula "la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo", se otorga autorización al usuario: 1. Para que consulte el expediente electrónico de este juicio de amparo. En razón de lo anterior, se instruye al Oficial Judicial A para que realice el alta correspondiente del citado usuario. Proporciona correo electrónico Respecto al correo electrónico que proporciona, dígasele que no ha lugar a tenerlo como medio para comunicaciones oficiales con la citada promovente de amparo, toda vez que conforme a los párrafos que anteceden proporcionó un usuario en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por lo que es evidente que tiene acceso a actuar desde ese Portal, conforme a lo establecido en el artículo 257 fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese personalmente.

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