Rita Malacara Espinoza
Expediente 1202/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1202/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 26/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Rita Malacara Espinoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de trece de junio de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Rita Malacara Espinoza, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, este expediente es susceptible de destrucción.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito de cuenta que suscribe la quejosa Rita Malacara Espinoza, mediante el cual cumple con la prevención que se le formuló por proveído de veintiocho de mayo del año en curso. Ahora bien, el suscrito procede al estudio de la demanda y escrito aclaratorio, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito es preciso recurrir al escrito de demanda y aclaratorio, a efecto de establecer el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. Ahora bien, del libelo constitucional y el escrito aclaratorio se advierte que en la especie se reclama la resolución con folio 4167491737601, signado por el Jefe del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Oriente en San Luis Potosí del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de la cual negó a la aquí quejosa la pensión de cesantía solicitada. Determinación que también se reclama del Delegado de dicho instituto en su carácter de superior jerárquico de la referida autoridad. Pues bien, respecto del preindicado acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo preceptuado en los numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." En ese sentido, el artículo 1, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, dispone que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad, que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. En ese tenor, el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, señala quién o quiénes pueden ostentar la calidad de autoridades responsables en el juicio de control constitucional, siendo aquella la que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En efecto, las notas que distinguen un acto u omisión de autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales, los cuales creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular u omita tal clase de actos, de manera tal que de realizarlos crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior acorde con la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 161133, visible en la página 1089 del Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.- Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". En esa tesitura, existen tres tipos de relaciones jurídicas, a saber: a) De coordinación: Son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. b) De supra a subordinación: Son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. c) De supraordinación: Son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad, superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 129/2011, determinó que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De órgano asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero que otorga la Ley del Seguro Social. Bajo ese orden, la referida Sala concluyó que las determinaciones emitidas respecto de las peticiones de los asegurados o sus beneficiarios en relación con las prestaciones de seguridad social que otorga la ley, no tienen el carácter de actos de autoridad; por una parte, porque si bien dicho Instituto cuenta con facultades para determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas, no se encuentra investido de las facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación que surge entre ambos es de igualdad (coordinación), y al decidir sobre esos aspectos solamente está verificando el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social dispone que las controversias entre el instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que, evidentemente, el instituto no puede acudir como autoridad. Consideraciones que dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 134/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1511, que dispone: "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia". En tales condiciones, si en el caso lo que se reclama en la presente instancia constitucional consiste en la determinación contenida en el oficio con folio 4167491737601, signado por el Jefe del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Oriente en San Luis Potosí del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de la cual negó a la aquí quejosa la pensión de cesantía solicitada toda vez que sólo tiene reconocidas trescientos cuarenta y ocho semanas cotizadas, y por ello no se cumple el requisito previsto en el artículo 154 de la Ley del Seguro Social, que establece como periodo mínimo mil doscientas cincuenta semanas cotizadas, resulta claro que el aludido Jefe de Pensiones (su emisor) y Delegado de dicho instituto (en su carácter de superior jerárquico de éste último), no tienen el carácter de autoridades para efectos del amparo, por lo cual el juicio constitucional no es procedente en su contra, en los términos a que se contraen los artículos 103, fracción I, Constitucional; y, 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Antes bien, debe acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con lo dispuesto en los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, página 898, que dispone: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo". Asimismo resulta aplicable en lo conducente la tesis I.13o.T.33 L (10a.) consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IX, Junio de 2012, Tomo 2, página 876, de rubro y texto siguiente: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. SI LAS SEMANAS COTIZADAS EN EL RÉGIMEN OBLIGATORIO RESULTAN INVEROSÍMILES, LA JUNTA DEBE RESOLVER SOBRE SU RAZONABILIDAD, APARTÁNDOSE DE RESULTADOS FORMALISTAS Y APRECIANDO LOS HECHOS EN CONCIENCIA, SIN QUE SEA NECESARIO QUE AQUÉL OPONGA DEFENSA AL RESPECTO. Tratándose del pago de una pensión, la carga de la prueba sobre las semanas cotizadas corresponde al Instituto Mexicano del Seguro Social, por ser quien cuenta con la información relativa a los movimientos afiliatorios del asegurado a través de la hoja de certificación de vigencia de derechos, en términos de los artículos 78, fracción III, inciso d) y 150, fracción XVII, inciso d), del Reglamento de Organización Interna del Instituto Mexicano del Seguro Social derogado; pero ante la falta de acreditación de dicho presupuesto en el juicio, deben tenerse por ciertas las cotizaciones mencionadas por el reclamante; sin embargo, cuando la acción se funda en circunstancias inverosímiles, por aducirse una cantidad de semanas excesiva, como sería el hecho de que se hubiera iniciado a cotizar para el régimen obligatorio del seguro social, antes de haber nacido, o bien, a corta edad, como sería a los siete años, las Juntas pueden apartarse del resultado formal y resolver con base en la apreciación en conciencia de los hechos, además, en la valoración de las pruebas deben actuar con apego a la verdad material deducida de la razón, sin que sea necesario que el órgano asegurador oponga una defensa específica en el sentido de que no procede el reclamo correspondiente por inverosímil, porque esa apreciación es el resultado de la propia pretensión derivada de los hechos que invoca la parte actora en su demanda, de manera que la autoridad jurisdiccional debe resolver sobre la razonabilidad de las semanas cotizadas al régimen obligatorio, apartándose de resultados formalistas y apreciando las circunstancias en conciencia; lo anterior, sobre todo si se toma en cuenta que de los artículos 12 y 13 de la Ley del Seguro Social vigente a partir de mil novecientos setenta y tres, actualmente derogada, se observa que son sujetos de aseguramiento las personas vinculadas a otras por una relación de trabajo, por lo que si de conformidad con el artículo 5o., fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, los menores de catorce años están impedidos para laborar, no podrán considerarse cotizaciones anteriores a esa edad que la ley señala para que puedan ser sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio". Además, debe decirse que en este auto inicial de demanda resulta manifiesta e indudable la causa de improcedencia en estudio, y procede su desechamiento en esos términos, ya que el tema analizado ya fue resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 129/2011, dando origen a la jurisprudencia 2a./J. 134/2011. Es aplicable lo anterior la jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, página 1224, que ordena: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento. En tal virtud, es evidente que respecto del acto y precepto reclamados se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo preceptuado en los numerales 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, motivo por el cual, con apoyo además en el numeral 113 de dicho cuerpo de leyes, se desecha de plano la demanda de amparo, por las consideraciones ya expuestas. Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la promovente. Notifíquese; y personalmente a la promovente.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE ESTA FECHA QUE A LA LETRA DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a estos autos el oficio de cuenta que remite el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, y en atención a su contenido se provee: Ténganse por recibidos los autos del juicio de amparo 1202/2017-IV, así como el testimonio de la resolución pronunciada por ese Tribunal, el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, en el amparo en revisión 20/2018, formado con motivo del recurso interpuesto por el quejoso, por conducto de su autorizado, en contra de la determinación dictada el catorce de diciembre de dos mil diecisiete, en el presente juicio. Acúsese el recibo de estilo; agréguese el cuaderno de antecedentes, previo desglose de las constancias que obran en copia autorizada en el mismo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y notifíquese a las partes la llegada de estos autos y el contenido de la resolución que se acompaña, en la que se resuelve: "PRIMERO.- Se REVOCA la sentencia recurrida. SEGUNDO.- Se ordena reponer el procedimiento en el juicio de amparo indirecto número 1202/2017-IV, del índice del Juzgado Sexto Distrito en el Estado, promovido por RITA MALACARA ESPINOZA, a efecto de que se dicte un nuevo proveído en el que, con apoyo en lo previsto en el numeral 114 de la ley de la materia, se requiera a la quejosa a fin de que aclare su demanda y determine con claridad cuál es el acto reclamado, si la omisión a proveer sobre su petición o la resolución que le negó su pensión por cesantía, y en su caso, formule los conceptos de violación que estime conducentes.". Sin que haya lugar a ordenar la digitalización del testimonio de la resolución pronunciada por el referido Tribunal Colegiado, toda vez que la misma obra en el expediente electrónico del recurso de revisión de mérito, lo anterior de conformidad con el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Ahora bien, en cumplimiento a lo ordenado por la Superioridad, se repone el procedimiento en el presente juicio de amparo, a partir del auto admisorio de fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Ahora bien, siguiendo los lineamientos establecidos por la Superioridad en la ejecutoria de cuenta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracciones IV y V, 112 y 114, fracciones II y IV, de la Ley de la Materia, prevéngase al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito, y con las copias respectivas del escrito aclaratorio, de cumplimiento a lo siguiente: Exprese de manera clara y concreta el acto impugnado, debiendo manifestar si lo constituye: (I) La omisión a proveer sobre su petición, contenida en el escrito presentado ante la responsable el ocho de septiembre de dos mil diecisiete, y que fue "canalizada" al Jefe del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Oriente del Instituto Mexicano del Seguro Social, o bien, si lo que reclama consiste en (II) la resolución que le negó su pensión por cesantía, y en su caso, formule los conceptos de violación que estime conducentes. En el entendido que de ser esta última determinación la reclamada deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley de Amparo, precisando bajo protesta de decir verdad todos los antecedentes de dicho acto, así como la fecha en que se le notificó el mismo. Apercíbase al promovente que de no cumplir con lo anterior en el término indicado, de conformidad con lo preceptuado en el penúltimo párrafo, del citado artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. Es aplicable también, la tesis número P./J.35/2001, visible a fojas 79, Tomo XIII, abril de 2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUELLA.- Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea por que éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." Así como, la Jurisprudencia número 36/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 79 del tomo XIII, Abril de 2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO.- Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo.".
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a estos autos el oficio de cuenta que remite el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, y en atención a su contenido se provee: Ténganse por recibidos los autos del juicio de amparo 1202/2017-IV, así como el testimonio de la resolución pronunciada por ese Tribunal, el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, en el amparo en revisión 20/2018, formado con motivo del recurso interpuesto por el quejoso, por conducto de su autorizado, en contra de la determinación dictada el catorce de diciembre de dos mil diecisiete, en el presente juicio. Acúsese el recibo de estilo; agréguese el cuaderno de antecedentes, previo desglose de las constancias que obran en copia autorizada en el mismo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y notifíquese a las partes la llegada de estos autos y el contenido de la resolución que se acompaña, en la que se resuelve: "PRIMERO.- Se REVOCA la sentencia recurrida. SEGUNDO.- Se ordena reponer el procedimiento en el juicio de amparo indirecto número 1202/2017-IV, del índice del Juzgado Sexto Distrito en el Estado, promovido por RITA MALACARA ESPINOZA, a efecto de que se dicte un nuevo proveído en el que, con apoyo en lo previsto en el numeral 114 de la ley de la materia, se requiera a la quejosa a fin de que aclare su demanda y determine con claridad cuál es el acto reclamado, si la omisión a proveer sobre su petición o la resolución que le negó su pensión por cesantía, y en su caso, formule los conceptos de violación que estime conducentes.". Sin que haya lugar a ordenar la digitalización del testimonio de la resolución pronunciada por el referido Tribunal Colegiado, toda vez que la misma obra en el expediente electrónico del recurso de revisión de mérito, lo anterior de conformidad con el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Ahora bien, en cumplimiento a lo ordenado por la Superioridad, se repone el procedimiento en el presente juicio de amparo, a partir del auto admisorio de fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Ahora bien, siguiendo los lineamientos establecidos por la Superioridad en la ejecutoria de cuenta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracciones IV y V, 112 y 114, fracciones II y IV, de la Ley de la Materia, prevéngase al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito, y con las copias respectivas del escrito aclaratorio, de cumplimiento a lo siguiente: Exprese de manera clara y concreta el acto impugnado, debiendo manifestar si lo constituye: (I) La omisión a proveer sobre su petición, contenida en el escrito presentado ante la responsable el ocho de septiembre de dos mil diecisiete, y que fue "canalizada" al Jefe del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Oriente del Instituto Mexicano del Seguro Social, o bien, si lo que reclama consiste en (II) la resolución que le negó su pensión por cesantía, y en su caso, formule los conceptos de violación que estime conducentes. En el entendido que de ser esta última determinación la reclamada deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley de Amparo, precisando bajo protesta de decir verdad todos los antecedentes de dicho acto, así como la fecha en que se le notificó el mismo. Apercíbase al promovente que de no cumplir con lo anterior en el término indicado, de conformidad con lo preceptuado en el penúltimo párrafo, del citado artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. Es aplicable también, la tesis número P./J.35/2001, visible a fojas 79, Tomo XIII, abril de 2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUELLA.- Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea por que éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." Así como, la Jurisprudencia número 36/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 79 del tomo XIII, Abril de 2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO.- Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo.". Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
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Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 7,770 expedientes
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- Richard Jacobo Nájera1018/2023
- Rigoberto Rodriguez Lopez664/2019
- RIGOBERTO SERRATO HERNANDEZ y Otros.29/2021
- Rita Abigail Cruz Mena201/2019
- Rita Larraga Rivera1396/2022
- Rita Maria Antonia Ferrar Marchioni425/2022
- Rita Maria Antonia Ferrari36/2022
- Rita Maria Antonia Ferrari345/2022
- Rita María Antonia Ferrari1361/2023
- RITA MARIA ANTONIA FERRARI y Otros.62/2022
- Rita María Antonia Ferrari1442/2022