Rita Santos Rodríguez
Expediente 990/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 990/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Rita Santos Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho por el que SE DESECHÓ LA DEMANDA de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, DICHO AUTO CAUSA ESTADO. Anótese lo procedente en el Libro de Gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. En razón de lo anterior, en cumplimiento a lo que establece el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes, conforme a lo que dispone la fracción XVIII, del capítulo primero, del referido acuerdo general conjunto; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo primero, párrafo segundo, del multicitado acuerdo general conjunto número 1/2009
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ***, por derecho propio, contra los actos del Juez Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 990/2018. Del análisis integral del libelo, el suscrito considera que se actualiza un motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia, por el cual procede desechar de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo En efecto, la parte quejosa, promueve demanda de amparo contra la omisión o falta de contestación o acuerdo al escrito de doce de septiembre de dos mil dieciocho, presentado ante la oficialía de partes del Juzgado Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla, a través del cual solicita la expedición de copias certificadas de todo lo actuado dentro de los autos de la causa penal 388/2012 de su índice. Como se ve, el segundo de los numerales transcritos limita la procedencia del juicio de amparo respecto de los actos dentro de un juicio, pues para la ejercibilidad de la acción de amparo resulta una condición que sea de imposible reparación. Para atender si el acto reclamado es o no de imposible reparación, debe estarse a la definición que al respecto aparece en la fracción V del artículo 107 transcrito, pues claramente establece que dicha figura se actualiza cuando los actos afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite, en el caso, el otorgamiento de copias de todo lo actuado dentro del procedimiento de origen. De esta manera, es inconcuso que el acto reclamado no es de imposible reparación, ya que la omisión o falta de contestación o acuerdo al escrito de doce de septiembre de dos mil dieciocho, presentado ante la oficialía de partes del Juzgado Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla, a través del cual solicita la expedición de copias certificadas de todo lo actuado dentro de los autos de la causa penal 388/2012 de su índice; no transgrede materialmente derechos sustantivos previstos en la constitución y tratados internacionales, al no afectar al ocursante en la vida, la integridad corporal, la libertad, el patrimonio, etcétera, puesto que únicamente produce una lesión jurídica formal o adjetiva. Ante ello, resulta inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En consecuencia, por ser notoria e indudable la improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto en los 113 de la Ley de Amparo, ésta última interpretada a contrario sentido, se desecha de plano la demanda de amparo que se provee. Se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir sus notificaciones el que indica en su demanda de amparo y por autorizado al profesionista que refiere en la misma en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero, y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ***, por derecho propio, contra los actos del Juez Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 990/2018. Del análisis integral del libelo, el suscrito considera que se actualiza un motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia, por el cual procede desechar de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo En efecto, la parte quejosa, promueve demanda de amparo contra la omisión o falta de contestación o acuerdo al escrito de doce de septiembre de dos mil dieciocho, presentado ante la oficialía de partes del Juzgado Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla, a través del cual solicita la expedición de copias certificadas de todo lo actuado dentro de los autos de la causa penal 388/2012 de su índice. Como se ve, el segundo de los numerales transcritos limita la procedencia del juicio de amparo respecto de los actos dentro de un juicio, pues para la ejercibilidad de la acción de amparo resulta una condición que sea de imposible reparación. Para atender si el acto reclamado es o no de imposible reparación, debe estarse a la definición que al respecto aparece en la fracción V del artículo 107 transcrito, pues claramente establece que dicha figura se actualiza cuando los actos afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite, en el caso, el otorgamiento de copias de todo lo actuado dentro del procedimiento de origen. De esta manera, es inconcuso que el acto reclamado no es de imposible reparación, ya que la omisión o falta de contestación o acuerdo al escrito de doce de septiembre de dos mil dieciocho, presentado ante la oficialía de partes del Juzgado Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla, a través del cual solicita la expedición de copias certificadas de todo lo actuado dentro de los autos de la causa penal 388/2012 de su índice; no transgrede materialmente derechos sustantivos previstos en la constitución y tratados internacionales, al no afectar al ocursante en la vida, la integridad corporal, la libertad, el patrimonio, etcétera, puesto que únicamente produce una lesión jurídica formal o adjetiva. Ante ello, resulta inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En consecuencia, por ser notoria e indudable la improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto en los 113 de la Ley de Amparo, ésta última interpretada a contrario sentido, se desecha de plano la demanda de amparo que se provee. Se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir sus notificaciones el que indica en su demanda de amparo y por autorizado al profesionista que refiere en la misma en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero, y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación.
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