Rita María Antonia Ferrari Marchioni
Expediente 1027/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1027/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Rita María Antonia Ferrari Marchioni
- RITA MARÍA ANTONIA FERRARI MARCHIONI y Otros.
- SANTIAGO SALAS FERRARI y Otros.
Actuaciones
- Principal
De conformidad con lo establecido en Circulares SECNO/29/2020, SECNO/30/2020, SECNO/1/2021 y SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/8/2021, SECNO/9/2021 y SECNO/10/2021 emitidos por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos y en el Acuerdo General 13/2020, emitido por el Pleno, ambos del Consejo de la Judicatura Federal, los órganos del Poder Judicial de la Federación del Primer Circuito no realizaron funciones jurisdiccionales de manera normal del cinco de diciembre de dos mil veinte al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. Durante ese plazo, este juzgado solo conoció y dio trámite a asuntos de naturaleza urgente, ante el riesgo generado por la pandemia provocado por el virus SARS-CoV-2. Ahora bien, de conformidad con la Circular SECNO/10/2021 aludida, los plazos procesales deben reanudarse, en términos de lo dispuesto por el "Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura, relativo a la reanudación de plazos al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19". Por lo anterior, y atendiendo de manera puntual el esquema laboral establecido en el artículo 2 del Acuerdo General 21/2020 y las cargas de trabajo que tiene este juzgado, es que en este acuerdo se ordena reanudar el presente juicio; lo cual se realiza dentro del plazo previsto en la circular SCNO/15/2021, en relación con el artículo 2, fracciones II y VIII del Acuerdo General 21/2020, emitidos, respectivamente, por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos y el Pleno, ambos del Consejo de la Judicatura Federal. En consecuencia, visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, en que se hace constar que no se interpuso el recurso previsto por el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, contra el proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, en que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto de referencia QUEDA FIRME. Se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archivar el expediente como asunto concluido. De conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por tratarse de un asunto que no tiene trascendencia jurídica y carece de relevancia documental; por consiguiente, se ordena su cumplimiento una vez que haya transcurrido el término de CINCO AÑOS, esto es, a partir del cinco de abril de dos mil veintiséis. Notifíquese.
- Principal
Por recibido el escrito, signado electrónicamente por los promoventes, ****, por propio derecho y ostentándose como rectora de ***** sociedad civil, y por ***** , por propio derecho y ostentándose como representante legal de ****, mediante el cual desahogan el requerimiento formulado en auto de cinco de noviembre de dos mil veinte. Por tanto, este órgano jurisdiccional realiza el siguiente pronunciamiento. Este juzgador estima que con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse la demanda de amparo, toda vez que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de acuerdo con lo que enseguida se expone: ESTUDIO DE PROCEDENCIA Es importante precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda para que, en caso que se encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. De ahí que se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia I. 1º.A. J/4 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, mayo de 1998, página 899, cuyo rubro y texto son: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." La jurisprudencia en cuestión explica que manifiesto es cuando de la lectura de la demanda, escrito aclaratorio y anexos se advierta de forma patente y absolutamente clara la causa de improcedencia; e indudable, que se tenga certidumbre y plena convicción que es operante. Actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo. Este Juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas (litispendencia). Hecho notorio. El juicio de amparo indirecto **** del índice de este juzgado constituye un hecho notorio, en términos de lo dispuesto en el artículo 88 de Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De sus constancias se advierte que, en dicho sumario, según la demanda de amparo y escrito aclaratorio, ****, por propio derecho y en calidad de rectora de ****** , por propio derecho y como representante de ***** sociedad civil, señalaron como autoridades responsables y actos los siguientes: Autoridades responsables: Directora de Instituciones Particulares de Educación Superior. Directora de la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación. Secretario de Educación Pública. Presidente Constitucional de México. Congreso de la Unión. Actos reclamados: La expedición, promulgación y aplicación de los artículos 17 y 60 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. No expedir los números de reconocimientos de valides oficial de estudios. No impedir que los quejosos sufran tortura. Omisión de dar vista a la Fiscalía Especializada en Tortura y tomar medidas para salvaguardad su integridad como víctimas de tortura. Mediante acuerdo de cinco de octubre de dos mil veinte, se desechó la demanda de amparo por notoriamente improcedente al considerar la actualización del supuesto normativo contenido en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo. Ese acuerdo fue recurrido, dando lugar al recurso de queja Q.A. 114/2020 del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se encuentra pendiente de resolución. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, que al rubro dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN." El acto reclamado y autoridades responsables señalados en el juicio de amparo 741/2020 referido, son idénticos a los señalados en el escrito de demanda y el aclaratorio de cuenta. En ese orden, este Juzgado Federal concluye que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, en virtud de que este juicio de amparo indirecto 1027/2020 y el diverso 741/2020, son promovidos por los mismos quejosos y en contra de las mismas autoridades y actos reclamados. Sirve de fundamento, la tesis aislada emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, que señala: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." Conclusión. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia, SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO presentada por los promoventes, con fundamento en los artículos 61, fracción X, y 113 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente, se recibe el oficio, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación, mediante el cual en atención a la vista otorgada el cinco de noviembre de dos mil veinte, solicita copias certificadas del juicio de amparo en que se actúa. En atención a lo anterior, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, remítase copia certificada de las constancias que indica para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y ELECTRONICAMENTE A LA PROMOVENTE.
- Principal
Ciudad de México, cinco de noviembre de dos mil veinte. Por recibido el oficio signado por el Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y Apoderado Legal del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, por el que informa que se encuentra realizando las gestiones necesarias par dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo cual se toma conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar. Asimismo, informa que la autoridad competente para realizar un nuevo avaluó actualizado es la Directora General de Patrimonio Inmobiliario, por lo que con fundamento en los artículos 192 y 193, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, con copia del oficio de cuenta y el diverso **** se da vista a la Directora General de Patrimonio Inmobiliario, y se requiere para que dentro del término de diez días, contado a partir de la notificación del presente proveído, realice lo siguiente: - Deje insubsistente jurídicamente el avalúo identificado con los números AT (****, realizado el diecisiete de octubre de dos mil diecisiete. -Formule uno nuevo conforme a lo ordenado en la resolución dictada el treinta de octubre de dos mil doce en el procedimiento administrativo ****, cuyo valor comercial actualizado constituya una justa indemnización, tomando en consideración el valor comercial al momento de la expropiación, establecido en el dictamen pericial rendido por el perito designado por la autoridad responsable, consistente en la suma de $ ****. Se apercibe a dichas autoridades que en caso de ser omisas se impondrá multa de CIEN veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, de conformidad con los artículos 192, 238, primer párrafo, y 258, todos de la Ley de Amparo, conforme al decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Además, los autos serán remitidos a la superioridad por inejecución de sentencia para los efectos precisados en la fracción XVI, del artículo 107, de la Constitución es decir, para que sean separados de su cargo y consignados al Juez de Distrito que corresponda. Es aplicable, la jurisprudencia P./J.54/2014 de la Décima Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo I, noviembre del 2014, página 19, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector Inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, veintisiete de octubre de dos mil veinte. Por recibida la demanda de amparo que promueve *****, por propio derecho y en calidad de rectora de ****, con razón social ****, sociedad civil y ****, por propio derecho y como representante legal de *****, presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, contra los actos del Presidente Constitucional de la República de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, por considerarlos violatorios del artículo 1°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REGISTRO Regístrese en el libro de gobierno con el número 1027/2020-VIII, y fórmese expediente físico, así como su versión electrónica, en términos del artículo 3° de la ley de la materia. Ahora, de la lectura integral del escrito de demanda se advierten irregularidades que impiden admitirla a trámite, de conformidad con los requisitos previstos por los artículos 108 y 110, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, a saber: PERSONALIDAD (108, fracción I de la Ley de Amparo A efecto de acordar lo conducente respecto de la demanda que nos ocupa, y dado que la parte promovente ha instado el presente juicio vía electrónica a través de los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, resulta necesario hacer las siguientes precisiones: En virtud de que la seguridad jurídica es uno de los pilares centrales del derecho, que lo distingue de la moral y de las costumbres, tratándose del juicio en línea, se implementó la regulación jurídica sobre este aspecto que fue diseñada para brindar seguridad en el manejo de dicho sistema. Al respecto, la Ley de Amparo, en el artículo 3° prevé la presentación electrónica de la demanda, recursos y promociones, en los términos siguientes: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso..." Por su parte, el Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, regula las bases para la creación, otorgamiento y uso de la Firma Electrónica Certificada, así como la integración, consulta y almacenamiento del expediente electrónico en los órganos administrativos y jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. A su vez, el artículo 3, fracciones V y VI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo establece lo siguiente: "Artículo 3. La integración y consulta de los expedientes electrónicos regulados en el presente Acuerdo General se regirán por las siguientes bases: V. Los documentos electrónicos o digitalizados ingresados por las partes a los sistemas electrónicos mediante el uso de certificados digitales de Firma Electrónica producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa. VI. Los documentos públicos que se ingresen a un expediente electrónico mediante el uso de Firma Electrónica conservarán el valor probatorio que les corresponde conforme a la legislación aplicable, siempre y cuando al presentarse por vía electrónica se manifieste bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento impreso. Al respecto, la juzgadora o juzgador que conozca del asunto podrá solicitar, de manera oficiosa o a petición de algunas de las partes legitimadas para tal efecto, el cotejo con el documento original, o su incorporación al expediente hasta el momento procesal oportuno." La interpretación armónica del contexto previamente indicado, es que los documentos electrónicos ingresados al expediente electrónico mediante el uso de la FIREL, no perderán el valor probatorio que les corresponde por Ley, sí se les presenta anteponiendo "Bajo protesta de decir verdad" y que los documentos digitalizados ingresados a los sistemas electrónicos por los servidores públicos de los órganos del Poder Judicial de la Federación mediante el uso de los certificados digitales tendrán el mismo valor que los impresos. En ese sentido el Acuerdo General 12/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, así como la integración y trámite del expediente electrónico, tienen por objeto sistematizar la utilización de los sistemas tecnológicos que conforman el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del juicio de amparo de manera electrónica. En los artículos 2°, fracciones XIII, XIV y XVI, así como 3°, fracciones I, VI VII y VIII, de dicho Acuerdo, se establece lo siguiente: "Artículo 2. Para los efectos de este Acuerdo General se entenderá por: XII. Documento digitalizado: versión electrónica de un documento impreso que se reproduce mediante un procedimiento de escaneo u otro análogo; XIII. Documento electrónico: el generado, consultado, modificado o procesado por Medios Electrónicos. [.] XVI. Firma electrónica: documento electrónico expedido por alguna de las autoridades certificadoras intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del Firmante con una Llave Pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un Documento Electrónico. Para efectos del presente Acuerdo General se comprenden en este concepto la FIREL, la firma electrónica o 'e.firma' (antes firma electrónica avanzada o 'FIEL'), y las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el PJF haya celebrado convenios para el reconocimiento de certificados digitales homologados. Resulta aplicable a esto último lo previsto en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico. Artículo 3. La integración y consulta de los expedientes electrónicos regulados en el presente Acuerdo General se regirán por las siguientes bases: I. Todo documento que ingrese a un expediente electrónico deberá ser firmado con una Firma Electrónica que cuente con los permisos necesarios. VI. Los documentos públicos que se ingresen a un expediente electrónico mediante el uso de Firma Electrónica conservarán el valor probatorio que les corresponde conforme a la legislación aplicable, siempre y cuando al presentarse por vía electrónica se manifieste bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento impreso. Al respecto, la juzgadora o juzgador que conozca del asunto podrá solicitar, de manera oficiosa o a petición de algunas de las partes legitimadas para tal efecto, el cotejo con el documento original, o su incorporación al expediente hasta el momento procesal oportuno. VII. Los documentos digitalizados ingresados a los sistemas electrónicos por las y los servidores públicos de los órganos del PJF mediante el uso de FIREL tendrán el mismo valor que los impresos. VIII. Las características de los documentos que podrán ingresarse a un expediente electrónico se sujetarán a los lineamientos que emita la DGGJ, con opinión de DGTI, sobre el formato y tamaño de aquéllos. [.]" En ese sentido, por documento electrónico se debe entender como aquel que se genera, consulta, modifica o procesa por medios electrónicos y que un documento digitalizado comprende la versión electrónica de un documento impreso que se produce mediante un procedimiento de escaneo. En el presente asunto se digitalizaron los instrumentos notariales con los que se pretende acreditar la personalidad de los representantes legales de las personas morales señaladas como quejosas; sin embargo, fueron firmados electrónicamente por los promoventes, no por su emisor, es decir, por el fedatario público que, presuntamente, dio fe de la voluntad de representación que les asiste a los promoventes; por tanto, éste Juzgado Federal no tiene certeza que dicho instrumento sea una réplica de su original o de una copia certificada. En ese contexto, resulta importante indicar que la Ley del Notariado para el Distrito Federal, en su artículo 155, establece los requisitos que contendrán los documentos en una certificación notarial: "Artículo 155.- Certificación notarial es la relación que hace el Notario de un acto o hecho que obra en su protocolo, en un documento que él mismo expide o en un documento preexistente, así como la afirmación de que una transcripción o reproducción coincide fielmente con su original; comprendiéndose dentro de dichas certificaciones las siguientes: I. Las razones que el Notario asienta en copias al efectuar un cotejo conforme a lo previsto en el artículo 97 de esta Ley. II. La razón que el Notario asienta al expedir las copias a que se refiere el artículo anterior. En estos casos la certificación se asentará al final de la transcripción o reproducción, haciendo constar el número y fecha del instrumento del protocolo correspondiente, a no ser que estos datos se reproduzcan al principio de la copia. En el caso a que se refiere la fracción I del artículo anterior, bastará señalar para qué efectos se expide, sin que conste petición de parte, ni se tomará razón de su expedición en parte alguna del protocolo. III. La relación sucinta de un acto o hecho, o de uno de sus elementos o circunstancias que consten en su protocolo, que asiente en un documento que al efecto expida a petición de parte o autoridad facultada para hacerlo, o en un documento preexistente, también a solicitud de parte, lo que hará constar en la propia certificación sin necesidad de tomar razón en nota complementaria. IV. La razón de existencia de uno o varios documentos que se le exhiban, para acreditar la personalidad de los otorgantes o interesados en una escritura o acta que el Notario asiente en la reproducción total o parcial, lo que será suficiente para dejar acreditada dicha personalidad; bastando para ello relacionar en la escritura o acta respectiva, el número y fecha de la escritura cuyo testimonio o copia se le exhiba, y el nombre y el número del Notario ante quien se haya otorgado, o la autoridad y procedimiento de que se deriven, en caso de ser copias certificadas expedidas respecto de constancias de algún procedimiento judicial. En los casos a que se refieren las fracciones II y III del artículo anterior, se deberá hacer constar, tanto en nota complementaria como en la razón de certificación respectiva, la autoridad que ordenó el informe o expedición de la copia, del expediente en que ella actúa y el número y fecha del oficio correspondiente. Igualmente, podrá hacer constar en nota complementaria y agregar al apéndice la copia de la comunicación mediante la cual haya sido enviada la copia certificada a la autoridad respectiva. Toda certificación será autorizada por el Notario con su firma y sello." En consecuencia, con lo que antecede, es de notar que la documentación anexa al escrito presentado vía electrónica, se trata de un documento expedido de forma impresa digitalizado y no así de un instrumento notarial certificado generado, consultado, modificado o procesado por medios digitales. ACTOS RECLAMADOS Y AUTORIDADES RESPONSABLES (artículo 108, fracciones III y IV de la Ley de Amparo) De la lectura de la demanda se advierte que los promoventes reclaman diversos actos que están relacionados con el otorgamiento del reconocimiento de validez oficial de estudios superiores (RVOES), que solicitaron ante autoridades de la Secretaria de Educación Pública, pero que, pese a cumplir con todos los requisitos, no se ha expedido. No obstante, no se advierte qué es lo que reclaman realmente, ya que refieren que existe la omisión de responder la solicitud de renovación del reconocimiento de validez oficial de estudios, respecto de la universidad que representan; así como que surgió la aplicación de los artículos 17 y 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que prevén las figuras de la negativa ficta y la caducidad en los procedimientos administrativos. Además, no precisan los datos de la solicitud o procedimiento administrativo de donde derivó el acto reclamado. Derivado de lo anterior, se advierte una situación que impide fijar la litis constitucional, puesto que los promoventes no señalan, de manera específica, cuáles son los actos que reclaman de cada una de las autroridades responsables. PREVENCIÓN. Con fundamento en los artículos 108, fracciones IV y V, 114, fracciones I, III y IV de la Ley de Amparo, requiérase a los promoventes para que en el plazo de CINCO DÍAS: 1. Exhiban ante este órgano jurisdiccional, de manera física, el instrumento notarial con el que acreditan la personalidad de sus representadas. 2. Especifiquen o brinden mayores datos que permitan identificar el procedimiento administrativo en el cual no se ha dado respuesta a la solicitud de la "****", para el otorgamiento o renovación del reconocimiento de validez oficial de estudios de tipo superior (RVOES). 3. Precisen si desean señalar como acto reclamado: La NEGATIVA FICTA originada dentro procedimiento administrativo en el cual no se ha dado respuesta a la solicitud de la **** de otorgamiento o renovación del reconocimiento de validez oficial de estudios de tipo superior (RVOES); o La OMISIÓN DE DAR RESPUESTA a la solicitud de la **** de otorgamiento o renovación del reconocimiento de validez oficial de estudios de tipo superior (RVOES). De insistir en señalar la NEGATIVA FICTA deberán tomar en cuenta, sobre ese acto ya se pronunció este juzgado al desechar la demanda del amparo ****, también presentada por los ahora promoventes. En caso de señalar como acto reclamado la OMISIÓN DE DAR RESPUESTA a la solicitud referida, deberán especificar si insisten o no en señalar como actos reclamados los artículos 17 y 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Así, pues no sería necesario señalar tales preceptos como reclamados si el juicio de amparo se promueve en contra de la omisión aludida, pues la litis del juicio y los eventuales efectos del amparo, se limitarían a analizar la omisión en que ha incurrido la responsable, para que dé respuesta a la solicitud de la "*****" para el otorgamiento o renovación del reconocimiento de validez oficial de estudios de tipo superior (RVOES); sin que para tal efecto sea necesario analizar la constitucionalidad de esas normas generales. 4. Deberán exhibir copias suficientes del escrito aclaratorio para cada autoridad que señalen como responsable. Es aplicable la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS." Se APERCIBE que de no desahogar la totalidad de los puntos señalados se tendrá por no presentada la demanda amparo; o bien, se acordará lo que en derecho proceda. AUTORIZADOS Se tiene como autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que señala para tales efectos, siempre que tenga debidamente registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. REPRESENTANTE COMÚN Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene con el carácter de representante común de los quejosos a ****. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Y CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3° de la ley de la materia, se autoriza la consulta del expediente electrónico del juicio en que se actúa, con el usuario "****"; asimismo, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción II y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena realizar las notificaciones del presente asunto de manera electrónica. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con los artículos 20 y 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en relación al diverso artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones de carácter personal que se ordenen en el presente juicio de amparo. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES A efecto de proteger la integridad de los actuarios que se encuentren adscritos a este juzgado, se determina que cuando se trate de alguna notificación que, por sus características implique un peligro de contagio del virus SARS-CoV2 (COVID- 19), la persona a notificar no debe estampar su firma en la constancia respectiva y únicamente el actuario debe hacer constar la manera en la que se cercioró de que es la persona indicada, así como, en su caso, las circunstancias en la que se encuentra el interesado. NOTIFÍQUESE Y ELECTRONICAMENTE A LA PARTE PROMOVENTE.
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