Rita María Antonia Ferrari Marchioni
Expediente 1368/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1368/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Rita María Antonia Ferrari Marchioni
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, en el cual se desechó la demanda de amparo. Causa estado En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado para todos los efectos legales, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 14 Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se ordena el archivo del presente cuaderno como asunto concluido.
- Principal
Téngase por recibido el oficio 42989/2022 signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado por el cual en atención a la separación de juicios decretada en el juicio de amparo 1171/2022-III remite copias certificadas de dicho expediente, así como copia certificada de la demanda de amparo promovida por Rita María Antonia Ferrari Marchioni y Santiago Salas Ferrari, contra el Fiscal del Estado de San Luis Potosí y otras autoridades, de quienes reclama la inactividad y omisión de investigar dentro de la carpeta de investigación CDI/FGE/I/D/D01/13948/18; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el consecutivo 1368/2022-VII, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Análisis de la demanda de amparo. Este Juzgado procede a analizar la demanda de amparo de que se trata, pues tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación de examinar la demanda de garantías, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Precisión de los actos reclamados. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el arábigo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consiste el acto de autoridad reclamado, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. Así, de un análisis integral de la demanda de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa reclama, sustancialmente: -La inactividad y omisión de investigar dentro de la carpeta de investigación CDI/FGE/I/D/D01/13948/18. Calificación jurídica Una vez establecido lo anterior, esta autoridad estima que la demanda de amparo es improcedente, al actualizarse de una manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, con relación a lo dispuesto en el artículo 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello, con base en las consideraciones sostenidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, que dio origen a las jurisprudencias 27/2018 y 28/2018. En efecto, al resolver la contradicción de tesis en cita, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que de los artículos 16, párrafo décimo cuarto, y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, así como el 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que el constituyente previó el derecho de la víctima u ofendido a impugnar ante la autoridad judicial, es decir, ante el juez de control, las actuaciones u omisiones del Ministerio Público de investigar un delito. Así, los ministros razonaron que la intención del legislador ha sido darle mayor presencia a las víctimas y a los ofendidos por el delito, pero también evitar que el propio agente del Ministerio Público sea obstáculo de los intereses de las víctimas. Con base en ello, argumentaron que, en contra de las determinaciones sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, la víctima u ofendido cuentan con un medio de defensa para impugnarlas ante el juez de control, dentro de los diez días posteriores a que sean notificados de las mismas; en cuyo caso, el juez de control citará a las partes a una audiencia en la que escuchará y resolverá en definitiva. Lo anterior, ya que el juez de control es quien, de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, determinará si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no y, que contra la resolución que emita la autoridad judicial rectora, la víctima u ofendido podrá promover juicio de amparo biinstancial, en razón de que la decisión del juez de Control no admite recurso ordinario alguno. Además, indicaron que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise la legalidad de las mismas. Aunado a ello, la Primera Sala sostuvo que tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación y, que puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Asimismo, se razonó que no se soslayaba que el citado artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece como plazo para la impugnación ante el juez de control, el de diez días posteriores a que sea notificada la determinación controvertida; sin embargo, se entendía que los actos omisivos, por su especial naturaleza, no se consuman en un momento, sino que se prolongan en el tiempo, mientras no se genere una acción que los haga concluir. De ahí que, por certeza jurídica, las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, debían impugnarse por la víctima u ofendido dentro del plazo de diez días, contados a partir de que tengan conocimiento de la conducta omisiva de la autoridad investigadora, en aras de contribuir con el trámite y resolución ágil del procedimiento penal. Por tanto, se concluyó que la posibilidad de que la víctima u ofendido impugnen las omisiones del órgano investigador ante el juez de control, representa un beneficio para éstos, en virtud de que en una audiencia con asistencia de las partes la autoridad judicial debe resolver lo conducente, sujetándose al plazo establecido para tal efecto en el Código Nacional, con lo que se busca indefectiblemente recuperar la eficacia del proceso ordinario como garante de derechos fundamentales, al generar transparencia en la impartición de justicia, porque el justiciable observa en tiempo real y directamente el desarrollo del procedimiento, con la opción de controvertirlo de manera inmediata, lo que hace que el amparo indirecto se convierta en un medio extraordinario que debe agotarse solo como caso excepcional. Caso concreto. Como se indicó, se estima que cobra puntual aplicación lo razonado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al caso concreto, ya que del análisis de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa tiene la calidad de víctima dentro de la carpeta de investigación CDI/FGE/I/D/D01/13948/18, y que su reclamo en esta instancia constitucional constituye precisamente la omisión de investigar dentro de dicha carpeta. Consecuentemente, como lo estableció la Primera de la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis previamente referida, contra las determinaciones y omisiones atribuidas al ministerio público en la etapa de investigación, resulta improcedente el juicio constitucional, dado que en contra de las mismas se tendrá que acudir ante el juez de control correspondiente para agotar el procedimiento establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales y que la propia Constitución Federal consigna a su favor en términos del artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal. Entonces, si los actos reclamados por el quejoso se han presentado en la fase de investigación, previo a acudir al juicio de amparo, tiene que agotar el aludido medio de impugnación, esto es, inconformarse en contra de las omisiones del fiscal investigador y la autoridad ministerial a su cargo ante el juez de control competente, por ser éste a quien le corresponde vigilar la actuación investigadora del agente del Ministerio Público encargado de la carpeta de investigación, pues como se observa se trata de omisiones en el trámite de la misma tendentes a integrarla, de manera que encuadran en el supuesto previsto en el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin que en el caso se esté en algún supuesto de excepción al principio de definitividad respecto de los actos que pretende reclamar el promovente, por el hecho de que el artículo que prevé el medio de impugnación se refiera únicamente a omisiones o abstenciones por parte de la autoridad investigadora, pues cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido jurisprudencia sobre la procedencia del medio ordinario de defensa existente contra el acto reclamado, como en el caso, no se actualiza algún caso de excepción. Ello, en razón a que el objetivo de la porción normativa consiste en que el gobernado conozca con exactitud el medio ordinario de defensa que tiene al alcance para impugnar el acto que estima contrario a derecho, así como los requisitos para su procedencia, previo a acudir al juicio de amparo. Aunado a que el carácter obligatorio de las jurisprudencias conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, no posibilita a que pueda ser objeto de análisis por un órgano de menor grado, como en el caso sería este juzgado de distrito y, menos aún, a inaplicarlas. Consecuentemente, si de la ejecutoria referida se advierte que el medio de impugnación aplica para cualquiera de las actuaciones u omisiones del fiscal en la fase de la integración de la carpeta de investigación y dentro de este supuesto se encuentran los actos destacados por la parte quejosa, se concluye que previo a acudir al juicio de amparo debió agotar el medio de impugnación previsto en la legislación procesal penal. Bajo ese contexto, el quejoso debió, previo a acudir a esta instancia constitucional, observar el principio de definitividad, ya que se encuentra en posibilidades de combatir las omisiones reclamadas ante el juez de control correspondiente, a través del medio de defensa ordinario previsto por el artículo 258 del Código Nacional del Procedimientos Penales. Desechamiento. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia en análisis, con fundamento en lo dispuesto por el diverso 113 del mismo ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo planteada. Representante común. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo se tiene como representante común de los quejosos a Rita María Antonia Ferrari, sin perjuicio de que lo substituyan por otro. Consulta expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3, de la Ley de Amparo, así como en el diverso 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al usuario "Triferrari", la consulta del expediente electrónico. Notificación electrónica. Asimismo, con fundamento en el artículo 30, fracción II de la Ley de Amparo, se ordena que las notificaciones a los quejosos se realicen por vía electrónica a través del usuario "Triferrari". Exhortación al resto de las partes -juicio en línea-. Con apoyo en el segundo párrafo del artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea" del Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal. Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Información sobre consulta de expedientes o comparecencias. Asimismo, de conformidad con el artículo 3 del citado Acuerdo General 21/2020, hágase del conocimiento de las partes, que para el caso en que consideren necesario asistir presencialmente a este Juzgado, que en el Portal de Servicios en Línea está habilitado un micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", se encuentra el sistema "Agenda OJ", donde aparecen fechas y horarios disponibles para la generación de citas a fin de consultar expedientes o desahogar comparecencias o requerimientos. Uso de aparatos electrónicos. Se autoriza a las partes, previa constancia que se deje en autos, el uso de medios electrónicos y digitales respecto de las constancias que obran en este expediente, en la inteligencia que las copias que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. En el entendido de que serán responsables del uso que le den a las reproducciones obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos. Notifíquese personalmente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 11,597 expedientes
- Rita María Antonia Ferrari Marchioni1060/2021
- Rita María Antonia Ferrari Marchioni1468/2022
- Rita María Antonia Ferrari Marchioni82/2023
- Rita María Antonia Ferrari Marchioni871/2021
- Rita María Antonia Ferrari Marchioni1355/2022
- Rita María Antonia Ferrari Marchioni680/2020
- Rita María Antonia Ferrari Marchioni1369/2022
- Rita María Antonia Ferrari Marchioni768/2022
- Rita María Antonia Ferrari Marchioni991/2021
- Rita Maria Antonia Ferrari Marchioni1271/2022
- Rita María Antonia Ferrari Marchioni1646/2022
- Rita María Antonia Ferrari Marchioni1021/2021