Rita Mayra Arroniz Pérez
Expediente 856/2022 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 856/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/12/2022
Partes del expediente
- Rita Mayra Arroniz Pérez
Actuaciones
- Principal
Se declara que el auto de nueve de noviembre de dos mil veintidós, en que se desechó la demanda de amparo, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, notifico por lista a la parte quejosa el auto de nueve de noviembre de dos mil veintidós, el cual en lo conducente dice: "En el caso, la quejosa controvierte la audiencia de interdicción celebrada el doce de octubre de dos mil veintidós, en autos del expediente ****** del índice del Juzgado Tercero de lo Familiar con residencia en esta ciudad, particularmente, los decretos ahí adoptados que impidieron a la quejosa grabar la diligencia en audio o video; la omisión de admitir las preguntas y respuestas de los médicos y presunto interdicto; la negativa a permitir la intervención y participación de su abogado procurador; y, la designación de los médicos que ahí intervinieron. Ahora, como se dijo, para poder reclamar en esta vía de amparo indirecto un acto emitido en ese procedimiento, tendría que producir una ejecución de imposible reparación, es decir, que afectara materialmente en forma directa e inmediata derechos sustantivos del quejoso. Sin embargo, el acto reclamado no produce efectos de esa naturaleza, pues solo tuvo como consecuencia sendas negativas u omisiones en la forma en que se practicó la aludida diligenciación. De lo anterior se colige que el acto que se tilda de inconstitucional no es una actuación que tenga una ejecución de imposible reparación sobre los derechos de su representado -presunto interdicto-, es decir, no causa una afectación material a sus derechos sustantivos como pudieran serlo el patrimonio, la vida, la libertad, la posesión o la propiedad. Se afirma lo anterior, porque las consecuencias del acto que se reclama tan solo implican por ahora que la diligencia se celebrase en forma diversa a la que pretendía la quejosa, empero, ello solo ocasiona efectos de carácter formal o intraprocesal que se proyectan por ahora solo en las resultas del proceso, los cuales incluso podrían extinguirse. Incluso, si bien no es presupuesto para el análisis de la causa de improcedencia en estudio, igualmente es cierto que aun en el supuesto de que la sentencia de fondo no le resultara favorable, podría reclamar tal violación en el amparo directo que en su caso promoviera contra la resolución que ponga fin al procedimiento del que deriva el acto reclamado. Luego, la violación alegada puede repararse en caso de que la quejosa obtenga fallo favorable, y de no serlo, puede controvertirlo en el juicio de amparo directo, en términos de la fracción XII del artículo 1727 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, lo que motiva al desechamiento de la demanda.
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