Rito Alfonso Galvan Zermerio
Expediente 1458/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1458/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/02/2022
Partes del expediente
- Director General de Asuntos Jurídicos de la Auditoria Superior del Estado de Nayarit
- Rito Alfonso Galvan Zermerio
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación secretarial que antecede, de donde se desprende que dentro del término legal concedido, las partes no se inconformaron con la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la misma CAUSA EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. Luego, con fundamento en el artículo 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el inciso a, del arábigo 21, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías se sobreseyó, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción; a excepción del original del cuaderno incidental; en tanto que el duplicado de dicho incidente déjese por separado y en su oportunidad, procédase a su destrucción, y hecho lo anterior realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese en autos para que surta sus efectos legales procedentes el comunicado de cuenta, signado por el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, por medio del cual remite copia autorizada de la diligencia de ejecución, requerimiento de pago y reinstalación desahogada a las doce horas del trece de diciembre del presente año en el juicio laboral 297/2011 y su acumulado 310/2011, sin que se lograra la cabal ejecución de la misma; asimismo, adjuntó copia de las constancias a que se hacen alusión en dicha acta. Luego, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo se considera que el Presidente, Síndico y Tesorero Municipal, del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, en su calidad de autoridades vinculadas han incurrido en una conducta evasiva, pues su actuar ha resultado intrascendente respecto del cumplimiento del fallo protector, pues las gestiones que han informado de manera alguna han logrado ejecutar lo laudado en el juicio laboral 297/2011 y su acumulado 310/2011 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, pese a que, como se dijo previamente, desde el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, no dieron cumplimiento al fallo protector, no obstante de que se encuentran debidamente notificadas, según la constancia de notificación que obra en autos, además de que los términos de su cumplimiento fueron claros y concisos, sin que pueda tomarse como causa justificada que les impidiera hacerlo, lo manifestado durante el desarrollo de la diligencia de ejecución de trece de diciembre del presente año, en el sentido de que se giró oficio a Recursos Humanos a efecto de que realice el tramite interno de la Tesorería Municipal para la creación de una nueva plaza en la cual se deberá reinstalar a la parte trabajadora, aquí parte quejosa, debiéndose presupuestar para el ejercicio dos mil veintidós, refiriendo adjuntar los oficios CJ/DC/837/2021-XLII y el oficio CD/DC/838/2021-XLII. Sin embargo, esos mismos motivos relativos a la reinstalación de la parte quejosa también se expresaron durante la ejecución de las diligencias que tuvieron verificativo el veintidós de septiembre, dieciocho de octubre y nueve de noviembre, y trece de diciembre de dos mil veintiuno, mientras que por lo que ve al pago de lo laudado, no es justificante que se aduzca el cierre de ejercicio fiscal para dejar de cumplir con la sentencia dictada en autos que es de orden público, máxime tocante a la administración actual del Ayuntamiento Constitucional demandado se le ha requerido en múltiples ocasiones el acatamiento de esa sentencia; por ello se les hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se impone a María Geraldine Ponce Méndez, Josué Daniel Mercado Ramírez y Blanca Patricia Simancas Bueno, en su carácter de Presidente, Síndico, Tesorero municipales del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, respectivamente una multa a cada uno por cien días, cuantificable conforme al valor que corresponda a la unidad de medida y actualización a cada uno de ellos, conforme lo prevé el numeral 258 de la Ley de Amparo. Gírese oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación Nayarit "1", del Servicio de Administración Tributaria, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en esta Ciudad, para que se sirva hacer efectivo el cobro de la multa impuesta con antelación, dejándose expedito el derecho de investigar el domicilio a efecto de que se encuentre en aptitud de hacer efectivo el cobro de la misma. Asimismo, requiérase al citado Administrador Desconcentrado de Recaudación Nayarit "1", del Servicio de Administración Tributaria, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en Tepic, para que dentro del término de tres días, contado a partir del en que quede legalmente notificado del presente proveído, informe el seguimiento de la multa impuesta en párrafos que anteceden. Independientemente lo anterior, conforme lo dispone el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase: ? Al Presidente Árbitro Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, para que dentro del término de tres días, contado a partir del que quede legalmente notificado del presente proveído, se sirva señalar fecha y hora dentro de un plazo que no exceda de diez días hábiles, con la finalidad de que el actuario de su adscripción se constituya en las instalaciones que ocupa el Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, y por conducto de persona facultada, se dé cumplimiento al laudo dictado en el citado juicio natural 297/2011 y su acumulado 310/2011. ? Al Presidente, Síndico y Tesorero del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, para que actúen conforme a lo siguiente: a) Realicen las gestiones necesarias y giren instrucciones a quien corresponda para que el día y hora que el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, señale para que se lleve a cabo la diligencia de ejecución de laudo, esté presente persona con facultades necesarias para hacerlo. b) Además, efectúen los trámites necesarios a efecto de que el día y hora que señale la autoridad laboral se proceda a realizar el pago por la cantidad de $2'896,534.80 (dos millones ochocientos noventa y seis mil quinientos treinta y cuatro pesos 80/100 moneda nacional), así como la reinstalación de la parte actora en cumplimiento de lo laudado dentro del referido expediente laboral. Se apercibe a las referidas autoridades que de no hacerlo, con fundamento en el precepto legal invocado, en relación con el diverso 258, ambos de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de cien días, cuantificable conforme al valor que corresponda a la unidad de medida y actualización al hacerse efectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos transitorios segundo y tercero, del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que subsista dicha omisión, la multa se irá duplicando en cada nuevo requerimiento, hasta obtener el cumplimiento de dicha obligación. En el entendido que de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable. Con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. En otro aspecto, tomando en consideración que las autoridades vinculadas del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, no han dado cabal cumplimiento al fallo protector emitido en el presente juicio constitucional, no obstante los múltiples requerimientos que al efecto se les han realizado para tal fin desde el cuatro de junio de dos mil veintiuno, sin que a la fecha se haya tenido por cumplido dicho fallo; lo cual se traduce en una total desobediencia a la ejecutoria de amparo, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, una vez que se notifique el presente proveído, remítanse los autos originales del presente juicio de garantías a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Cuarto Circuito, para que ésta a su vez turne el asunto al Tribunal Colegiado en turno, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; para lo cual, fórmese cuaderno de antecedentes con copias fotostáticas certificadas de las constancias necesarias para procurar el exacto y debido cumplimiento, conforme al artículo 211 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
EN TERMINOS DEL ARTICULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA:EPIC, NAYARIT, DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la demanda de amparo de cuenta promovida por Rito Alfonso Galván Zermeño, la que promueve contra actos del Director General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con sede en Tepic. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1458/2021, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el libro, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, asimismo, con fundamento en los artículos 1, 3, 4, 13, 21, 22, 25 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12 del diverso Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Del análisis de esta demanda de amparo, este juzgador advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ello es así pues se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la hipótesis contenida en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que a la letra señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [.]" En la especie, el solicitante de amparo señala como acto reclamado: "IV. ACTO RECLAMADO: Lo constituye la omisión de emitir la resolución definitiva respecto del recurso de reconsideración registrado mediante el expediente RREC/126/2019." Ahora, como hecho notorio se advierte que en este órgano de control constitucional se encuentra radicado el diverso juicio de amparo indirecto 108/2021, del que se advierte que el quejoso Rito Alfonso Galván Zermeño señaló como acto reclamado: "La omisión de emitir la resolución del recurso de reconsideración de expediente número RREC/126/2019, la cual fue admitida el día dos (02) del mes octubre del año dos mil diecinueve (2019), que interpuse en contra de la resolución resarcitoria emitida el día dos (02) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), dictada por el Director General de la Unidad Jurídica de la Auditoria Superior del Estado de Nayarit, en los autos del expediente ROSAMORADA/14-R/049." Así, mediante sentencia definitiva en el que fue abordado el acto reclamado en cita, se resolvió lo siguiente: "ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE al quejoso Rito Alfonso Galván Zermeño, en contra de la autoridad responsable y acto que quedaron precisados en el presente fallo, conforme a los razonamientos jurídicos vertidos en el considerando quinto y para los efectos señalados en su último considerando." Resolución que causó ejecutoria por auto de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno y se requirió a la autoridad responsable para que diera cabal cumplimiento al fallo protector dictado en autos. Es decir, el ocurso que se provee se trata de una demanda promovida por el mismo quejoso, contra el mismo acto y autoridad que fueron reclamados en la diversa demanda materia de estudio en el expediente de amparo indirecto 108/2021; lo cual constituye un hecho notorio, en términos de lo expuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Por otra parte, la Ley de Amparo en la fracción XI del artículo 61, señala que dicha hipótesis de improcedencia se verifica cuando en el caso planteado concurren los elementos genéricos contenidos por la fracción que le antecede, a saber: a) Que ambos juicios de amparo sean promovidos por el mismo quejoso. b) Que sea señalada como responsable la misma autoridad en ambos juicios. c) Que el acto reclamado en ambos juicios sea el mismo, no obstante que los motivos por los que se señala la violación sean diversos. Situaciones que, como se precisó en párrafos que anteceden, acontecen en el caso en estudio. En ese orden de ideas, la doctrina jurisprudencial ha señalado que la causal de improcedencia instituida en el precepto legal invocado, se erige en la figura jurídica de la cosa juzgada, que en el juicio constitucional tiene por objeto impedir que lo resuelto en definitiva en un juicio de amparo pueda ser objeto de nuevo análisis y decisión en otro proceso de la misma clase; la ratio de dicha disposición legislativa es mantener subsistente la materia de la decisión dictada en el primer juicio de amparo, para mantener a salvo el derecho fundamental a la seguridad jurídica. De lo anterior es que el presente juicio constitucional resulta improcedente, pues el acto contra el que el quejoso solicita la protección de la Justicia Federal, ya fue materia de estudio en un diverso juicio de amparo, en el que se establecieron con certeza las condiciones terminantes del mismo. El criterio sostenido por este juzgador, encuentra sustento en la tesis 1a. XCV/2016, en la que la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Federación, al realizar un análisis de la figura de la cosa juzgada en el amparo, en relación al derecho a la seguridad jurídica, determinó que dicha institución resulta compatible éste, pues al dotar de definitividad a las decisiones judiciales se mantiene el estado de derecho a través de la impartición de justicia; tesis que resulta del tenor siguiente: "COSA JUZGADA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO RELATIVO, ES COMPATIBLE CON EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. Conforme al precepto y porción normativa señalados, el principio de cosa juzgada opera en el juicio de amparo para actualizar una causa de improcedencia cuando existiendo una ejecutoria dictada en un juicio constitucional previo, se promueva uno nuevo en el que exista identidad de quejosos, autoridades responsables y actos reclamados, aunque las violaciones reclamadas sean diversas; figura que no sólo se actualiza cuando en la sentencia se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, pues esta situación no puede desconocerse en un nuevo juicio constitucional; lo que es compatible con la garantía de seguridad jurídica, pues el propósito de la figura de la cosa juzgada es revelar las condiciones terminantes en que habrá de concluir un asunto jurisdiccional, con lo que se dotará de certeza jurídica a la decisión definitiva asumida y a los intervinientes en el juicio respecto de las consecuencias derivadas del caso, toda vez que el respeto a la decisión judicial constituye un pilar del estado de derecho como fin último de la impartición de justicia.1 " 1 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Décima Época; Libro 29, Tomo II; Abril de 2016; Página 1107. En tales condiciones, al actualizarse de manera evidente y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la ley de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 62 y 113 de la ley de la materia, se procede a DESECHAR de PLANO la demanda de garantías promovida por RITO ALFONSO GALVÁN ZERMEÑO, por su manifiesta e indudable improcedencia. Sin que haya lugar a agregar al presente expediente copias certificadas relativas al diverso amparo 108/2021, en virtud de que constituye un hecho notorio para este juzgador por haberse sustanciado ante este órgano de control constitucional. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual expone: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista.2 "
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