Rita María Antonia Ferrarri
Expediente 26/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 26/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Rita María Antonia Ferrarri
Actuaciones
- Principal
Glósese el oficio ******************** signado por el Juez del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, mediante el cual informa que ese órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del juicio de amparo ******************** del índice de este Juzgado, promovido por ********************, quedando registrado con el amparo ******************** de su índice. Acúsese de recibido. Ordena archivo.
- Principal
Agréguense los oficios de cuenta signados por el Actuario Judicial Adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativas de este Circuito, mediante el cual informa que admitió el Impedimento planteado por este órgano jurisdiccional, mismo que quedó registrado bajo el consecutivo 5/2023 de su índice, y acusa recibo de los autos originales del presente juicio.
- Principal
Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 12871/2022, signado por la Actuaria Judicial Adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativas del Noveno Circuito, por medio del cual remite el testimonio pronunciado por dicho Tribunal en el impedimento ********************, de su índice, planteado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad, así como el juicio de amparo indirecto ******************** del catálogo del referido Juzgado, en la cual calificó de legal el impedimento planteado por el mencionado Juez Federal, para conocer del aludido juicio de amparo. Se avoca al conocimiento. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Amparo, este Juzgado se avoca al conocimiento de la citada demanda; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el consecutivo 26/2023-VI, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Conocimiento. Comuníquese esta determinación al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí y al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativas del Noveno Circuito en turno, para los efectos legales a que hubiere lugar. No procede suspensión de oficio y de plano. Ahora, no pasa desapercibido que a consideración de la parte quejosa, el acto reclamado le produce tortura psicológica; sin embargo, para la procedencia de dicha medida cautelar, es necesaria la actualización real de un acto considerado prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Debe destacarse que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados en el juicio de amparo se procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado. Esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio. En consecuencia, atendiendo a la facultad que tiene el suscrito de decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio; en el caso concreto se determina que no es procedente pronunciarse respecto de la suspensión de oficio y de plano, pues como se mencionó, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos a la autoridad responsable, consiste básicamente el auto que declaró que causo ejecutoria la sentencia de catorce de septiembre de dos mil dieciocho, no entrañan por sí, un pronunciamiento en torno a la medida cautelar de suspensión de plano, en atención a la naturaleza de los actos reclamados. Impedimento. Expuesto lo anterior, vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Juez Quinto de lo Familiar y otras autoridades, este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, considera que en el caso se actualiza la causa de impedimento legal prevista en el artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo, por lo siguiente: La parte quejosa en el presente juicio de amparo 26/2023-VI es ********************. Ahora bien, se tiene como hecho notorio lo actuado en los diversos juicios de amparo ********************y ********************, del índice de este órgano jurisdiccional, del cual se desprenden diversas manifestaciones denostativas en contra del suscrito juzgador. En ese sentido, el suscrito considera encontrarse ante una causa de impedimento para seguir conociendo del presente juicio de amparo, al tenor de las siguientes consideraciones: Marco Normativo El artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone lo siguiente: "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." El precepto constitucional transcrito establece el derecho fundamental que tiene todo individuo de acudir ante los tribunales a dirimir sus pretensiones y el deber jurídico de éstos de tramitarlas y resolverlas en los términos fijados por las leyes relativas. Asimismo, dicho numeral prevé cuatro principios de los que se desprende que la justicia debe ser: (I) pronta; (II) completa; (III) gratuita; e (IV) imparcial. Específicamente, y por lo que aquí nos interesa, la justicia imparcial significa que el juzgador emita una resolución no sólo apegada a derecho, sino, primordialmente, que no dé lugar a considerar que existió inclinación o emulación respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. Sobre este tema, en la exposición de motivos que dio origen a la reforma del artículo 17 de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de marzo de mil novecientos ochenta y siete, se señaló lo siguiente: "...La impartición de justicia que merece el pueblo de México debe ser pronta, porque procesos lentos y resoluciones tardías no realizan el valor de la justicia; debe ser gratuita, para asegurar a todos el libre acceso a ella; debe ser imparcial, para lograr que se objetive en sentencias estrictamente apegadas a las normas y debe ser honesta, pues al juzgador se confía el destino de la libertad y patrimonio ajenos. Una condición esencial de la legitimidad y la eficacia de la justicia moderna reside en la independencia e imparcialidad de los órganos de justicia, de sus integrantes y, en consecuencia, de las resoluciones que dicten..." Como puede advertirse, la tutela judicial efectiva no está limitada al trámite y decisión de los asuntos que se sometan a la potestad de los órganos jurisdiccionales, sino que también debe comprender ciertos aspectos que permitan suponer que el fallo no esté afectado de imparcialidad objetiva o subjetiva. Se asevera lo anterior, porque la justicia imparcial que debe prevalecer para dirimir un conflicto suscitado entre varios sujetos de derecho, se traduce, por una parte, en la clara observancia de la totalidad de las normas jurídicas que regulan el caso, pues su incumplimiento produce diversas consecuencias que afectan de modo cierto a alguno de los entes que intervienen en el proceso, favoreciendo al otro con esa actuación y, por otra parte, el ánimo del juzgador debe estar orientado al estudio de los aspectos que se debaten, sin crearse sentimientos de aversión o simpatía hacia alguna de las partes, sea por los datos probatorios que se proporcionen o por el conocimiento externo de las conductas del sujeto, es decir, las decisiones deben ser honestas en cuanto al órgano encargado de emitirlas. Desde esa perspectiva jurídica, las leyes establecen diversos medios y mecanismos a los que los gobernados pueden acudir en aras de garantizar que sea imparcial el fallo que dirima la contienda, pero igualmente esa legislación permite que los titulares encargados de impartir justicia puedan hacer patente su posible parcialidad en el fallo que dicten, lo que los inhibe de su conocimiento con el fin de cumplir con el artículo 17 constitucional. Conforme a lo anterior, la institución jurídica de los impedimentos tiene por objeto garantizar la imparcialidad del juzgador, la cual significa asumir una actitud que asegure que el impartidor de justicia no se decante en favor de ninguna de las partes. Ahora bien, como se adelantó, el suscrito considera encontrarse impedido para seguir conociendo de este asunto en términos del artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo, en relación con el dispositivo 126, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que disponen: "Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: [.] VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad. [.]". "Artículo 126. Las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las y los magistrados de circuito, las y los jueces de distrito y las y los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal están impedidos para conocer de los asuntos, por alguna de las causas siguientes: [.] II. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas a que se refiere la fracción anterior; [.]." En relación a la citada causa de impedimento, prevista por el primero de los preceptos legales transcritos con antelación, la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 401/2016, sostuvo que este supuesto "se refiere a situaciones diversas a las que enumera la propia disposición (parentesco, amistad, enemistad, interés, entre otras) que impliquen elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad, es decir, situaciones reales ajenas de subjetivismos que pudieran afectar o poner en riesgo la imparcialidad del juzgador". A partir de ello, dicho Tribunal de Alzada estimó que el legislador previó la posibilidad de que los juzgadores se declaren impedidos cuando: "se configure una causa de impedimento con base en elementos objetivos de los que se infiera que la imparcialidad del juzgador puede ser afectada, es decir, no contiene una causa de impedimento concreta, sino que en atención a las variadas situaciones que puede ofrecer el ejercicio diario de la impartición de justicia, redactó un supuesto normativo que protege la imparcialidad que debe caracterizar a todo proceso, con base en elementos objetivos. Por ello, la aplicación de esta disposición exige un examen de los elementos en su caso planteados, a fin de que se pondere si de ellos pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad". Dichas consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 100/2018 (10a.), cuyos título, subtítulo y texto se transcriben a continuación: "IMPEDIMENTO. LAS MANIFESTACIONES OFENSIVAS EXPRESADAS POR ALGUNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL JUZGADOR NO CONSTITUYEN, POR REGLA GENERAL, UN ELEMENTO OBJETIVO DEL QUE PUEDA DERIVARSE EL RIESGO DE PÉRDIDA DE IMPARCIALIDAD A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE AMPARO. Esa disposición legal prevé que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo deberán excusarse cuando ocurra, entre otras causas de impedimento, la relativa a que se encuentren en una situación diversa a las especificadas en el propio precepto, que implique elementos objetivos de los que pudiera derivar el riesgo de pérdida de imparcialidad. Ahora bien, ese supuesto normativo no se actualiza, por regla general, cuando una de las partes en el proceso formula manifestaciones ofensivas contra el juzgador de amparo, ya que si bien es cierto que se trata de expresiones que atentan contra su dignidad, también lo es que como rector del proceso, aquél desempeña una función pública, la jurisdiccional, que ejerce exclusivamente con base en el expediente que le toca resolver y en el derecho; pero sobre todo, su posición se debe distinguir por la templanza, así como por la moderación de las pasiones y los sentimientos, lo que le permite decidir el juicio ajeno a los intereses de las partes y a toda situación que altere la prudencia con la que debe valorar la causa sometida a su conocimiento, y es esto lo que impide poner en riesgo la imparcialidad que debe imperar en la administración de justicia. Esta conclusión no implica desconocer que las partes en el juicio de amparo deben conducirse con respeto hacia quienes formen parte de la relación procesal, es decir, no significa que puedan proferir ofensas, pues las conductas que impidan mantener el orden y exigir el respeto pueden dar lugar a la imposición de medidas disciplinarias, en términos del artículo 236 de la Ley de Amparo." A su vez, al resolver la contradicción de tesis 407/2019, la citada Segunda Sala, consideró que no debe perderse de vista que el impedimento planteado por los propios juzgadores constituye, por sí mismo, una apreciación personal a partir de la cual se externa un potencial riesgo de pérdida de imparcialidad. De ahí que resulte dable estimar que dichas manifestaciones permiten presumir, razonablemente, que un juzgador se encuentra imposibilitado para conocer de cierto asunto, sobre todo, cuando dichas manifestaciones son denostativas en contra de este juzgador. Caso concreto. En ese sentido, cabe resaltar que en las promociones registradas con el número de correspondencia interna 27215 y 27216, mismas que obran en el diverso juicio de amparo ********************, del índice de este juzgado, promovido por ******************** Marchioni, los cuales se tiene a la vista y se invocan como hecho notorio; resulta aplicable al caso la Jurisprudencia número XXII. J/12, publicada en la página 295, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, Enero de 1997, que intitulada: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN.", se advierte que la parte quejosa manifestó lo siguiente: "[.] Bajo protesta de decir verdad: Esta autoridad es omisa en determinar en que no se cumplió con la aclaración solicitada. Por lo que se detalla que se va a aplicar el modus operandi de cambiar la materia de litis y así inventar un pretexto para no analizar el amparo. [.] " (El énfasis no es de origen) Asimismo, en la diversa promoción registrada con el número de correspondencia interna 27591, misma que obra en el diverso juicio de amparo ********************, del índice de este juzgado, promovido por ******************** Marchioni, la parte quejosa señaló lo siguiente: "[.] Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 70, con relación a los diversos 51, fracción I, ********************, 53 y 59 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 80 y 97 y demás relativos de la Ley de Amparo se interpone RECURSO DE QUEJA, en contra del acuerdo notificado el 31 de octubre de 2022, dictado por el Juez Cuarto de Distrito. [.] IV. ACUERDO RECURRIDO El acuerdo del 27 de octubre del 2022, en donde se detallan las siguientes inconstitucionalidades. Desechar el amparo. Determinando que fabricar evidencia para inventar un delito contra las víctimas no es violatorio a los tratados internacionales. Y que las víctimas no tienen interés jurídico para interponer amparo en contra del acto anterior. [.] V. CRITERIOS NO CONFORMES A LA LEY USADOS PARA DESECHAR EL AMPARO. V.1 Determinar que las víctimas no tienen interés jurídico. Según el Juez Cuarto de Distrito en el Noveno Circuito el acto reclamado es el siguiente "la fabricación y modificación de pruebas en contra de los quejosos con el fin de detenerlos en la carpeta de investigación CDI/FGE/D01/15177/2021". Resaltado lo siguiente: la fabricación y modificación de prueba. Posteriormente el Juez Cuarto de Distrito determina que LA FABRICACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PRUEBAS, acto realizado por Policías de Investigación NO AFECTA LOS INTERESES DE LAS VÍCTIMAS. Si es cierto lo anterior, significa que el Estado Mexicano es el único estado del mundo el cual puede fabricar y modificar pruebas para inventar un delito de homicidio en contra de las víctimas de delincuencia organizada y que esto afecta los intereses de las víctimas. ES UNA CLARA VIOLACIÓN A LA CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Por ende, se cuando se logre la definitividad de este acto se va ampliar el caso en la CIDH ya que claramente, fabricar delitos en contra de las víctimas si afecta su interés jurídico y humano. [.] V.3 Desechar el amparo Como se demuestra los actos reclamados basados en fabricar evidencia en contra de los quejosos ya que no resultó el plan de DESAPARECERLOS si violentan derechos sustantivos de las víctimas. En caso de que se determine que es fundado el criterio del Juez Cuarto de Distrito, se demostrará, plenamente, que el Estado Mexicano no respecta la Convención Americana de Derechos Humanos y por ende se ampliará el caso en la CIDH para que esta Corte determine si el Estado Mexicano violenta, o no, derechos sustantivos al estar desapareciendo a las víctimas y cuando no funciona el intento de desaparición forzada el Estado Fabrica un delito de homicidio que EJECUTA 2 DÍAS POSTERIORES A LA DESACTIVACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR. CUANDO UNA AUTORIDAD PUEDE FABRICAR DELITOS Y POSTERIORMENTE NO EXISTE NINGÚN RECURSO EN CONTRA DE DICHA FABRICACIÓN SE DEMUESTRA LA IMPORTANCIA DE ANALIZAR EL ACTO RECLAMADO, YA QUE SIGNIFICA QUE UNA NARCO INSTITUCIÓN TIENE LAS FACULTADES PARA FABRICAR DELITOS, LAS VÍCTIMAS NO TIENEN NINGÚN MEDIO DE DEFENSA CONTRA DICHAS PRIVACIONES DE LIBERTAD Y EL JUEZ CUARTO DE DISTRITO SE NIEGA ANALZIAR EL ACTO RECLAMADO SOBRE LA FALTA DE SERIEDAD Y PROFESIONALISMO DE LA NARCO INSTITUCIÓN. Algo que debe analizarse por la CIDH para que pueda restablecer el Estado el Derecho en el 4º país con mayor impunidad en el mundo. [.] TERCERO. En caso de negativa. Téngase por definitivo el acto reclamado con el fin de que la CIDH analice: [.] 3. La ilegalidad de los Jueces de Distrito que pueden cambiar la materia de la litis de los amparos para ANALIZAR LO QUE A LA CLASE OPRESORA LE CONVENGA. 4. Tener por demostrado, que un Estado que determina QUE LA FABRICACIÓN DE DELITOS DE HOMICIDIO NO ES VIOLATORIO A DERECHOS HUMANOS, ES UNA ESTADO FALLIDO DE DERECHO. UNA DICTADURA. [.]" De lo anterior, se desprende que la parte quejosa refiere que el suscrito: (i) está inventando determinaciones judiciales para desechar su demanda de amparo, (ii) se están protegiendo intereses de la delincuencia organizada, (iii) con ello demuestra la existencia de un narco estado, (iv) es corrupto, ya que se cambia la materia de la litis para analizar lo que le convenga a ciertas partes. Así, de lo anterior se interpreta que la parte quejosa estima que el suscrito actúa de forma contraria a la ley y a la Constitución Federal, lo que demuestra que se pone en duda la manera en que este juzgador se conduce en sus actos judiciales, incluso, la parte quejosa asevera que el suscrito protege intereses de la delincuencia organizada. En ese sentido, dichas manifestaciones formuladas por ******************** Marchioni, aquí quejosa, influyen en mi ánimo y objetividad para conocer del juicio de amparo, pudiendo derivar en una enemistad manifiesta en términos del artículo 126, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues producen animadversión, lo que pudiese afectar o poner en riesgo la imparcialidad del juzgador, actualizando la hipótesis prevista en el artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo. Ello, pues como se señala, dichas manifestaciones que se han venido realizando de forma sistemática, influyen en mi ánimo y objetividad para continuar conociendo de este juicio toda vez que, en los juicios de amparo ********************y ********************, se puso en duda la manera en que este juzgador se conduce en sus determinaciones, aunado a que afirma que protejo los intereses de la delincuencia organizada, al buscar pretextos (como cambiar la litis) para no admitir los juicios de amparo. Situación que, de seguir conociendo del presente juicio, hasta este momento, evidentemente podría derivar en una pérdida de imparcialidad; se reitera, pues dichas manifestaciones producen animadversión en mi ánimo y objetividad, por lo cual, se estima que existe causa justificada a fin de declararme impedido para continuar conociendo de este juicio. Aunado a lo anterior, ésta circunstancia es conforme con los criterios definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previamente expuestos, que es precisamente el que debe estar provisto de todo elemento que pueda socavar o alterar la imparcialidad de su actuación jurisdiccional, por ello, la sola manifestación de un juzgador en el sentido de que, derivado de una situación en particular, existe animadversión en su ánimo y en probable pérdida de imparcialidad en el juicio, tiene un peso importante y una presunción de veracidad dentro de nuestro sistema jurídico, en atención a los principios de independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia, en términos del artículo 100, párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dichas consideraciones fueron calificadas de legales por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al resolver los impedimentos ********************/2022, ********************/2022, ********************/2022 y ********************/2022, de su índice. Por lo anterior, de conformidad con los artículos 51, ********************, 53, 54 y 58 de la Ley de la materia, previo cuaderno de antecedentes que al efecto se forme, remítanse los autos originales de este juicio al Tribunal Colegiado en Materias Civil y administrativa del Noveno Circuito en turno, para la calificación de la causa de impedimento planteada, en la inteligencia de que se decretará aperturado el citado cuaderno con el presente proveído. Notifíquese personalmente.
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