Rita Ernestina Moreno Trejo
Expediente 1453/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1453/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Rita Ernestina Moreno Trejo
Actuaciones
- Principal
HA CAUSADO ESTADO AUTO...SE ORDENA ARCHIVO...
- Principal
Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista en vía de notificación personal al QUEJOSO RITA ERNESTINA MORENO TREJO, EL AUTO DE NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, que en lo conducente dice: "Se tiene por recibido el escrito presentado por el quejoso Jesús Alonso Rascón Sandoval, mediante el cual da cumplimiento a la prevención impuesta en proveído de veinte de octubre de dos mil diecisiete. En consecuencia, se le tiene subsanando la prevención impuesta en autos. Desechamiento Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda al actualizarse una causa de improcedencia de forma manifiesta e indudable. En el caso, el quejoso señaló como acto reclamado el siguiente: IV.- ACTO RECLAMADO.- Del C. Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar, lo constituye el auto de fecha 4 de octubre de 2017, mediante el cual ordena se me practiquen las notificaciones personales por medio de estados del juzgado de su adscripción, así como los subsiguientes autos dictados dentro del expediente número 1710/21013, relativo al Juicio de Divorcio Necesario promovido por el señor FRANCISCO RODRIGUEZ GUERRERO, incluyendo en ello la sentencia definitiva, auto que por haberse dejado de actuar por más de seis meses. (.) De la C. Actuario Notificadora adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar, se reclama la notificación de fecha 13 de octubre de del 2017, mediante la cual se hace constar que por medio de estrados, me notifica los auto de fecha 4 de octubre de 2017 y 18 de setiembre de 2018, éste último ordena la llegada de los autos del Tribunal de Alzada y la notificación personal del mismo. Se señala también la ilegal notificación d fecha 18 de abril de 2017, mediante la cual se hace constar la notificación a la Suscrita del auto de fecha 6 de marzo de ese mismo año, contra la Sentencia definitiva, y que ordena su emplazamiento a las partes así como al Ministerio Público, para que en el término de cinco días ocurra al Primer Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito con residencia en Hermosillo, Sonora, a sustanciar el recurso de apelación admitido. Auto que fue indebidamente notificado por Estrados del juzgado. (.) Del Primer Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito, se reclama el auto de fecha 21 de mayo del año en curso, dictado dentro del toca civil 137/2018, que radica el recurso de apelación, se hace efectivo apercibimiento la parte demandada y se ordena que las subsecuentes notificaciones se realicen por medio de cédula que se fije en los estrados de este Tribunal de alzada, cuando en ningún momento se me hizo requerimiento personal alguno. Asimismo se reclama el auto de fecha 26 de junio de este mismo año, mediante el cual se ordena requerir a la parte demandada, a efecto de que manifieste si tiene interés den continuar con el recurso de apelación. El auto de fecha 8 de agosto del presente año mediante el cual Se hace efectivo el apercibimiento, se declara abandonado recurso de apelación, se ordena notificar personalmente y el auto de fecha 12 de septiembre pasado que tiene por firme el auto de fecha 7 de agosto referido y orden el archivo del toca. Todos estos autos dictados violándose el derecho de audiencia alno ser debidamente notificados. (.) (SIC) Como podemos advertir la promovente de amparo reclama diversas violaciones supuestamente acontecidas en el juicio de divorcio 1710/2013, y en el toca de apelación 137/2018, las cuales derivan de haberse violado su derecho de defensa al notificarse ilegalmente diversas actuaciones, entre ellas la realizada por la actuaria adscrita al Juzgado Primer de Primera Instancia Familiar, por medio de estrados en trece de octubre de dos mil diecisiete, (respecto a los acuerdos de dieciocho de septiembre y cuatro de octubre de este año), así como la notificación de dieciocho de abril de dos mil diecisiete, respecto del auto de seis de marzo de ese año. Asimismo, reclama de Primer Tribunal Colegiado regional del Primer Circuito, diversos autos, entre ellos el de veintiuno de maño del dos mil dieciocho, en el cual se ordena realizarle las notificaciones por cedula que se fije en los estrados del Tribunal. En este contexto, se hace patente la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario. Esto es así pues, en atención al principio de definitividad, tal como lo dispone el inciso b), de la fracción III, del artículo 107 de la Constitución Federal, el juicio de amparo solo será procedente, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. Dicho principio establece que el juicio de derechos humanos es improcedente contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aún cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. Ahora bien, el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Del acto reclamado, así como de sus antecedentes, se advierte que Rita Ernestina Moreno Trejo es parte demandada en el juicio natural del que reclama la ilegalidad de diversas notificaciones (de trece de octubre de dos mil diecisiete, respecto a los acuerdos de dieciocho de septiembre y cuatro de octubre de este año, así como la notificación de dieciocho de abril de dos mil diecisiete, respecto del auto de seis de marzo de ese año, todas en el juicio de divorcio 1710/2013), que tuvieron como consecuencia, la inactividad procesal de la promovente de amparo. Así, la promovente no puede considerarse tercero extraña, en virtud de que es parte en el juicio de origen y se encuentra legitimada procesalmente para interponer los recursos ordinarios establecidos por la ley en defensa de sus derechos que considere vulnerados por la autoridad. Tiene apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia P./J.39/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página noventa y tres, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal. En ese orden de ideas, el juicio de amparo es improcedente toda vez que como se ha dejado precisado los diversos actos reclamados tienen su origen en la supuesta ilegal notificación de diversos acuerdos emitidos en el juicio de origen, así como en el toca de apelación, por lo que la demandante de amparo, una vez que conoció dichos actos, se encontró en posibilidad de hacer valer contra estos el incidente de nulidad de notificaciones que prevén los artículos 178 y 179 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que en lo conducente establecen: "ARTÍCULO 178.- Las notificaciones serán nulas cuando no se verifiquen en la forma prevista en los artículos precedentes. Para resolver sobre las peticiones de nulidad, el tribunal observará las reglas siguientes: I.- La nulidad sólo podrá ser invocada por la parte a quien perjudique o a la que deje de recibir la notificación; II.- La notificación surtirá sus efectos como si hubiere sido legalmente hecha, a partir de la fecha en que la parte se hubiere manifestado en cualquier forma sabedora de la resolución notificada, incluyéndose en esta regla el emplazamiento; III.- La nulidad de notificación deberá reclamarse por la parte perjudicada en el primer escrito o en la actuación subsiguiente en que intervenga, a contar de cuando hubiere manifestado ser sabedora de la resolución o se infiera que la ha conocido, pues de lo contrario queda revalidada aquélla de pleno derecho, y IV.- Los jueces pueden, en cualquier tiempo, aunque no lo pidan las partes, mandar repetir las notificaciones irregulares o defectuosas, sin lesionar derechos legalmente adquiridos por las partes. ARTÍCULO 179.- La nulidad se tramitará en la vía incidental. En el incidente sólo procederá concederse término probatorio, cuando la irregularidad no se derive de datos que aparezcan en el expediente. El incidente sólo tendrá efectos suspensivos cuando se trate de emplazamiento. La sentencia que se dicte mandará reponer la notificación declarada nula y determinará el alcance de nulidad respecto de las actuaciones del juicio conforme a las reglas anteriores. El juez puede sancionar con multa a los funcionarios o a las partes que aparezcan como culpables de la irregularidad. (.) De la interpretación literal de los artículos 178 y 179 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, se aprecia que las notificaciones que no fueren hechas conforme a la ley serán nulas. Asimismo, del criterio transcrito se advierte que contra las notificaciones practicadas dentro del procedimiento seguido en forma de juicio por autoridad jurisdiccional se debe promover el incidente de nulidad respectivo ante la misma autoridad y dentro del procedimiento donde fueron realizadas y solo en caso de no obtener el resultado esperado, interponer el juicio de amparo. Así, este juzgador considera que si la promovente tuvo conocimiento de las actuaciones realizadas después de sentencia por el Juzgado Primer de Primera Instancia Familiar, así como las correspondientes al recurso de apelación emitidas por el Primer Tribunal Colegiado regional del Primer Circuito, estuvo en posibilidad de interponer el recurso ordinario correspondiente (nulidad de notificación), por ser parte en el juicio de donde dichos actos derivan, y una vez agotado éste, en caso de obtener su pretensión y que se ordenara realizar la notificación en los términos que considera legales, estaría en oportunidad de también recurrir las determinación tomadas en dichos acuerdos; en caso contrario, de no resolverse a su favor el incidente de nulidad de notificación, podría interponer el juicio de amparo. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 34, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 1041, del Tomo XVI, noviembre de dos mil dos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta , Novena Época, cuya literalidad es: "NULIDAD DE ACTUACIONES, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. Si bien es cierto que la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo no habla de agotar precisamente incidentes, sino recursos ordinarios, también lo es que tal fracción se refiere no sólo a recursos sino también a medios ordinarios de defensa dentro del procedimiento, por virtud de los cuales puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas las resoluciones de que se trate, y en tanto el incidente de nulidad de actuaciones cumple con el último de los objetivos mencionados, pues mediante él puede lograrse la nulificación del acto materia del incidente, es válido su encuadramiento dentro de los medios ordinarios de defensa a que el precepto invocado se refiere". Igualmente, sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones que la contienen, la jurisprudencia 26/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 430, del Tomo XXI, abril de dos mil cinco del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "NULIDAD DE ACTUACIONES. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO CONTRA ACTOS POSTERIORES AL DICTADO DE LA SENTENCIA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. La nulidad de actuaciones, tiene por finalidad que los actos judiciales puedan ser revisados y, en su caso, modificados o revocados, por existir en ellos un vicio cuya corrección legal procede, de suerte que el proceso sea debidamente rectificado antes de que sea resuelto. Por regla general, la referida nulidad se presenta contra actos emitidos antes de pronunciarse sentencia, en la instancia procesal en que cometa la violación en cuestión, en tanto que el juzgador no está facultado para revocar sus propias determinaciones. Lo anterior no implica que la nulidad de actuaciones sólo pueda promoverse contra actos procesales anteriores a la sentencia, toda vez que con posterioridad a ésta también se presenta la necesidad de que la autoridad judicial actúe, y en caso de estimarse que se presenta una violación en tal actuación, puede sustanciarse el incidente relativo. En tal virtud, para efectos del juicio de amparo, debe agotarse el incidente de nulidad de actuaciones, contra las pronunciadas después de dictada sentencia, pues de no hacerlo se surtirá la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XIII, párrafo primero, de la Ley de Amparo". En ese contexto, como los actos reclamados en estudio son susceptibles de reparación mediante el incidente de nulidad previsto en el artículos 178 y 179 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, se estima que la demandante debe agotar dicho recurso antes de comparecer al juicio de derechos fundamentales en atención al principio de definitividad rector del proceso constitucional. Es ilustrativa la jurisprudencia 573, del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 515 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con el rubro y texto siguiente: RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional. Cabe puntualizar que no se está en algún supuesto de excepción al principio de definitividad del juicio de amparo, ya que el acto reclamado no importa peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o, alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, ni afecta a personas extrañas al procedimiento del cual emana. En consecuencia, como la parte promovente se encuentra obligada a inconformarse contra el acto reclamado mediante el incidente de nulidad de notificaciones antes de acudir al juicio de amparo, debe estimarse que no se encuentra cumplido el principio de definitivita rector del juicio constitucional, por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Improcedencia que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Oficial Segundo del Registro Civil de esta ciudad y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, por no impugnarse su actuación por vicios propios."
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCION I INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA EN VIA DE NOTIFICACION PERSONAL EL AUTO DICTADO EN TREINTA D DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO A LA PROMOVENTE RITA ERNESTINA MORENO TREJO QUE EN LO CONDUCENTE DICE Auto. Hermosillo, Sonora, treinta de octubre de dos mil dieciocho. Personería Se tiene por recibido el escrito de cuenta presentado por Rita Ernestina Moreno Trejo. Prevención Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1453/2018 y dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de su admisión, resulta oportuno precisar que los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación." "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Esto es, en el primer numeral se establecen los requisitos esenciales que indefectiblemente deberá contener la demanda de amparo, y en el segundo de los numerales, entre otras hipótesis, que habrá lugar a prevenir se aclare la demanda, ante la falta de alguno de dichos requisitos. En ese orden de ideas, al realizar un análisis del escrito de demanda, este tribunal advierte deficiencias en cuanto al requisito que establece el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, por tal motivo, en términos del diverso numeral 114, fracción I, del ordenamiento en cita, se ordena requerir a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días: - Manifieste bajo protesta de decir verdad si promovió incidente de nulidad de notificaciones en el juicio natural, respecto de alguna de las notificaciones impugnadas en su demanda de amparo. Toda vez que dicho aspecto no se desprende de manera clara de la lectura integral del escrito de cuenta, y es un requisito necesario para dar trámite a la demanda en cuestión; lo que es obligación para este órgano jurisdiccional constatar para proveer lo conducente respecto a la procedencia de la demanda que se promueve, en caso contrario, de no contar con tales datos y acordar lo relativo a la admisión o desechamiento de la demanda, se incurriría a una violación a las reglas que rigen el procedimiento en materia de amparo. En el entendido de que en términos del numeral 110, párrafo primero de la Ley de Amparo, dispone que junto con la demanda de amparo, se exhibirán copias para cada una de las partes. Bajo apercibimiento que de ser omiso en acatar la prevención que se le realiza en el presente proveído, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Se hace del conocimiento a la promovente, que el artículo 261 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." Domicilio y Autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Agua Fría y los Tanques número 61 de la Colonia Santa Fé, de esta ciudad. Habilitación de Días y Horas De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios de la adscripción para que practiquen todas y cada una de las notificaciones que surjan en el presente asunto y que tengan carácter de personal y, en su caso, el emplazamiento a la parte tercero interesada, aún en días y horas inhábiles. Transparencia En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8º, 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Gubernamental y artículos 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, en caso de que se publique la sentencia que se dicte en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes. Notifíquese personalmente a la promovente. Así lo acordó el Juez Manuel Hiram Rivera Navarro, Titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, y firma ante Víctor Manuel Puebla Gutiérrez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.- Doy Fe.
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