Robert Landy Perdigon Jimenez

Expediente 370/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
370/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
29/04/2022

Partes del expediente

  • Robert Landy Perdigon Jimenez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA 5-A.- Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se recibe el oficio signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos. Al respecto, se agrega a los autos dicho comunicado, sin realizar mayor pronunciamiento; toda vez que en acuerdo de veinte de abril de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el mismo a través del correo electrónico institucional de este juzgado y, se acordó lo conducente.

  2. Principal

    MESA 5-A.- Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se recibe a través del correo electrónico institucional, el oficio signado electrónicamente por la secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos. Al respecto, se agrega a los autos el comunicado de cuenta, mediante el cual acusa recibo del oficio 7297/2022, de cinco de abril del año en curso, con el que se remitió el juicio de amparo de donde deriva el presente cuaderno de antecedentes; asimismo, comunica que aceptó la competencia planteada para conocer de la demanda de amparo promovida por Robert Landy Perdigón Jiménez. Juicio que radicó bajo el número 364/2022-V, de su índice. De lo anterior, este Juzgado toma nota para los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: Destruir el presente expediente, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I, inciso a), del artículo 20, del citado Acuerdo General, pues se trata de un cuaderno de antecedentes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el artículo 22, del Acuerdo normativo. SE RECIBE OFICIO (FOLIO 6162). Por otra parte, se recibe el oficio signado por el Jefe de Oficina Telegráfica B, con sede en esta ciudad, mediante el cual, informa la imposibilidad para entregar el telegrama 7300/2022, de este índice estadístico, dirigido al Jefe de Departamento de Control Migratorio del Instituto Nacional de Migración, con sede en Acayucan Veracruz, por los motivos que expone. En atención a lo anterior y a lo expuesto en párrafos precedentes, a fin de evitar mayores dilaciones procesales y no contravenir lo dispuesto en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, previa copia simple que se deje agregado al presente expediente, remítase el referido comunicado al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    MESA 5-A.- Vista la demanda de amparo promovida por Robert Landy Perdigón Jiménez, contra actos del Jefe del Departamento Jurídico de la Estación Migratoria en Acayucan, Veracruz del Instituto Nacional de Migración (INM) y otras autoridades. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 370/2022-5A....Ahora bien, antes de proveer sobre la medida cautelar solicitada, es preciso señalar lo establecido en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 1o. de la Ley de Migración, así como el diverso numeral 1o, de su Reglamento, que textualmente establecen, en su orden, lo siguiente:...En consecuencia, analizado lo expuesto por la parte promovente y ante el peligro de que se continúen ejecutando los actos reclamados, se decreta la suspensión de oficio y de plano en los siguientes términos: Con fundamento en lo establecido por los artículos 15, 125, 126 y 162 de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO a favor de la parte quejosa Robert Landy Perdigón Jiménez (de nacionalidad cubana), para el efecto que cese de inmediato la incomunicación y cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, si el acto deriva de su calidad de migrante en este país: se concede la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que se le permita entrevistarse libremente con sus familiares, el abogado de su elección o con cualquier persona de su confianza, para garantizarle su debida defensa, debiendo además, permitirle usar el teléfono o cualquier otro medio de comunicación. Asimismo, la suspensión de plano concedida implica que de manera inmediata la autoridad responsable en términos del artículo 109 de la Ley de Migración le haga saber a la parte quejosa sus derechos como presentada: ? Que conozca la ubicación de la Estación Migratoria donde fue alojado, sus reglas y servicios a los que podrá tener acceso; ? Informar el motivo del ingreso a la estación migratoria, así como del procedimiento migratorio; de la posibilidad de que solicite el reconocimiento de refugiado o de apátrida; podrá, si lo desea, regularizar su estancia en el país de conformidad con lo establecido en los preceptos 132, 133 y 134 de la Ley de Migración; puede solicitar voluntariamente el retorno asistido a su país de origen; el derecho de interponer un recurso efectivo contra las resoluciones del Instituto; Tienen derecho a recibir la protección de su representación consular, así como establecer comunicación con ésta, facilitándole los medios; ? Recibir de forma escrita sus derechos y obligaciones, informándole las instancias donde puede presentar sus denuncias y quejas; ? Informarle sus derechos a un procedimiento por autoridad competente, así como a recibir asesoría legal, ofrecer pruebas y alegar lo que crea conveniente y que tendrá acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio que se le instaure; ? Informarle que en caso de que no hable español, contará con un traductor o intérprete para facilitarle la comunicación; ? Acceder a comunicación telefónica; ? Recibir alimentos, productos básicos para su aseo personal, atención médica; entre otros. Ahora, respecto al diverso acto reclamado que el promovente lo hace consistir en la detención y aseguramiento, de conformidad con los artículos 126 y 164 segundo párrafo de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO a favor de Robert Landy Perdigón Jiménez, de nacionalidad Cubana, para el efecto de que la autoridad responsable que tenga detenida en calidad de alojada a la citada parte quejosa, si este ya excedió del plazo de treinta y seis horas, de no existir causa legal diversa que lo impida, instruya la inmediata libertad de dicha extranjera, hasta en tanto se resuelva en definitiva sus situación o trámite migratorio, siempre y cuando la parte quejosa satisfaga los supuestos exigidos para tal medida, por la Ley de Migración y su reglamento, ante la autoridad migratoria, que enseguida se disponen: a) Otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad migratoria; b) Establecer un domicilio o lugar en el que permanecerá y no se ausentará sin autorización. c) Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. d) Comparecer ante la autoridad migratoria cuantas veces sea requerido para la continuación del procedimiento administrativo de migración y registro en el libro correspondiente. En el entendido que los requisitos señalados deberán ser satisfechos ante la autoridad responsable quien cuenta con jurisdicción para proceder en la forma indicada. La garantía señalada en el inciso a), podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley, la cual deberá ser asequible, atendiendo a la condición de vulnerabilidad en la que se encuentra en su condición de migrante....Ello no implica que éste pueda circular libremente por todo el territorio nacional, pues de permitirse esa circunstancia, se contravendría una disposición de orden público, como lo es el artículo 102 de la Ley de Migración, que dispone que el extranjero sometido a un procedimiento administrativo, con el propósito de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; luego, la medida cautelar únicamente permite a los peticionarios del amparo transitar en la localidad donde realice su trámite o procedimiento migratorio. También debe mencionarse que la suspensión surte efectos desde luego, pero dejará de tenerlos si la parte quejosa no acredita que se inició el trámite respectivo para regularizar su estancia migratoria en el país, dentro de los cinco días siguientes a la notificación de este acuerdo, lapso durante el cual no podrán ser detenidos por cuestiones administrativas relacionadas con este tema, siempre que se encuentre dentro de esta localidad. En la inteligencia que mientras la directa quejosa se encuentre alojada en la estación migratoria, las autoridades responsables deberán actuar con la debida diligencia para prevenir violaciones a los derechos humanos de las personas detenidas -alojadas-, con motivo del procedimiento migratorio, cuidar que sea tratados con respeto a la dignidad inherente al ser humano, proporcionarles condiciones dignas de detención como evitar el hacinamiento, garantizarles el derecho a la alimentación, a la salud y propiciar actividades de recreación. Así como garantizar que el lugar o espacio en el que se encuentre alojada la parte quejosa, reúna las condiciones de higiene, acatándose para ello las recomendaciones y protocolos emitidos por las autoridades de salud, para evitar el contagio y propagación del virus denominado COVID 19 en sus diversas variantes. Ahora, respecto del diverso acto reclamado consistente en la deportación, de conformidad con los artículos 15, 126 y 160 de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO a favor de Robert Landy Perdigón Jiménez, para el efecto de que no se ejecute, la deportación a su país de origen; para el debido cumplimiento de esta suspensión, prevéngase a las autoridades señaladas como responsables que de inmediato se abstengan de llevar a cabo dichos actos....Por otra parte, en caso de que se haya ejecutado la deportación de la parte quejosa, la medida cautelar se concede para el efecto de que las responsables bajo su más estricta responsabilidad, tomen las medidas necesarias y que estén a su alcance para salvaguardar la vida del mismo, así como para que giren las instrucciones necesarias a los Directores o Encargados de las Estaciones Migratorias, a efecto de que en el lugar que se designe o llegare a designarse para su estancia con motivo del seguimiento de algún proceso, también tomen las medidas necesarias indispensables para los efectos a que se hizo alusión. De igual forma, toda vez que el promovente manifiesta es objeto de tortura, hágase saber a las autoridades responsables el contenido del artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, ratificado por México el veintidós de junio de mil novecientos ochenta y siete, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el once de septiembre de dicha anualidad, que dice:...Se requiere a las autoridades responsables para que, informen dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de que queden notificados del presente proveído, respecto de la forma y términos en que den cumplimiento a esta suspensión, agregando copia certificada de las constancias relativas. En consecuencia, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que la violación de este mandato equivale a la comisión de un delito equiparable al abuso de autoridad, según dispone el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, delito que de llegar a consumar, de inmediato se dará vista al Ministerio Público de la Federación para el ejercicio de la acción penal en contra de quien ostenta el cargo de la autoridad infractora. Además, se indica a las autoridades mencionadas que, en caso de no recibir los oficios que le sean remitidos, se tendrá por hecha la notificación y serán responsables por falta de cumplimiento de la resolución que contengan, de conformidad con el artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio de que se les imponga multa de cien unidades de medida y actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal y como lo prevé el numeral 245 de la Ley de Amparo. En ese sentido, notifíquese inmediatamente esta determinación a las autoridades responsables, para su debido conocimiento y efectos legales correspondientes, así como para que cumplan categóricamente con la suspensión de plano precisada anteriormente. INCOMPETENCIA En otro orden, se advierte que este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, carece de competencia legal para conocer este asunto, por razón de territorio, conforme a lo establecido en el primer párrafo, del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual dispone que será competente para conocer de un juicio de amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución o se esté ejecutando el acto reclamado. Lo anterior, toda vez que de la lectura íntegra de la demanda, se advierte que el promovente manifestó bajo protesta de decir verdad, que se encuentra privado de su libertad en la Estación Migratoria de Acayucan, Veracruz, y los actos que reclama tienen o tendrán efectos de ejecución en ese lugar, es por lo que se estima que este Juzgado carece de competencia legal para resolver este asunto, por razón de territorio, conforme a lo previsto en el párrafo primero, del artículo 37 de la Ley de Amparo. En efecto, la competencia para conocer de una demanda de amparo por razón de territorio deriva de la naturaleza del acto aclamado y de sus consecuencias jurídicas, para lo cual se debe atender a si requiere ejecución material o no. Al respecto el artículo 37 de la Ley de Amparo establece:...De lo anterior se colige que existen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, a saber: Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse se esté ejecutando o se haya ejecutado. Tratándose del acto reclamado que pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente Ia demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En la primera hipótesis, se atiende a la autonomía del acto de ejecución para fijar la competencia, por lo que no importa el lugar donde se haya ordenado dicho acto, ya que el parámetro del legislador es la propia ejecución con total independencia a quien la haya ordenado. Respecto al segundo supuesto prevalece el principio de ejecución material para sustentar la competencia por lo que se da una regla para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, así se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces el Juez Federal ante quien se presentó la demanda será el competente para conocer de ella. Dicho supuesto requiere que el acto de ejecución se haya materializado y producido efectos en dos circunscripciones territoriales. En la última hipótesis, se establece la normativa para el supuesto que la resolución reclamada en el juicio de amparo carezca de ejecución material, en esta hipótesis es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda. Precisado lo anterior, en el presente caso tratándose de actos que requieren de ejecución material, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquél donde tendrá ejecución o se ejecuta el acto reclamado, en este caso, el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde se ubica el albergue en donde se encuentran alojados los directos quejosos. Por tanto, si la Estación Migratoria en donde se encuentra recluida la parte quejosa, se ubica en Acayucan, Veracruz, se estima que los actos reclamados tendrán o tienen ejecución en territorio sobre el cual ejerce jurisdicción un Juez de Distrito cuya residencia se encuentra en esa ciudad. Además, que del apartado relativo a "V.- Preceptos Constitucionales y Valores Institucionales Violados (.)", se advierte que la parte quejosa fue detenido por Agentes del Instituto Nacional de Migración de Acayucan, Veracruz, y se encuentra recluido en la Estación Migratoria ubicada en dicha población, por lo que el acto se empezó a ejecutar y continua ejecutándose en esa localidad -Acayucan, Veracruz-. Máxime que las autoridades señaladas como responsables en la demanda de amparo tienen su residencia fuera del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción....En consecuencia, con fundamento en el numeral 48 primer párrafo y demás relativos de la Ley de Amparo, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, carece de competencia legal, para conocer de amparo en que se actúa. Por ello, remítase los autos originales del presente expediente al Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, en Turno, con residencia en Coatzacoalcos, a fin de que tenga a bien pronunciarse sobre el particular. Fórmese el cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas y realizar las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente. Solicítese al citado Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, en Turno, con residencia en Coatzacoalcos, al que corresponda conocer de la presente demanda, acuse recibo y comunique la determinación correspondiente.

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