Rita Licea Andrade y Otros.
Expediente 518/2019 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 10 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 518/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 25/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Rita Licea Andrade y Otros.
- Eligio Marquillo Castro y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Juicio de Amparo Directo
Vista la certificación de cuenta, de donde se advierte que no fue interpuesto el recurso a que se refiere el artículo 81, fracción II, de la Ley de Amparo; en consecuencia, se requiere a la autoridad responsable para que en el plazo de tres días dé puntual cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por otro lado, a fin de que la autoridad responsable esté en posibilidad de dar cumplimiento a dicha ejecutoria devuélvansele los autos y anexos que acompañó a su informe justificado.
- Juicio de Amparo Directo
La autoridad responsable acusa recibo del diverso oficio con el que se remitió testimonio de la sentencia dictada en este juicio.
- Juicio de Amparo Directo
(AVISO) SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO A LA PARTE TERCERA INTERESADA, POR TANTO, LA SENTENCIA DE DIECISÉIS DE OCTUBRE SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA MISMA, EN RAZÓN DE HABER TRANSCURRIDO EL PLAZO DE DOS DÍAS QUE ESTABLECE LA LEY DE LA MATERIA Toluca, Estado de México; acuerdo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. V I S T O S; Y, R E S U L T A N D O: 1. PRIMERO. Por demanda presentada el veintiséis de junio de dos mil diecinueve, en la Oficialía de Partes de Término de Tlalnepantla, Estado de México y turnada al día siguiente a la Segunda Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, ********** y ********** solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de dicha sala como autoridad ordenadora y del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, de esa misma entidad federativa como autoridad ejecutora, que estimó violatorios de los artículos 14 y 16 constitucionales, consistentes en la sentencia de cuatro de junio del mismo año, dictada en el toca de apelación 213/2019, y ejecución. 2. SEGUNDO. Por auto de quince de julio de dos mil diecinueve, el presidente de este Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito admitió la demanda de amparo. Se tuvo como tercera interesada a **********, quien no promovió amparo adhesivo, ni formuló alegatos. El Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional no presentó pedimento. Finalmente, en auto de veintiséis de agosto siguiente se turnó el expediente a la secretaria de tribunal en funciones de Magistrada de Circuito**********Virginia Gutiérrez Cisneros, para formular el proyecto de resolución. C O N S I D E R A N D O: 3. PRIMERO. Este tribunal colegiado es competente para conocer del presente negocio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracciones V, inciso c) y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 170, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, 37, fracción I, inciso c), 38, 39 y Quinto Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse una sentencia definitiva pronunciada en un juicio del orden civil por una autoridad jurisdiccional residente en este circuito. 4. SEGUNDO. Los actos reclamados son ciertos como se advierte de los informes justificados rendidos por las autoridades señaladas como responsables y de las constancias que obran en autos. 5. TERCERO. Las consideraciones en que se apoya la sentencia reclamada y los conceptos de violación formulados obran en el toca de apelación ya citado y en el juicio de amparo, respectivamente. Se tienen por reproducidos por economía procesal, máxime que no hay obligación legal de transcribirlos. Contexto procesal. 6. CUARTO. De constancias procesales se aprecia que por escrito presentado el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, en la vía ordinaria civil y en ejercicio de la acción plenaria de posesión, ********** demandó de ********** y **********, las siguientes prestaciones: a. La declaración de tener mejor derecho que los demandados para poseer la fracción de ********** metros cuadrados de terreno que forman parte de una superficie de **********punto********** de un total de terreno, identificado como lote **********, ubicado en calle ********** ********** I, colonia **********, municipio de Tultitlán, Estado de México, con las siguientes medidas y colindancias: "Al norte en **********punto********** metros con calle **********. "Al sur en **********punto********** metros con propiedad privada. "Al oriente en **********punto********** metros con **********. "Al poniente en **********punto********** metros con calle **********." b. La restitución, desocupación y entrega a su favor de la fracción de terreno en litigio de la que lo están despojando los demandados **********y********** que se encuentran ocupando sin su consentimiento. c. De igual forma, la orden de demolición de la barda construida del lado oriente de su propiedad que colinda con la propiedad de los demandados. d. El pago de gastos y costas. 7. Como hechos señaló esencialmente: i. Es legítima propietaria de él lote **********, materia de la controversia, ubicado en calle **********, colonia **********, municipio de Tultitlan, Estado de México, celebrado el dieciocho de marzo de dos mil doce (sic). Con una superficie de terreno de ********** punto ********** metros cuadrados: como lo acredita con el contrato de privado de compraventa. ii. Los demandados le manifestaron ser propietarios del lote **********, con un superficie de **********punto ********** metros cuadrados; predio que colinda con el lote de ella; del lado oriente; de manera dolosa colocaron una barda invadiendo su propiedad y despojándola de una superficie de **********punto **********metros cuadrados, que forma parte del total de ********** punto ********** y ********** metros cuadrados del lote ********** de su propiedad y se encuentran sin ocupándolo su consentimiento; al pedirles que quitaren la barda que construyeron, le manifestaron ser propietarios lo que es completamente falso. iii. Como Io acredita con un plano que exhibe tiene debidamente identificado el predio del que es propietaria, así como la superficie de la que fue despojada por los demandados al haber construido dentro del lote de su propiedad, una barda perimetral del lado oriente. iv. A pesar de múltiples requerimientos extrajudiciales no logró que los demandados y su familia desocupen voluntariamente el lado oriente de la superficie del predio que forma parte de su propiedad. 8. En auto de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, se admitió la demanda y se ordenó el emplazamiento respectivo. 9. Mediante escrito presentado el trece de junio de dos mil dieciocho, los demandados ********** y ********** contestaron; negaron la procedencia de las prestaciones reclamadas; opusieron excepciones y defensas. A los hechos manifestaron. 10. A los hechos contestó: i. Este hecho es falso; aunado a que el contrato exhibido por la actora cuenta con una serie de irregularidades y contradicciones, por lo que hace valer la posibilidad de que sea apócrifo, por lo siguiente: "En primer término manifiesta que quien le vendió fue el sr. **********, pero lo cierto es que no demuestra ningún documento legal en el cual constate que ********** sea legítimo propietario y tenga la capacidad legal para venderle esa fracción de terreno. "Por otro lado en la parte inferior de dicho contrato privado de compraventa aparece el sello del Notario Público número ********** (sic) lic.********** lo cual hace suponer que dicho acto jurídico se realizó en presencia de dicho notario." -Conforme a la ley del notariado, los notarios no pueden ratificar ni hacer copias certificadas de actos que deban constar en escritura pública, tales como un contrato privado de compraventa, por lo cual se deben tomar en cuenta los artículos 56, 97 y 106 de dicha ley. ii. Este hecho, es falso, dado que la actora manifiesta que fue despojada de un bien del que jamás ha demostrado tener la posesión real ni la propiedad, por lo que miente. iii. Niega este hecho la parte actora maliciosamente porque ignorantemente pretende acreditar una propiedad con un simple plano que no tiene valor jurídico, porque no puede ser un documento que otorgue la propiedad de un inmueble. iv. Niega este hecho, ya que la actora miente al decir que es legítima propietaria de la fracción de terreno al que erróneamente se le atribuyó en el término del lote **********; ya que este siempre ha sido de su propiedad, pero ellos fueron víctimas de un error de la autoridad encargada de fraccionar los terrenos, como lo demuestran con el documento que les fue otorgado por el comisario ejidal, el que se plasma que son propietarios de ********** metros cuadrados y no de ********** punto **********metros cuadrados; de cuyo error ha querido aprovecharse la actora al pretender apoderarse de una fracción de terreno que no le corresponde. Además, ha hecho de este tipo de acciones su modus vivendi al realizar acusaciones y denuncias penales de otras personas para extorsionarlos y que les paguen dinero, aprovecha de su condición humilde. 11. En auto de catorce de junio de dos mil dieciocho, se tuvo por contestada la demanda y por opuestas las excepciones y defensas. 12. Seguido el juicio, la jueza dictó sentencia el nueve de abril de dos mil diecinueve, en la que declaró que la actora no probó los elementos de procedencia de la acción plenaria de posesión; por tanto, absolvió a los demandados de las prestaciones reclamadas; no condenó al pago de costas en esa instancia. 13. Inconforme, la actora interpuso recurso de apelación; correspondió conocer a la sala responsable, quien formó el toca de apelación ya citado y dictó sentencia el cuatro de junio de dos mil diecinueve, en la que revocó la sentencia apelada para quedar en los siguientes términos: "PRIMERO.- Resultaron fundados los agravios expresados por ********** y suficientes para modificar el fallo impugnado, en consecuencia: "SEGUNDO. Se revoca la sentencia definitiva de fecha nueve de abril de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, en el expediente 437/2018, relativo al juicio Ordinario Civil sobre acción Plenaria de Posesión, promovido por **********, en contra de **********, para quedar como sigue: "PRIMERO.- Ha sido procedente la vía ordinaria civil, utilizada por **********, en contra de **********, para la tramitación del presente asunto. "SEGUNDO. La actora **********, acreditó los elementos de su acción, y la parte demandada integrada por **********, no justificó sus excepciones, en consecuencia. "TERCERO. Se declara que **********, tiene mejor derecho para poseer el inmueble ubicado en: lote **********, ubicado en calle ********** I, colonia **********, Municipio de Tultitlán, Estado de México, que tiene las siguientes medidas y colindancias: "AL NORTE: En ********** metros con calle **********. "AL SUR: En ********** metros con Propiedad Privada. "AL ORIENTE: En ********** y nueve metros con **********. "AL PONIENTE. En ********** y ********** con calle **********. "Superficie de terreno ********** y ********** metros cuadrados. "CUARTO. En consecuencia, se condena a los demandados **********y********** a la desocupación y entrega de la fracción del inmueble en comento con sus frutos y accesiones, lo que deberá hacer dentro del plazo de ocho días contados a partir de que sean requeridos para ello. "QUINTO. Se absuelve a los demandados de lo peticionado en la prestación marcada con el inciso C), consistente en la orden de demolición de barda, así como de las costas que les fueron reclamadas. "TERCERO. No se hace condena en contra de la apelante en el pago de costas judiciales en esta segunda instancia." Consideraciones de la sentencia reclamada. 14. QUINTO. La resolución reclamada se sustentó en las consideraciones siguientes: -Las inconformidades vertidas por la actora ********** se resumen de la siguiente forma: -Una vez analizados los motivos de inconformidad confrontados con las constancias procesales que integran el natural de eficacia demostrativa plena en término de lo dispuesto por los artículos 1.293 y 1.359 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de México, así como con la sentencia que es motivo de impugnación, se advierte que resultan fundados para revocarla. -El juez para efectos de determinar la procedencia de la acción intentada señaló que se deben acreditar los siguientes presupuestos: "PRIMERO: Que la parte actora tenga justo título para poseer y que sea de buena fe. "SEGUNDO. Que la parte demandada posea el bien descrito en el título. "TERCERO: Que la parte actora o su causante, haya poseído jurídicamente o materialmente el inmueble aunque no se haya consumado la usucapión. "CUARTO: Que sea mejor el derecho de la parte actora para poseer." -Respecto deI primer elemento determinó que se tenía por acreditado, puesto que se demostró que **********, a través del contrato transmitió la posesión del inmueble objeto de juicio en favor de la accionante y por ende, que el contrato de compraventa constituye su justo título, además que es de buena fe. -Del segundo elemento de la acción relativo a que la demandada posea el bien a que se refiere el título de la parte actora, de igual manera adujo que se tenía por demostrado que la fracción de terreno que se reclama, la está ocupando la parte demandada. -Por cuanto hace al tercer elemento de la acción consistente en que la parte actora o su causante haya poseído jurídicamente o materialmente el inmueble, determinó: ".A juicio del suscrito, este elemento de procedencia de la acción, no se tiene por acreditado. Lo anterior se sostiene debido a que la parte accionante, ofrece la documental privada, consistente en el contrato de compraventa celebrado el siete de enero de dos mil cinco 2005, respecto del inmueble relativo al lote **********, ubicado en calle **********, colonia **********, municipio de Tultitlán, Estado de México, con las siguientes medidas y colindancias: Al Norte: en ********** ********** metros con calle **********; Al Sur: en ********** punto ********** metros con propiedad privada; Al Oriente: En ********** punto ********** metros con **********; Al Poniente: en ********** punto ********** metros con calle **********. Con una superficie de ********** metros cuadrados. Del contenido de la documental en cita, se advierte que en la cláusula I, se dijo: "I. Declara el señor **********a). Ser legítimo propietario del lote **********, con una superficie de ********** metros cuadrados; ubicada en calle **********, colonia **********, municipio de Tultitlán, Estado de México; con las siguientes medidas y colindantes: "Al Norte: En ********** punto ********** metros con calle **********. "Al sur: En ********** punto ********** con propiedad privada. "Al oriente en ********** punto ********** metros con **********. "Al poniente: en ********** punto ********** metros con calle **********. "De la anterior transcripción se advierte que si bien es cierto, el vendedor declaró ser "legítimo propietario" del lote de terreno que es materia de esa operación de compraventa, cierto es también que ni siquiera estableció en dicha declaración, con base en qué se ostentaba como "legítimo propietario", menos aún, justificó tal legitimidad para estar en aptitud de celebrar tal operación de compraventa y no debe perderse de vista el hecho de que, en términos del artículo 7.552 del código sustantivo de la materia, ninguno puede vender sino lo que es de su propiedad; luego entonces, bajo estas circunstancias, es posible afirmar que **********, en realidad no transmitió la posesión del lote de terreno descrito a la ahora actora, lo que se traduce en el hecho de que, en realidad, ni el causante de la actora, ni la actora misma han poseído ni jurídica ni materialmente el inmueble en litigio. ".Confesión a la que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1.267, 1.268 y 1.359 del código procesal civil; se le concede plena eficacia demostrativa y con lo que queda de manifiesto que ni la actora ni su causante, han tenido la posesión material, ni jurídica de la fracción del inmueble objeto de la presente contienda, razón suficiente para determinar que este elemento de procedencia de la acción que se analiza, no se encuentra probado, siendo aplicable al respecto de lo anterior,..." -Bajo esas condiciones, cabe señalar que le asiste razón a la apelante respecto a que el juzgador transgrede en su perjuicio el principio de congruencia y que no es necesario demostrar haber disfrutado de la posesión material del bien. -Lo anterior resulta así, puesto que en acatamiento al criterio por contradicción de tesis número 50/95, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que resolvió que no se debe exigir la comprobación de que el actor tuvo la posesión material del bien, pues tal exigencia lo dejaría en estado de indefensión, a pesar de la demostración de los demás elementos de la acción plenaria. -Es así, dado que es evidente que la acción publiciana busca, desde luego, la posesión material o de hecho del bien del que se tiene la posesión jurídica protegida por el justo título adquirido de buena fe; es decir, pretende la plenitud de la posesión, no solo en el aspecto jurídico sino también en el material, de tal manera que su finalidad es la incorporación a los derechos del actor, el de la posesión material, con todos los beneficios que ello trae. -Así las cosas, ninguna razón jurídica se advierte para exigir como elemento de acción plenaria de posesión el demostrar que sea poseído de hecho con anterioridad el bien objeto del litigio, porque basta que se acredite que se tiene justo título para poseer que es de buena fe la adquisición que el demandado posee materialmente el bien a que se refiere el documento, y que es mejor el derecho del actor para poseer, que el que alegue el demandado, para que la acción se declare procedente y fundada. -De tal modo que las resoluciones que decidan las contradicciones de tesis de Salas y Tribunales Colegiados constituyen jurisprudencia, y por ello son obligatorias, tal y como lo determina el artículo 217 de la Ley de Amparo, razón más que suficiente para que se considere innecesario el estudio del tercer elemento. -Robustecen lo anterior las jurisprudencias que fueron motivo de contradicción y de las cuales se citan a continuación: "ACCIÓN PLENARIA DE POSESIÓN. LA TESIS JURISPRUDENCIAL 1a/J. 13/98 ES APLICABLE AL ARTÍCULO 2.6 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE MEXICO." y "ACCIÓN PLENARIA DE POSESIÓN. NO ES REQUISITO DEMOSTRAR HABER DISFRUTADO DE LA POSESIÓN MATERIAL DEL BIEN." -De ahí que deban examinarse únicamente los siguientes elementos: a) Tener justo título para poseer. b) Que ese título se haya adquirido de buena fe. c) Que el demandado posee el bien a que se refiere el título. d) Que es mejor el derecho del actor para poseer materialmente, que el que alegue el demandado. -Sin que sea necesario como ya se mencionó exigir la comprobación de que el actor tuvo la posesión material del bien, ya que debe recordarse que no es requisito en la acción de mérito demostrarla, pues el objeto de protección de la acción publiciana es el derecho a poseer el bien. -Bajo ese tenor, es que resulten desafortunadas las consideraciones que vierte el juzgador respecto al análisis del tercer elemento que lo hizo consistir en: "Que la parte actora o su causante, haya poseído jurídicamente o materialmente el inmueble aunque no se haya consumado la usucapión." -En tales circunstancias, con fundamento en el artículo 1.366 del ordenamiento en cita, al no existir la figura de reenvío en la codificación procesal civil, se procede con plenitud de jurisdicción analizar las cuestiones omitidas por el juez, esto con apoyo en las jurisprudencia siguientes: "AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. AL NO EXISTIR REENVÍO EL AD QUEM DEBE REASUMIR JURISDICCIÓN Y ABORDAR OFICIOSAMENTE SU ANÁLISIS, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SUPLENCIA DE AQUÉLLOS." y "APELACIÓN EN MATERIAS CIVIL Y MERCANTIL. AL NO EXISTIR REENVÍO, EL TRIBUNAL DE ALZADA ESTÁ FACULTADO PARA REASUMIR JURISDICCIÓN Y PRONUNCIAR LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE, AUN CUANDO EL JUZGADOR NO HAYA RESUELTO LA LITIS EN PRIMERA INSTANCIA." -En principio, cabe destacar que la acción plenaria de posesión tiene por objeto restituir en la posesión material al adquirente con justo título y de buena fe de un bien, frente a quien posee de mala fe o quien, teniendo un título de igual calidad, entró a poseer con posterioridad al actor. -Por lo que en ese sentido, la parte actora no está obligada a probar la propiedad, sino solo la causa generadora de su posesión, a través de un justo título y que sea de buena fe. -Fundamenta lo antedicho, la jurisprudencia que establece: "ACCIÓN PUBLICIANA O PLENARIA DE POSESIÓN. PUEDE SER INTENTADA TANTO POR EL PROPIETARIO COMO POR EL POSEEDOR DE LA COSA." -En ese tenor, la disputa radica en definir quién tiene mejor derecho para detentar la posesión jurídica pues en el caso, de que tanto el actor como el demandado sean poseedores de buena fe, la ponderación del mejor derecho a poseer se centra solo en su antigüedad, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 2.6 del código de procedimientos civiles. -Ahora bien, por razón de orden y método, se precisa que en la sentencia que se impugna el juez se pronunció sobre el primero, segundo y tercer elemento de la acción principal, consistente en que la actora cuente con justo título para poseer el inmueble, que se haya adquirido de buena fe y que el demandado posea el bien a que se refiere el título, los cuales quedaron debidamente acreditados. -El primer elemento fue demostrado con el contrato de compraventa de siete de enero de dos mil cinco, respecto del inmueble relativo al lote **********, ubicado en calle **********, colonia el **********, municipio de Tultitlán, Estado de México. -El segundo elemento quedó debidamente satisfecho, en virtud que la buena fe, como elemento de la acción no requiere prueba directa, pues conforme lo establecido por el artículo 5.45 del código civil en vigor, la buena fe se presume siempre, salvo prueba en contrario. -Respecto del tercer elemento, quedó demostrado que la fracción de terreno motivo de litis y que corresponde al lote **********, la tiene en posesión el demandado. -En tal virtud, toda vez que no se expresaron motivos de inconformidad sobre dichas determinaciones, las consideraciones al respecto quedan incólumes y siguen rigiendo el sentido del fallo. -Bajo ese tenor, se procede únicamente al estudio del cuarto elemento de la acción plenaria de posesión, consistente en que es mejor el derecho del actor para poseer materialmente, mismo que se encuentra justificado en autos. -Ello, a través de los medios de convicción que ofertó la accionante, los cuales constituyen su justo título para poseer el inmueble objeto del presente; pues de conformidad con lo establecido en el artículo 5.65 del Código Civil del Estado de México, el propietario de un bien puede gozar y disponer de ella, lo cual implica el derecho que tiene para poseerlo. -Entonces, como la parte demandada no ofertó ningún medio de prueba conducente a estimar que tiene mejor derecho para poseer el predio que se reclama, es razonable que debe estimarse mejor el derecho de la actora, con lo cual se acredita el elemento de mérito. -Lo anterior resulta así, puesto que las documentales exhibidas por la parte demandada consistentes en una constancia del comisariado ejidal de treinta de enero de mil novecientos noventa y cuatro, dos escritos de veinticuatro de febrero y veintisiete de marzo, ambos de dos mil quince, y un testimonio de escritura **********, son copias fotostáticas simples, por ende, en términos de los artículos 1.297 y 1.359 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, solo generan simple presunción de su existencia, pues no son susceptibles de producir convicción plena sobre la veracidad de su contenido. -Aunado a que es necesario adminicularlas con algún otro medio que robustezca su fuerza probatoria lo que en el caso no aconteció, ya que no se ofertó ningún otro medio de convicción. -Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia que se cita a continuación: "DOCUMENTOS OFRECIDOS EN FOTÓCOPIAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE." -Ahora bien, a efecto de ser congruente con el principio de exhaustividad procesal que debe existir en toda sentencia, se procede al estudio de las excepciones y defensas que opusieron los demandados ********** y **********, al dar contestación a la demanda. -La sine actione agis, resulta infundada toda vez que en el de mérito, la actora probó la acción en estudio. -Fundamenta lo anterior la jurisprudencia que establece: "SINE ACTIONE AGIS." -La de falta de legitimación de la actora, resulta infundada, ya que la parte actora acreditó y demostró su interés jurídico para reclamar la acción plenaria de posesión. -De ahí, que la actora sí cuente con la calidad por virtud de la cual una acción o derecho puede ser ejercido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.77 del código adjetivo civil. -La de dolo y mala fe, resultan infundadas, en virtud que la copia de la constancia del comisariado ejidal exhibida no es susceptible de producir convicción plena sobre la veracidad de su contenido, por lo tanto, no se demostró que la parte actora actuara con dolo y mala fe. -Por otra parte, en cuanto a la prestación marcada con el inciso C), consistente en la orden de demolición de la barda construida del lado oriente que colinda con la propiedad de los demandados, es improcedente; en virtud que lo peticionado es materia de acción diversa, ya que la finalidad de la acción plenaria de posesión es que al adquiriente con justo título y de buena fe, se le restituya el bien con sus frutos y accesiones, lo anterior con fundamento en el artículo 2.6 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. -De lo argumentado en el cuerpo de la presente resolución, es dable precisar que la parte actora acreditó los elementos constitutivos de su acción, en consecuencia, se declara que **********, tiene mejor derecho que los demandados ********** y **********, para poseer la fracción del inmueble ubicado en: lote **********, ubicado en calle **********, colonia **********, municipio de Tultitlán, Estado de México, que tiene las siguientes medidas y colindancias: "AL NORTE: En ********** metros, con calle **********. "AL SUR: En ********** metros, con propiedad privada. "AL ORIENTE: En ********** metros, con **********. "AL PONIENTE: En ********** metros, con calle **********. "Superficie de terreno ********** metros cuadrados." -En consecuencia, se condena a ********** y **********, para que dentro del plazo de ocho días contados a partir de la fecha en que sean requeridos, hagan entrega a ********** de la fracción del inmueble materia de la litis, debidamente desocupado y deshabitado, con todos sus frutos y accesiones, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se procederá en su contra en la vía de apremio. -Se absuelve a los demandados de la prestación marcada con el inciso C), consistente en la orden de demolición de la barda, atento a lo establecido en el considerando quinto de este fallo. -Conclusión. Por las consideraciones vertidas, en razón de lo fundado de los agravios se revoca el fallo impugnado. -Declaración sobre costas. Toda vez que en caso no se actualiza alguno de los supuestos previsto por el artículo 1.227 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, dado que son fundados los agravios expresados por la inconforme, no se hace condena en contra de los apelantes en el pago de costas judiciales en esta segunda instancia. Estudio de la causa de improcedencia invocada. 15. SEXTO. El Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, con residencia de Atizapán de Zaragoza, solicita el sobreseimiento en el juicio de amparo, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, bajo el argumento de que no ha ordenado la ejecución de la sentencia que emitió, ya que fue sustituido por el tribunal de apelación. 16. No se actualiza la causa de sobreseimiento invocada en atención a que dicho juzgador fue señalado como autoridad ejecutora, por lo cual el hecho de que no haya ordenado la ejecución de la sentencia es irrelevante, dado que al existir el acto de ordenamiento resulta inminente su ejecución. 17. En consecuencia, al no actualizarse dicha causa de improcedencia, procede analizar los conceptos de violación. De las violaciones procesales. 18. SÉPTIMO. Antes de abordar el estudio de los conceptos de violación, es importante precisar que de las constancias que integran el juicio de origen no se advierte que se haya cometido alguna violación procesal que haya dejado sin defensa a los quejosos y que amerite ser examinada en suplencia de la queja deficiente, en términos del artículo 107, facción III, inciso a), de la Constitución Federal. Tampoco hacen valer alguna que dé lugar a su análisis. Estudio de los conceptos de violación. 19. OCTAVO. Los quejosos formulan los siguientes conceptos de violación: i. Que en la resolución reclamada se trasgreden en su perjuicio los derechos de audiencia, legalidad, seguridad jurídica, fundamentación y motivación, otorgados en los artículos 14 y 16 constitucionales, así como el principio de congruencia y exhaustividad previsto en el precepto 1.195, el 2.6 y 2.7 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, en relación con los numerales 1.3, 1.7, 1.16, 7.71, 7.552 y 7.600 del código sustantivo local; y el precepto 6 de la Ley del Notariado del Estado de México, por su indebida aplicación o inobservancia. ii. Que la sala responsable omitió examinar los documentos aportados por las partes, así como los argumentos vertidos en su contestación de demanda y alegatos, violando así su derecho de audiencia. iii. Que la sentencia debió emitirse con base en pruebas debidamente analizadas y valoradas, no sobre las que presumen su credibilidad en lo que se pretende probar, máxime en una situación de derecho de propiedad y posesión, que se protege en la Constitución Federal. iv. Que el documento base de la acción de la tercera interesada que la responsable calificó erróneamente de justo título para tener por acreditada su acción como poseedora de un derecho real, se aportó como prueba ilícita en virtud de los argumentos que expresó en su contestación de demanda y los alegatos. v. Que por tanto la sala no debió otorgarle valor probatorio para tener por demostrado el primer elemento de la acción, por ser un documento que fue introducido en vía de acción como fundatorio y también como prueba; ya que es dudoso al contraponerse con las mismas manifestaciones de la tercera interesada y con los documentos probatorios, pues por un lado dice haber adquirido el inmueble en controversia como legítima propietaria en el año dos mil seis, y por otra parte que se la otorgó un comisariado ejidal en el año dos mil (sic), lo que conlleva a considerar dudosa la posesión de la actora. vi. Que se debe tomar en cuenta que el documento base de la acción fue para la tercera interesada el contrato de compraventa que anunció en su demanda y que ofreció en su escrito de pruebas; de ahí que sí a dicho contrato base de la acción lo contradice otro documento probatorio que la propia actora acompaña a su demanda, y en sus afirmaciones se ven grandes contradicciones debe sostenerse que existe dudosa procedencia del justo título por lo cual no es posible que se construya sobre dichos cimientos un derecho a favor de la tercera interesada, conculcándose disposiciones de carácter sustantivo y procesal; de modo que la sala ni siquiera debió admitir esta prueba a la tercera interesada. vii. Que se valoraron incorrectamente las pruebas, con violación de los citados artículos 1.3, 1.7, 7.71, 7.552 y 7.600 del código sustantivo local, ya que de la revisión de los autos se advierte que las documentales de la actora son contradictorias y por tanto dudosas, en virtud de que con el contrato en que basa su acción no acredita su posesión jurídica, pues como lo advirtió el juez de origen dicho contrato privado de compraventa adolece de ser un título legítimo y lícito, toda vez que el citado artículo 7.552 ordena que nadie puede vender sino lo que es de su propiedad, amén de que no cumple con las exigencias mínimas que debe revestir este tipo de contratos traslativos de dominio, puesto que de conformidad con el artículo 7.601 de dicho ordenamiento, relativo a la compraventa, esta debe darse en escritura pública. viii. Que como se desprende del contrato de compraventa de siete de enero de dos mil cinco, la actora quiso sorprender de forma temeraria y dolosa al juzgador de origen, sobre el hecho de que ********** supuestamente le vendió una superficie de terreno como legítimo propietario, sin que se hiciera mención de los antecedentes de la propiedad de su causante, lo que no podía pasar inadvertido al a quo, ya que el vendedor dijo ser legítimo dueño, pero la supuesta compraventa tiene un simple sello del notario público sin hacer constar qué clase de acto jurídico es, y sin identificar a las partes del acto; además de que la misma Ley del Notariado del Estado de México, prohíbe en congruencia con el código civil de esta entidad, que los notarios expidan copias certificadas o ratifiquen actos que deban constar en escritura pública, como dicho contrato de compraventa. ix. Que por tanto, el juez de origen dictó un sentencia apreciando que con el supuesto título la actora no puede acreditar una posesión jurídica amén de que como lo advertirá el tribunal colegiado, el supuesto título adolece de claridad y de validez, en virtud de que conforme 7.569 del código civil, el vendedor tiene la obligación de entregar los frutos, intereses, accesiones y títulos del bien y aun cuando en la cláusula quinta del contrato de compraventa se hace constar que se entregaron los documentos que forman parte de la fracción de los ********** metros cuadrados de terreno, el mismo día en que se firmó el supuesto contrato, la actora no los exhibió como anexos a tal contrato. x. Que la actora quiso sorprender al a quo con un plano de localización que supuestamente expide "**********" del supuesto lote **********, objeto del contrato base de la acción, del que se aprecia que no lo firma nadie en representación de "**********", y que, por otro lado, ese documento lo extiende o expide un supuesto comisariado ejidal de **********, Estado de México, a petición de la actora **********, el dieciocho de marzo de dos mil, y sin que lo firmaran las personas que dicen ser del Comisariado Ejidal, en el que aseveran que la actora tiene en posesión el mismo terreno objeto del contrato de compraventa de siete de enero de dos mil quince, y existe una invasión del lote ********** al supuesto lote ********** de la actora; circunstancia que hace dudosa la posesión de la tercera interesada, en virtud de que dicho contrato de compraventa por el cual supuestamente le transmiten en régimen de propiedad el terreno objeto del juicio de origen, también tiene derechos de un régimen ejidal. xi. Que hubo parcialidad de la sala, en virtud de que solo se centró en realizar una interpretación escueta a la luz de criterios de jurisprudencias y tesis que refieren que la hoy tercera interesada únicamente debe acreditar la posesión jurídica derivada de su justo título, como causa generadora; sin embargo, la responsable no analiza de manera integral los artículos 2.6 y 2.7 del código procesal de la entidad lo que devino en una falta de fundamentación e indebida aplicación correcta de la ley, por la falta de interpretación de las citadas normas según su texto y que originó la conclusión de que la tercera interesada demostró tener justo título. xii. Que la sala debió confirmar la sentencia de primer grado, dado que en términos del citado artículo 2.7 el contrato exhibido como base de la acción, no acredita la posesión jurídica, pues como lo advirtió el juez de origen y los aseveraron en su contestación de demanda, dicho contrato no es un título legítimo y lícito, toda vez que el diverso numeral 7.552 del código sustantivo local, indica que nadie puede vender sino lo que es de su propiedad, además de que no cumple con las exigencias mínimas que debe revestir este tipo de contratos traslativos de dominio, y conforme al numeral 7.601 de ese ordenamiento, la compraventa debe darse en escritura pública. xiii. Que el juez dictó una sentencia apreciando que con el supuesto título justo, la actora no pudo acreditar una posesión jurídica ni material, en virtud de que ella misma confesó que nunca ha estado en posesión porque nunca lo ha tenido "porque el señor no la deja", pero sobre todo por lo que respecta a la posesión jurídica, en virtud de que no demostró el tercer elemento, pues supuestamente la compraventa le fue transmitida en régimen de propiedad, y sin embargo se advierte de la propia documental que acompañó la actora, y que le fue admitida, consistente en un "plano de lotificación proporcionado por **********, reconociendo la fracción propiedad de la señora **********", que el comisariado Ejidal de **********, el dieciocho de marzo de dos mil, hizo constar que a ********** le fue reconocida la posesión de un solar, localizado en la calle **********, esquina calle **********, colonia **********, y que dicho solar tiene las siguientes medidas y colindancias: "Al NORTE: ********** MTS. con calle **********. "AL SUR: ********** MTS. con Propiedad Privada. "AL ORIENTE: ********** MTS. con **********. "AL PONIENTE: ********** MTS. con calle **********. "Siendo esta una superficie total de ********** m2." xiv. Que lo anterior resulta contradictorio con lo indicado en el contrato de compraventa exhibido como base de la acción o título justo de siete de enero de dos mil cinco, pues de este se advierte que la propiedad del lote ********** que supuestamente le transmitió **********, se encuentra ubicado en la calle ********** **********, esquina calle **********, colonia denominada **********, Municipio de Tultitlán, Estado de México, con las siguientes medidas y colindancias: "AL NORTE: ********** metros. Con calle **********. "AL SUR: ********** metros. Con propiedad privada. "AL ORIENTE: ********** metros. Con **********. "AL PONIENTE: ********** MTS. Con calle **********. "Siendo esta una superficie total de ********** m2." xv. Que de lo anterior se advierte, como lo hicieron valer en su escrito de alegatos presentado el diez de septiembre de dos mil dieciocho, que existe una franca contradicción en los hechos de la demanda de la actora con el documento base de la acción y los documentos probatorios, en específico el citado: "Plano de lotificación proporcionado por "**********", reconociendo la fracción propiedad de la señora **********". xvi. Que como se advertirá del cúmulo de pruebas, actuaciones, alegatos y presunciones, la actora siempre se condujo con mala fe, temeridad y dolo, sorprendiendo a la sala con que demostró la procedencia de su acción plenaria de posesión; sin embargo, existen la referida serie de contradicciones y falsedades por la tercera interesada, y que derivan de sus propios documentos base de la acción, de los probatorios como el citado "Plano de lotificación proporcionado por **********, reconociendo la fracción propiedad de la señora **********", y de las propias afirmaciones de la actora de ser propietaria del terreno en disputa, vertidos en los hechos 1, 2, 3 y 4 de su demanda pues, por un lado dice haber adquirido el predio objeto de la litis el dieciocho de marzo de dos mil, mediante contrato privado de compraventa de **********, (contrato privado que es el base de su acción y que es de siete de enero de dos mil cinco), y por otro lado, se advierte que el Comisariado Ejidal de ********** le reconoció la posesión del predio materia del juicio de origen precisamente el dieciocho de marzo de dos mil, amén de que dicho comisariado hizo constar que el lote ********** de su propiedad se encuentra invadiendo el lote ********** (que es el terreno de la controversia de la tercera). xvii. Que lo anterior se colige que existe una posesión jurídica dudosa por parte de la actora, ya que no se sabe cuál es el justo título por el cual tuvo la posesión y de quién la obtuvo, así como a partir de que año tuvo la posesión del bien en disputa; situación que advirtió el a quo al pronunciarse sobre la falta de legitimidad del supuesto vendedor y concluir que la actora ********** no tuvo la posesión material ni jurídica. En ese sentido, la sala responsable no advirtió la falta de posesión jurídica de la actora y su posesión dudosa. xviii. Que la sala no tomó en cuenta sus alegatos vertidos en su escrito presentado el presentado el diez de septiembre de dos mil dieciocho, en los que puso de manifiesto tal contradicción y que la actora no demostró tener la posesión de la fracción de terreno en litigio. xix. Que la sala responsable tampoco entró al estudio de manera clara e sus excepciones y defensas, por lo que concluyó en revocar la sentencia de origen, empero, fue emitida conculcando diversas disposiciones de carácter sustantivo y adjetivo, como ya se ha expuesto en su demanda de amparo, respecto a que se abstuvo de interpretar correctamente la figura de la acción plenaria de posesión a la luz de los artículos 2.6 y 2.67 del código adjetivo en relación con el artículo 1.16 del código sustantivo. 20. Dichos conceptos de violación son esencialmente fundados, los que se estudian conjuntamente en atención a su estrecha vinculación, con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Amparo. 21. Como se recordará la actora ejerció la acción plenaria de posesión en contra de los quejosos respecto de una fracción de **********punto********** metros cuadrados de terreno que forman parte de una superficie de **********punto********** de un total de predio, identificado como lote **********, ubicado en calle ********** ********** I, colonia el **********, municipio de Tultitlán, Estado de México, así como su restitución, desocupación y entrega por parte de los demandados, quienes se encuentran ocupándolo sin su consentimiento. Como documento base de su acción exhibió un contrato privado de compraventa de siete de enero de dos mil cinco celebrado con **********, como vendedor. De la prescripción adquisitiva o usucapión. 22. Para mejor comprensión, en principio es pertinente puntualizar que la usucapión es un medio de adquirir la propiedad de los bienes, en atención a su posesión prolongada, durante el tiempo y bajo las condiciones determinadas en la ley. La prescripción se inicia a partir de que el interesado comienza a poseer el bien, por lo que si tal prescripción no se interrumpe por las causas naturales o legales requeridas, entonces se consuma al momento en que se ha cumplido el plazo de posesión exigido en el ordenamiento jurídico, según el caso concreto, trátese de posesión de buena o de mala fe. 23. Los artículos 5.127, 5.128, 5.129 y 5.140 del Código Civil del Estado de México, establecen los requisitos de procedibilidad para adquirir la propiedad de un inmueble por prescripción adquisitiva o usucapión, entre los cuales se encuentran la causa generadora de la posesión, su inicio, su duración, ininterrupción, el concepto por virtud del cual se disfrute, buena o mala fe y que se ejerza contra quien aparezca como propietario en el Registro Público de la Propiedad. 24. De dichos numerales establecen lo siguiente: "Artículo 5.127. La usucapión es un medio de adquirir la propiedad de los bienes mediante la posesión de los mismos, durante el tiempo y con las condiciones establecidas en este código. "Artículo 5.128. La posesión necesaria para usucapir debe ser: "I. En concepto de propietario; "II. Pacífica; "III. Continua; "IV. Pública. "Artículo 5.129. Solo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de propietario del bien poseído puede producir la usucapión debiendo estar fundada en justo título." "Artículo 5.140. La usucapión de los bienes inmuebles se promoverá contra el que aparezca como propietario en el Registro Público de la Propiedad." 25. Por tanto, el actor debe probar los siguientes elementos de procedencia de dicha acción de usucapión: a). Que la parte demandada aparezca como propietaria del inmueble materia de la controversia en el registro público de la propiedad. b). La causa generadora de su posesión, la cual por su naturaleza debe tener la cualidad de transmitir el dominio, por ejemplo: la compraventa, donación, permuta, etcétera y, aunque no pueda considerarse perfecta, para que la prescripción se consume, basta que se exhiba un título que en apariencia sea objetivamente válido y que se tenga la posesión por el tiempo y con los requisitos ya precisados. c). Que ha tenido la posesión del inmueble controvertido durante el tiempo de cinco años o diez años, según sea el caso, y con las condiciones necesarias para usucapirlo, en concepto de propietario, pacífica, continua y pública . 26 En cuanto a la causa generadora de la posesión, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que si el dominio tiene su origen en un instrumento traslativo, consistente en un contrato privado de compraventa, para acreditar el justo título o la causa generadora de la posesión es indispensable que sea de fecha cierta, pues ese dato proporciona certidumbre respecto de la buena fe del acto contenido en el referido documento y otorga eficacia probatoria a la fecha que consta en él, pues, en caso de no reunir dicho requisito, al documento privado no se le puede otorgar valor probatorio en relación con terceros, para evitar actos fraudulentos o dolosos, ya que la exhibición del contrato tiene como finalidad la acreditación del derecho que le asiste a una persona y que la legitima para promover un juicio de usucapión; de ahí que la autoridad debe contar con elementos de convicción idóneos para fijar la calidad de la posesión y computar su término. 27. Sin embargo, es preciso indicar que dicho requisito no resulta exigible en la totalidad de los casos, sino únicamente en aquéllos en los que el contrato exhibido como base de la acción aparezca suscrito por persona ajena a las partes, es decir, por un tercero que haya vendido el inmueble a la actora, ajeno a los antecedentes registrales del bien. 28. En efecto, la figura de la "fecha cierta" permite definir el momento a partir del cual se puede tener por acreditada la existencia de un documento para que desde entonces éste surta efectos contra terceros, mas no para determinar su autenticidad o validez, para la procedencia de la usucapión en orden con la causa generadora de la posesión, pues en tal supuesto lo que importa es que se justifique la autenticidad del título o que este resulta objetivamente válido; de ahí que, lo relevante al efecto no es el acto del acreditamiento en sí de la certeza de la fecha del documento en que se funda la usucapión, sino la justificación de la autenticidad y veracidad del propio documento; es decir, que en apariencia sea objetivamente válido, lo cual es posible demostrar con otros medios de convicción. a diferencia de lo que se prueba con la figura de la fecha cierta, cuyos alcances son útiles sólo para justificar que a partir de determinado momento se puede tener por demostrada la existencia del documento en los términos de su contenido, pero sin tener la certeza de que éste sea auténtico o válido. De la plenaria de posesión. 29. Por su parte, la acción plenaria de posesión o publiciana protege la posesión definitiva y esta no debe ser entendida como un hecho material, sino como derecho, lo que implica que se declare procedente a favor de quien se estime titular de ese derecho posesorio con base en el justo título que exhiba en la secuela procesal. 30. Dicha acción plenaria de posesión está prevista en los artículos 2.6 y 2.7 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, que disponen: "Acción plenaria de posesión. "Artículo 2.6. Compete acción al adquirente con justo título y de buena fe, para que se le restituya el bien con sus frutos y accesiones en términos del Código Civil. El actor también debe acreditar que tenía la posesión, o la tenía quien le transmitió el bien, aún cuando no se hubiere consumado la usucapión. "Se da esta acción contra el poseedor de mala fe, o que teniendo título de igual calidad ha poseído por menos tiempo que el actor." "Improcedencia de la plenaria de posesión. "Artículo 2.7. No procede la acción plenaria de posesión, en los casos en que ambas posesiones fuesen dudosas o el demandado tuviere su título registrado y el actor no, así como contra el legítimo dueño." 31. Para la procedencia de dicha acción la parte actora debe acreditar plenamente los siguientes requisitos: 1. Que tiene justo título para poseer. 2. Que es de buena fe. 3. Que el demandado posee el bien a que se refiere el título. 4. Que es mejor el derecho del actor para poseer que el que alega del demandado. 32. Ciertamente, la acción plenaria de posesión o publiciana compete al adquirente de buena fe que no está en posesión de la cosa que tenía derecho a poseer con justo título aunque no lo acredite como propietario; se da contra quien posee con menor derecho y tiene la finalidad de obtener la restitución del bien con sus frutos y accesiones. 33. Así, para el ejercicio de la acción plenaria de posesión, el actor debe acreditar tener justo título para que se le restituya el bien con sus frutos, y se da contra el poseedor de mala fe, o que teniendo título de igual calidad ha poseído por menos tiempo que el actor. 34. Al respecto, es oportuno puntualizar que la posesión puede situarse como el hecho material que denota el poder físico sobre la cosa, o como un derecho real o personal. 35. El hecho material de la posesión es protegido por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. Los dos primeros preceptos garantizan el simple hecho de la posesión contra el acto privativo o de simple molestia; y el tercero impide que los particulares ejerzan justicia de propia mano y obliga a que todas las controversias se diriman con la intervención del Estado, cuando no existe convenio entre las partes. 36. Entonces, la posesión, como derecho, es una consecuencia del derecho real de posesión; de ahí que el referido derecho real de posesión emanado de un título que no transmite el dominio, y el derecho de posesión derivado del derecho real de propiedad, son protegidos por la acción plenaria de posesión. 37. Por ende, el hecho material de la posesión por quien se ostenta como titular del derecho real de posesión, derivado de un justo título apto o no para transmitir el dominio, son aspectos que se tornan innecesarios para el ejercicio, y en consecuencia, para la comprobación de la acción plenaria de posesión, en virtud de que en esta lo que se ejerce es una acción no meramente posesoria, como sucede en los interdictos, pues es una acción petitoria y contradictoria que no tiende a declarar cuál hecho posesorio material prevalece, sino por el contrario, establece cuál de los títulos exhibidos por las partes es el que confiere mejor derecho a poseer jurídica y materialmente el inmueble en litigio, a efecto de que de resultar procedente la acción, se restituya al actor con sus frutos y accesiones en los términos señalados en la legislación civil sustantiva. En la sentencia de primera instancia. 38. Ahora bien, en la sentencia de primer grado se determinó que para la procedencia de la acción intentada se debían acreditar los siguientes presupuestos: "PRIMERO: Que la parte actora tenga justo título para poseer y que sea de buena fe. "SEGUNDO. Que la parte demandada posea el bien descrito en el título. "TERCERO: Que la parte actora o su causante, haya poseído jurídicamente o materialmente el inmueble aunque no se haya consumado la usucapión. "CUARTO: Que sea mejor el derecho de la parte actora para poseer." 39. Respecto deI primer elemento determinó que se tenía por acreditado, puesto que se demostró que **********, a través del consenso base de la acción, de siete de enero de dos mil cinco, transmitió la posesión del inmueble objeto de juicio, relativo al lote **********, ubicado en calle **********, colonia el **********, municipio de Tultitlán, Estado de México, a favor de la actora y por ende, que dicho contrato de compraventa constituye su justo título, además que es de buena fe, pues conforme lo establecido por el artículo 5.45 del código civil, la buena fe se presume siempre, salvo prueba en contrario. 40. Del segundo elemento de la acción relativo a que los demandados posean el bien a que se refiere el título de la actora, de igual manera adujo que se tenía por demostrado que la fracción de terreno que se reclama, la está ocupando la parte demandada. 41. El tercer elemento de la acción consistente en que la actora o su causante haya poseído jurídica o materialmente el inmueble, determinó que no se tenía por acreditado, dado que si bien en el contrato básico el vendedor declaró ser "legítimo propietario" del lote de terreno, materia de esa operación de compraventa, no estableció con base en qué se ostentaba como tal, ni justificó esa legitimidad para estar en aptitud de celebrar la operación de compraventa, y no debía perderse de vista el hecho de que, en términos del artículo 7.552 del código sustantivo de la materia, ninguno podía vender sino lo que es de su propiedad; por lo cual era posible afirmar que **********, en realidad no transmitió la posesión del lote de terreno descrito a la actora, lo que se traduce en el hecho de que, en realidad, ni el causante de la actora, ni la actora misma han poseído ni jurídica ni materialmente el inmueble en litigio. 42. Por ende, el juez de origen declaró improcedente la acción y absolvió a los demandados de las prestaciones reclamadas, siendo así favorable para estos tal determinación. En la resolución reclamada. 43. Al resolver el recurso de apelación interpuesto por la actora, el tribunal de alzada estimó que se trasgredió en su perjuicio el principio de congruencia, así como que se analizó incorrectamente el tercer elemento de la acción, al determinar que la accionante debió demostrar haber disfrutado de la posesión material del bien, siendo que no era necesario exigir la comprobación de tal hecho, por no ser requisito en la acción, pues el objeto de protección de la acción publiciana es el derecho a poseer el bien. 44. Por ende, la sala determinó que únicamente debían examinarse los siguientes elementos: a) Tener justo título para poseer. b) Que ese título se haya adquirido de buena fe. c) Que el demandado posee el bien a que se refiere el título. d) Que es mejor el derecho del actor para poseer materialmente, que el que alegue el demandado. 45. Así, al reasumir jurisdicción y proceder al análisis de la acción, el tribunal de alzada precisó que en la sentencia de primer grado el juez se pronunció sobre el primero, segundo y tercer elementos de la acción principal [indicados en los incisos a), b) y c), pero como no se expresaron motivos de inconformidad contra las consideraciones por las cuales se tuvieron por acreditados, esos razonamientos quedaban incólumes y seguían rigiendo el sentido del fallo. 46. De ahí que la sala procedió únicamente al estudio del cuarto elemento de la acción plenaria de posesión [inciso d)], consistente en que es mejor el derecho del actor para poseer materialmente, el que tuvo por justificado en autos; y, por ende, declaró procedente la acción y condenó a los demandados a la desocupación y entrega de la fracción del inmueble en litigio, con sus frutos y accesiones. 47. Como se ve, el tribunal de apelación omitió analizar el primero, segundo y tercer elementos de la acción bajo el argumento de que contra las consideraciones por las cuales el juez de origen los tuvo por acreditados no se encontraban impugnadas. 48. Estudio que se estima incorrecto, pues aun cuando es cierto que los demandados, ahora quejosos, no apelaron de la sentencia de primer grado, ello no impedía que el tribunal de alzada, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la actora a quien le resultó desfavorable esa determinación, se pronunciara respecto de la procedencia o no del primero y segundo elementos de la acción. 49. Lo anterior, en virtud de que, en primer lugar, dichos elementos evidentemente forman parte de la litis al constituir requisitos de procedencia de la acción. 50. En segundo lugar, la sentencia de primera instancia fue favorable a los demandados, ahora quejosos, pues finalmente la acción ejercida en su contra fue declarada improcedente y por ello fueron absueltos de lo reclamado, por lo que resultaba ocioso que impugnaran los razonamientos por los cuales se tuvieron por acreditados el primero y segundo elementos de la acción, en vía de agravios o de contestación a los del apelante, ya que de cualquier manera la acción no se probó por no haberse demostrado el tercero de sus elementos. 51. Además, si se parte de la base de que el fallo de primera instancia le fue favorable a los demandados en cuanto a que decretó improcedente la acción plenaria de posesión y los absolvió, entonces no les causaba perjuicios para impugnarla mediante el recurso de apelación, máxime que en la legislación local no se encuentra regulada la apelación adhesiva que les permitiera controvertir los razonamientos vinculados con el tema que no les fue benéfico. 52. En consecuencia, la determinación de la sala de dejar firmes, por falta impugnación, los razonamientos del juez de origen por los cuales tuvo por acreditados el primero y segundo elementos de la acción que él consideró, no incide para estimar que ello debió ser valorado en la resolución reclamada, lo que es motivo de cuestionamiento en el juicio de amparo directo que nos ocupa. 53. En tercer orden, como lo refieren los quejosos en sus conceptos de violación, en la resolución reclamada no se emitió argumento alguno en relación con las manifestaciones que vertieron tanto en su escrito de contestación de demanda como en sus alegatos; fundamentalmente en relación con el primer y segundo elementos de la acción, consistentes en que la actora tuviera justo título para poseer y que fuera de buena fe, ya que no demostró que quien le vendió **********, fuera el legítimo propietario y tuviera capacidad legal para venderle la facción de terreno en litigio; que en la parte inferior de ese contrato aparece un sello del Notario Público número **********de "**********.", licenciado **********, lo que hacía suponer que tal acto se realizó en presencia de dicho notario, siendo que la Ley del Notariado les prohíbe a dichos fedatarios ratificar o certificar copias de actos que deben constar en escritura pública; haciéndose patente una violación a su derecho fundamental de defensa, consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 54. Máxime que la litis en el juicio natural se fija con los escritos de demanda, contestación y, en su caso, con la demanda reconvencional y la contestación a esta, es decir, la sentencia se ocupa exclusivamente de las acciones intentadas y de las excepciones opuestas, por lo que la litis se fija con los hechos que las partes precisaron en sus escritos de demanda, contestación, reconvención y contestación a la reconvención, respectivamente. 55. En tal contexto, los referidos conceptos de violación son esencialmente fundados, pues como lo exponen los quejosos la sala responsable debió analizar los argumentos vertidos tanto en su escrito de contestación de demanda, al contestar el hecho uno, oponer excepciones y defensas, como en sus alegatos , relacionados esencialmente con la falta de acreditación del primero y segundo elementos de la acción plenaria de posesión ejercida en su contra, consistentes en que la actora tuviera justo título para poseer, que tal posesión fuera de buena fe y que la tengan los demandados, ya que no demostró que quien le vendió contara con capacidad legal para trasmitirle el dominio del bien. 56. Efectivamente, las consideraciones de la sala responsable referentes a dejar firmes por falta de impugnaciones las consideraciones por las que el juez de primera instancia tuvo por acreditados el primero y segundo elementos de la acción ejercida y la omisión de análisis de los argumentos expresado por los demandados en su escrito de contestación y alegados, son conculcatorias de lo dispuesto en el artículo 14 constitucional, ya que su análisis pudo resultar trascendente en la solución final de la controversia, una vez que se examinaran conjuntamente con las pruebas ofrecidas por las partes al efecto; máxime que al establecer como requisito de procedencia de la acción plenaria de posesión la acreditación de un justo título apto para poseer, debe también determinarse sí los elementos de dicha acción son de contenido semejante a los exigidos para la prescripción adquisitiva o de usucapión, esencialmente el referente a la causa generadora de la posesión, que por su naturaleza debe tener la cualidad de transmitir el dominio, y si ambos deben revestir los mismos requisitos o efectos de validez para su demostración. 57. Es de tenerse en cuenta que si bien es cierto que en el sistema de apelación fijado en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, el tribunal de alzada debe pronunciarse únicamente respecto de las cuestiones que le son sometidas a su decisión, mediante la expresión de agravios, conforme al conocido aforismo "tantum devolutum cuantum apellatum", lo que significa que los agravios son los medios que proporcionan el material de examen en el recurso y al mismo tiempo la medida en que se recobra la plenitud de jurisdicción en el conocimiento del asunto, también lo es que la sala, si como en el caso, revoca el fallo de primer grado, debe analizar oficiosamente todos aquellos puntos o cuestiones de la litis natural que, de no tenerse en cuenta, pudieran dejar inaudita a la parte que careció de oportunidad de plantearlos, por haber obtenido lo que pidió en la resolución recurrida, supliendo la falta de agravio de dicha parte, ya que de no hacerlo podría afectarse a la parte apelada sin haber sido oída, con infracción al derecho de audiencia, previsto en el invocado precepto 14 constitucional. 58. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia J/54, cuyo criterio se comparte, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable con el número de registro 208068, Novena Época, de rubro: "APELACION. CUESTIONES QUE DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE, A PESAR DE NO HABER SIDO MATERIA DE LOS AGRAVIOS. Si bien es cierto que en el sistema de apelación fijado por el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el tribunal de alzada únicamente debe pronunciarse respecto de las cuestiones que se le someten a su decisión mediante la expresión de agravios, conforme al conocido aforismo "tantum devolutum cuantum apellatum", lo que significa que los agravios son los medios que proporcionan el material de examen en el recurso y al mismo tiempo la medida en que se recobra la plenitud de jurisdicción en el conocimiento del asunto, también es cierto que la ad quem debe analizar oficiosamente todos aquellos puntos o cuestiones de la litis natural que, de no tenerse en cuenta, pudieran dejar inaudita a la parte que careció de la oportunidad de plantearlos, por haber obtenido todo lo que pidió en la resolución recurrida, ya que de no hacerlo podría afectarse a la parte apelada sin haber sido oída, con infracción de la garantía de audiencia, prevista en el artículo 14 constitucional." 59. Para subsanar las infracciones mencionadas en la presente ejecutoria, al no haberse resuelto en esos términos, y haberse trasgredido en perjuicio de los quejosos el principio de congruencia y exhaustividad establecido en el artículo 1.195 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, así como los numerales legales señalados en la demanda de amparo y, por ende, los derechos de legalidad, fundamentación y motivación, otorgados en los preceptos 14 y 16 constitucionales; procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión para los siguientes efectos: 1. La sala responsable dicte una nueva resolución en la que deje insubsistente la reclamada. 2. En la nueva determinación, en atención a los lineamientos expuestos en la presente ejecutoria, proceda al estudio integral de los elementos de la acción, así como de los argumentos vertidos por los demandados en su escrito de contestación y alegatos y, precise si el requisito de procedencia de la acción plenaria de posesión como es el justo título apto para poseer, es de contenido semejante al exigido para la prescripción adquisitiva o de usucapión, referente a la causa generadora de la posesión que por su naturaleza debe tener la cualidad de transmitir el dominio, esto es, si ambos deben revestir los mismos efectos de validez para su demostración. 3. Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, resuelva conforme a sus atribuciones. 60. Al ser fundados y suficientes para otorgar el amparo solicitado los conceptos de violación hasta aquí analizados, resulta innecesario el estudio de los restantes. Sustenta tal determinación la jurisprudencia de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO." 61. La Concesión del amparo se hace extensiva al acto de ejecución, en virtud de que no se impugna por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 107, fracción III, V, inciso c), de la Constitución Federal; 73, 74, 75, 76, 185 y 186 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Para los efectos precisados en el considerando que antecede, la Justicia de la Unión ampara y protege a **********y **********, contra las autoridades y por los actos precisados en el resultando primero de esta ejecutoria. Notifíquese personalmente; a la autoridad responsable con testimonio autorizado de esta resolución, para que una vez que cause ejecutoria se le devuelvan los autos y se le requiera de su cumplimiento. En su oportunidad archívese este asunto como concluido.
- Juicio de Amparo Directo
ÚNICO. PARA LOS EFECTOS PRECISADOS EN EL CONSIDERANDO QUE ANTECEDE, LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito · 3,907 expedientes
- Ricardo Santiago Vázquez543/2019
- Rigoberto Benito Vega Rojas547/2023
- Rigoberto Díaz Estrada73/2023
- Rigoberto Gómez Martínez550/2021
- Rigoberto Ulloa Camacho180/2021
- Rigoberto Ulloa Camacho113/2021
- Rita Ramírez Rodríguez426/2021
- Roama Ceja Ordoñez471/2023
- Roberto Álvarez Cevedeo476/2022
- Roberto Álvarez Gutiérrez658/2022
- Roberto Arroyo Hernández552/2023
- Roberto Azael Lozano González431/2018