Roanni Omar Córdova Morales

Expediente 960/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 17 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
960/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
30/12/2022

Partes del expediente

  • Roanni Omar Córdova Morales
  • Fiscal de Distrito Zona Norte

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, treinta de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso revisión en contra del fallo dictado en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicho auto que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Notifíquese.

  2. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua, treinta de diciembre de dos mil veintidós. De conformidad a lo ordenado en auto de esta fecha en el juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno original de suspensión, toda vez que se otorgó la suspensión en el presente asunto, por lo que deberán conservarse la demanda, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación y este auto; de conformidad con el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Acorde a lo dispuesto en el citado numeral décimo octavo, del citado acuerdo, se ordena su archivo en este juzgado por tres años, transcurridos los cuales deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, se declara que a juicio de este Juzgado de Distrito este asunto carece de relevancia documental e histórica, y en atención a que se encuentra una suspensión concedida, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, así como también que es depurable. Notifíquese.

  3. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua, treinta de diciembre de dos mil veintidós. De conformidad a lo ordenado en auto de la propia fecha en el juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno duplicado de suspensión, y acorde a lo dispuesto en la fracción II, inciso a) del "numeral vigésimo", del Acuerdo General Del Pleno Del Consejo De La Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena su archivo por seis meses, transcurridos los cuales deberá destruirse. Así, conforme a lo ordenado en el numeral 35, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del expediente, la anotación de la fecha de archivo y que este asunto carece de relevancia documental, como también que es destruible. Cúmplase.

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese al presente asunto los oficios remitidos por los licenciados Carlos Jaime Rodríguez García y Jorge Enrique González Rodríguez, Jueces de Primera Instancia en materia Penal del Sistema Acusatorio en funciones de Juez de Control, del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, en los que informan, el primero en mención que, el nueve de noviembre de dos mil veintidós dictó auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso por el delito de Abuso Sexual, previsto y sancionado en el artículo 174, primer párrafo del Código Penal del Estado de Chihuahua, por hechos ocurridos el diecinueve de octubre de dos mil veintidós; en tanto el segundo de los jueces en mención, el ocho de noviembre de dos mil veintidós decretó la vinculación a proceso del quejoso Roanni Omar Córdova Morales, por el delito de Abuso Sexual Agravado, previsto y sancionado en el artículo 174 primer párrafo, en relación con el 175, fracción III del Código Penal Estatal, por hechos ocurridos en el mes de mayo de dos mil veintidós; subsistiendo en ambos casos la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que le fue impuesta; lo que acredita con los discos compactos que anexaron a sus oficios. Por otra parte, mediante informe justificado presentado ante este Juzgado en nueve de noviembre del presente año, el Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada en la cumplimentación de órdenes de aprehensión, de la Agencia Estatal de Investigación, zona norte, en esta ciudad, informó que el tres de noviembre del presente año, se cumplimentaron dos órdenes de aprehensión en contra del aquí quejoso, mismas que se encuentran en las causas penales 8291/2022, por el delito de Abuso Sexual con penalidad Agravada y que fuera girada el 27 de octubre de dos mil veintidós, por el Licenciado Jorge Enrique González Rodríguez, Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, y la causa penal 8290/2022, por el delito de Abuso Sexual con penalidad agravada, girada también el 27 de octubre de dos mil veintidós, por el Juez Carlos Jaime Rodríguez García, Juez de Control del Distgrito Judicial Bravos, en esta ciudad; habiendo remitido copias simples para apoyar el citado informe. Ahora bien, debe puntualizarse que en la demanda de garantías que dio origen al presente juicio de amparo, Roanni Omar Córdova Morales, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos de la Fiscalía General del Estado, Zona Norte, Unidad Operativa en cumplimiento de órdenes de aprehensión de la Fiscalía General del Estado, en esta ciudad, otras autoridades, a quienes reclamó la posible privación de la libertad por la orden de aprehensión que se haya librado para privarlo de su libertad personal fuera de todo procedimiento. En el presente caso, se estima que respecto a los actos materia de reclamo por el impetrante del amparo, Roanni Omar Córdova Morales, se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, en lo que se reseña como la circunstancia de que ha ocurrido un cambio de situación jurídica, como se explica enseguida. El citado numeral establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;". En relación a lo anterior, debe quedar establecido que de conformidad con el numeral en mención, el cambio de situación jurídica, por regla general se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a). Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b). Que por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica; C. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 Constitucionales, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista. En esa tesitura, si en el caso, el acto materia de reclamo, lo hace consistir el quejoso, en su privación de la libertad fuera de procedimiento, atribuidos a las autoridades señaladas como responsables en la demanda, por lo tanto, se hace patente, que se produce un cambio de la situación jurídica por cuanto hace a los actos de que dice ser objeto, ya que inicialmente, la afectación a su libertad era con motivo de la posible detención ejecutada fuera de procedimiento, por parte de las autoridades responsables; sin embargo, el mismo fue puesto a disposición de los Jueces de Primera Instancia en funciones de Juez de Control en materia penal del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, el tres de noviembre de dos mil veintidós, por su probable participación en la comisión de un delito de Abuso Sexual Agravado; siendo el caso que ya le fue decretado el auto de vinculación a proceso por la comisión del referido delito. Por consiguiente, los actos reclamados en esta vía constitucional, dejan de tener vida legal al haber sido sustituidos jurídica y procesalmente, lo que sin lugar a dudas conlleva a que se actualice en el caso concreto, la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo al anterior razonamiento, por similitud jurídica, la tesis de jurisprudencia I.2°.P.J/11 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, y que aparece en la página 666 y 667 del Tomo X, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que aplicada por analogía, es del tenor literal siguiente: "ORDEN DE APREHENSION. INTERPRETACION DE LA FRACCION X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL NUEVE DE FEBRERO DE 1999. La modificación del segundo párrafo de la fracción X del artículo 73 de la ley de la materia, que entró en vigor en la fecha señalada, donde de manifiesto la existencia de una excepción orientada a que en los juicios de garantías se analicen las violaciones a la libertad personal relacionadas únicamente con los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que se limite la aplicación de la causal de improcedencia por cambio de situación jurídica, al dictado de la sentencia de primera instancia, única hipótesis en la que se considera irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas; modificación que excluyó lo relativo a la orden de aprehensión regulada por el artículo 16 constitucional; por tanto, el auto de formal prisión si da lugar a la improcedencia del amparo que con antelación se hubiera hecho valer en contra de la orden de aprehensión, al existir cambio de situación jurídica por cuanto hace a la libertad personal del quejoso, ya que inicialmente la afectación a la libertad, era el motivo de la orden de aprehensión y en la actualidad es por la formal prisión decretada en contra del quejoso, lo que trae como consecuencia también la cesación de efectos del mandato de captura; por consiguiente la orden de aprehensión deja de tener vida jurídica al haber sido sustituida jurídica y procesalmente por el auto de plazo constitucional, lo que conlleva a la inaplicación, en este caso de las jurisprudencias números 55/96 y 56/96 del Pleno de la Suprema "Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros son: "ORDEN DE APREHENSION. NO CESAN SUS EFECTOS CUANDO SE DICTA EL AUTO DE FORMAL PRISION (INTERRUPCION DE LA JURISPRUDENCIA 1113 DE LA PRIMERA SALA Y ANALISIS DE LA FRACCION XVI DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO). y ORDEN DE APREHENSION. INTERPRETACION DE LA FRACCION X DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL PRIMERO DE FEBRERO DE 1994." En esa tesitura, al quedar evidente, conforme a lo antes dicho, la existencia manifiesta e indudable de la causa que hace improcedente el presente juicio de amparo, contenida en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de amparo, lo procedente es, respecto al quejoso, Roanni Omar Córdova Morales, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de la Materia, sobreseer fuera de audiencia el presente juicio, sin necesidad de esperar la celebración de la audiencia constitucional, ya que considerar lo contrario, sería tanto como retardar la impartición de justicia, en detrimento de la garantía contenida en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Resulta aplicable a lo dicho, por similitud jurídica, la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, que sustenta la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página número 386, tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que es del texto y rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como consecuencia de lo antes determinado, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se encontraba programada para su celebración a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, ingrésese esta determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese Personalmente.

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