Rita María Antonia Ferrari
Expediente 1123/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1123/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Rita María Antonia Ferrari
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Recepción de oficio Téngase recibido el oficio de cuenta signado por la Actuaria judicial adscrita al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito. Contenido del oficio A través de la comunicación que antecede la Superioridad remite el testimonio de la resolución pronunciada en el impedimento 54/2023, de la que se advierte que se calificó de legal el impedimento planteado por la suscrita y ordenó su returno a diverso juzgado. Acúsese el recibo correspondiente. Archivo Por otra parte, visto el estado que guardan los autos, se advierte que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración Por tanto, con fundamento en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Semanario Judicial de la Federación el dos de junio de dos mil veintitrés, se determina que este cuaderno de antecedentes al no ser de relevancia documental es susceptible de destrucción, teniendo en consideración que no se entró al fondo de la litis planteada, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 34, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, tomando en consideración que se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado procede a analizar si se encuentra cumplida. Análisis del cumplimento. Mediante ejecutoria de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que: "I. Deje sin efecto el proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, únicamente en lo relativo a la parte que reservó la solicitud del padre no custodio, para requerir por el cumplimiento del convenio que obra en autos, en lo relativo a las convivencias acordadas. II. En su lugar dicte otro, con libertad de jurisdicción, en el que, previo a resolver sobre la pertinencia de que se realicen dichas convivencias, mediante un análisis exhaustivo de la totalidad de las constancias que obran en el juicio de origen y privilegiando el interés superior del menor quejoso, resuelva sobre la pertinencia de reanudar las convivencias entre el citado agraviado y su progenitor, conforme a los términos del convenio respectivo, o en su caso, establezca los medios de prueba que son necesarios recabar a efecto de poder concluir con lo anterior, determinando entonces de forma provisional, lo conducente a ese régimen, hasta en tanto se resuelva el incidente de regulación de visitas que se encuentra en trámite, debiendo emitir la resolución que corresponda, debidamente fundada y motivada. Sin que las consideraciones del presente fallo, conminen a la responsable a decretar la continuidad de las convivencias en uno u otro sentido, pues es claro que corresponderá al juez responsable determinar dicha circunstancia con los elementos que obren en la actualidad en dicho expediente, o bien, ordenar recabar los que considere necesarios, para definir si la citada convivencia sea más perjudicial que beneficiosa, debiendo exponer las razones y fundamentos en que sustente su resolución. Siendo que con la emisión de esa determinación se estimará cumplida la presente ejecutoria, pues al haberse advertido la omisión de fundar y motivar la reserva de pronunciarse sobre ese tópico, es claro que con la actuación del juez donde defina si cuenta o no con elementos para pronunciarse al respecto, o bien, ordene recabar alguna prueba para esos fines, lo realizará precisamente atenta la libertad de jurisdicción otorgada. " Marco jurídico. Es oportuno reflexionar que la autoridad responsable se encuentra obligada a dar cumplimiento al fallo protector, de modo tal, que debe realizar todos y cada uno de los actos determinados en él y en los cuales se traduce el núcleo esencial de las obligaciones exigidas. Si tal sentencia es cumplida en los términos en que se ordenó, el asunto quedará concluido y se ordenará su archivo. Sin embargo, puede suceder que, al tratar de realizar ese cumplimiento, la autoridad responsable no se ciña estrictamente a lo determinado en el fallo, sino que lo haga de manera parcial o incompleta, en cuyo caso habrá "defecto", o bien, que vaya más allá de lo que se ha ordenado, hipótesis en la cual existirá "exceso" en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En términos generales existe defecto en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, cuando ésta se ejecuta de manera parcial o incompleta, esto es, sin analizar todas aquellas prestaciones que se determinaron en el fallo. Dicho de otro modo, habrá defecto en la ejecución, cuando la autoridad responsable realice menos deberes jurídicos que los ordenados o impuestos en el fallo protector. Existe exceso en la ejecución de la sentencia, cuando la autoridad responsable sobrepasa lo que manda la sentencia de amparo, es decir, extralimita su ejecución. En otras palabras, habrá exceso, cuando la autoridad responsable ejecute más actos que los deberes ordenados o impuestos en la ejecutoria. Encuentra apoyo lo referido con anterioridad en la tesis cuyo contenido es el siguiente: "EJECUCIÓN, DEFECTO DE. NATURALEZA. El defecto de ejecución consiste en dejar de hacer algo de lo que la resolución de cuya ejecución se trate, disponga que se lleve al cabo o se realice, y no en efectuar una ejecución que por cualquier motivo, sea irregular, pues el vocablo defecto, no está empleado en este segundo sentido por la Ley de Amparo, sino en el primero, ya que dicho ordenamiento, al hablar de exceso o defecto en la ejecución, emplea el segundo de esos términos, en contraposición al primero, queriendo significar con el vocablo exceso sobrepasar lo que mande la sentencia de amparo, extralimitar su ejecución y con el vocablo defecto, realizar una ejecución incompleta, que no comprenda todo lo dispuesto en el fallo" También es aplicable en lo conducente la tesis que dice: "QUEJA POR EXCESO O DEFECTO DE EJECUCIÓN, RESPECTO DE UNA SENTENCIA QUE OTORGÓ EL AMPARO PARA EFECTOS. El exceso en el cumplimiento de una ejecutoria que concede el amparo para efectos, de conformidad con los artículos 77, fracción III, 80 y 190 de la Ley Reglamentaria del juicio de garantías, en relación con lo dispuesto en el artículo 95, fracción IX, del ordenamiento legal citado, implica que la autoridad responsable al pronunciar nueva sentencia, rebase o decida puntos diversos de los que determinan el alcance de la protección otorgada en el fallo constitucional; el defecto en la ejecución, entraña que la responsable omita el estudio y resolución de alguna de las cuestiones que le ordenó resolver la ejecutoria que concedió el amparo, conforme a los términos y fundamentos legales de la propia ejecutoria con la que está vinculada" Acciones de cumplimiento. Ahora bien, de los autos se advierte que mediante oficio recibido el dieciséis de agosto pasado, la autoridad responsable remitió copia certificada de la comparecencia de las partes en el juicio de origen ante la citada autoridad, con un convenio que pone fin a la controversia de la que deriva el presente juicio de amparo, mismo que la aludida responsable elevó a la categoría de sentencia ejecutoriada, con valor de cosa juzgada. Luego, si bien de las constancias de autos, se desprende que la concesión del amparo fue para que el juez responsable, dejara insubsistente la resolución reclamada, en su lugar emitiera otra en la que resuelva Tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, II, primera parte, julio a diciembre de 1988, página 217, Octava Época. Tesis aislada de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, II, primera parte, julio a diciembre de 1988, página 241, Octava Época. sobre la pertinencia de reanudar las convivencias entre el citado agraviado y su progenitor; sin embargo, dado el convenio celebrado entre las partes en dicho juicio y que al efecto remitió la responsable en copia certificada, se tiene que se modificó el régimen de convivencias pactado originalmente en el juicio de origen, lo cual fue sancionado por el juzgador, por lo que, debe declararse que en el presente juicio no hay materia para la ejecución de la sentencia aquí dictada, de conformidad con el artículo 196, de la legislación en cita. Recurso de inconformidad. Consecuentemente, hágase del conocimiento de las partes este proveído, para los efectos del artículo 201 de la Ley de Amparo (recurso de inconformidad) y, en su caso, una vez transcurrido el término de quince días a que se refiere el diverso 202 del propio ordenamiento, archívese el expediente como asunto concluido. Sirve de apoyo a la anterior determinación, en lo conducente, la jurisprudencia de rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Cabe hacer hincapié en que aun cuando las tesis que se invocan interpretan normas de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, son aplicables al caso en términos del artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril del propio año, en atención a que no se oponen a su contenido. Devolución de constancias. En otro aspecto, por ser innecesaria su retención, devuélvanse a la autoridad responsable, las constancias que se exhibieron en este asunto. Notifíquese; hágase personalmente a las partes.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Estado procesal. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que a la fecha el Tesorero del Ayuntamiento del Municipio De San Luis Potosí, no ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio. Requerimiento. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérasele nuevamente, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contado a partir de que reciba la notificación del presente auto, dé cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para los efectos siguientes: ".además, quede a cargo de los entes estatales facultados para su recaudación, la devolución del importe respectivo." Apercibimiento. Apercibido que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos del numeral 258 de la citada ley y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto (de sus integrantes en el puesto) y su consignación. Notifíquese.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 1º, 73, 74, 75, y 76 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A ******************, contra el acto y respecto de la autoridad, precisados ambos, en el considerando segundo del presente fallo, en atención a los motivos expresados en el considerando sexto de esta misma resolución. Notifíquese personalmente.
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