Rito Manuel Ramirez Carrillo
Expediente 918/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 918/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Rito Manuel Ramirez Carrillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la cuenta que antecede y atendiendo a que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo sin que se hubiera interpuesto el recurso de revisión en contra del acuerdo de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, pronunciado en este juicio de amparo; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el expresado acuerdo que sobreseyó fuera de audiencia, el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, y que no se tramitó el incidente de suspensión, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, se hace constar que el presente asunto carece de relevancia documental, conforme al artículo 15 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales.
- Principal
Agréguense a los autos, para los efectos legales a que haya lugar, el informe justificado remitido por el Director del Archivo Notarial del Estado de Yucatán y por la Coordinadora de Área de Notarios en el Estado de Yucatán, y anexos que acompañan. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de las responsables, el que señalan en su informe de ley; y como sus delegados a los profesionistas que indican en éstos. De igual manera, tómese en cuenta el correo electrónico proporcionado por las responsables para los efectos legales conducentes. Ahora bien, tomando en consideración que el acto reclamado en este asunto por la parte quejosa, medularmente, lo constituye la falta de contestación a su solicitud de veintiséis de marzo del año en curso, en la que solicitó se le proporcione copia certificada de la escritura pública del predio sito en calle ochenta y dos, número quinientos ochenta y cuatro, cruzamiento con la calle trece letra "l" del fraccionamiento Residencial Pensiones VIII etapa, de esta ciudad, que afirma es de su propiedad; y de los diversos correos electrónicos, en los que pide se le informe el estatus de su solicitud; según se aprecia de las constancias que adjuntó a su demanda de amparo. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama la falta de contestación a su solicitud de veintiséis de marzo del año en curso, en la que solicitó se le proporcione copia certificada de la escritura pública del predio sito en calle ochenta y dos, número quinientos ochenta y cuatro, cruzamiento con la calle trece letra "l" del fraccionamiento Residencial Pensiones VIII etapa, de esta ciudad, que afirma es de su propiedad; y de los diversos correos electrónicos, en los que pide se le informe el estatus de su solicitud; según se aprecia de las constancias que adjuntó a su demanda de amparo. Ahora bien, de las constancias que integran este juicio de amparo, se advierte que en resolución de tres de junio del año en curso, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, el Director del Archivo Notarial, y la Coordinadora de Área de Notarios en el Estado de Yucatán, en contestación a la solicitud formulada por el quejoso, el primero de los nombrados, informó que dadas las condiciones de la escritura de mérito, no era posible acceder a expedirle un segundo testimonio de ella, empero, se si puede expedirle copia certificada de la escritura en el estado en que se encuentra en el protocolo, donde se puede apreciar las notas al margen y al final las firmas de los comparecientes, firma y sello del notario y de los documentos que integran la escritura en mención, desde luego, previo el pago de los derechos correspondientes. Determinación que fue notificada a la parte quejosa el diecisiete de junio del año en curso, por conducto del servidor público de la Dirección de Contratos, Licitaciones y Procedimientos de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, lo que se corrobora con el sello de recibido, en el que obra la firma de María Luisa Ramírez Carrillo. Por lo tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que, como se indicó en el párrafo que antecede, en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, no se había atendido la solicitud de la parte quejosa; por lo que es evidente que al haberlo hecho, y haberle notificado la determinación de mérito, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, han cesado los efectos de la aludida omisión. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejo huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia, en el presente juicio de garantías, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a las autoridades responsables, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL SEIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO.En cuanto al acto reclamado al Gobernador Constitucional del Estado, dado que al rendir su informe de ley negó la existencia del mismo, y de los autos que obran en autos, se aprecia que no le correspondía emitir la resolución cuya omisión reclamaba la parte quejosa; con fundamento en el artículo 63 fracción IV, se sobresee respecto de dicha autoridad, dada la inexistencia del acto reclamado a la misma.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el informe justificado rendido por el Consejero Jurídico, en su carácter de representante del Gobernador del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña; y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio y relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase por designados como delegados de dicha autoridad y como su domicilio para oír y recibir notificaciones, los mencionados en su informe de mérito. Ahora bien, en cuanto a su diversa solicitud, consistente en que se le permita el uso de medios electrónicos para tomar fotografías del presente expediente; con apoyo en la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se accede a lo instado.
- Principal
Agréguese a estos autos el alegato ministerial 285/2021, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en el que, por los motivos que expone, en su segundo punto petitorio solicita se sobresea en el presente juicio de amparo, y en el tercero se niegue la protección de la Justicia Federal; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 124 del mencionado ordenamiento jurídico, relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Finalmente, como lo solicita la Fiscal Federal adscrita, con fundamento en el artículo 278 del código Federal de Procedimientos Civiles, se accede a su petición, una vez se dicte la sentencia en el presente juicio de amparo.
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