Rivelino Xopin Yedra
Expediente 661/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 21 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 661/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 19/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Rivelino Xopin Yedra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, a diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por el Juez Penal de Control Adscrito al Primer Circuito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, por medio del cual acusa recibo de las constancias remitidas, circunstancia de la cual queda enterado este órgano jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
archívese este expediente como asunto totalmente concluido,
- Principal
RESUELVE: PRIMERO.- SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO. SEGUNDO.-... TERCERO.-... CUARTO.-... NOTIFIQUESE
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, a diecisiete de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por el quejoso Rivelino Xopin Yedra, en atención a su contenido, se le tiene informando a este órgano jurisdiccional su situación económica y solicita un estudio socioeconómico a efecto de que el gasto de la publicación de los edicto sea a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. En consecuencia de lo anterior, se advierte la falta de interés para coadyuvar en la debida integración del presente juicio, ya que el emplazamiento del tercero interesado constituye una formalidad esencial del procedimiento, consistente en el llamamiento a juicio a todos los interesados; y, por ende impide la resolución del presente juicio, retrasando con ello la administración de justicia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número I.3o.C.973 C, sustentada por los Tribunales Colegiados, visible en la página 2009, Tomo: XXXIV, Julio de 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, bajo el rubro y texto siguiente: "EDICTOS. SU PAGO A CARGO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, POR FALTA DE CAPACIDAD ECONÓMICA DE LA PARTE QUEJOSA, SE ENCUENTRA SUJETO A PRUEBA. Si el quejoso manifiesta la imposibilidad de pagar la publicidad de los edictos, ordenada por la Sala responsable luego de agotarse el procedimiento de investigación del domicilio del tercero perjudicado y, por ende, solicita que tal gasto sea cubierto por el Consejo de la Judicatura, tal circunstancia se encuentra sujeta a prueba, esto es, deben satisfacerse las siguientes exigencias, a saber: a) La manifestación del quejoso de la imposibilidad de sufragar el gasto y, b) la existencia en autos, de indicios suficientes que permitan apreciar la falta de capacidad económica para solventar el gasto de la publicación de los edictos. En cuanto al segundo de los presupuestos, se afirman que se encuentra sujeta a prueba la petición del impetrante, ya que es indispensable que dentro de los autos del juicio natural se revele en forma contundente la imposibilidad del promovente del amparo de sufragar el gasto de la publicación de los edictos; esto es, no basta con que el impetrante de garantías realice la solicitud en ese sentido, sino que debe evidenciarse en autos la falta de capacidad económica para solventar el gasto que representa la publicación de los edictos, de tal manera que si no queda comprobado que el quejoso carece de los medios económicos para hacer frente a las cargas procesales surgidas por la instauración del juicio, es inconcuso que deberá negarse la petición, pues únicamente debe acordarse favorablemente cuando se advierta que no cuenta con los servicios de un profesional privado, esto es, que quien lo patrocina sean abogados pertenecientes a la Defensoría Pública o bien que en caso de defender un bien, éste sea resultado de una adquisición a título gratuito. Se afirma lo anterior, en virtud de que tratándose de juicios que involucren prestaciones en dinero, tal como acontece en los ordinarios civiles de pago de pesos o que involucren la defensa de algún bien inmueble y los ordinarios y ejecutivos mercantiles, en los que por su propia naturaleza se encuentran involucradas situaciones que presumen solvencia económica de las partes, al menos para hacer frente a las obligaciones y cargas derivadas de los propios litigios, entonces se entiende que los involucrados tienen capacidad económica, pues no sería creíble alegar la falta de ésta, cuando de los derechos litigiosos se desprende la existencia de algún bien que justifique el actuar en el proceso de la parte que se trate. Cabe precisar que lo anterior no cobra aplicación en tratándose de asuntos familiares en los que necesariamente tendrían que ponderarse las particularidades del caso, ya que por su propia naturaleza en la mayoría de los casos no se encuentran vinculadas cuestiones pecuniarias, sino de otra índole y, por ello, es que resulta necesario particularizar cada caso en concreto para determinar la idoneidad del pago de edictos, en juicios de esta naturaleza."(Énfasis añadido) Así las cosas, es claro que por la falta de recursos económicos para la publicación de los mismos, a costa del quejoso, contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de el promovente del amparo, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones estas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional, máxime que el quejoso cuenta con servicios de profesionales privados. En consecuencia de lo anterior, y en virtud de considerarse que el quejoso tiene la solvencia económica necesaria para la tramitación de los edictos, no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado por el promovente, por lo que subsiste el apercibimiento de tres de agosto del dos mil diecisiete, dictado dentro del presente juicio de derechos. Notifíquese.
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