Rita Villalobos Avila

Expediente 392/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
392/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
20/07/2022

Partes del expediente

  • Rita Villalobos Avila

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Ciudad de México, a veinte de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra del auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley antes citada, se declara QUE DICHO AUTO EN EL QUE SE DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que mediante proveído de cinco del mes y año que transcurre, se reservó proveer lo conducente respecto del oficio registrado con número de correspondencia 16554, hasta en tanto causara estado el diverso auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós, situación que en la especie ya aconteció; en consecuencia, dígasele a la autoridad responsable Coordinador de Asuntos Contenciosos del Instituto Mexicano del Seguro Social, que deberá estarse a lo acordado en párrafos que anteceden, y toda vez que obra por separado un legajo de pruebas consistente en copia certificada del expediente administrativo 102/2019, en ese sentido, devuélvase el legajo de mérito a la citada autoridad, sin que haya lugar a requerir el correspondiente acuse de recibo, toda vez que la constancia de notificación del oficio que para tal efecto se expida, hará las veces del mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Alonso Antonio Hernández Flores, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el oficio CCJ/ST/2743/2022, signado por la Secretaría Técnica de Comisión Permanente e la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, a cinco de julio de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por la Jefa de la División de Amparos Fiscales, en suplencia del Coordinador de Asuntos Contenciosos del Instituto Mexicano del Seguro Social, por medio del cual remite diversas documentales en alcance al diverso oficio 0955034AC2/3406, de veintisiete de junio de la presente anualidad. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos para que obre como corresponda, y en atención a su contenido, se reserva proveer lo conducente, hasta en tanto cause estado el sobreseimiento fuera de audiencia decretado mediante auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós. Por otra parte, dado lo voluminoso de los documentos que se anexan, para el mejor manejo del presente expediente se ordena formar un legajo de pruebas por cuerda separada. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, quien autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, a veintinueve de junio de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta por medio del cual el Coordinador de Asuntos Contenciosos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en atención al requerimiento formulado en el proveído de tres de junio de dos mil veintidós, remite copia certificada de la resolución emitida en el procedimiento de responsabilidad patrimonial número 102/2019, y solicita que se le permita remitir la totalidad de las actuaciones de ese procedimiento en un término perentorio razonable. Atento a su contenido, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de mérito para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, se advierte que ya fue emitida la resolución en el referido procedimiento de responsabilidad patrimonial número 102/2019; cuya omisión de dictarla, constituye el acto reclamado en este juicio; por lo tanto, existen elementos para determinar si con las constancias que obran en autos se acredita de manera manifiesta e indudable la actualización de una causa de improcedencia respecto de ese acto. Al respecto, se impone destacar que los artículos 62 y 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, a la letra establecen: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." De acuerdo con la interpretación armónica de dichos artículos, se advierte que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia, la cual debe acreditarse de manera manifiesta e indudable. Así, en el presente juicio, el suscrito Juzgador Federal advierte que sobrevino un motivo de improcedencia que reúne estas características (manifiesta e indudable), que hace innecesario continuar con su substanciación hasta la celebración de la audiencia constitucional, ya que de determinar lo contrario, se dilataría en forma ociosa el dictado del sobreseimiento que debe decretarse indefectiblemente, en virtud de que, con ningún elemento probatorio podría desvirtuarse el motivo de improcedencia que se actualiza en el particular; y sólo se generaría en el justiciable falsas expectativas de forma injustificada; es decir, se contravendría el espíritu del derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; porque se reitera, a nada práctico conduciría continuar con la integración de los autos, hasta la celebración de la audiencia constitucional, si la resolución que procede dictar en este asunto, no variará. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; consultable en la página 366, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Puntualizado lo anterior, se impone destacar que en el presente juicio de amparo únicamente se reclama: Del Coordinador de Asuntos Contenciosos del Instituto Mexicano del Seguro Social: ? La omisión de dictar resolución en el procedimiento de responsabilidad patrimonial número 102/2019. Así, en relación con dicho acto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Sobre la cesación de efectos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diversos criterios como los que se citan enseguida: El publicado en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia SCJN, Página 81, que prevé lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." El diverso criterio que puede ser consultado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y Apéndice 2000, Tomo VII, Febrero de 1998, Jurisprudencia SCJN, Página 219, que prevé lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Los anteriores criterios determinan que la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de sus efectos, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la justicia federal. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, en términos de la fracción I de dicho numeral cuando el acto reclamado sea de carácter positivo implicará la restitución al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y, conforme a la fracción II, cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, consistirá en obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. De acuerdo con lo anterior y con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77, ambos de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. En el caso concreto, se reitera, la parte quejosa señaló como acto reclamado, la omisión de dictar resolución en el procedimiento de responsabilidad patrimonial número 102/2019. Con la finalidad de evidenciar la actualización de la referida causal de improcedencia, resulta conveniente destacar que con el oficio de cuenta, la autoridad responsable exhibió copia certificada de la resolución emitida el siete de junio de dos mil veintidós, en el procedimiento de responsabilidad patrimonial número 102/2019, en la que se resolvió: "PRIMERO. Es PROCEDENTE pero INFUNDADA la reclamación promovida por RITA VILLALOBOS ÁVILA por las razones y motivos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. No procede condenar al Instituto Mexicano del Seguro Social, al pago de indemnización alguna, por concepto de la responsabilidad patrimonial reclamada, por las razones y motivos expuestos en la presente resolución. TERCERO. En términos del artículo 24 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, los reclamantes podrán impugnar la presente Resolución, mediante recurso de revisión en vía administrativa o bien, directamente por vía jurisdiccional ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. CUARTO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE (.)." Asimismo, dicha autoridad remitió copia certificada de las constancias de notificación de dicha resolución a la aquí quejosa, la cual fue practicada el quince de junio siguiente. En consecuencia, de las constancias que obran en autos, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se obtiene que la omisión reclamada a la autoridad responsable cesó al haberse emitido la resolución de siete de junio de dos mil veintidós, en el procedimiento de responsabilidad patrimonial número 102/2019, y habérsela notificado a la parte quejosa. .Por lo tanto y, tomando en consideración que de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, para el caso de que a la parte quejosa, se le concediera la protección constitucional solicitada, sus efectos serían los de obligar a la responsable a que emitiera la resolución respectiva en dicho procedimiento; de tal manera que, se insiste, si en el presente caso se acreditó que el siete de junio de dos mil veintidós, fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo, a saber, el uno de marzo del año en curso; el Coordinador de Asuntos Contenciosos del Instituto Mexicano del Seguro Social, emitió la resolución en el aludido procedimiento y se la notificó a la quejosa; se determina que el acto omisivo reclamado ha desaparecido; y, por lo tanto, ya no agravia a la parte quejosa pues, las violaciones que en determinado momento pudieron cometerse en contra de sus derechos fundamentales, ya fueron reparadas, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. Cobra aplicación la tesis número P.CL/97, que se localiza a fojas 71 del Tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." En virtud de las consideraciones expuestas, se determina que se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en consecuencia, se impone decretar el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA del presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V; y, por lo tanto, lo procedente es dejar sin efectos la audiencia constitucional señalada en este juicio para las once horas del veintiséis de julio de dos mil veintidós, para todos los efectos legales a que haya lugar, así como cualquier requerimiento que se hubiere formulado en el presente juicio de amparo a cualquiera de las partes que intervinieron en el procedimiento. Conviene precisar que el presente proveído atiende a lo previsto en el artículo 17 constitucional, toda vez que continuar con el trámite del presente juicio hasta el dictado de la sentencia, a nada jurídicamente práctico llevaría, pues la improcedencia de la acción de amparo se actualiza fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, razón por la cual es mejor que la parte quejosa tenga conocimiento de esa situación y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario, máxime que desde este momento puede acudir a los medios ordinarios para defender sus derechos, ya que, tal como lo precisó la autoridad responsable, en contra de la aludida resolución, la parte quejosa puede impugnarla mediante el recurso de revisión en la vía administrativa o bien, a través del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa Rita Villalobos Ávila, en el domicilio ubicado en ... Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, quien autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, a veinte de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que aún no obra en autos la constancia de notificación dirigida al Coordinador de Asuntos Contenciosos del Instituto Mexicano del Seguro Social, relativa al proveído de dieciséis de junio de la presente anualidad, a través del cual se le otorgó una prórroga de tres días a efecto de que dé cumplimiento a lo ordenado mediante diverso auto de tres del mes y año que transcurre. En estas circunstancias, lo que procede es diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para que tenga verificativo, las ONCE HORAS DEL VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, quien autoriza. Doy fe.

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