Rita Georgina Rodríguez Escobedo

Expediente 636/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
636/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
10/08/2022

Partes del expediente

  • Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito
  • Rita Georgina Rodríguez Escobedo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Causa ejecutoria. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran el proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya realizado el cómputo a las autoridades responsables para la interposición del recurso de revisión, en virtud de que se sobreseyó en el presente juicio, por lo que la resolución no le causa perjuicio alguno. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 21, incisos a) y c) del acuerdo en cita, el presente expediente y el original del cuaderno incidental son susceptibles de destrucción, en un plazo de tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó proveído en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio y se negó la medida cautelar provisional y definitiva. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), de la normatividad en consulta, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado.

  2. Principal

    Informes justificados. Vistos los informes justificados que rinden las siguientes autoridades responsables: - Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, por sí y en representación de esa Secretaría; y Directora de Investigación "B" de esa Secretaría. En los cuales señalan que no son ciertos los actos reclamados, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Pruebas. Se tiene a las autoridades ofreciendo como pruebas las documentales que adjuntan a su oficio de cuenta; de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se desahogan desde este momento dada su naturaleza y serán tomadas en consideración al resolver el presente asunto. Precisión respecto de oficio y anexos de cuenta. Se destaca que la misiva y anexos fueron recibidos al correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional sin evidencia criptográfica; sin embargo, en términos del artículo 28 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se privilegia el uso de medios electrónicos para la continuación de la secuela procesal en el presente asunto. Es orientadora al respecto, por analogía, la jurisprudencia I.3o.P. J/3 (10a.) emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con número de registro digital 2016852, de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 54, mayo de 2018, tomo III, página 2178, de rubro: "CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBIE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO". Estado de autos. Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de acordar el escrito presentado el ocho de octubre de dos mil veintiuno, en el procedimiento de responsabilidad administrativa 386/2018, del índice de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato. Acto que atribuyó a las siguientes autoridades: Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato; Director General de Asuntos Jurídicos de esa Secretaría; y c) Directora de Investigación "B" de esa Secretaría. Ahora bien, del informe justificado rendido por las autoridades responsables se desprende que por auto de uno de julio de dos mil veintidós, dictado en el procedimiento de responsabilidad administrativa ***********, se acordó el escrito materia de reclamo, y se resolvió sobreseer el procedimiento de origen al advertirse una causa de improcedencia. Sobreseimiento fuera de audiencia. Bajo las anteriores circunstancias, se actualiza de forma clara y absoluta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, habida cuenta que han cesado los efectos de la conducta omisiva reclamada. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos fundamentales, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. El artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante su sustanciación, se materialice un supuesto de improcedencia y que, conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deba ser manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con alguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). Resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Para explicar la causal de improcedencia citada, se precisa que conforme al artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, tratándose de actos de carácter negativo o que impliquen una omisión, el efecto y finalidad del juicio de amparo será obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y cumplir con lo que el mismo exija, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional, es decir, como si no se hubiere afectado la esfera jurídica del particular, de manera que si el acto reclamado dejó de surtir efectos, es indudable que no podrá restituirse al gobernado en el goce del derecho fundamental conculcado, al haber dejado de producir sus consecuencias legales. Sustenta esta razón la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de 1999, página 38, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el presente asunto, como se dijo, el acto reclamado es la omisión de acordar el escrito presentado el ocho de octubre de dos mil veintiuno, en el procedimiento de responsabilidad administrativa 386/2018, del índice de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del estado de Guanajuato. En ese sentido, se traen a contexto las documentales que exhibieron las autoridades responsables en apoyo a su informe justificado. De esas constancias se sigue que el uno de julio de dos mil veintidós, dictado en el procedimiento de responsabilidad administrativa 386/2018, se acordó el escrito materia de reclamo, y se resolvió sobreseer el procedimiento de origen al advertirse una causa de improcedencia. Lo anterior fue notificado de manera personal a la solicitante del amparo el once de julio del año en curso. Circunstancias que se corroboran de las manifestaciones realizadas por la parte quejosa en el escrito registrado en este juzgado con el folio 10800 (foja 17 del sumario). Por tanto, las premisas normativas y fácticas apuntadas permiten concluir que han cesado los efectos de la omisión reclamada, de tal manera que las cosas regresaron al estado que guardaban antes de la violación alegada por la quejosa, sin dejar huella alguna, pues fue acordado el escrito cuya omisión de proveer se reclama. Al satisfacerse los requisitos para la materialización de la hipótesis de improcedencia en estudio, resulta manifiesta e indudablemente improcedente el juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo. Se deja sin efectos audiencia constitucional. En razón de lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada en autos para la celebración de la audiencia constitucional. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  3. Principal

    Parte quejosa alude causal de improcedencia. Agréguese el escrito de la quejosa **************, a través del cual exhibe copia simple del acuerdo de uno de julio de dos mil veintidós, dictado en el expediente 386/2018, del índice de la autoridad responsable Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, con el que pretende demostrar una casual de improcedencia en el presente juicio de amparo. Requerimiento a las autoridades responsables. Ahora bien, en virtud de que lo indicado por la parte quejosa efectivamente puede actualizar una causa de improcedencia, y toda vez que únicamente exhibió copia simple de la constancia -que no genera certeza y convicción de su contenido-, con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables dependientes de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, para que dentro del término de tres días, legalmente computado, corroboren la existencia del acuerdo de uno de julio de dos mil veintidós, dictado en el expediente 386/2018. En caso afirmativo, deberán presentar copia certificada del mismo. Apercibimiento. Se les apercibe que de incumplir con el anterior requerimiento, o no manifiesten el impedimento legal que tengan para hacerlo, se les impondrá, a la que incumpla, una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el ejecutivo federal, incrementada en cincuenta días, en términos a lo dispuesto por el artículo 237 fracción I, de la Ley de Amparo, en concordancia con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de enero de dos mil veinte. Estado de autos. Por otro lado, visto el estado de autos, se advierte que las autoridades responsables no han rendido su informe justificado. Sin embargo, de los acuses de recibo de los oficios 14191/2022, 14192/2022 y 14193/2022, se advierte que fueron notificadas el veintitrés de junio del año en curso, por lo que aún no transcurre el plazo de quince días para que rindan su informe, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Diferimiento de audiencia constitucional. Para dar margen a todo lo anterior, se difiere la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, y en su lugar se fijan las quince horas con diez minutos del veintinueve de julio de dos mil veintidós, para su verificativo.

  4. Incidental

    AUDIENCIA INCIDENTAL Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 144, 146 y 147 de la Ley de Amparo, se: Resuelve ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a *********** respecto del acto y autoridades precisados en esta resolución.

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