Rita Perez Velasco
Expediente 1027/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1027/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Rita Perez Velasco
Actuaciones
- Principal
"... Vistos los autos y la certificación de cuenta; se advierte que, en la especie, mediante proveído de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa; como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío del numeral 2° de la Ley citada, se declara que dicho auto ha causado estado. Por tanto, archívese el presente asunto como concluido..."
- Principal
Se notifica mediante lista de acuerdos a la parte quejosa el proveído de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, que a la letra dice: "... Vista la demanda de amparo promovida por *****, contra actos del Subdelegado de Prestaciones de la Oficina de Representación en el Estado de Oaxaca, y otra autoridad... Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1027/2023...De la lectura integral de la demanda de amparo se aprecia que ***** reclama del Subdelegado de Prestaciones de la Oficina de Representación en el Estado de Oaxaca, y otra autoridad, la omisión de dar contestación a su escrito presentado el seis de septiembre de dos mil veintitrés, con el cual les solicitó, dar cumplimiento con la sentencia definitiva y firme dictada en el expediente ******; así también, para que le paguen las diferencias a su favor a las que fueron condenadas en dicho asunto. Como antecedentes del acto reclamado, la quejosa bajo protesta de decir verdad, refiere que el cinco de agosto de dos mil veintiuno, ante la Sala Regional del Sureste, presentó juicio contencioso administrativo, en contra de la resolución de negativa ficta recaída a su petición presentada el trece de mayo de dos mil diecinueve, ante el Subdelegado de Prestaciones de la Oficina de Representación en el Estado de Oaxaca, radicándose con el número ******. Seguidos los trámites, el quince de agosto de dos mil veintidós se declaró la nulidad de la resolución de negativa ficta. Luego, que el cinco de julio de este año, la Sala Regional del Sureste, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, declaró firme la sentencia de quince de agosto de dos mil veintidós. Sin embargo, la quejosa refiere que a la presente data, dicha sentencia no ha sido cumplida; por ello, mediante escrito presentado el seis de septiembre de este año, solicitó al Subdelegado de Prestaciones de la Oficina de Representación en el Estado de Oaxaca, el cumplimiento de dicha sentencia. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia y, en efecto, en el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I, 5°, fracción II, y 217 de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales." Los preceptos transcritos revelan que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; teniendo carácter de autoridad responsable aquella que con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, teniendo también tal calidad los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por tanto, contra actos que no sean emitidos por autoridad o por particulares que no tengan esa calidad, es improcedente el juicio de amparo. Para mayor claridad, existen las siguientes jurisprudencias: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS... AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES... Los artículos y jurisprudencias transcritos revelan que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no provienen de autoridad. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación al tema determinó que para establecer si se está en presencia de una autoridad, se debe atender a la norma legal y examinar si ésta le faculta o no a tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien, a través de otras autoridades. El concepto de autoridad responsable debe concebirse por exclusión, de los actos de particulares; por ende, es menester instituir las bases para distinguir un acto de otro, para ello, es necesario considerar la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación y supra a subordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; de este tipo de relaciones, las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación, en cambio, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se caracterizan por la unilateralidad, por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. De lo anterior, se advierten como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. 3. Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. 4. Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Ahora bien, como se expuso con antelación, la quejosa *****, reclama del Subdelegado de Prestaciones de la Oficina de Representación en el Estado de Oaxaca, y otra autoridad, la omisión de dar contestación a su escrito presentado el seis de septiembre de dos mil veintitrés, con el cual les solicitó, dar cumplimiento con la sentencia definitiva y firme dictada en el expediente *****; así también, para que le paguen las diferencias a su favor a las que fueron condenadas en dicho asunto. Bajo esa tesitura, deviene improcedente esta instancia constitucional, ya que el Subdelegado de Prestaciones de la Oficina de Representación en el Estado de Oaxaca, y Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del estado de Oaxaca, no actúan con el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de derechos humanos. Ello, pues contra la omisión de contestar la solicitud formulada el seis de septiembre del actual, en ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 8° de la Constitución General, resulta improcedente el juicio constitucional, al no estar en presencia de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la relación que existe entre la quejosa y el Instituto en dicho supuesto es de coordinación, entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano (de igualdad). De ahí que, se estime que el acto reclamado carece de autonomía y unilateralidad, por lo que, no le reviste el carácter de autoridad. En conclusión, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, se desecha, de plano, la demanda de amparo..."
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