Rita Minerva Rodriguez Gomez
Expediente 165/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 36 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 165/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 36
- Última actuación
- 10/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Rita Minerva Rodriguez Gomez
- Ny L R
- Re L R
Actuaciones
Las 4 más recientes de 36.
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, SE ACUERDA: agréguese a los mismos el oficio 173/2019, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, por medio del cual solicita se le remitan copias certificadas de diversas constancias del presente juicio de amparo; sin que sea el caso hacer pronunciamiento alguno en cuanto a su contenido, toda vez que los documentos a que hace referencia no corresponden al presente juicio. Notifíquese, haciéndolo personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan estos autos, de donde se advierte que en proveído de seis de noviembre de esta anualidad se dio vista a las partes quejosa y tercero interesada con lo informado por la autoridad responsable, en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se notificó a las partes quejosa y tercero interesada el doce de noviembre de dos mil diecinueve, siendo que por auto de trece de noviembre siguiente, se tuvieron por recibidos dos escritos signados por Pedro Pablo Moreno Pool, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y William Leonel Cachón Rosales, en su carácter de representante especial de los menores N.Y.L.R y R.E.L.R., respectivamente, con los que desahogaron la vista de mérito. Por tanto, este órgano de control constitucional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En sentencia dictada el quince de abril de dos mil diecinueve, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado: Dejara insubsistente la resolución de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, dictada en autos del toca 364/2019, sólo en la parte relativa a la determinación de la convivencia de los menores con su progenitor no custodio; y en su lugar, Emitiera una nueva en la que, dejando intocado lo declarado como infundado en los conceptos de violación, con libertad de jurisdicción, valorando los elementos probatorios hasta ahora existentes en el procedimiento, determinara en la parte correspondiente, lo relativo a la medida provisional de convivencia de manera particularizada de cada uno de los menores con su progenitora, aquí quejosa, en lo que más favorezca a los intereses de los mismos, hasta en tanto se dictada nuevamente la sentencia de primera instancia. Inconforme con dicha determinación, las partes quejosa y tercero interesada interpusieron respectivos recursos de revisión en su contra, de los que correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, formándose al efecto el toca 151/2019; siendo que en sesión de dos de octubre de dos mil diecinueve, dicho Tribunal Colegiado confirmó el fallo recurrido. Por acuerdo de nueve de octubre de dos mil diecinueve, se tuvo por recibida dicha ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable que cumpliera con lo ordenado en la misma. Al efecto, mediante oficio 771, el Presidente de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, informó que por auto de quince de octubre de dos mil diecinueve, se dejó insubsistente la resolución de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, y se remitió el expediente a la ponente en turno, para el dictado de la resolución correspondiente. Seguida la secuela procesal, mediante oficio 2749, la Secretaria de Acuerdos de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, remitió copia certificada de la resolución de cuatro de noviembre, dictada en cumplimiento de lo ordenado en la sentencia constitucional, en la que, dejó intocado lo declarado como infundado en los conceptos de violación, y, luego de valorar las pruebas que obraban en el sumario, resolvió lo relativo a la medida provisional de convivencia de manera particularizada, de cada uno de los menores con su progenitora, hasta en tanto se dictara nuevamente la sentencia de primera instancia. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se advierte que la autoridad responsable se encontraba obligada a dejar insubsistente la resolución de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, dictada en autos del toca 364/2019, sólo en la parte relativa a la determinación de la convivencia de los menores con su progenitor no custodio; y en su lugar, emitir una nueva en la que, dejando intocado lo declarado como infundado en los conceptos de violación, con libertad de jurisdicción, valorando los elementos probatorios hasta ahora existentes en el procedimiento, determinara en la parte correspondiente, lo relativo a la medida provisional de convivencia de manera particularizada de cada uno de los menores con su progenitora, aquí quejosa, en lo que más favorezca a los intereses de los mismos, hasta en tanto se dictara nuevamente la sentencia de primera instancia; lo que efectivamente hizo y acreditó con las constancias conducentes. Sin que sea óbice a lo anterior, las manifestaciones formuladas por Pedro Pablo Moreno Pool, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, respecto a su inconformidad con relación a las gestiones realizadas por las autoridades responsables, en cumplimiento a lo ordenado en la sentencia constitucional y el segundo solicitó que al momento de emitir la presente determinación, se considerara si la autoridad responsable tomó en cuenta los elementos precisados en la sentencia constitucional. Ello pues, en primer lugar, como ha quedado plasmado en el cuerpo de esta determinación, se estima que la responsable cumplió en sus términos la sentencia firme, sin que ello implicara resolviera en uno u otro sentido, pues solamente, debía valorar los elementos probatorios hasta ahora existentes en el procedimiento, y con base en ello, determinara en la parte correspondiente, lo relativo a la medida provisional de convivencia de manera particularizada de cada uno de los menores con su progenitora, aquí quejosa, en lo que más favoreciera a los intereses de los mismos, hasta en tanto se dictara nuevamente la sentencia de primera instancia, lo que efectivamente hizo. Siendo que lo que pretende la parte quejosa es controvertir la legalidad de la nueva resolución dictada por la responsable dadas las nuevas situaciones que considera se han actualizado, lo cual no es susceptible de análisis en la presente determinación; por lo que se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer por la vía legal correspondiente. Orienta a la anterior consideración, la tesis 2a. X/2000, sustentada por la Segunda Sala de nuestro máximo tribunal, visible a página número 373, Tomo XI de marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA, SEGÚN LAS DIVERSAS SITUACIONES QUE PUEDEN PRESENTARSE. De las jurisprudencias y tesis aisladas que la Suprema Corte ha establecido en relación al sistema sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, derivan los siguientes principios: 1. Cuando causa ejecutoria una sentencia de amparo la autoridad judicial correspondiente debe vigilar su cumplimiento, sin que pueda acordar el archivo del expediente, mientras éste no ocurra. 2. En tanto no se cumpla con la sentencia de amparo debe requerir a la autoridad y, en su caso, autoridades responsables, a fin de que realicen los actos necesarios para ello. 3. Si no se logra el cumplimiento tendrá que acudir al superior o superiores, a fin de que intervengan para lograrlo. 4. Si no se consigue, de oficio o a instancia de parte, deberá abrir el incidente de inejecución de sentencia, acordando que, en virtud de no haberse cumplido con la sentencia que otorgó la protección constitucional, se remita el asunto a la Suprema Corte, para los efectos de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, a saber, que cese en sus funciones a la autoridad contumaz y se le consigne penalmente ante el Juez de Distrito que corresponda. 5. Si durante el trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la responsable demuestra el cumplimiento, se declarará sin materia el incidente. 6. Si la responsable no demuestra haber cumplido, el Pleno del más Alto Tribunal emitir resolución en los términos de la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con el funcionario o funcionarios respecto de los que haya quedado demostrado que fueron contumaces al no cumplir con la sentencia de amparo. 7. En la hipótesis de que ante una sentencia ejecutoria que otorgó el amparo y, en su caso, ante las gestiones de la autoridad judicial federal correspondiente, para lograr su cumplimiento, la autoridad o autoridades responsables comuniquen que acataron la sentencia, el Juez de Distrito o el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, deberán dictar un acuerdo dando vista al quejoso con ese informe, apercibiéndolo de que, de no desahogarlo dentro de un determinado plazo, resolverá si se dio o no el cumplimiento con el referido informe y con los demás elementos con los que cuente. 8. Vencido el plazo otorgado, en el supuesto de que no se haya desahogado la vista, el funcionario judicial dictará un acuerdo, debidamente fundado y motivado, en el que decida si la sentencia de amparo fue cumplida o no lo fue. 9. En el caso de que la determinación sea en el sentido de que no se ha cumplido la sentencia, remitirá el asunto a la Suprema Corte, siguiéndose las reglas previstas en los puntos 4 a 6 anteriores. 10. Por el contrario, si resuelve que la sentencia de amparo se cumplió, deberá ordenar la notificación personal al quejoso del acuerdo respectivo, a fin de que esté en aptitud de hacer valer el medio de defensa procedente. 11. Para efectos del inciso 8, el juzgador de amparo se limitará, exclusivamente, a verificar si se cumplió o no la ejecutoria (inclusive si sólo fue el núcleo esencial del amparo), cotejando dicha ejecutoria con el acto de la responsable, pero absteniéndose de hacer pronunciamiento sobre cualquiera otra cuestión ajena. 12. Ante la determinación del Juez de Distrito o del Tribunal Colegiado de Circuito, correspondientes, podrán presentarse para el quejoso cuatro diferentes situaciones, respecto de las cuales estará en aptitud de hacer valer diferentes medios de defensa, en caso de que no esté de acuerdo con el pronunciamiento de cumplimiento: A. Que estime que no se dio en absoluto el cumplimiento, en cuyo caso procederá la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, la que se interpondrá ante la Suprema Corte de Justicia, impugnándose, obviamente, el acuerdo del Juez o del tribunal que tuvo por cumplida la sentencia; B. Que considere que si bien se dio el cumplimiento éste fue defectuoso por exceso o por defecto procediendo el recurso de queja ante la autoridad jurisdiccional que corresponda; C. Que estime que habiéndose otorgado un amparo para efectos, que dejó plenitud de jurisdicción al órgano jurisdiccional responsable o dejó a la autoridad administrativa responsable en aptitud de emitir una nueva resolución, subsanando las irregularidades procesales o formales que dieron lugar a la protección constitucional, al emitirse la nueva resolución se trató de un acto nuevo, procederá el amparo, en relación a lo que resulte ajeno a la sentencia cumplimentada; D. Que llegue a la conclusión de que no obstante que se dio el cumplimiento, formalmente, al emitirse una nueva resolución ésta fue esencialmente idéntica al acto reclamado en el juicio de amparo en el que se pronunció la sentencia que se pretendió cumplimentar. En este supuesto podrá promover el incidente de repetición del acto reclamado. 13. Si lo que se interpone es la inconformidad y ésta resulta procedente se estará en las mismas condiciones especificadas en los puntos 5 y 6 antes mencionados. 14. Si después de haber causado ejecutoria una sentencia que concede el amparo e, incluso, después de haberse cumplido, el quejoso estima que las autoridades responsables realizaron un nuevo acto en el que incurrieron en repetición del reclamado, procederá plantear ante el órgano jurisdiccional competente que corresponda el incidente respectivo, siguiéndose idéntico trámite al señalado en los puntos 4 a 6 anteriores, relativos al incidente de inejecución de sentencia." Y por lo que toca a la solicitud formulada por William Leonel Cachón Rosales, en su carácter de representante especial de los menores N.Y.L.R y R.E.L.R. en el sentido de que para emitir la presente determinación se valorara si la autoridad responsable tomó en consideración los elementos precisados en la sentencia constitucional, estese a lo acordado en los párrafos que anteceden. En tales condiciones, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77, de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos del incidente de suspensión, agregando a los mismos copia autorizada del presente proveído. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio constitucional en el que se concedió el amparo y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el presente expediente, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el mismo es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. En términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a las partes quejosa, tercero interesada y al representante especial de los menores N.Y.L.R y R.E.L.R..
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA POR MEDIO D ELISTA DE CONFORMIDAD CON LOS ARITUCLOS 27 Y 29 D ELA LEYD E AMPARO Mérida, Yucatán, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan estos autos, de donde se advierte que en proveído de seis de noviembre de esta anualidad se dio vista a las partes quejosa y tercero interesada con lo informado por la autoridad responsable, en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se notificó a las partes quejosa y tercero interesada el doce de noviembre de dos mil diecinueve, siendo que por auto de trece de noviembre siguiente, se tuvieron por recibidos dos escritos signados por Pedro Pablo Moreno Pool, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y William Leonel Cachón Rosales, en su carácter de representante especial de los menores N.Y.L.R y R.E.L.R., respectivamente, con los que desahogaron la vista de mérito. Por tanto, este órgano de control constitucional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En sentencia dictada el quince de abril de dos mil diecinueve, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado: Dejara insubsistente la resolución de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, dictada en autos del toca 364/2019, sólo en la parte relativa a la determinación de la convivencia de los menores con su progenitor no custodio; y en su lugar, Emitiera una nueva en la que, dejando intocado lo declarado como infundado en los conceptos de violación, con libertad de jurisdicción, valorando los elementos probatorios hasta ahora existentes en el procedimiento, determinara en la parte correspondiente, lo relativo a la medida provisional de convivencia de manera particularizada de cada uno de los menores con su progenitora, aquí quejosa, en lo que más favorezca a los intereses de los mismos, hasta en tanto se dictada nuevamente la sentencia de primera instancia. Inconforme con dicha determinación, las partes quejosa y tercero interesada interpusieron respectivos recursos de revisión en su contra, de los que correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, formándose al efecto el toca 151/2019; siendo que en sesión de dos de octubre de dos mil diecinueve, dicho Tribunal Colegiado confirmó el fallo recurrido. Por acuerdo de nueve de octubre de dos mil diecinueve, se tuvo por recibida dicha ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable que cumpliera con lo ordenado en la misma. Al efecto, mediante oficio 771, el Presidente de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, informó que por auto de quince de octubre de dos mil diecinueve, se dejó insubsistente la resolución de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, y se remitió el expediente a la ponente en turno, para el dictado de la resolución correspondiente. Seguida la secuela procesal, mediante oficio 2749, la Secretaria de Acuerdos de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, remitió copia certificada de la resolución de cuatro de noviembre, dictada en cumplimiento de lo ordenado en la sentencia constitucional, en la que, dejó intocado lo declarado como infundado en los conceptos de violación, y, luego de valorar las pruebas que obraban en el sumario, resolvió lo relativo a la medida provisional de convivencia de manera particularizada, de cada uno de los menores con su progenitora, hasta en tanto se dictara nuevamente la sentencia de primera instancia. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se advierte que la autoridad responsable se encontraba obligada a dejar insubsistente la resolución de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, dictada en autos del toca 364/2019, sólo en la parte relativa a la determinación de la convivencia de los menores con su progenitor no custodio; y en su lugar, emitir una nueva en la que, dejando intocado lo declarado como infundado en los conceptos de violación, con libertad de jurisdicción, valorando los elementos probatorios hasta ahora existentes en el procedimiento, determinara en la parte correspondiente, lo relativo a la medida provisional de convivencia de manera particularizada de cada uno de los menores con su progenitora, aquí quejosa, en lo que más favorezca a los intereses de los mismos, hasta en tanto se dictara nuevamente la sentencia de primera instancia; lo que efectivamente hizo y acreditó con las constancias conducentes. Sin que sea óbice a lo anterior, las manifestaciones formuladas por Pedro Pablo Moreno Pool, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, respecto a su inconformidad con relación a las gestiones realizadas por las autoridades responsables, en cumplimiento a lo ordenado en la sentencia constitucional y el segundo solicitó que al momento de emitir la presente determinación, se considerara si la autoridad responsable tomó en cuenta los elementos precisados en la sentencia constitucional. Ello pues, en primer lugar, como ha quedado plasmado en el cuerpo de esta determinación, se estima que la responsable cumplió en sus términos la sentencia firme, sin que ello implicara resolviera en uno u otro sentido, pues solamente, debía valorar los elementos probatorios hasta ahora existentes en el procedimiento, y con base en ello, determinara en la parte correspondiente, lo relativo a la medida provisional de convivencia de manera particularizada de cada uno de los menores con su progenitora, aquí quejosa, en lo que más favoreciera a los intereses de los mismos, hasta en tanto se dictara nuevamente la sentencia de primera instancia, lo que efectivamente hizo. Siendo que lo que pretende la parte quejosa es controvertir la legalidad de la nueva resolución dictada por la responsable dadas las nuevas situaciones que considera se han actualizado, lo cual no es susceptible de análisis en la presente determinación; por lo que se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer por la vía legal correspondiente. Orienta a la anterior consideración, la tesis 2a. X/2000, sustentada por la Segunda Sala de nuestro máximo tribunal, visible a página número 373, Tomo XI de marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA, SEGÚN LAS DIVERSAS SITUACIONES QUE PUEDEN PRESENTARSE. De las jurisprudencias y tesis aisladas que la Suprema Corte ha establecido en relación al sistema sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, derivan los siguientes principios: 1. Cuando causa ejecutoria una sentencia de amparo la autoridad judicial correspondiente debe vigilar su cumplimiento, sin que pueda acordar el archivo del expediente, mientras éste no ocurra. 2. En tanto no se cumpla con la sentencia de amparo debe requerir a la autoridad y, en su caso, autoridades responsables, a fin de que realicen los actos necesarios para ello. 3. Si no se logra el cumplimiento tendrá que acudir al superior o superiores, a fin de que intervengan para lograrlo. 4. Si no se consigue, de oficio o a instancia de parte, deberá abrir el incidente de inejecución de sentencia, acordando que, en virtud de no haberse cumplido con la sentencia que otorgó la protección constitucional, se remita el asunto a la Suprema Corte, para los efectos de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, a saber, que cese en sus funciones a la autoridad contumaz y se le consigne penalmente ante el Juez de Distrito que corresponda. 5. Si durante el trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la responsable demuestra el cumplimiento, se declarará sin materia el incidente. 6. Si la responsable no demuestra haber cumplido, el Pleno del más Alto Tribunal emitir resolución en los términos de la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con el funcionario o funcionarios respecto de los que haya quedado demostrado que fueron contumaces al no cumplir con la sentencia de amparo. 7. En la hipótesis de que ante una sentencia ejecutoria que otorgó el amparo y, en su caso, ante las gestiones de la autoridad judicial federal correspondiente, para lograr su cumplimiento, la autoridad o autoridades responsables comuniquen que acataron la sentencia, el Juez de Distrito o el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, deberán dictar un acuerdo dando vista al quejoso con ese informe, apercibiéndolo de que, de no desahogarlo dentro de un determinado plazo, resolverá si se dio o no el cumplimiento con el referido informe y con los demás elementos con los que cuente. 8. Vencido el plazo otorgado, en el supuesto de que no se haya desahogado la vista, el funcionario judicial dictará un acuerdo, debidamente fundado y motivado, en el que decida si la sentencia de amparo fue cumplida o no lo fue. 9. En el caso de que la determinación sea en el sentido de que no se ha cumplido la sentencia, remitirá el asunto a la Suprema Corte, siguiéndose las reglas previstas en los puntos 4 a 6 anteriores. 10. Por el contrario, si resuelve que la sentencia de amparo se cumplió, deberá ordenar la notificación personal al quejoso del acuerdo respectivo, a fin de que esté en aptitud de hacer valer el medio de defensa procedente. 11. Para efectos del inciso 8, el juzgador de amparo se limitará, exclusivamente, a verificar si se cumplió o no la ejecutoria (inclusive si sólo fue el núcleo esencial del amparo), cotejando dicha ejecutoria con el acto de la responsable, pero absteniéndose de hacer pronunciamiento sobre cualquiera otra cuestión ajena. 12. Ante la determinación del Juez de Distrito o del Tribunal Colegiado de Circuito, correspondientes, podrán presentarse para el quejoso cuatro diferentes situaciones, respecto de las cuales estará en aptitud de hacer valer diferentes medios de defensa, en caso de que no esté de acuerdo con el pronunciamiento de cumplimiento: A. Que estime que no se dio en absoluto el cumplimiento, en cuyo caso procederá la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, la que se interpondrá ante la Suprema Corte de Justicia, impugnándose, obviamente, el acuerdo del Juez o del tribunal que tuvo por cumplida la sentencia; B. Que considere que si bien se dio el cumplimiento éste fue defectuoso por exceso o por defecto procediendo el recurso de queja ante la autoridad jurisdiccional que corresponda; C. Que estime que habiéndose otorgado un amparo para efectos, que dejó plenitud de jurisdicción al órgano jurisdiccional responsable o dejó a la autoridad administrativa responsable en aptitud de emitir una nueva resolución, subsanando las irregularidades procesales o formales que dieron lugar a la protección constitucional, al emitirse la nueva resolución se trató de un acto nuevo, procederá el amparo, en relación a lo que resulte ajeno a la sentencia cumplimentada; D. Que llegue a la conclusión de que no obstante que se dio el cumplimiento, formalmente, al emitirse una nueva resolución ésta fue esencialmente idéntica al acto reclamado en el juicio de amparo en el que se pronunció la sentencia que se pretendió cumplimentar. En este supuesto podrá promover el incidente de repetición del acto reclamado. 13. Si lo que se interpone es la inconformidad y ésta resulta procedente se estará en las mismas condiciones especificadas en los puntos 5 y 6 antes mencionados. 14. Si después de haber causado ejecutoria una sentencia que concede el amparo e, incluso, después de haberse cumplido, el quejoso estima que las autoridades responsables realizaron un nuevo acto en el que incurrieron en repetición del reclamado, procederá plantear ante el órgano jurisdiccional competente que corresponda el incidente respectivo, siguiéndose idéntico trámite al señalado en los puntos 4 a 6 anteriores, relativos al incidente de inejecución de sentencia." Y por lo que toca a la solicitud formulada por William Leonel Cachón Rosales, en su carácter de representante especial de los menores N.Y.L.R y R.E.L.R. en el sentido de que para emitir la presente determinación se valorara si la autoridad responsable tomó en consideración los elementos precisados en la sentencia constitucional, estese a lo acordado en los párrafos que anteceden. En tales condiciones, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77, de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos del incidente de suspensión, agregando a los mismos copia autorizada del presente proveído. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio constitucional en el que se concedió el amparo y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el presente expediente, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el mismo es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. En términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a las partes quejosa, tercero interesada y al representante especial de los menores N.Y.L.R y R.E.L.R..
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguense a estos autos, para los efectos legales correspondientes, los escritos de cuenta signados por ********************, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y ********************, en su carácter de representante especial de los menores de edad ********************, respectivamente, con los que realizan diversas manifestaciones con relación a la vista que se dio por auto de seis de noviembre de esta anualidad, de los oficios remitidos por la autoridad responsable respecto de lo ordenado en la sentencia constitucional. Al respecto, resérvense para ser tomadas en consideración al resolverse sobre el cumplimiento de la sentencia ejecutoria. Notifíquese y cúmplase.
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