Rita María Antonia Ferrari
Expediente 903/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 903/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 19/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Rita María Antonia Ferrari
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Por recibido el oficio 8773/2022 signado por la actuaria judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en el que transcribe el auto de diecisiete de octubre del año en curso, del que se desprende que se aceptó la incompetencia planteada por este juzgado, registrando el amparo directo 502/2022. Archivo. Conforme a lo anterior, al no haber promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 14 Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se ordena el archivo del presente cuaderno como asunto concluido.
- Principal
Agréguese oficio 7774/2022 signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, mediante el cual transcribe el auto de once de agosto de este año, emitido en el juicio de amparo directo civil 502/2022, del que se desprende que previo a proveer respecto de la incompetencia plateada por este órgano jurisdiccional, requirió a la autoridad señalada como responsable Juez Quinto del Ramo Penal a fin de que rinda informe justificado con las constancias relativas al expediente 802/2017 y asiente la certificación respectiva en el escrito inicial de demanda.
- Principal
Agréguese el escrito signado por Rita María Antonia Ferrari, mediante el cual aclara la demanda de amparo en los términos que se le solicitaron en proveído de cinco de julio del presente año. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos de autoridad reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda se colige que la quejosa reclama del Juez Quinto del Ramo Familiar de esta ciudad: - El auto del 29 de junio del 2022, donde la autoridad responsable determinó no admitir la Tercería Excluyente de dominio con motivo de que causó ejecutoria la sentencia dictada en el juicio de origen. Incompetencia. Con base en lo expuesto, esta autoridad estima que carece de competencia legal para conocer de la presente demanda de amparo. El artículo 170 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo". En el precepto legal en cita se establecen los supuestos en los cuales procede el juicio de amparo directo. Entre ellos, cobra relevancia, para el caso en estudio, la hipótesis relativa a la procedencia de dicho juicio contra resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales. Así, el referido numeral establece que se entenderá por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En ese sentido, se estima que el acto reclamado en esta instancia constitucional reviste tales características, esto es, se trata de una determinación que puso fin al juicio dictada por una autoridad judicial. Ello es así, puesto que el reclamo de la quejosa consiste en el auto del veintinueve de junio del año en curso, donde la autoridad responsable determinó no admitir la Tercería Excluyente de dominio ya que que causó ejecutoria la sentencia. Determinación que se encuentra dentro de las hipótesis del artículo 170 antes transcrito, pues da por concluido el juicio de origen, sin decidirlo en lo principal, puesto que a través del auto de veintinueve de junio del año en curso, que determinó no admitir la Tercería Excluyente de dominio, se concluyó el procedimiento. Circunstancia que genera la incompetencia legal de este órgano jurisdiccional para conocer del juicio de amparo biinstancial que se promueve, al ser el acto reclamado materia de amparo directo y, por ende, su conocimiento corresponde al tribunal colegiado de circuito correspondiente. Al respecto, por las razones jurídicas que la forman, cabe citar la jurisprudencia 1a./J. 59/2004, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, materia civil, Tomo XX, Septiembre de 2004, página 83, registro 180440, que dice: "TERCERÍAS EXCLUYENTES TIENEN NATURALEZA DE JUICIO Y NO DE INCIDENTE. De los artículos 1362 y 1368 del Código de Comercio se desprende que las tercerías excluyentes, tanto material como formalmente, tienen la naturaleza de juicio y no de incidente. En efecto, en la tercería excluyente se ventila una acción distinta a la que se debate en el juicio principal, es decir, la materia de la controversia en la tercería es distinta a la del juicio preexistente, lo cual materialmente le da la calidad de un juicio con sustantividad propia. El tercero es ajeno a la controversia principal y, al ejercer la nueva acción debe acreditar tener un interés propio y distinto al de quienes son parte en el juicio principal, esta nueva acción se ventila por cuerda separada a través de un procedimiento propio en el que el tercerista tiene los derechos, cargas y obligaciones que en todo juicio tienen las partes y no suspende el curso del juicio preexistente, todo esto evidencia que las tercerías excluyentes son formalmente juicios. En esas condiciones, la resolución que se emite en una tercería excluyente, una vez que causa ejecutoria, no puede ser modificada o anulada por la que se dicte en el juicio que le da origen. Además el artículo 1369, del mencionado ordenamiento, les da la calidad de juicios, sin que pueda estimarse que por la vinculación de la tercería con el juicio que la motiva se trate de un incidente, pues tal vinculación constituye una característica propia de las tercerías excluyentes, las cuales tienen su origen en la afectación judicial sobre bienes de la parte demandada, respecto de los cuales el tercerista alega tener mejores derechos". En consecuencia, con fundamento en el artículo 47 párrafo primero de la Ley de Amparo, remítase de inmediato el presente expediente, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito en turno, con sede en esta ciudad, a fin de que si lo estima pertinente se avoque a su conocimiento, lo anterior, previo cuaderno de antecedentes que se forme. Anotaciones. Hágase las anotaciones relativas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Acuse. Se solicita atentamente al tribunal colegiado que corresponda conocer del presente asunto que, de no tener inconveniente legal alguno, se sirva remitir el acuse de recibo correspondiente.
- Principal
Agréguese el escrito de Rita María Antonia Ferrari Marchioni, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención que se le hizo en auto de cinco de julio del año en curso, reiterada en proveídos de ocho, trece y quince del mismo mes y año. El quince de julio de dos mil veintidós, se determinó lo siguiente: "De lo anterior se evidencia que la parte quejosa vuelve a ser contradictoria en su desahogo, pues por un lado refiere que el acto reclamado es el auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós, y por otro que lo que reclama son los actos que señala en el apartado del escrito inicial de demanda como primer a sexto actos reclamados; esto es, no es clara en precisar si reclama solo el auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós y/o todos los demás actos que describe en el apartado relativo como primero a sexto actos reclamados.." Del escrito de cuenta se advierte que la parte quejosa refiere lo siguiente: "Bajo Protesta de decir verdad: No son confusos los actos reclamados. Ya que como es un hecho notorio por esta autoridad NO EXISTE NINGUN AUTO ES SEPTIEMBRE DEL 2018 QUE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA DE AMPARO. Si no que, el día 29 de junio del 2022 las autoridades responsables declararon que causó ejecutoria la sentencia el día 25 de septiembre del 2018. LOS ACTOS RECLAMADOS EN SU TOTALIDAD DERIVAN DEL ACUERDO DEL 29 DE JUNIO DEL 2022. Y no existe ninguna confusión ni contradicción no existe ningún auto es septiembre del 2018 que declare ejecutoriada la sentencia. Por ende el acto reclamado no es NINGÚN acuerdo de septiembre de dos mil dieciocho, si no que es el acuerdo del 29 de junio de 2022. Es decir los actos reclamados del primero al sexto derivan del acuerdo del 29 de junio de 2022. PRIMER ACTO RECLAMADO: Determinar causó ejecutoria la sentencia del 14 de septiembre del 2018 el día 25 de septiembre del 2018. SEGUNDO ACTO RECLAMADO: Determinar que la parte quejosa no impugnó la sentencia y por eso causó ejecutoria. TERCER ACTO RECLAMADO: No respetar lo Juzgado por el Juez Sexto de Distrito en el Juicio 882/2018 donde determinó que existe un medio ordinario de defensa contra la adjudicación del 14 de septiembre del 2018 (Juicio de nulidad testamentaria). CUARTO ACTO RECLAMADO: Ser omiso en determinar que existe un Juicio de Nulidad testamentaria, medio ordinario de defensa en contra de la sentencia del 14 de septiembre del 2018 (Juez Sexto de Distrito). QUINTO ACTO RECLAMADO: Cometer falso testimonio faltando a la verdad cuando es omisa la autoridad en decir que el Juez Sexto de Distrito suspendió la sentencia del 14 de septiembre del 2018, y por consecuencia, no causó ejecutoria el día 25 de septiembre del 2018 YA QUE FUE SUSPENDIDO POR EL JUEZ SEXTO DE DISTRITO. SEXTO ACTO RECLAMADO: Cometer falso testimonio de que causó ejecutoria la sentencia el 14 de septiembre del 2018 cuando el Juez Sexto de Distrito había suspendido el acto reclamado y que después SOBRESEYÓ EL AMPARO YA QUE EXISTE UN JUICIO ORDINARIO DE DEFENSA CONTRA LA SENTENCIA MEDIANTE EL JUICIO DE NULIDAD TESTAMENTARIA Y QUE DESDE ESE MOMENTO EL JUEZ QUINTO DE DISTRITO SABE, PERFECTAMENTE, QUE SE SUSPENDE LA ADJUDICACIÓN DE BIENES COMO LO MARCA EL CÓDIGO ADJETIVO AL SER IMPUGNADO EL TESTAMENTO..." De lo anterior se evidencia que la parte quejosa vuelve a ser contradictoria en su desahogo, pues por un lado refiere que el acto reclamado es el auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós, y por otro que lo que reclama son los actos que señala en el apartado del escrito inicial de demanda como primer a sexto actos reclamados; esto es, no es clara en precisar si reclama sólo el auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós y que los demás actos que describe en el apartado relativo como primero a sexto actos reclamados emergen como circunstancias de disenso de dicho acuerdo de veintinueve de junio de este año. De modo que, es necesario que la quejosa señale expresamente si el auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós y los actos descritos en el apartado relativo como primero a sexto son autónomos, o bien, éstos últimos son inconformidades que derivan del proveído de veintinueve de junio del presente año y, por ende, el único acto reclamado es dicho auto. Subsiste requerimiento y apercibimiento. En consecuencia, dígase a la parte quejosa que subsiste el requerimiento y apercibimiento de cinco de julio del año en curso, informándole que aún cuenta con cinco días del plazo que le fue otorgado para desahogar la prevención, tal como se advierte de la certificación que antecede; plazo que comenzará a computarse una vez que surta efectos la notificación del presente acuerdo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que sostiene la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo." En la inteligencia de que el cumplimiento que realice el promovente, deberá ser por escrito y con las respectivas copias de ese documento necesarias para cada una de las partes. Notifíquese personalmente.
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