Robert Andrés Sánchez Murcia

Expediente 510/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
510/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
27/05/2022

Partes del expediente

  • Robert Andrés Sánchez Murcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Agréguese a los autos los oficios de cuenta provenientes del Juzgado Quinto, Sexto y Décimo Segundo, todos ellos de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por el cual informa que la habilitación de diversos juicios de amparo, a través del "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes" (SISE), a fin de que pueda visualizar electrónicamente las constancias que lo integran, En virtud de lo anterior, este juzgado de distrito toma conocimiento y se ordena acusar de recibo al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, respecto de la habilitación del expediente 177/2021-II de su índice, por así haberlo solicitado expresamente. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Autoridad responsable Lista Tercero interesado No existe Ministerio Público Federal Lista Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México Oficio

  2. Principal

    autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a través del cual desahoga parcialmente el requerimiento efectuado en proveído de veintinueve de abril de los presentes... En consecuencia se le concede un plazo de tres días, computado a partir de la legal notificación de la presente determinación para que subsane la omisión antes indicada, subsistiendo el apercibimiento Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Personalmente Autoridad responsable Lista Tercero interesado No existe Ministerio Público Federal Lista

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo sin que a la fecha la parte quejosa, a quien pudiera causarle perjuicio, haya interpuesto recurso de revisión en contra del sobreseimiento fuera de ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese como asunto total y Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Personalmente Autoridad responsable Oficio Tercero interesado No existe Ministerio Público Federal Lista

  4. Principal

    RESULTANDO Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el ocho de septiembre de dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, ********************solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que se detallan en la parte considerativa de esta sentencia. Segundo. Turno y desechamiento. Por cuestión de turno, correspondió conocer del asunto a este Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el que por auto de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, previo desahogo de prevención, desechó la demanda al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que se reclamaba la emisión del oficio SP/JEF/5415/2021 de dos de agosto de dos mil veintiuno respecto del cual procedía juicio de nulidad. Tercero. Recurso de queja 259/2021. Inconforme, la parte quejosa interpuso recurso de queja, el cual resolvió el Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en sesión de uno de diciembre de dos mil veintiuno, en el sentido de revocar el acuerdo recurrido, en virtud de que de la demanda de amparo se advertía causa de pedir suficiente que evidenciaba que la parte quejosa se duele del incumplimiento a la sentencia de nulidad ******************** y la interlocutoria de queja por defecto. Cuarto. Admisión de la demanda. En cumplimiento a lo anterior, mediante acuerdo de quince de diciembre de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo, requirió a las autoridades responsables su informe justificado y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO; Primero. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que se trata de un juicio de amparo en el que se reclaman actos que pertenecen a la materia administrativa, pues se trata de la omisión de una autoridad administrativa de cumplir con la sentencia de nulidad. Asimismo, porque la demanda fue presentada en la jurisdicción de este juez de distrito, habida cuenta que el acto reclamado, al constituir una omisión, carece de ejecución material, conforme al artículo 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Segundo. Fijación de los actos reclamados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la demanda de amparo es un todo y que, por ende, su análisis no debe limitarse al escrito inicial sino que también debe incluir el de sus documentos y anexos, así como el del escrito por medio del cual es aclarada. Por tanto, los juzgadores de amparo deben analizar e interpretar tales elementos para atender la pretensión que contienen desde el punto de vista material, no únicamente formal, así como deben prescindir de los calificativos que en ellos se hagan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados. De ahí que deben cumplir las siguientes exigencias. En primer lugar, interpretar la demanda con un sentido de liberalidad no restrictivo para determinar con exactitud la intención del promovente y, de tal manera, armonizar los datos y elementos que la conforman sin cambiar su alcance y contenido; es decir, examinar sus elementos y establecer qué es lo que pretende conseguir mediante el juicio de amparo. En segundo lugar, a la luz de la intención identificada, verificar cuáles son los actos que causan perjuicio a la parte quejosa según sus conceptos de violación y al margen de que hubieran sido formalmente señalados como reclamados; esto es, a contrario sensu, descartar los que no la perjudiquen y los que no estén vinculados con su propósito. En tercer lugar, identificada la pretensión material de la parte quejosa y depurados los actos reclamados en función de su relación con ella, es necesario armonizar los datos de la demanda con toda la información del expediente a fin de atender a lo que dicha parte quiso decir --a su causa de pedir-- para lograr congruencia entre lo pedido y lo resuelto. De modo que los juzgadores de amparo están obligados a superar la valoración literal del capítulo respectivo y a interpretar integralmente las constancias del expediente para precisar los actos reclamados --la base de la litis del juicio constitucional-- únicamente a partir de lo que la parte quejosa efectivamente pretende reclamar. En el caso, después de haber examinado la demanda y la totalidad de las constancias del expediente para fijar de manera clara y precisa la litis en el presente asunto, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como autoridad responsable (en su denominación correcta) y acto reclamado los especificados a continuación: Autoridad responsable Acto reclamado Subdelegado de Prestaciones de la Zona Oriente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado La omisión de dar cumplimiento a la sentencia y resolución de queja dictadas en el juicio de nulidad ******************** del índice de la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Tercero. Existencia de los actos reclamados. La emisión de un pronunciamiento sobre la existencia del acto reclamado es -por razón de técnica- un aspecto indispensable para resolver lo conducente en relación con las causas de improcedencia hechas valer o advertidas de oficio y para analizar el fondo de la cuestión planteada en este asunto. A fin de emitir tal pronunciamiento, en primer lugar, es conveniente saber que las disposiciones normativas generales señaladas como actos reclamados en un juicio de amparo no pueden ser objeto de prueba porque su existencia debe tenerse por acreditada con su publicación en el Diario Oficial de la Federación, o bien, en el respectivo medio oficial de difusión. En segundo lugar, es oportuno tener presente que, fuera de esa hipótesis, la existencia de los actos reclamados debe ponderarse en función de lo alegado por la autoridad responsable en su informe justificado y que, si ésta ha omitido rendirlo, debe presumirse su certeza conforme a lo establecido en el artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo salvo prueba o hecho notorio en contrario. De modo que, en caso contrario, esto es, cuando la autoridad rinde dicho informe, debe distinguirse si reconoció la existencia del acto reclamado, para tenerlo por cierto con base en lo manifestado por ella; o bien, si lo negó, para entonces ponderar la naturaleza de dicho acto y conjugarla con las reglas que rigen en materia probatoria a fin de determinar si debe tenerse por cierto -o no- a partir de tales elementos. Finalmente, es pertinente considerar que si el acto reclamado es de naturaleza positiva y la autoridad responsable niega su existencia, la carga probatoria se trasladará a la parte quejosa y, por consiguiente, ésta deberá aportar los elementos que estime necesarios para desvirtuar esa negativa antes de la celebración de la audiencia constitucional. En cambio, si son de naturaleza omisiva y la autoridad responsable niega su existencia, será indispensable verificar si ésta se encontraba en aptitud legal de realizar la actuación exigida por la parte quejosa, ya que, de ser el caso, la omisión atribuida deberá tenerse por cierta salvo prueba en contrario; mientras que, de no ser así, deberá tenerse por inexistente y, en consecuencia, se deberá sobreseer en el juicio. Ahora, de los informes justificados rendidos en el presente asunto, se advierte la información esquematizada a continuación: Autoridad responsable ¿Rindió su informe justificado? Sí No Subdelegado de Prestaciones de la Zona Oriente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Sí Asimismo, en relación con la existencia de las omisiones reclamadas, de tales informes se obtiene la información esquematizada enseguida: Autoridad responsable ¿Reconoció la existencia del acto reclamado? Sí No Subdelegado de Prestaciones de la Zona Oriente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado No Respecto a la omisión atribuida a la autoridad responsable debe tenerse por cierta, pues si bien negó la existencia del acto que se le atribuye, más adelante manifestó que en cumplimiento a la sentencia de nulidad emitió el oficio UJ/FIAD/007139/2021, lo que denota que tiene la atribución legal de acatar dicho fallo. Cuarto. Causales de improcedencia. El juicio de amparo permite impugnar normas generales, actos u omisiones cuando vulneren derechos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, inclusive, cuando esa vulneración se origine por la contravención al régimen de distribución de competencias entre la Federación y las Entidades Federativas. Es, pues, un mecanismo jurisdiccional de control constitucional que tiene la finalidad de restituir el goce de tales derechos. La improcedencia de dicho mecanismo, según lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conlleva la actualización de un impedimento técnico para que el órgano jurisdiccional analice y resuelva la cuestión planteada en la demanda. De modo que supone algunas circunstancias -de hecho o de derecho- que impiden que la parte quejosa logre la satisfacción de su pretensión mediante la acción de amparo e implica, según el momento procesal, el desechamiento de aquélla o el sobreseimiento en el juicio. Tales circunstancias están previstas como hipótesis normativas en el artículo 61 de la Ley de Amparo; y, según lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deben ser interpretadas restrictivamente para que la salvaguarda de la Constitución y de los derechos humanos mediante el juicio de amparo sea efectiva y no ilusoria. De ahí que, ante distintas interpretaciones posibles sobre ellas, es indispensable acoger la que evite dejar en estado de indefensión a la parte quejosa. En el caso, al rendir informe justificado, la autoridad responsable hizo valer las siguientes causas de improcedencia: Autoridad responsable Causa de improcedencia Subdelegado de Prestaciones de la Zona Oriente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo La autoridad responsable aduce que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en virtud de que en contra de la emisión del oficio SP/JEF/593/2020 de veintiuno de enero de dos mil veinte procede juicio de nulidad. Dicha causal de improcedencia es inatendible. Lo aseverado se considera así, debido a que en el presente asunto el acto reclamado lo constituye la omisión de dar cumplimiento a la sentencia y resolución de queja dictadas en el juicio de nulidad ******************** del índice de la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y no así la emisión del oficio SP/JEF/593/2020, razón por la cual no es posible analizar la causal de improcedencia en los términos que lo plantea la autoridad responsable. Al no existir diversa causal de improcedencia y este juzgado de distrito no advierte de manera oficiosa la existencia o actualización de alguna otra, por lo que se procede al análisis de los conceptos de violación. Quinto. Estudio. Previo al análisis de los conceptos de violación, resulta necesario señalar que no se transcribirán los conceptos de violación formulados por la parte quejosa porque no existe disposición legal que imponga tal obligación y el no hacerlo no conlleva transgresión alguna a los principios de congruencia y exhaustividad contenidos en los artículos 74 y 75 de la ley de la materia. Asimismo, es conveniente reiterar que se atenderá a la causa de pedir contenida en ellos, es decir, a las razones por las que la parte quejosa considera inconstitucionales o ilegales los actos reclamados, el agravio que le causan tales omisiones y los motivos que originan ese agravio con la posibilidad de definir cuál es el derecho humano vulnerado y sin que ello signifique atender meras afirmaciones sin fundamento. Sentado lo anterior, la parte quejosa hace valer, en síntesis, los siguientes conceptos de violación: La autoridad responsable transgrede el artículo 17 constitucional, toda vez que no han cumplido la sentencia y resolución de queja dictadas en el juicio de nulidad ******************** del índice de la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Dicho argumento es fundado. Para demostrar lo anterior, en primer lugar, es menester acudir al contenido del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se aduce transgredido, el cual establece: Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. La Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. El artículo transcrito, en la cuestión de interés, reconoce el derecho de toda persona a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, debiendo emitir sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Asimismo, conforme al párrafo séptimo de dicho dispositivo constitucional, las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. En ese tenor, de la intelección de los párrafos segundo y séptimo del artículo 17 constitucional, se desprende el reconocimiento del derecho de acceso a la justicia en favor de todas las personas, y la voluntad del Poder Reformador de la Constitución de obtener la plena ejecución de las resolución dictadas por los tribunales jurisdiccionales, lo que deriva de la consecuencia de la institución de cosa juzgada de las resoluciones, la cual se adquiere como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse y, por ende, resulta ejecutable. En consecuencia, el derecho consignado en el artículo 17 constitucional no sólo se traduce en la posibilidad de deducir pretensiones y conflictos ante los tribunales mexicanos, sino también consiste en obtener la ejecución de lo decidido, una vez que las determinaciones de los órganos jurisdiccionales adquieran el carácter de cosa juzgada, lo que se constituye como uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto y ejecución de las sentencias firmes constituyen un pilar del Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia, siempre que en el juicio correspondiente se haya hecho efectivo el debido proceso con sus formalidades esenciales. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 85/2008 (registro 168959), de rubro: "COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." Sobre el particular, conviene señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido un criterio específico sobre el cumplimiento de las sentencias de los tribunales contenciosos administrativos del país. Al respecto, ha señalado que la existencia de una sentencia firme -derivada de un juicio de nulidad- hace surgir un derecho subjetivo para el actor (gobernado) y una obligación correlativa para el demandado (autoridad) sobre el cumplimiento de la condena establecida en la propia resolución, resultando que, por regla general, las leyes respectivas prevén los medios de defensa necesarios para obtener el cumplimiento de lo decidido. No obstante, refiere que si a pesar de ello no se cumple la sentencia por parte de la autoridad demandada, es claro que tal omisión se traduce en una violación al derecho de acceso a la justicia, reconocido en el artículo 17 constitucional, toda vez que significa un obstáculo al derecho fundamental de pedir justicia o de obtener la ejecución de una sentencia anulatoria. Atento a lo expuesto, es válido afirmar que el hecho de que las autoridades administrativas incumplan los lineamientos establecidos en una sentencia dictada por un tribunal de justicia administrativa, representa una violación en perjuicio del actor (particular) al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que tal omisión obstaculiza el propósito final de la obligación que tiene el Estado de impartir justicia completa, pronta e imparcial. Establecido el contenido del derecho que se estima vulnerado, a efecto de determinar si la autoridad responsable ha sido omisa en acatar la sentencia de nulidad, debe tenerse presente los siguientes antecedentes del asunto: Juicio de nulidad ********************. Mediante escrito presentado el nueve de agosto de dos mil dieciocho, ********************promovió juicio de nulidad en contra de la resolución negativa ficta del escrito presentado el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, en el que solicitó el ajuste e incremento de su cuota diaria de pensión. Del asunto correspondió conocer a la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien dictó sentencia el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, en la que declaró la nulidad del acto impugnado para los siguientes efectos: Declaratoria de nulidad. Con base en los razonamientos anteriores, esta Sala concluye que procede declarar la nulidad de la resolución impugnada, para el efecto de que la autoridad demandada emita otra en la que incremente correctamente la cuota diaria de pensión otorgada al hoy actor, aplicando los incrementos conforme al artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el 04 de enero de 1993, lo que implica que deberá aplicar los incrementos conforme a los aumentos de los sueldos de los trabajadores en activo por los años 1991 a 2012, para lo cual la demandada deberá allegarse de la Constancia de Evolución Salarial actualizada, respecto de la plaza que ocupó el actor en su último año de trabajo, aplicando dichos incrementos a partir del momento en que se le otorgó la pensión, es decir, a partir del 01 de enero de 1990 y hasta el momento en que se dé cumplimiento al presente fallo; asimismo, deberá respetar los incrementos que aplicó por los años 2013 a 2015; asimismo, por los años 2016 a 2018, la demandada queda obligada a allegarse de la documentación idónea correspondiente, que contenga los incrementos porcentuales respecto de la plaza que ocupó el demandante, debiendo ponderar dichos incrementos frente a los previamente otorgados, y en caso de resultar los primeros de mayor beneficio, deberá aplicar estos; de lo contrario deberá respetar y considerar los incrementos ya aplicados; así como el pago de las diferencias únicamente respecto de los último cinco años anteriores a la fecha en que se formuló el reclamado, esto es, a partir del 18 de octubre de 2016, fecha en que presentó su escrito ante el Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Regional de la Zona Oriente en el Distrito Federal, del Instituto demandado; lo cual deberá hacerse atendiendo a la debida fundamentación y motivación que exige el artículo 16 constitucional. Asimismo, dígasele a la autoridad demandada, que para el cálculo de la pensión deberá de observar que la base salarial no podrá exceder de diez veces el salario mínimo general que dictamine la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, por disposición expresa del artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado anteriormente precisada. Posteriormente, por auto de dieciséis de abril de dos mil diecinueve, la sala del conocimiento declaró que causó firmeza la sentencia de nulidad, por lo que la autoridad demandaba contaba con un plazo de cuatro meses para dar cumplimiento al fallo. Resolución de queja por defecto. El veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, la sala resolvió la queja por defecto interpuesta por el actor y determinó que del análisis del oficio SP/JEF/593/2020 de veintiuno de enero de dos mil veinte se observaba que la autoridad demandada no cumplió con la sentencia de nulidad en la que se ordenó realizar los incrementos a la cuota diaria de pensión de conformidad con los aumentos de los salarios de los trabajadores en activo y el pago de las diferencias que resulten; por tanto, la materia del cumplimiento estaba limitada a la aplicación de los incrementos y al pago de las diferencias, más no así a deducciones a la pensión del actor. Por tanto, consideró que existía defecto en el cumplimiento de la sentencia de nulidad, por lo que lo que dejó sin efectos el oficio SP/JEF/593/2020 de veintiuno de enero de dos mil veinte y concedió a la autoridad demandada un plazo de veinte días, de conformidad con el artículo 58, fracción II, inciso d), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para que se allegara de la Constancia de Evolución Salarial relativa al puesto que ocupó la demandada en su último año de servicios, completa y actualizada, es decir, que contemplara los incrementos detalladamente de los periodos de 1990 hasta la fecha en que se diera cumplimiento al fallo definitivo; asimismo, debería realizar el pago de las diferencias que en su caso resulten, además no debía realizar la deducción por concepto de servicio médico. Acto emitido en cumplimiento. En cumplimiento a la sentencia de nulidad y a la resolución de queja, la autoridad responsable emitió el oficio SP/JEF/5415/2021, en la que determinó que la cuota diaria de pensión era de $******************** y aplicando los incrementos resultó la cantidad de $********************, sin embargo, dado que la cuota diaria que percibía era por $******************** no se modificó, al pagarse en mejores condiciones. Respecto de las diferencias, informó que existía un saldo negativo por la cantidad de $********************, por lo que no existían diferencias a pagar. Finalmente, en relación con el descuento por concepto de servicio médico, señaló que la cantidad a devolver era de $********************, los cuales serían pagados vía nómina del mes de octubre de dos mil veintiuno. Acuerdo que declara no cumplida la sentencia de nulidad. Mediante proveído de uno de febrero de dos mil veintidós, la sala del conocimiento determinó que la responsable no ha dado total cumplimiento a la sentencia de nulidad, pues por el año dos mil trece incrementó la cuota pensionaria en 4.70%, dejando de considerar que, en el fallo definitivo, se determinó que para el año dos mil trece se debía incrementar la cuota diaria en 3.57%. Del análisis de dichos antecedentes relativos al juicio de nulidad ********************, constancias que tienen valor probatorio pleno en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados con fundamento en el artículo 2 de la ley de Ley de Amparo, se observa que en la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, se ordenó a la autoridad responsable que realizara lo siguiente: Incremente correctamente la cuota diaria de pensión otorgada al quejoso, aplicando los incrementos conforme al artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el 04 de enero de 1993, lo que implica que deberá aplicar los incrementos conforme a los aumentos de los sueldos de los trabajadores en activo por los años 1991 a 2012, para lo cual la responsable deberá allegarse de la Constancia de Evolución Salarial actualizada, respecto de la plaza que ocupó el quejoso en su último año de trabajo, aplicando dichos incrementos a partir del momento en que se le otorgó la pensión, es decir, a partir del 01 de enero de 1990 y hasta el momento en que se dé cumplimiento a la sentencia de nulidad. Asimismo, deberá respetar los incrementos que aplicó por los años 2013 a 2015; asimismo, por los años 2016 a 2018, la responsable queda obligada a allegarse de la documentación idónea correspondiente, que contenga los incrementos porcentuales respecto de la plaza que ocupó el quejoso, debiendo ponderar dichos incrementos frente a los previamente otorgados, y en caso de resultar los primeros de mayor beneficio, deberá aplicar estos; de lo contrario deberá respetar y considerar los incrementos ya aplicados. Finalmente, debía realizar el pago de las diferencias únicamente respecto de los último cinco años anteriores a la fecha en que se formuló el reclamado, esto es, a partir del 18 de octubre de 2016, fecha en que presentó su escrito ante el Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Regional de la Zona Oriente en la Ciudad de México; lo cual deberá hacerse atendiendo a la debida fundamentación y motivación que exige el artículo 16 constitucional. En cumplimiento a lo anterior, el Subdelegado de Prestaciones de la Zona Oriente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado emitió el oficio SP/JEF/5415/2021, en la que determinó que la cuota diaria de pensión era de $******************** y aplicando los incrementos resultó la cantidad de $********************, sin embargo, dado que la cuota diaria que percibía era por $******************** no se modificó, al pagarse en mejores condiciones. Respecto de las diferencias, informó que existía un saldo negativo por la cantidad de $********************, por lo que no existían diferencias a pagar. Finalmente, en relación con el descuento por concepto de servicio médico, señaló que la cantidad a devolver era de $********************, los cuales serían pagados vía nómina del mes de octubre de dos mil veintiuno. Sin embargo, en proveído de uno de febrero de dos mil veintidós, la sala del conocimiento determinó que la responsable no ha dado total cumplimiento a la sentencia de nulidad con la emisión de dicho oficio, pues por el año dos mil trece incrementó la cuota pensionaria en 4.70%, dejando de considerar que en el fallo definitivo se determinó que para el año dos mil trece se debía incrementar la cuota diaria en 3.57%. Por tanto, este órgano jurisdiccional estima que de las constancias del sumario de origen se desprende que a la fecha la autoridad responsable no ha cumplido la sentencia de nulidad de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, la interlocutoria de queja por defecto de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno y el acuerdo de uno de febrero de dos mil veintidós. En ese orden de ideas, este órgano jurisdiccional estima que la omisión de las autoridades responsables vulnera el artículo 17 Constitucional, por lo que procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal. Sexto. Efectos del amparo. En atención a lo razonado en el considerando que antecede, con fundamento en el artículo 74, fracción IV y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede el amparo a ********************, para el efecto de que las autoridades responsables realicen lo siguiente: Autoridad responsable Efectos Subdelegado de Prestaciones de la Zona Oriente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Cumpla con la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, dictada en el juicio de nulidad ********************, esto es: Emita un nuevo oficio en el que incremente correctamente la cuota diaria de pensión otorgada al quejoso, aplicando los incrementos conforme al artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el 04 de enero de 1993, lo que implica que deberá aplicar los incrementos conforme a los aumentos de los sueldos de los trabajadores en activo por los años 1991 a 2012, para lo cual la demandada deberá allegarse de la Constancia de Evolución Salarial actualizada, respecto de la plaza que ocupó el quejoso en su último año de trabajo, aplicando dichos incrementos a partir del momento en que se le otorgó la pensión, es decir, a partir del 01 de enero de 1990 y hasta el momento en que se dé cumplimiento a la sentencia de nulidad. Deberá respetar los incrementos que aplicó por los años 2013 a 2015; asimismo, por los años 2016 a 2018, la responsable queda obligada a allegarse de la documentación idónea correspondiente, que contenga los incrementos porcentuales respecto de la plaza que ocupó el demandante, debiendo ponderar dichos incrementos frente a los previamente otorgados, y en caso de resultar los primeros de mayor beneficio, deberá aplicar estos; de lo contrario deberá respetar y considerar los incrementos ya aplicados. Deberá realizar el pago de las diferencias únicamente respecto de los último cinco años anteriores a la fecha en que se formuló el reclamado, esto es, a partir del 18 de octubre de 2016, fecha en que presentó su escrito ante el Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Regional de la Zona Oriente en el Distrito Federal, del Instituto; lo cual deberá hacerse atendiendo a la debida fundamentación y motivación que exige el artículo 16 constitucional. Asimismo, para el cálculo de la pensión deberá de observar que la base salarial no podrá exceder de diez veces el salario mínimo general que dictamine la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, por disposición expresa del artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado anteriormente precisada. Lo anterior, tomando en consideración lo resuelto en la interlocutoria de queja por defecto de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno y el acuerdo de uno de febrero de dos mil veintidós. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, en contra de la omisión reclamada al Subdelegado de Prestaciones de la Zona Oriente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por los motivos expuestos en el diverso quinto de la presente resolución y para los efectos señalados en el considerando sexto. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Notificación Quejosa Lista Autoridad responsable Oficio Tercero interesado No existe Ministerio Público Federal Vía electrónica

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