Robert Emmanuel Guzmán Santos

Expediente 446/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
446/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
21/04/2016

Partes del expediente

  • Robert Emmanuel Guzmán Santos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que el plazo de diez días establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir el auto de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, que sobreseyó el juicio en lo principal, transcurrió para la última de las partes en notificarse, del siete al veinte de abril de dos mil dieciséis, con exclusión de los días inhábiles, sin que se haya hecho valer el citado recurso. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Téngase este asunto como concluido y envíese al archivo. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de octubre de dos mil nueve, se determina lo siguiente: El expediente principal es conservable de conformidad con lo dispuesto en el punto décimo primero del citado acuerdo general en razón de que se concedió la suspensión de plano. Se hace constar, que no obran documentos originales en el expediente principal ni en el incidente de suspensión; ni el presente asunto constituye una relevancia documental jurídica e histórica. (II)

  2. Principal

    Vista la razón actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad que tuvo el Actuario de la adscripción para notificar personalmente a la parte quejosa la determinación de treinta y uno de marzo del año en curso, por las razones expuestas en la misma; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese el auto de mérito por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, así como las subsecuentes notificaciones...."Con apoyo en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, téngase a las autoridades responsables: 1. Juez Municipal del turno Nocturno, adscrito a la Dirección de Justicia Municipal y, 2. Coordinador de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Informando en cuanto a la suspensión de plano dictada el veintinueve de marzo de dos mil dieciséis. -Informe justificado- Por otra parte, en atención a los informes justificados de las citadas autoridades responsables, agréguense a los autos para que surtan los efectos legales a que haya lugar, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. -Pruebas y autorizados - Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que acompañan a sus informes las responsables, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en su momento procesal oportuno. En términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de las responsables a las personas que indican. Por otro lado, atendiendo al contenido de los informes de ley de cuenta, se aprecia que: a) El veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, se recibió la demanda de amparo promovida por Karla Daniela Motoya Salmón a favor de Robert Emmanuel Guzmán Santos, contra actos del Juez Municipal en turno adscrito a la Dirección de Justicia Municipal y otras autoridades. Los actos reclamados se hicieron consistir en: - Incomunicación; y, - Orden de detención o privación de la libertad. b) La demanda se registró en el libro de gobierno con el consecutivo 446/2016-II, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, solicitar el informe justificado a la autoridad señalada como responsable, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. También se concedió la suspensión de plano a la directa quejosa, para que la responsable suspendiera de inmediato cualquier acto prohibido por el artículo 22 Constitucional, cometido en su contra, tales como penas de mutilación, infamia, marcas, azotes, palos, tomento, privación de alimentos, agua y cualquiera otras penas inusitadas y trascendentales, así como actos de incomunicación. Asimismo, se solicitó informe sobre el cumplimiento de la suspensión de plano y se ordenó al Actuario que se constituyera en el lugar en que se encontraba detenido el directo quejoso, para que se le requiriera a fin de que manifestara si ratificaba o no la demanda de garantías presentada a su favor, apercibido que de no hacerlo, se tendría por no presentada la misma y se dejarían sin efecto las providencias decretadas. c) Consta que el Actuario Judicial se constituyó en las instalaciones de la responsable, en busca del directo quejoso con el objeto de notificarle el proveído de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, quien ratificó la demanda presentada en su nombre. d) En proveído de treinta de marzo de dos mil dieciséis, se ordenó proseguir el presente juicio. e) Una vez que fue rendido el informe justificado por la responsable, se constató que Robert Emmanuel Guzmán Santos, fue puesto en libertad a las 17:19 horas del veintinueve de marzo de dos mil dieciséis. De los anteriores antecedentes se obtiene que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia de cesación de efectos, la cual se encuentra actualmente prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, que al respecto dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." Efectivamente, en el caso que nos ocupa se advierte que por lo que hace a la detención de Robert Emmanuel Guzmán Santos, han cesado los efectos del acto reclamado porque tal como se advierte de la boleta de libertad que obra en copia certificada dentro del expediente de alcoholímetro remitido por la aludida autoridad responsable, en veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, a las 17:19 horas, se le dejó en libertad. Dichos documentos tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio de sus funciones. En esta tesitura, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia ya que los motivos aducidos en primer término y la causal de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, y por ello es innecesario esperar la audiencia constitucional, para pronunciarse al respecto, pues de considerar lo contrario traería como consecuencia retardar la impartición de justicia, lo que contravendría lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de 2003, Tesis: 2a./J-10/2003, página 386, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE....En virtud de lo anterior, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, en la situación en concreto resulta innecesario dar vista al agente del Ministerio Público de esta adscripción, en términos de la tesis 1a. CCVII/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo de 2014, tomo I, página 561, de rubro: "TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA". Lo anterior, cuenta habida que de las constancias que obran en el presente expediente, específicamente la razón asentada por el actuario de esta adscripción el veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, se advierte que el directo quejoso presentó buen estado en cuanto a su integridad física, que las instalaciones en que fue localizado se apreciaron limpias e iluminadas, aunado a que no presentó evidencia física sobre tortura y, al ser cuestionado al respecto, manifestó no haber sido objeto de tortura.(II)

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa y en su caso al tercero interesado para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; por consiguiente, con base en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si de las constancias que integran el expediente, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad, o bien si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirlo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia dictada el once de febrero de dos mil dieciséis, por el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena región en el Estado de Zacatecas, Zacatecas, se concedió el amparo para los siguientes efectos: "1. Deje insubsistente la resolución de diecisiete de julio de dos mil quince, pronunciada en el toca penal...; y, 2. Dicte otra resolución en la que considere que no quedó demostrado el cuerpo del delito de amenazas, ordene revocar el auto de formal prisión de veinticuatro de octubre de dos mil trece, dictado respecto de ese delito y en su lugar se decrete auto de libertad por falta de elementos a favor de Jaime Francisco Macías Galaviz. 3. Con libertad de jurisdicción, analice la acreditación del cuerpo del delito de lesiones dolosas, pero al estudiar el argumento del apelante relativo a que existen diferencias entre lo narrado por el ahora quejoso Gabriel Ovalle González, al presentar la denuncia que originó la causa penal y los testimonios rendidos por ..., considere que tales diferencias no son sustanciales o de fondo y no tienen por efecto restar eficacia demostrativa a dichos atestes." Mediante proveído de ocho de marzo de dos mil dieciséis, causó ejecutoria la sentencia y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento al fallo protector. Por oficio recibido en este Juzgado, el catorce de marzo de dos mil dieciséis, la Secretaría del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, informó el cumplimiento dado a la sentencia amparadora y remitió copia certificada de la resolución con lo que se dio vista. De la documental que remitió la responsable para demostrar el cumplimiento con valor probatorio pleno, se advierte que: Por sentencia de catorce de marzo de dos mil dieciséis, la autoridad responsable, dejó insubsistente la resolución de diecisiete de julio de dos mil quince, pronunciada en el toca penal... En su lugar dictó otra resolución en la que modificó el acto de plazo constitucional impugnado y decretó auto de libertad por falta de elementos por el delito de amenazas a favor del quejoso. Asimismo, decretó auto de formal prisión en contra del citado quejoso, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lesiones dolosas en agravio de Gabriel Ovalle González, y respecto del agravio del apelante en el sentido de que los testimonios carecen de valor probatorio por presentar inconsistencias, los declaró infundados, bajo el argumento de que dichas inconsistencias son insuficientes para desvirtuar su valor probatorio. Ordenó la notificación al quejoso. En tales condiciones este Juzgado considera que se ha restituido a la parte agraviada en el goce del derecho violado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y tercero, del ordenamiento legal invocado, se declara cumplida la ejecutoria en su totalidad, sin exceso ni defectos en la misma. Dése aviso a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, envíese al archivo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina lo siguiente: 1. El expediente principal es depurable de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV, del artículo vigésimo primero, en razón de que el once de febrero de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; virtud a ello, en su oportunidad deberá conservarse dicha resolución y la demanda. 2. El cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío de los autos a revisión es destruible en términos del artículo vigésimo fracción I, señalando como fecha probable de destrucción el tres de octubre dos mil dieciséis; mientras tanto, guárdese en el archivo de este Juzgado en el legajo correspondiente; previo desglose de las actuaciones posteriores al envío de los autos al referido Juzgado, las cuales deberán integrarse al expediente principal para que obren como corresponda. Asimismo, se hace constar que no obran documentos originales; ni el presente asunto constituye una relevancia documental jurídica e histórica.(I)

  4. Principal

    Vista la diligencia que antecede, se tiene al directo quejoso Robert Emmanuel Guzmán Santos, ratificando la demanda de amparo promovida a su favor; en consecuencia, con fundamento en el artículo 15, párrafo tercero de la Ley de Amparo, prosígase el presente por sus trámites legales.(II)

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