Rita Mendoza García
Expediente 859/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 859/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rita Mendoza García
- Rita Mendoza García y Otros.
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, doce de julio de dos mil veintitrés. 1. Recurso de inconformidad. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Director de lo Contencioso y Encargado de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, mediante el cual interpone recurso de inconformidad en contra del auto de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. Ahora bien, resérvese de remitir al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, para el ulterior trámite del medio de impugnación de que se trata, hasta en tanto sea devuelto el original del presente juicio de amparo; lo anterior, en virtud de que éste, fue remitido al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, a quien por razón de turno le correspondió conocer del incidente de inejecución de sentencia registrado con el número 2/2023. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Víctor Hugo Alonso Cendejas.
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de julio de dos mil veintitrés. 1.1. Registro. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, ******************** y ********************, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número ********************. 1.2. Representante común. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de la materia, y toda vez que los promoventes fueron omisos en nombrar representante común, se tiene como tal a ********************. 1.3. Incompetencia por razón de grado. De la demanda de amparo citada, se obtiene que este juzgador carece de competencia legal, por razón de grado, para conocer de este juicio de amparo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte como acto reclamado: Los acuerdos de quince de diciembre de dos mil veintiuno, uno de febrero y siete de marzo de dos mil veintidós, emitidos dentro del juicio laboral ********************, por medio de los cuales la autoridad responsable tuvo al apoderado jurídico de los actores, aquí quejosos, desistiéndose lisa y llanamente de la demanda laboral y ordenó el archivo del expediente como asunto totalmente concluido. El artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control;." Ahora, es pertinente definir los actos que delimitan la procedencia del amparo directo, como enseguida se verá: 1. Se está ante una sentencia definitiva cuando: Esta resuelve el juicio en lo principal y respecto de la cual las leyes no conceden ningún recurso ordinario, en virtud del cual pueda ser modificada o revocada; y, Cuando los interesados renuncian expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan. 2. Por otro lado, las resoluciones que ponen fin al juicio, son aquellas que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido, siempre que respecto de ellas las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario, siendo oportuno tener en cuenta que conforme al principio de definitividad, para efectos de la promoción del juicio de amparo (directo o indirecto), deben agotarse previamente los recursos ordinarios previstos en las leyes, antes de acudir al amparo, pues el incumplimiento de ello tiene como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo. Al respecto, es de precisar que de los hechos narrados en la demanda no se aprecia que la parte quejosa haya agotado algún medio ordinario de defensa en contra del acto reclamado; aunado a que la Ley Federal del Trabajo no prevé en ninguno de sus artículos recurso ordinario alguno; de ahí que la resolución reclamada se considera una determinación que pone fin al juicio. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." En ese orden de ideas, se toma en cuenta que, en atención a la naturaleza de la sentencia controvertida, se trata de una determinación que pone fin al juicio de origen; por ende, su conocimiento escapa al ámbito de competencia del amparo indirecto, no así de la vía directa, pues, como se destacó, ésta se encuentra diseñada precisamente para conocer de ese tipo de determinaciones, con independencia de que se haya agotado el principio de definitividad por la parte quejosa. Sobre todo porque de los antecedentes que fueron transcritos por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad y de la copia de los acuerdos que adjunta, se advierte que la autoridad responsable tuvo al apoderado jurídico de los actores, aquí quejosos, desistiéndose lisa y llanamente de la demanda laboral y ordenó el archivo del expediente como asunto totalmente concluido. Sirve de sustento a lo anterior como criterio orientador la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, que a la letra dice: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA LABORAL. CONTRA EL PROVEÍDO QUE LO APRUEBA FAVORABLEMENTE PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. Los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 5o. y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo contemplan el principio general de procedencia del juicio de amparo, consistente en que sólo puede promoverse si existe una afectación al interés jurídico o legítimo del quejoso; de lo contrario, cabría el desechamiento de la demanda o el sobreseimiento en el juicio. Sin embargo, podría parecer que el proveído en el que se acuerda favorablemente el desistimiento de la demanda -no de la acción- y que trajo como consecuencia el archivo del juicio, en nada afectaría a la esfera jurídica de su contraparte y, por ende, cabría sobreseer en el juicio de amparo, empero lo único que ocurre cuando hay desistimiento de la instancia, es que fenece el procedimiento pero el demandante conserva su derecho de acción y deja subsistente la posibilidad de exigirlo y hacerlo valer en un nuevo proceso, porque implica exclusivamente la renuncia de los actos pero no de los derechos sustantivos y las cosas vuelven al estado que tenían antes de la presentación de la demanda; por eso se tiene que abrir el juicio de amparo porque la pretensión del demandado es que se quede generada la cosa juzgada, en caso de que se insista en desistir y que, en todo caso, sea la acción y no la pretensión, lo que lo legitima y hace procedente el juicio de amparo porque el desistimiento de la instancia realizado por la actora fue aceptado, pero no determina la procedencia o improcedencia de las acciones ejercidas y deja al actor en posibilidad de volver a accionar en un nuevo juicio; y, la pretensión del demandado, es que no se dé esa nueva oportunidad al actor, es decir, que no se perfeccione la demanda, sino que se siga el juicio tal y como originalmente fue planteada la acción, esto es lo que justifica el agravio personal y directo que se requiere para la procedencia del juicio de amparo directo contra este acto reclamado." Tiene apoyo a lo anterior en lo que interesa la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA LA INCOMPETENCIA DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA CONOCER DE UN ASUNTO Y ORDENA SU ARCHIVO, DEJANDO A SALVO LOS DERECHOS DEL ACTOR PARA QUE LOS HAGA VALER EN LA VÍA Y FORMA QUE ESTIME PERTINENTES. En términos de los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, primer párrafo, 170, fracción I y 171 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, entendiéndose por sentencias definitivas o laudos las que decidan el juicio en lo principal, es decir, se establezca el derecho en cuanto a la acción y a la excepción que dieron lugar a la litis contestatio, y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Si por el contrario, con la emisión de alguna de esas resoluciones no se da por concluido el juicio, entonces no se trata de una sentencia definitiva y en su contra procede el juicio de amparo indirecto, pues al continuar por alguna circunstancia el juicio, se hará necesario allegarse de pruebas para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto, lo que justifica la promoción de un amparo que admite hasta dos instancias y supone la celebración de una audiencia con un periodo probatorio y no un juicio que normalmente se tramita en una sola instancia y no requiere de la celebración de una audiencia. Ahora bien, conforme a dichas concepciones, se llega a la convicción de que la resolución que determina la incompetencia de un órgano jurisdiccional para conocer de un asunto y ordena su archivo, dejando a salvo los derechos del actor para que los haga valer en la vía y forma que estime pertinentes, sin declinar la competencia respectiva en favor de otro órgano jurisdiccional, es impugnable a través del juicio de amparo directo en términos de las disposiciones señaladas, al tratarse de una resolución que pone fin al juicio, ya que sin decidir el conflicto en el fondo, lo da por concluido." En tal condición, se impone declarar la legal incompetencia para conocer de la demanda de amparo en cuestión, y se remite al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, para que en términos de lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de Amparo, decida si acepta o no la competencia planteada, solicitando atentamente se sirva acusar recibo. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. 2. Domicilio. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. 3. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 4. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese personalmente a la parte quejosa, y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Víctor Hugo Alonso Cendejas.
- Principal
Morelia, Michoacán, doce de julio de dos mil veintitrés. 1. Autoridad en vías de cumplimiento. Téngase por recibido el oficio remitido por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, mediante el cual informa que se encuentra en vías de notificar a la parte demandada -Secretaría de Educación-, el acuerdo de tres de julio de este año, a través del cual se le requirió para que acreditara la inscripción de los quejosos ante la institución de seguridad correspondiente, a fin de dar cumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral de origen. 2. Se requiere. Atento a lo anterior requiérase a la responsable, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, cumpla con lo siguiente: -Copia certificada de la debida notificación a la demandada del referido auto. -Remita la respuesta dada por esta última al requerimiento formulado por esa autoridad. -En caso de incumplimiento, dentro del ámbito de su competencia, deberá provea lo necesario a efecto de lograr el total cumplimiento del laudo dictado en el juicio laboral ******************** y su acumulado ********************, es decir, deberá hacer valer dicha determinación a través de los apercibimientos decretados en el auto de tres de julio de dos mil veintitrés. Esta precisión se realiza con el propósito de delimitar los alcances del fallo protector y facilitar su cumplimento lo que debe ser tomado en consideración por las autoridades obligadas de manera puntual. Apoya lo anterior la Jurisprudencia 2a. XCIV/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARA LOGRAR SU EFICAZ CUMPLIMIENTO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA PRECISAR SU ALCANCE, SEÑALAR LAS AUTORIDADES VINCULADAS A CUMPLIRLAS Y LA MEDIDA EN QUE CADA UNA DE ELLAS DEBE PARTICIPAR. El artículo 17, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, dispone que "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones."; por su parte, los artículos 104 al 113 de la Ley de Amparo, establecen diversos procedimientos tendientes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo e, inclusive, el último de estos preceptos dispone que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. La interpretación congruente de tales disposiciones constituye el sustento en que se apoya toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales, máxime si lo que se pretende es ejecutar un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto, precisamente, tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infrinjan sus garantías individuales. De esto se sigue que si la causa del retardo para la ejecución de la sentencia de amparo consiste en la confusión respecto de la manera correcta en la que procede cumplimentarla, para estar en posibilidad de dar solución a la situación descrita, la Suprema Corte tiene facultades para establecer los alcances del fallo protector, determinar qué autoridades se encuentran vinculadas a cumplirlo y en qué medida, con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo." 2.1. Apercibimiento. En el entendido que de no cumplir con lo anterior en los términos ordenados, o en caso de realizar acciones evasivas, tales como actuaciones inconducentes o gestiones irrelevantes para el cumplimiento de la sentencia, les será impuesta a cada una multa de cien unidades de medida y actualización equivalente a $********************), en términos de los artículos 237, fracción I y 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al PROCEDIMIENTO DE INEJECUCIÓN establecido en el citado numeral 193 de la ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Luis Enrique Pérez Ruiz.
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