Robert Stephan Xaver Knestel
Expediente 1927/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1927/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 30/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Robert Stephan Xaver Knestel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1927/2018-I, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el uno de abril de dos mil diecinueve; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Finalmente, toda vez que la responsable, remitió diversas constancias debiendo formarse los anexos I al VI; en esas condiciones, devuélvanse a la autoridad responsable los anexos de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, quien autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1927/2018, promovido por ROBERT STEPHAN XAVER KNESTEL, por propio derecho, y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda y admisión. Mediante escrito recibido el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnado al día siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, ROBERT STEPHAN XAVER KNESTEL, por su propio derecho, promovió juicio de amparo en contra de la Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, que hizo consistir en la resolución interlocutoria de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, emitida en el incidente de reclamación en la controversia familiar 544/2016 y su acumulado 3/2017. SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. Por proveído de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo, solicitando a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, se ordenó emplazar a la tercero interesada, lo que se realizó el cinco de diciembre del mismo año y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que inició al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. Certeza del acto. Al rendir su informe justificado la responsable Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, expresó que es cierto el acto reclamado. Lo anterior se corrobora con las copias certificadas de la controversia familiar 544/2016 y su acumulado 3/2017, sobre divorcio incausado, promovido por María del Rosario Almazán León, en contra del aquí quejoso ROBERT STEPHAN XAVER KNESTEL, que fue remitida por la responsable como complemento a su informe justificado, a la cual se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por haber sido expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones, de las que se desprende ciertamente el acto combatido. TERCERO. Causales de improcedencia. Al no haberse hecho valer por las partes causales de improcedencia, ni advertirse de oficio por este Juzgador, se procede al análisis de los conceptos de violación. Son inoperantes, infundados y fundados pero inoperantes los conceptos de violación, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo. Se estima necesario señalar los antecedentes de la resolución reclamada: 1. Por acuerdo emitido el dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, en el expediente de divorcio incausado 3/2017 (posteriormente acumulado al expediente 544/2016-2), promovido por María del Rosario Almazán León, la entonces Juez Quinto Civil en materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, fijó como pensión alimenticia provisional a favor de los menores Sarah María y David Stephan de apellidos Knestel Alamazán la cantidad de $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.) mensuales a cargo del demandado ROBERT STEPHAN XAVER KNESTEL, la cual debía ser depositada dentro de los primeros cinco días de cada mes en la cuenta 044180605301701474, de la Institución Bancaria Santander a nombre de la actora representante de los acreedores alimentarios, y se apercibió al demandado que en caso de no hacerlo, "se hará deudor responsable de doble pago sin perjuicio de las demás responsabilidades del orden civil o penal en que pueda incurrir" (fojas 30 a 35 anexo VI). 2. Por sentencia dictada el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, en la controversia familiar 544/2016 y su acumulado 3/2017, la Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, declaró procedente la solicitud de divorcio incausado, declaró disuelto el vínculo matrimonial celebrado entre María del Rosario Almazán León y ROBERT STEPHAN XAVER KNESTEL, asimismo, en el octavo resolutivo determinó que ante la falta de acuerdo de las partes, en términos del artículo 551 octies del Código Procesal Familiar, se dejaban a salvo los derechos de las partes para que de considerarlo pertinente ejerciten las acciones correspondientes respecto de la guarda, custodia, convivencias, alimentos y demás prestaciones inherentes a las disolución del vínculo matrimonial antes decretado de manera definitiva, ordenando desde ese momento la apertura de los incidentes correspondientes. 3. Dicha resolución causó ejecutoria por ministerio de ley al ser irrecurrible. 4. Mediante escrito presentado el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, ROBERT STEPHAN XAVER KNESTEL, promovió incidente de reclamación sobre la pensión alimenticia provisional decretada el dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis. 5. Por acuerdo de veintidós de agosto de dos mil dieciocho, la Juez responsable, admitió a trámite el incidente planteado y seguido en su trámite, mediante resolución interlocutoria dictada el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, declaró improcedente el incidente de reclamación, por lo que no modificó el monto del pago de la pensión alimenticia, pero sí la forma de pago. Esta resolución interlocutoria constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Ahora bien, la parte quejosa hace valer, esencialmente, los siguientes conceptos de violación: Que el acto reclamado se dictó sin considerar lo que dispone el artículo 260 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, que establece los requisitos para solicitar los alimentos de manera provisional, además, en el auto impugnado no indicó ni se acreditó que María del Rosario Almazán León haya solicitado la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional) tampoco se acreditó o sustentó la posibilidad de quien deba darlos, y aun así, fue decretada por la juez responsable, por lo que nunca tuvo la posibilidad de otorgar esa cantidad, sino solamente la suma de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional) y la escuela de su hijos que ha pagado con esfuerzo y generando deudas. Que las pruebas que ofreció para justificar que no trabaja o no cuenta con un sustento estable ni continuo, como son las declaraciones ante el SAT Sistema de Administración Tributaria (sic) y el oficio emitido por el Jefe de Recursos Humanos de la empresa Carl Zeiss de México, S.A. de C.V., comprobaron de manera clara que no ha generado recurso alguno y, por lo tanto, que no cuenta con los emolumentos para otorgar los alimentos, no obstante ello, la juez no los tomó en consideración al momento de emitir su resolución; además de que no se le da valor a lo expresado en su escrito incidental de reclamación de que no cuenta con la posibilidad de otorgar los alimentos decretados. Que no hizo un estudio ponderado de las pruebas que acreditan el hecho de que la madre de los menores trabaja y las que acreditan que el quejoso no cuenta con los emolumentos para cumplir con la medida provisional que lo tienen en un estado de endeudamiento, en contraposición al numeral 348 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos. Que se violan en su perjuicio las garantías de audiencia, legalidad e impartición de justicia, consagradas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la autoridad no cumple para la emisión del acto reclamado con las formalidades esenciales del procedimiento, además que la resolución interlocutoria carece de fundamentación, motivación, congruencia y exhaustividad, pues en ninguna parte de la resolución se encuentra fundamento legal alguno y mucho menos existe un motivo real alguno que genere la procedencia de su determinación, en términos de lo que dispone el artículo 404 del Código Procesal Familiar del Estado, además omitió analizar todas las situaciones planteadas. Que decretó la medida provisional contrario a lo solicitado por el quejoso y de forma excesiva motu proprio generó un estudio diverso a lo planteado, pues ninguna de las partes pidió la forma en que decretó la pensión alimenticia y no contó con los elementos indispensables para decretarla ni dio el valor planteado o sugerido a las pruebas ni al hecho expuesto por el quejoso, ello, contrario a lo que dispone el artículo 410 del Código Procesal Familiar del Estado. Que el juez responsable además de no disminuir la pensión alimenticia solicitada, la modificó y aumentó sus alcances, por iniciativa propia y en su perjuicio, toda vez que determinó que se deben cubrir o continuar cubriendo los gastos motivos de educación y amplió los alimentos para que también se otorguen $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), sin sustentar su actuar, pues no puede obligarlo a que cubra los gastos de educación y además cubra la citada cantidad de dinero en efectivo mediante certificado de entero. Cabe precisar como preámbulo de sus conceptos de violación, la parte quejosa señala que con el acto reclamado se coartan sus derechos humanos de defensa, acceso a la justicia y protección judicial contenidos en el artículo 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque se conculcaron sus garantías de legalidad y seguridad jurídicas y debe considerarse que el juez de amparo debe procurar ante todo el respecto, protección y garantía de los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad, progresividad y pro-persona. En ese sentido, el suscrito juzgado como apartado particular y atendiendo a las jurisprudencias que el quejoso transcribe para sustentar los principios universalidad y de pro-persona en los derechos humanos tutelados por el artículo 1o. Constitucional, así como sus derechos humanos al debido proceso y legalidad, precisa que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se reformó y adicionó el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer diversas obligaciones a las autoridades, entre ellas, la directriz para que se interpretaran las normas relativas a los derechos humanos conforme a la Constitución y a los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, de ahí que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben promover, respetar, proteger y garantizar tales derechos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; así, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos desde luego, en los términos que la ley permite. En ese sentido, en el presente asunto se advierte que los postulados que el quejoso estima vulnerados son los de defensa y legalidad, por lo tanto desde esa plataforma serán analizados sus motivos de disenso, en virtud de que en cuanto al acceso a la justicia y protección judicial que señala, debe decirse que el acto reclamado se emitió en un proceso jurisdiccional en el que, precisamente, el quejoso hizo uso del acceso a la justicia al promover un incidente de reclamación previsto por el artículo 234 del Código Procesal Familiar, que lo resolvió el órgano jurisdiccional competente como lo es la Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. Razón por la cual, si el artículo 17 constitucional consigna el derecho fundamental o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagrando a favor de los gobernados bajo los principios de: a) Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; b) Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón jurídica sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. c) Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no solo apegada a derecho, sino fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y d) Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. En consecuencia, si por virtud del numeral referido, se garantiza que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales a que se le administre justicia pronta, completa e imparcial, en los plazos y términos que fijen las leyes secundarias, mientras que el quejoso no señala el motivo de disenso por el cual considera que se le restringe o transgrede dicho derecho humano y, como ya se estableció el acto reclamado fue emitido en uso de un medio de defensa como lo es el incidente de reclamación y fue emitido por la autoridad jurisdiccional competente; en consecuencia, procede al análisis de los conceptos de violación relacionados con las garantías de debido proceso y legalidad que hace valer en sus conceptos de violación, puesto que respecto al derecho humano de acceso a la justicia y protección judicial, a juicio del suscrito se encuentra colmado con la propia resolución del acto reclamado. Resulta aplicable al caso, en la parte que interesa, la tesis aislada 2a. L/2002, publicada en la página 299, tomo XV, mayo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en la Novena Época, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. Así como la tesis de jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 124, tomo XXV, abril de 2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época; que dispone: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES." Una vez puntualizado lo anterior, procede al examen de los conceptos de violación. Es inoperante el concepto de violación marcado con el inciso A, en virtud de que el acto reclamado que consiste en la resolución interlocutoria del incidente de reclamación promovido por el quejoso dictada el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, no se trata de la determinación en la que se concede la medida provisional de alimentos, ya que ésta se emitió el dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis y fue en esa resolución cuando el juez tuvo que analizar los requisitos que dispone el artículo 260 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, esto es, acreditar el título en cuya virtud se piden los alimentos, la posibilidad de quien deba darlos y la urgencia de la medida y cuando se soliciten por razón de parentesco, deberá acreditarse éste. En este caso, el acto impugnado deriva de un incidente de reclamación contra dicha medida cautelar, que el quejoso promovió conforme lo prevén los artículos 234, 235, 552 y 553 del citado ordenamiento legal; por ello, lo que en todo caso debe analizarse en esa vía incidental son los supuestos que prevé el numeral 234 del Código procesal familiar del Estado, al tratarse de un incidente de reclamación contra una medida cautelar provisional, a saber: a) Que el deudor reclame la providencia en cualquier tiempo hasta antes de la sentencia que se dicte en el juicio correspondiente; b) Debe fundarse en que la medida cautelar fue innecesaria o, c) Que no se practicó de acuerdo con la Ley. Razón por la cual, resultan inoperantes los argumentos de que el juez debió analizar en el acto reclamado conforme a los requisitos para solicitar los alimentos de manera provisional, asimismo, que María del Rosario Almazán León ni siquiera pidió por concepto de alimentos la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), tampoco la posibilidad de quien deba darlos era conforme al artículo 260 de la legislación procesal familiar; habida cuenta que la incidencia planteada versa sobre parámetros distintos a los reclamados por el aquí quejoso y, por ello, la responsable no estaba obligada a atenderlos al emitir el acto reclamado. Por otra parte, por un lado son inoperantes y, por otro son infundados, los conceptos de violación antes señalados como B, C y D, que se estudiarán de forma conjunta por su estrecha vinculación. Por una parte, la inoperancia de sus conceptos de violación deriva, porque las pruebas ofrecidas por el quejoso no debían ser valoradas para justificar si el quejoso no cuenta con la posibilidad económica de cumplir con el pago de la pensión alimenticia o la reducción de su monto; lo anterior, debido a que lo que promovió el quejoso fue el incidente de reclamación, por ello, como ya se estableció lo tenía que analizar la juez responsable es el cumplimiento de los dos supuestos que prevén el numeral 234 del Código procesal familiar del Estado, el primero, es que el deudor tenía que reclamar la providencia en cualquier tiempo hasta pero antes de la sentencia que se dicte en el juicio correspondiente, mientras que en este caso ya se dictó y, el segundo supuesto, que las pruebas ofrecidas por las partes debieron ser para que demostrar que la medida cautelar fue innecesaria o que no se practicó de acuerdo con la Ley; lo que no se planteó por el actor incidentista. Incluso, a pesar de que la juez responsable admitió a trámite y resolvió el incidente, señaló en el acto reclamado que la modificación del monto de la pensión podría considerarse conforme al análisis de una acción principal y una vez desahogados los medios probatorios correspondientes respecto a sus posibilidades económicas; lo que se considera correcto, en virtud de que ya se dictó sentencia en lo principal, por lo cual, las cuestiones relacionadas con los alimentos, entre ellas, la fijación de su monto, debe sustanciarse en un juicio del orden familiar, ya que así lo prevé el segundo párrafo del numeral 263 del Código procesal familiar; de ahí lo inoperante del concepto de violación. Por otro lado, lo infundado de los conceptos de violación deriva de que no obstante lo anterior, sí existió un análisis de los medios de prueba ofrecidos por el quejoso por parte de la juez responsables así como de sus planteamientos contenidos en su escrito inicial de reclamación, al ponderar la confesional y declaración de parte de la demandada incidentista María del Rosario Almazán León, así como las documentales consistentes en las escrituras públicas 66,092 y 42,355; dieciocho impresiones de facturas CFDI expedidas por el Instituto Suizo de México, A.C.; los certificados de entero de depósitos realizados por el quejoso; un contrato de arrendamiento; nueve impresiones de facturas CFDI expedidas por CAVI (Centro de Aprendizaje para la Vida A.C); el oficio signado por el representante legal y/o Jefe de Recursos Humanos de la empresa Carl Zeiss de México, S.A. de C.V.; el acuse de recibo de la declaración anual fiscal relativa al ejercicio fiscal 2017 a nombre del quejoso; la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana. A dichos medios de convicción, la juez responsable les otorgó el valor y eficacia probatoria que consideró idóneos, sustentando esa valía a la confesional y declaración de parte, en los artículos de parte 330, 333y 404, del Código Procesal Familiar del Estado; mientras que las documentales públicas y privadas en términos de lo dispuesto por los numerales 348, 354, 404 y 405, del referido ordenamiento legal; por último, la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, las justipreció conforme a lo previsto por los preceptos legales 397, 398, 399 y 403, del multicitado Código. La juez de primera instancia ponderó esos medios de convicción, de los que concluyó que la demandada incidentista reconoció que ROBERT STEPHAN XAVER KNESTEL había cubierto durante el matrimonio y hasta esa fecha todos los gastos inherentes a la escuela, entre ellos, la inscripción, libros y colegiaturas de sus menores hijos; que María del Rosario Almazán León, desempeña un trabajo como docente en la telesecundaria 284 en San Andrés Toltepec, Camino Real al Ajusco en la carretera federal México-Cuernavaca y por ello percibe ingresos aproximados por $9,000.00 (nueve mil pesos 00/100 moneda nacional); que el quejoso arrenda el inmueble ubicado en Privada San José Buena Vista casa 63, Lomas de Ahuatlán, en esta ciudad, mientras que el diverso bien raíz sito en Privada Santa Rosa Cocoyotla casa 20 de Lomas de Ahuatlán, era propiedad de las partes, pero es arrendada por María del Rosario Almazán León, quien percibe por dicho concepto la suma de $3,300.00 tres mil trescientos pesos 00/100 moneda nacional) mensuales. Por otra parte, la juez responsable también consideró lo expuesto por el quejoso en su escrito incidental, quien basaba su reclamación en el argumento de que era excesiva la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional) mensuales por concepto de pensión alimenticia, en virtud de que su ingresos mensuales ascendían a $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 moneda nacional) mensuales; sin embargo, por concepto de colegiaturas de sus menores hijos pagaba $15,600.00 (quince mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional), además cubría una renta mensual de $4,300.00 (quince mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional), y $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional) de pensión alimenticia; por lo que por todos los conceptos de gastos cubría la cantidad de $39,400.00 (treinta y nueve mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional). De todo lo anterior, la juez civil concluyó que analizadas cada una de las pruebas, en lo particular y en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, sana crítica y las máximas de la experiencia y a efecto de cumplir con los principios de proporcionalidad y equidad, resultaba improcedente el incidente de reclamación, toda vez que el artículo 310 del Código Procesal Familiar del Estado, señala que las partes deben asumir la carga de las prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones y la parte que afirme tendrá la carga de la prueba de sus respectivas proposiciones de hechos; mientras que el actor incidentista realizó una serie de manifestaciones y ofreció los medios de prueba, sin embargo, no justificó la imposibilidad que tenga de sufragar los alimentos a sus menores hijos ni acreditó los ingresos que refirió obtener, como fue su pretensión en esa vía incidental. Que debido a ello, no había lugar a modificar el monto del pago de la pensión alimenticia a cargo de ROBERT STEPHAN XAVER KNESTEL y a favor de sus menores hijos hasta en tanto tuviera mayores elementos para su modificación, por ello, debería cumplir con su obligación alimentaria que le correspondía en la cantidad que decretó en la medida provisional. De todo ello deriva lo infundado de los conceptos de violación, en virtud de que contrario a lo que expresa el quejoso, este juzgador advierte que, sí realizó una valoración de las pruebas ofrecidas por el quejoso, asimismo, estuvo en lo correcto al determinar que era improcedente lo solicitado por el quejoso, ya que por una parte, ofreció las pruebas de su declaración anual de impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria y el oficio signado por el Jefe de Recursos Humanos de la empresa Carl Zeiss de México, S.A. de C.V. pero para justificar que no trabaja para una empresa y que no cuenta con un sustento estable ni continuo y tampoco tiene liquidez económica que le permita sufragar los gastos por alimentos que él señalo ascendían a $39,400.00 (treinta y nueve mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional) como se advierte de su demanda incidental, pero no para demostrar que no ha generado recurso alguno y que no cuenta con los emolumentos para otorgar los alimentos, como afirma en su concepto de violación. Por otra parte, también consideró dichas pruebas para determinar que efectivamente no existe ninguna relación laboral entre el quejoso con la citada empresa, así como para advertir a cuánto ascienden sus gastos; lo que fue acertado, puesto que este juzgador federal advierte de la declaración anual de impuestos federal del ejercicio fiscal de 2017, que contiene las cantidades por concepto del pago de la colegiaturas de sus menores hijos (primaria y preescolar) concuerdan con lo que afirmó el quejoso paga por dicho concepto. Sin embargo, con dichas pruebas ni con el demás cúmulo demostrativo el quejoso justificó de manera fehaciente la imposibilidad de cubrir con la pensión alimenticia provisional fijada, tampoco que el total de sus percepciones mensuales fuera de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 moneda nacional); lo que efectivamente le correspondía acreditar en el incidente ya que su pretensión era la de disminuir el monto de la pensión con base en que dicha cantidad era su ingreso mensual. En otro orden de ideas, por una parte es inoperante y, por otra, infundado el argumento de que la juez no hizo un estudio ponderado de las pruebas que acreditan que el quejoso no cuenta con los emolumentos para cumplir con la medida provisional y que lo tienen en un estado de endeudamiento en contraposición al numeral 348 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos. En primer lugar, es inoperante porque el planteamiento del quejoso en su demanda incidental nunca fue que se encontraba endeudado por cubrir el monto mensual provisional fijado por alimentos de sus menores hijos, ya que si bien es verdad argumentó que por el pago de colegiaturas, de la renta mensual del lugar donde habita y de la suma de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), fijada como alimentos provisionales cubría la cantidad de $39,400.00 (treinta y nueve mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional) de forma mensual y que dicha cantidad a era mayor al ingreso de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 moneda nacional) que de forma mensual dijo obtener; no menos cierto es que se aprecia de su demanda incidental que no expresó ni que haya contraído una deuda ni mucho menos ofreció prueba para acreditar ese hecho. En segundo lugar es infundado, porque como lo señaló la juez responsable no demostró la imposibilidad que tenía de cumplir con los alimentos a sus menores hijos ni que sus ingresos fueran por aproximadamente de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 moneda nacional), tampoco justificó que sus egresos fueran efectivamente de $39,400.00 (treinta y nueve mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional), tan es así, que esta última cantidad contiene los $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional) fijados como pensión alimenticia; sin embargo, el quejoso acreditó que únicamente ha consignado mensualmente mediante certificado de entero la cantidad de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional), motivo por el cual, no podría considerarse que el monto de los egresos que dijo el quejoso en su demanda efectivamente ascendían a $39,400.00 (treinta y nueve mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional). Aunado a ello, resulta incongruente que en la demanda incidental en su apartado X, el quejoso señaló que la juez debía considerar que sus ingresos mensuales en la actualidad son de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional), y que por ese motivo la cantidad por pensión alimenticia fijada deberá ser menor a dicha cantidad, por lo que no concuerda con la aseveración que también hizo en dicho documento que sus ingresos son de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 moneda nacional) por mes. También es infundado porque sí valoró las diversas pruebas ofrecidas por el quejoso para acreditar el hecho de que la madre de los menores sí trabaja, como son esencialmente la confesional y declaración de parte a cargo de María del Rosario Almazán León, de las que concluyó que ella trabaja como docente en la telesecundaria 284 en San Andrés Toltepec, Camino Real al Ajusco en la carretera federal México-Cuernavaca y que por ello percibe ingresos aproximados por $9,000.00 (nueve mil pesos 00/100 moneda nacional), asimismo que por el arrendamiento del bien raíz sito en Privada Santa Rosa Cocoyotla casa 20 de Lomas de Ahuatlán, propiedad de ambas partes, pero arrendada por María del Rosario Almazán León, ésta percibe la suma de $3,300.00 tres mil trescientos pesos 00/100 moneda nacional) mensuales; ello para determinar que también tiene una obligación con los gastos en dinero de alimentos de los menores Sarah María y David Stephan de apellidos Knestel Alamazán, quienes además viven con ella, pero que con dichos haberes también cubre su obligación de alimentos, ya que los tiene bajo su guarda y custodia. Por último, debido a todo lo que antecede debe considerarse debidamente fundada y motivada la resolución, porque se citaron los preceptos legales que aplicó la juez responsable, además explicó los argumentos que consideró para declarar improcedente el incidente de reclamación, existiendo adecuación entre los motivos expuestos y las razones que señaló la juez responsable, por lo que no vulnera el derecho humano del quejoso consagrado en el artículo 16 de la Constitución General de la República relativo a la fundamentación, en virtud de que los razonamientos que hizo en la parte considerativa de su resolución son jurídicos y acertados, como se ha precisado, apoyando su determinación en los preceptos de la ley que expresamente señaló, además de su estudio se advierte que fue jurídicamente correcta su determinación y, por ende, congruente con el reclamo de origen. Resulta aplicable la Jurisprudencia con registro 238212, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, volumen 97-102, Tercera Parte, página 143, con el rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Por otra parte, es fundado pero inoperante el concepto de violación E. Alega el quejoso que la juez decretó la medida provisional contrario a lo solicitado por el quejoso y que de forma excesiva motu proprio generó un estudio diverso a lo planteado, pues ninguna de las partes pidió la forma en que se decretó la pensión alimenticia y no contó con los elementos indispensables para decretarla ni dio el valor planteado o sugerido a las pruebas ni al hecho expuesto por el quejoso, ello, contrario a lo que dispone el artículo 410 del Código Procesal Familiar del Estado. Es fundado en virtud de que efectivamente en el incidente de reclamación ninguna de las partes solicitó un cambio en la forma de otorgar la pensión alimenticia provisional, mientras que el juez sí determinó una diversa forma en que el acreedor alimentario debía cubrir con la pensión alimenticia provisional, sin que haya sustentado su resolución de algún precepto legal, sino por el contrario, el artículo 410 del Código Procesal Familiar del Estado, prevé que en la sentencia no podrá concederse a una parte lo que no haya pedido, salvo disposición legal expresa; en consecuencia, en ese sentido existió un exceso por parte de la juez responsable. Sin embargo, se aprecia que dicho exceso no causa perjuicio al quejoso porque la juez responsable no varió el monto de la pensión alimenticia, sino lo que hizo fue ponderar el cúmulo probatorio para determinar que conforme al principio de la apariencia de buen derecho, en el incidente se había demostrado que ROBERT STEPHAN XAVER KNESTEL, había cumplido de manera total con el pago de alimentos por cuanto a la educación de sus hijos, en virtud de que los menores de edad acuden a un colegio particular (Colegio Suizo de México) y ha cubierto la cantidad de $15,600.00 (quince mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de colegiaturas como se demostró con las facturas CDFI que ofreció el quejoso en el incidente; por tanto, determinó el deudor alimentario deberá seguir cubriendo provisionalmente el concepto de educación de sus menores hijos y que la cantidad restante a la mensualidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional) deberá exhibirla mediante el certificado de entero hasta en tanto se resolviera en definitiva. Es decir, no se aumentó la cantidad decretada en la medida cautelar reclamada, sino que, toda vez que quedó comprobado que el actor incidentista había cubierto los gastos de colegiatura, inscripción y útiles escolares de sus menores hijos, entonces determinó que deberá continuar realizándolo y únicamente la cantidad restante a los $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), deberá cubrirla mediante certificado de entero, (como también lo ha venido realizando mes con mes), pues así quedó demostrado con los certificados de entero que amparan los depósitos realizados por $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional) que sí fueron valorados en el acto reclamado. Motivo por el cual, se advierte que el acto reclamado no perjudica al quejoso, pues por una parte, no aumentó el monto de la pensión alimenticia y, por otra, no amplió sus alcances, ya que el quejoso ha cubierto el pago de alimentos de las dos maneras que determinó la juez, a saber: a) mediante el pago de colegiaturas, inscripciones y útiles escolares, y b) con el depósito en certificados de entero. Así las cosas, este juzgador no advierte alguna trascendencia perjudicial para al quejoso que la autoridad responsable haya señalado esta forma de cubrir el pago de la pensión alimenticia provisional. Derivado de lo anterior, resulta también infundado el concepto de violación marcado con el F, ya que es incorrecta la apreciación del quejoso, de que como monto por pensión alimenticia la juez responsable además de fijar el cumplimiento de los gastos de educación también debía otorgar $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional) en efectivo mediante certificado de entero; puesto que como ya se explicó solamente debe cubrir los gastos de la educación de sus hijos menores y la restante suma a la mensualidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), deberá exhibirla mediante certificado de entero. En las condiciones señaladas, ante la calificación de los conceptos de violación y sin que exista deficiencia de la queja que suplir a favor del quejoso ROBERT STEPHAN XAVER KNESTEL, lo procedente es negar el amparo que se solicita. Por lo antes expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ROBERT STEPHAN XAVER KNESTEL, respecto del acto y autoridades precisados en el resultando primero, por las razones y motivos señalados en el considerando tercero de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma JORGE ISAAC LAGUNES LEANO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Francisco René Marmolejo Vázquez, secretario con quien actúa y da fe, hoy uno de abril de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores de este Juzgado de Distrito. DOY FE.
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AVISO.- PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte tercera interesada MARÍA DEL ROSARIO ALMAZÁN LEÓN, el auto y/o resolución del UNO de ABRIL del dos mil diecinueve, que en lo conducente dice: VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1927/2018, promovido por ROBERT STEPHAN XAVER KNESTEL, por propio derecho, y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda y admisión. Mediante escrito recibido el veintiocho de ... Por lo antes expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ROBERT STEPHAN XAVER KNESTEL, respecto del acto y autoridades precisados en el resultando primero, por las razones y motivos señalados en el considerando tercero de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma JORGE ISAAC LAGUNES LEANO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Francisco René Marmolejo Vázquez, secretario con quien actúa y da fe, hoy uno de abril de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores de este Juzgado de Distrito. DOY FE.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de enero de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta; atento a su contenido, téngase a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado, con el mismo y con las constancias que a él se anexan, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Tomando en consideración el volumen de las constancias que remitió la responsable, se ordena formar los anexos I al VI, el cual queda a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría de este Juzgado, en el entendido que se seguirá Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe. Ser*
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