Rita Elena Martinez Sauri
Expediente 354/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 354/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 07/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Rita Elena Martinez Sauri
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Mérida, Yucatán; siete de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos el oficio signado por la Secretaria Auxiliar de la Sala Colegiada Mercantil, de Extinción de Dominio y Laboral del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en funciones de Secretaria de Acuerdos por Vacaciones del Titular, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, acusa recibo del oficio 16341/2023, del índice de este Juzgado, con el que se le devolvió el original del toca ********************, de su sumario. Circunstancia de la cual se toma conocimiento, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán; veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos el oficio signado por la Magistrada Tercera y Presidenta de la Sala Colegiada Mercantil, de Extinción de Dominio y Laboral del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita el original del toca 219/2022, que adjuntó a su informe justificado. Ahora bien, no habiendo ningún impedimento para ello, toda vez que no existe razón para que siga al resguardo de la Secretaría de este Juzgado, el toca que la autoridad responsable solicita devuélvanse a la Magistrada Tercera y Presidenta de la Sala Colegiada Mercantil, de Extinción de Dominio y Laboral del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, el toca 219/2022; solicitando el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán; dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que a la parte a quien pudo causarle perjuicio la sentencia firmada el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia en la que en su primer punto resolutivo NEGÓ el amparo y protección de la justicia federal, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de conservación, al ser un juicio de amparo negado y carece de relevancia documental. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 354/2023-IV-B, promovido por +++++, contra el acto que reclama de la Sala Colegiada Penal y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán ahora Sala Colegiada Mercantil, de Extinción de Dominio y Laboral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda por la vía directa. Por escrito presentado el veinte de enero de dos mil veintitrés, ante la Sala Colegiada Mercantil, de Extinción de Dominio y Laboral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, Rita Elena Martínez Sauri, compareció a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto atribuido a la Sala Colegiada Penal y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán ahora Sala Colegiada Mercantil, de Extinción de Dominio y Laboral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Incompetencia legal. Por oficio de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, la Magistrada Tercera y Presidenta de la Sala Colegiada Mercantil, de Extinción de Dominio y Laboral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, remitió la demanda de amparo directo al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, el cual la registró con el número de expediente 83/2023. Por auto de Pleno de fecha tres de febrero de dos mil veintitrés, el referido Tribunal se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda, al estimar que los actos reclamados no eran impugnables a través del juicio de amparo directo, sino del biinstancial, por lo que ordenó su remisión a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, a fin de que la turnara al Juzgado que correspondiera. TERCERO. Recepción y admisión de la demanda. Por razón de turno la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, turnó la demanda a este Juzgado de Distrito. Por auto de diez de marzo de dos mil veintitrés, se radicó la demanda de amparo, quedó registrada con el número 354/2023-IV-B; se avocó al conocimiento de la demanda planteada y se solicitó al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, la demanda de amparo. Asimismo, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se ordenó emplazar a juicio a la parte tercero interesada; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa en: La resolución de siete de diciembre de dos mil veintidós, dictada por la Sala responsable en el toca 219/2022, en la cual declaró improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta por la parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil 775/2020, del registro del Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Sala Colegiada Mercantil, de Extinción de Dominio y Laboral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad (número de promoción 4492), pues así lo manifestó la Magistrada Tercera y Presidenta al rendir su informe justificado; por lo que así deberán tenerse para los efectos del presente juicio. Resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, Sección Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que reza: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Inexistencia de causales de improcedencia. Al no existir causa de improcedencia hecha valer por las partes ni advertirse de oficio la existencia de alguna, lo procedente es analizar el fondo del asunto mediante el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, ya que no existe algún precepto que obligue a ello, y además, porque dicha omisión no deja en estado de indefensión a la solicitante del amparo, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, correspondiente a la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Asimismo, debe destacarse que en el caso es procedente el juicio constitucional en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción VIII de la Ley de Amparo, en términos de la interpretación que realizó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia con número de registro digital 2009912, del rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA UN INCIDENTE Y/O EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que procede el juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, pues los actos de autoridad impugnables en dicho juicio, en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, deben entenderse como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. En congruencia con lo anterior, al tenor de la interpretación extensiva y conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, debe estimarse que procede el juicio de amparo indirecto en contra de la resolución definitiva que desecha o desestima un incidente y/o excepción de incompetencia -ya sea por declinatoria o inhibitoria-, pues ésta se traduce en que la autoridad que conoce del asunto, al considerarse competente, siga conociendo de él y lo tramite hasta su resolución, lo cual torna a dicha determinación en una decisión que podría traer como resultado que un procedimiento o juicio se siga no sólo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde, lo que podría acarrear consecuencias no reparables ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable; ello, sin soslayar los principios rectores del juicio de amparo previstos constitucional y legalmente, entre los que destacan el de definitividad, pues de proceder contra tales resoluciones algún recurso ordinario o medio de defensa legal contenido en la ley, es necesario agotarlo antes de instaurar el juicio de amparo indirecto, pues la irreparabilidad de un acto y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo." QUINTO. Análisis de la litis constitucional. Resultan infundados e inoperantes los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa, sin que la obligación de suplir la deficiencia de la queja en términos de lo dispuesto por el artículo 79, de la Ley de Amparo, permita a este Juzgador arribar a una conclusión diversa, motivo por el cual deberá negársele el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Establecido lo anterior, para una mejor comprensión del asunto, es menester precisar que de las constancias exhibidas por la Magistrada de la Sala responsable (anexo de este juicio de amparo), que se allegaron al sumario deducidas del toca 219/2022, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2º; se desprende, en lo que interesa, los siguientes antecedentes: 1. Mediante escrito presentado el doce de octubre de dos mil veinte (fojas 2 a 8 del Tomo Anexo), María Isabel Puc Ku, en su carácter de apoderada de Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México ahora, antes Banco Santander (México) Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, demandó en la vía ejecutiva mercantil a la aquí quejosa Rita Elena Martínez Sauri, diversas prestaciones, entre ellas, las siguientes: 1) La cantidad de $139,686.07 (ciento treinta y nueve mil seiscientos ochenta y seis pesos con siete centavos, moneda nacional), en concepto de capital vigente, cantidad calculada al día dieciocho de febrero del año dos mil veinte; 2) La cantidad de 53,384.51 (cincuenta y tres mil trescientos ochenta y cuatro pesos con cincuenta y un centavos moneda nacional, en concepto de capital vencido, cantidad calculada al día dieciocho de febrero del año dos mil veinte; 3) La cantidad de 27,847.54 (veintisiete mil ochocientos cuarenta y siete pesos con cincuenta y cuatro centavos moneda nacional) en concepto de intereses ordinarios, cantidad calculada el día dieciocho de febrero del año dos mil veinte; 4) La cantidad de 2,988.39 (dos mil novecientos ochenta y ocho pesos con treinta y nueve centavos moneda nacional) en concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de intereses ordinario, cantidad calculada al día dieciocho de febrero del año dos mil veinte; 5) La cantidad de 5,462.07 (cinco mil cuatrocientos sesenta y dos pesos con siete centavos moneda nacional), en concepto de intereses moratorios, cantidad calculada al día dieciocho de febrero del año dos mil veinte; 6) La cantidad de 588.44 (quinientos ochenta y ocho pesos con cuarenta y cuatro centavos moneda nacional), en concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de intereses moratorios, cantidad calculada al día dieciocho de febrero del año dos mil veinte; 7) A pagar los intereses ordinarios que se generaron después del día dieciocho de febrero del año dos mil veinte y los que se sigan generando hasta la total liquidación del adeudo, los cuales deberán calcularse de conformidad con lo pactado en el contrato de apertura de crédito base de la acción; 8) A pagar el Impuesto al Valor Agregado de intereses ordinarios que se generaron después del día dieciocho de febrero del año dos mil veinte y los que se sigan generando hasta la total liquidación del adeudo, los cuales deberán calcularse de conformidad con lo pactado en el contrato de apertura de crédito base de la acción; 9) A pagar los intereses moratorios que se generaron después del día dieciocho de febrero del año dos mil veinte, y los que se sigan generando hasta la total liquidación del adeudo, los cuales deberán calcularse de conformidad con lo pactado en el contrato de apertura de crédito base de la acción; 10) A pagar el Impuesto al valor agregado de intereses moratorios que se generaron después del día dieciocho de febrero del año dos mil veinte y los que se sigan generando hasta la total liquidación del adeudo, los cuales deberán calculares de conformidad con lo pactado en el contrato de apertura de crédito base de la acción; 11) A pagar los demás accesorios legales que se generaron y los que se sigan generando hasta la total liquidación del adeudo, los cuales deberán calcularse de conformidad con lo pactado en el contrato de crédito base de la acción; y, 12) A pagar las cotas y gastos que se originen con motivo del presente juicio. Siendo el valor total de la suma de las prestaciones liquidas reclamadas al día dieciocho de febrero del año dos mil veinte, por la cantidad de 229,957.02 (doscientos veintinueve mil novecientos cincuenta y siete pesos con dos centavos moneda nacional), el cual correspondió conocer al Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, quien lo radicó con el número 775/2020 y admitió a trámite. 2. Una vez emplazada la demandada, por auto de cuatro de octubre de dos mil veintidós (foja 159 del Tomo Anexo), se tuvo a la quejosa Rita Elena Martínez Sauri, contestando la demanda instaurada en su contra, y oponiendo entre otras, la excepción de incompetencia por declinatoria, por lo que se ordenó la remisión de copias certificadas a la entonces Sala Colegiada Penal y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia para la resolución de dicha excepción. 3. Por resolución de siete de diciembre de dos mil veintidós (fojas 450 a 460), la entonces Sala Colegiada Penal y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en autos del toca 219/2022, determinó la improcedencia de la excepción planteada, dicha resolución en su parte conducente es del tenor literal siguiente: "...SEXTO. Estudio de fondo. Como se ha expuesto previamente, la ciudadana Rita Elena Martínez Sauri opuso la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción, sustentándola en las razones precisadas en líneas precedentes. Acotado lo anterior, este Cuerpo Colegiado estima que resulta improcedente la excepción de incompetencia opuesta, atentas las siguientes consideraciones jurídicas y fundamentos de derecho. En principio es de destacar que la excepcionista no acreditó con prueba alguna, la existencia del acuerdo verbal que asegura celebró con la parte actora del Juicio, y en virtud del cual según afirma, en caso de suscitarse algún problema legal, el mismo se sometería al conocimiento del algún Juzgado Federal o de Distrito existentes en la Ciudad de Mérida, Yucatán faltando con ello a lo dispuesto en el artículo 1194 del Código de Comercio que exige de las partes acreditar los hechos constitutivos de su defensa, como se lee de su texto que a la letra dice: "Artículo 1194. El que afirma está obligado a probar. En consecuencia, el acto debe probar su acción y el reo sus excepciones." Y sí, por el contrario, de las constancias procesales que en copia certificada se tienen a la vista para resolver, es de advertirse que nos encontramos ante un Juicio Ejecutivo Mercantil sustentado en el Contrato de Crédito Simple en Moneda Nacional PyME Tasa Fija (CAT) Personas Físicas con Actividad Empresarial con su respectivo Estado de Cuenta Certificado por Contador Facultado por la institución bancaria actora, contrato del que se advierte que en la cláusula VIGÉISMA SÉPTIMA, los signantes pactaron lo siguiente: "VIGÉSIMA SÉPTIMA. LEGISLACIÓN, JURISDICCIÓN Y CUMPLIMIENTO.- Para todo lo previsto en este contrato, se observará lo dispuesto por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley de Instituciones de Crédito y demás disposiciones que resulten aplicables. Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de México, Distrito Federal o los que correspondan al lugar de firma del mismo conforme a lo que aparece en la SOLICITUD, a elección del BANCO, renunciando la ACREDITADA, el (los) OBLIGADO (S), el (los) FIADORES (ES) expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles en función de sus domicilios presentes o futuros." Del análisis de dicha cláusula a la luz de los artículos 1092 y 1093 del Código de Comercio que literalmente disponen: "Artículo 1092. Es juez competente aquel a quien los litigantes se hubieren sometido expresa o tácitamente." "Artículo 1093. Hay sumisión expresa cuando los interesados renuncien clara y terminante al fuero que la ley les concede, y para el caso de controversia, señalan como tribunales competentes a los del domicilio de cualquiera de las partes, del lugar de cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas, o de la ubicación de la cosa. En el caso de que se acuerden pluralidad de jurisdicciones, el actor podrá elegir a un tribunal competente entre cualquiera de ellas." Resulta que de lo instituido en el artículo 1093 del Código de Comercio antes invocado, es evidente que la competencia para conocer del Juicio se surte a favor de un Juez Mercantil de Mérida, Yucatán, ya que en la Solicitud del contrato de crédito referido, se advierte que éste fue celebrado justamente, en la ciudad de Mérida, Yucatán, y asimismo, en la cláusula transcrita con antelación se observa que los contratantes se sometieron expresamente a los Tribunales que correspondieren al lugar de firma del contrato conforme a lo que aparece en la Solicitud, a elección del BANCO, para lo relativo a su interpretación y cumplimiento y renunciaron expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles en función de sus domicilios presentes o futuros, lo que actualiza el supuesto contenido en el artículo 1093 antes invocado. Asimismo, es menester señalar que si bien el Juicio del que deriva esta Toca se rige por ordenamientos de carácter federal, como el Código de Comercio, sin embargo no por ello el conocimiento de dicho asunto compete únicamente a los Tribunales Federales, ya que el artículo 104 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que corresponde a los Tribunales de la Federación conocer todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de Leyes Federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, también señala, que cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares podrán conocer de ellas, a elección del actor, los Jueces y Tribunales del Orden Común de los Estados; es decir, el mencionado dispositivo constitucional establece la jurisdicción concurrente entre Jueces y Tribunales del Orden Común y Federal, en los casos que ese mismo precepto determina. Y en el caso que no atañe, solo se afectan intereses particulares, lo que se afirma ya que se trata de un procedimiento mercantil en el cual contienden, por un lado, como parte actora, Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, ahora, antes Banco Santander (México), Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, y por la otra la ciudadana Rita Elena Martínez Sauri; sin que éstos representen los intereses del Estado, sino lo suyos propios. En tal orden de ideas, toda vez que del contrato basal se desprende que existe sumisión expresa de los contratantes a los Tribunales de la ciudad de Mérida, Yucatán o de la Ciudad de México, a elección de la parte actora, sin establecerse el fuero. Que el Juicio del que se deriva este Toca se trata de un procedimiento mercantil en el que solamente se afectan intereses particulares y que de acuerdo con el precepto Constitucional invocado (artículo 104 fracción II) cuando las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de Leyes Federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, sólo afecten intereses particulares podrán conocer de ellas, a elección del actor, los Jueces y Tribunales del Orden Común de los Estados; en tal virtud, tomando en consideración que la parte actora del Juicio de que se trata, en ejercicio del derecho que al respecto le concede el invocado precepto Constitucional, eligió un Juez del Orden Común, con jurisdicción en esta ciudad de Mérida, Yucatán para conocer del procedimiento de origen, lo que resulta evidente por cuanto presentó su escrito inicial de demanda ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados Civiles, Mercantiles y de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, y no a la del fuero federal, y, que la citada Oficialía de Partes, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 153 y 156 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en relación con lo establecido en el artículo 14 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado supletoriamente, turnó dicha demanda al Juzgado Tercero Mercantil de este Departamento Judicial para la substanciación del Juicio de que se trata; órgano con jurisdicción en todo el territorio de esta ciudad de Mérida, Yucatán, según el Acuerdo General número EX07-110331-03, de fecha treinta y uno de marzo del año dos mil once, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán y publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de fecha cuatro de abril de dos mil once, mismo que estableció la jurisdicción territorial de los tres Departamentos Judicial del Estado, y determinó la Jurisdicción y Competencia por Materia y Territorio, así como la sede de los Juzgados de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado, y en términos de los numerales segundo y sexto, respectivamente, de dicho Acuerdo, se advierte en lo que aquí interesa, que la cabecera del Primer Departamento Judicial, será la ciudad de Mérida, Yucatán, y comprende a los municipios de Mérida, Hunucmá y Ucú, así como que los Juzgados Primero, Segundo, Tercero y Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Mérida, Yucatán, tienen jurisdicción en los municipios de Mérida, Hunucmá y Ucú, y conocerán en primera instancia de todos los asuntos en materia mercantil, en el ámbito de su jurisdicción; de lo que se colige, que el órgano de primera instancia resulta legalmente competente para conocer del Juicio Ejecutivo Mercantil instado, y por lo consiguiente su titular, por ser una de las Autoridades facultadas por la Ley para ese efecto, y haber sido elegida su competencia por la parte actora. Con lo que se acata, además, el sometimiento expreso formulado y se corrobora la competencia de la Juez de primera instancia para conocer del Juicio Ejecutivo Mercantil de donde dimana el presente Toca, por lo que resulta notoriamente improcedente la excepción a estudio. A mayor abundamiento, cabe recalcar a la impetrante que, el artículo 3° de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, dispone que corresponde al Poder Judicial del Estado de Yucatán, en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado y demás leyes que de ellas deriven, la atribución de impartir justicia y aplicar leyes y normas de carácter general en materias constitucional, civil, familiar, mercantil, de justicia para adolescentes, penal, electoral, administrativa, laboral y en los asuntos de carácter federal, cuando expresamente las leyes, convenios y acuerdos que resulten aplicables, le confieran jurisdicción; así como, de expedir las disposiciones reglamentarias e esta Ley; y que asimismo, el artículo 112, del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, establece que los Juzgado Mercantiles tendrán a un titular denominado Juez Mercantil quién conocerá en primera instancia de los asuntos contenciosos mercantiles cualquiera que sea la cuantía de éstos así como de los procedimientos especiales previstos en las diversas leyes mercantiles, resulta por ende, que los preceptos legales antes invocados son los que determinan la competencia del juzgado de primera instancia en cuanto a la aplicación de la materia mercantil, que es precisamente la que rige el procedimiento de origen, por lo que, se reitera, en el juicio de que se trata se encuentra plenamente acreditada la competencia de la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado para conocer del presente asunto. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, la Jurisprudencia número 1ª./J.5/97 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento cincuenta y cinco del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, Enero de 1997, Novena Época con número de Registro digital 199507, que a la letra dice: "COMPETENCIA EN UN JUICIO ORDINARIO MERCANTIL. CORRESPONDE AL JUEZ A QUIEN LAS PARTES SE SOMETIERON EN EL CONTRATO. (.)" También corrobora el criterio sostenido en este fallo, la Jurisprudencia por contradicción de Tesis 1ª./J/17/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quinientos treinta y seis del Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de Registro 164576, cuyo tenor literal dice: "JURISDICCIÓN CONCURRENTE. SI EN EL CONTRATO MERNCATIL LAS PARTES NO ESPECIFICAN EL FUERO DEL TRIBUNAL A CUYA COMPETENCIA SE SOMETEN, DEBE QUEDAR A SALVO SU DERECHO PARA ACUDIR A LA POTESTAD JURISDICCIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL O LOCAL DE SU ELECCIÓN. (.)." SÉPTIMO. Multa y sanción pecunaria. En mérito de lo resuelto, cabe precisar que no procede imponerle a la demandada Rita Elena Martínez Sauri, la multa y sanción pecuniaria, previstas, respectivamente, en los artículos 1097 y 1118, ambos del Código de Comercio, pues de las actuaciones contenidas en el Toca en que se actúa, no se advierten elementos que hagan deducir que dicha excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción, se haya opuesto sin razón, con el claro propósito de alargar o entorpecer el Juicio, o con mala fe, ya que si bien es cierto que la demandada no acreditó en modo alguno la procedencia de la excepción de referencia, también resulta verdad que esa situación no es suficiente para tener por probadas las circunstancias antes enunciadas, Por lo expuesto, considerado y fundado, es de resolverse y se, R E S U E L V E: Primero. Se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta por Rita Elena Martínez Sauri, ante el Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en los autos del expediente número 775/2020 relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, ahora, antes Banco Santander (México), Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México por conducto de su apoderada María Isabel Puc Ku, en contra de la citada excepcionista ciudadana Rita Elena Martínez Sauri, como acreditada original. En consecuencia, Segundo. Se declara que la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, es legalmente competente para conocer del referido juicio hasta su conclusión. Tercero. No ha lugar a la imposición de la multa y sanción pecuniaria a que se refieren los artículos 1097 y 1118, ambos del Código de Comercio, por las razones expresadas en el Considerando Séptimo de esta resolución, Cuarto. Notifíquese y cúmplase; y en orden a esto último, envíese a la Juez de primer grado copia certificada de la presente ejecutoria y de la constancia de notificación, y en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido. (...)" Esta resolución constituye el acto reclamado en este medio extraordinario de defensa. Ahora bien, en sus motivos de disenso, la quejosa aduce en esencia, que con el dictado de la resolución, la responsable transgrede en su perjuicio los principios de legalidad y certeza jurídica establecidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, en relación a la fundamentación y motivación. Dichos motivos de inconformidad son infundados. En principio, por razón de técnica jurídica, debe analizarse lo que aduce la parte quejosa, en relación a que en la sentencia combatida no se respetaron los requisitos de fundamentación y motivación. Ahora bien, se afirma que es infundado el primer concepto de violación que hace valer la impetrante de amparo, respecto de que la resolución de siete de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el toca 219/2022, que por esta vía combate, carece de fundamentación y motivación, ello en razón de que, de la lectura integral de la misma se advierte que la Sala responsable, sí fundó y motivó la improcedencia de la incompetencia por declinatoria de jurisdicción que planteó la aquí quejosa ante la juez del conocimiento, en autos del juicio ejecutivo mercantil de origen 775/2020, promovido en su contra. Habida cuenta que en la resolución de mérito, luego de establecer su competencia para analizar la excepción hecha valer, en el considerando sexto, la Sala responsable indicó que resultaba improcedente la excepción de incompetencia que planteó la aquí quejosa ante la juez del conocimiento. Que lo anterior era así, porque en principio destacó que la excepcionista no acreditó con prueba alguna, la existencia del acuerdo verbal que aseguró haber celebrado con la parte actora del juicio, y del cual, según afirmó, que en caso de suscitarse algún problema legal, el mismo se sometería al conocimiento del algún Juzgado Federal o de Distrito existentes en la Ciudad de Mérida, Yucatán, faltando con ello a lo dispuesto en el artículo 1194 del Código de Comercio. Además, analizó la cláusula VIGÉISMA SÉPTIMA del Contrato de Crédito Simple en Moneda Nacional PYME Tasa Fija (CAT) Personas Físicas con Actividad Empresarial, a la luz de los artículos 1092 y 1093, del Código de Comercio, de la que resultó que es evidente que la competencia para conocer del juicio se surte a favor de un Juez Mercantil de Mérida, Yucatán, ya que en la solicitud del contrato de crédito referido, se advierte que éste fue celebrado en la ciudad de Mérida, Yucatán, y asimismo, en la cláusula antes referida, se dispuso que los contratantes se sometieron expresamente a los tribunales que correspondieran al lugar de firma del contrato conforme a lo que aparece en la solicitud, a elección del Banco, para lo relativo a su interpretación y cumplimiento y renunciaron expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles en función de sus domicilios presentes o futuros, actualizando con ello, el supuesto previsto en el artículo 1093 antes citado. De igual manera, refirió la sala responsable que el numeral 104, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que corresponde a los tribunales de la federación, conocer todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internaciones celebrados por el Estado Mexicano y que cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares podrán conocer de ellas a elección del actor, los jueces y tribunales del orden común de los estados. Que en otras palabras, el mencionado dispositivo Constitucional establece, la concurrencia de jurisdicción entre jueces y tribunales del orden común, y federal en los casos que ese mismo precepto determina, en donde la norma Suprema Faculta al actor del juicio para elegir los jueces del orden común para que resuelva su reclamo. Así, que en el caso, el juicio de donde dimanaba el toca, es un procedimiento ejecutivo mercantil, promovido por Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México ahora, antes Banco Santander (México), Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, por conducto de su apoderada María Isabel Puc Ku, y por el otro lado, se encontraba la impetrante de amparo, Rita Elena Martínez Sauri, sin que ninguno representara los intereses del Estado, sino los suyos propios, en tanto que la materia del juicio se refería al reclamo de un derecho amparado por un contrato de crédito, y su consecuente falta de pago por la persona a quien se atribuye ese compromiso, de lo que se infería que sólo se afectan intereses particulares. De ahí que si el asunto sometido al conocimiento de la autoridad de origen, es de los de jurisdicción concurrente al tratar cuestiones que interesan únicamente a los particulares y no así al estado, consecuentemente es de actualizarse la facultad que la Norma Constitucional confiere al actor del juicio, de elegir a los jueces locales para dirimir su reclamo. Aunado a lo anterior, que el contrato de crédito fue suscrito en la ciudad de Mérida, Yucatán; siendo que la parte actora acudió ante la Oficialía de partes común, a los juzgados civiles, mercantiles y familiares del Primero Departamento Judicial del Estado, a interponer su demanda, en esta ciudad, por lo que era claro que eligió a la autoridad del orden común para dirimir su controversia, conforme a lo pactado en el contrato de crédito, tal y como lo establece la fracción II del artículo 1104 del Código de Comercio. Asimismo, adujo que la Oficialía de partes, en acatamiento a lo dispuesto en los artículos 112 y 156 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en relación con lo establecido en el artículo 14 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, turnó dicha demanda al Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, para la substanciación del juicio de origen, órgano que de conformidad con el Acuerdo General EX07-110331-03, de fecha treinta y uno de marzo de dos mil once, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, el cuatro de abril de dos mil once, que estableció la jurisdicción y Competencia por Materia y Territorio, así como la sede de los Juzgados de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado, y que en términos de los numerales segundo y sexto, respectivamente, de dicho Acuerdo, se advierte que la cabecera del Primer Departamento Judicial, será la ciudad de Mérida, Yucatán, y que todos conocerán en Primera Instancia de todos los asuntos en materia mercantil, en el ámbito de su jurisdicción, de lo que se colige que, el órgano de primera instancia resulta legalmente competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil instado, y por consiguiente su titular, por ser una de las autoridades facultadas por la Ley para ese efecto, y haber sido elegida su competencia por la parte actora, de ahí que, resultaba notoriamente improcedente la excepción a estudio. Que el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, dispone que corresponde al Poder Judicial del Estado de Yucatán, en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la Constitución Política del Estado y demás leyes que de ella deriven, la atribución de impartir justicia y aplicar leyes y normas de carácter general en materias constitucional, civil, familiar, mercantil, de justicia para adolescentes, penal, electoral, administrativa, laboral y en los asuntos de carácter federal, cuando expresamente las leyes, convenios y acuerdos que resulten aplicables, le confieran jurisdicción; así como expedir las disposiciones reglamentarias de esa Ley, además el artículo 112 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, que establece que los juzgados mercantiles tendrán a un titular denominado Juez Mercantil quien conocerá en primera instancia de los asuntos contenciosos mercantiles cualquiera que sea la cuantía de éstos, así como de los procedimientos especiales previstos en las diversas leyes mercantiles; de ahí que, de los preceptos que invocó determinaban la competencia del juzgado de primera instancia en cuanto a la aplicación de la materia mercantil, la que precisamente es la que rige al procedimiento de origen, por lo que se encontraba plenamente acreditada la competencia de la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial Estado, para conocer de dicho juicio ejecutivo mercantil. Siendo que apoyo dichos argumentos en la jurisprudencia con el rubro: "COMPETENCIA EN UN JUICIO ORDINARIO MERCANTIL, CORRESPONDE AL JUEZ A QUIEN LAS PARTES SE SOMETIERON EN EL CONTRATO". Así como la diversa: "JURISDICCIÓN CONCURRENTE. SI EN EL CONTRATO MERCANTIL LAS PARTES NO ESPECIFICAN EL FUERO DEL TRIBUNAL A CUYA COMPETENCIA SE SOMETEN, DEBE QUEDAR A SALVO SU DERECHO PARA ACUDIR A LA POTESTAD JURISDICICONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL O LOCAL DE SU ELECCIÓN". Que con motivo de lo anterior, no procedía a imponer la multa y sanción pecuniaria, previstas, respectivamente, en los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio, pues de las actuaciones contenidas en el toca en que se actuaba, no se advertían elementos que hicieran concluir que la excepción de incompetencia legal por declinatoria, se hayan opuesto sin razón, con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio, o con mala fe, ya que si bien el inconforme no acreditó tal extremo, también resultaba que ese hecho no era suficiente para tener por probadas las circunstancias antes referidas. Y en mérito de lo anterior, declaró improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por la aquí quejosa, ante la Jueza Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, en autos del juicio ejecutivo mercantil expediente número 775/2020, promovido por Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México ahora, antes Banco Santander (México), Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, por conducto de su apoderada María Isabel Puc Ku, en contra de la citada excepcionista. Motivo por el cual, la Sala responsable, declaró que la Jueza Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, era legalmente competente para conocer del referido juicio hasta su conclusión; siendo que no había lugar a imponer la multa y sanción pecuniaria a que se referían los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio, por las razones que se expusieron en el considerando séptimo de esa resolución. En ese sentido, cabe mencionar que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." El artículo transcrito contiene los derechos fundamentales de seguridad jurídica y debida fundamentación y motivación, debiéndose entender por lo primero que ha de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, también con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas consideración para su emisión; y es necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. De lo expuesto, debe establecerse que, en toda resolución jurisdiccional, a fin de cumplir con los requisitos de fundar y motivar, se deben citar los preceptos legales aplicables al caso, así como precisar todas aquellas circunstancias especiales, razones particulares o causas imputadas en forma pormenorizada, tomadas en consideración para demostrar dichos extremos. O sea, es necesaria la existencia de adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas de los preceptos invocados como fundamentación, debiendo establecerse la relación existente entre uno y otro. Luego, la motivación indica que las circunstancias y modalidades del caso particular encuadran dentro del marco general correspondiente establecido por la ley; así, cuando determinada conducta no corresponde o no encuadra en el caso concreto contemplado por la norma jurídica, el acto de autoridad violará la exigencia de la motivación legal, aun cuando esté previsto en una ley, es decir, aunque esté fundado. En síntesis, la motivación legal implica la necesaria adecuación, que debe hacer la autoridad, entre la norma general fundatoria y el caso específico en el cual va a surtir sus efectos. Ilustra esto último, la jurisprudencia 73 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 52, Tomo III, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, que a la letra dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Así como la diversa jurisprudencia 338, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Séptima Época, Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, página 227, de rubro y texto siguiente es: "MOTIVACIÓN, CONCEPTO DE. La motivación exigida por el artículo 16 constitucional consiste en el razonamiento, contenido en el texto mismo del acto autoritario de molestia, según el cual quien lo emite llega a la conclusión de que el acto concreto al cual se dirige se ajusta exactamente a las prevenciones de determinados preceptos legales. Es decir, motivar un acto es externar las consideraciones relativas a las circunstancias de hecho que se formula la autoridad para establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal". Entonces, el acto reclamado debe cumplir con los siguientes lineamientos: 1. Que se exprese por escrito y contenga la firma original o autógrafa del respectivo funcionario; 2. Que provenga de autoridad competente; y 3. Que los documentos escritos en los que se exprese, se funde y motive la causa legal del procedimiento. En lo que aquí interesa, el tercero de los requisitos de legalidad, consistente en la exigencia de fundamentación, es entendida como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer la autoridad mediante el acto que emita, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad, que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Mientras que la exigencia de motivación, como se dijo, se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar; presupuestos, el de fundamentación y motivación, que deben coexistir y se suponen mutuamente, pues no es posible citar disposiciones legales sin relacionarlas con los hechos de que se trate, ni exponer razones sobre hechos que carezcan de relevancia para dichas disposiciones. Desde luego, se insiste, la correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho, supone necesariamente un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate. Así en el caso, tal y como se advierte de la anterior relatoría, la Sala responsable, al momento de resolver sobre la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por la aquí impetrante del amparo, en el juicio de origen, y contrario a lo que afirma ésta, sí cumplió con el artículo 16 Constitucional, habida cuenta que de la misma, se aprecia que ésta se encuentra fundada y motivada, en tanto que la Sala responsable expuso las razones y los fundamentos legales, así como diversas tesis en las que se apoyó para arribar a la conclusión de que la incompetencia que planteó resultaba improcedente, por lo que con ello, se satisface el derecho de fundamentación y motivación, así como el de seguridad jurídica, dado que además, se aprecia que los argumentos expuestos a lo largo de la resolución impugnada, y las normas que señaló la autoridad responsable, sí guardan relación con la excepción que fue planteada y analizada por el Tribunal de Alzada. Es decir los fundamentos legales que se vertieron a lo largo de la resolución que por esta vía se impugna, junto con los argumentos que expuso acertadamente la Sala responsable, demuestran que existe adecuación entre los mismos y lo que se resolvió, a fin de dar contestación a lo que adujo la justiciable al momento de plantear la excepción que ahora nos ocupa, de ahí lo infundado de dicho argumento. Máxime que al respecto, la quejosa se limita a señalar de manera dogmática que la resolución reclamada carece de fundamentación y motivación, sin controvertir las razones y preceptos legales en que se apoyó la Sala para resolver la excepción sujeta a su consideración, de ahí que ante la falta de impugnación, dichas consideraciones subsisten. De igual forma, por lo que respecta al diverso argumento que hace valer la quejosa, en el sentido de que la Sala responsable, omitió analizar las pruebas que se ofrecieron para acreditar la excepción de incompetencia por declinatoria que planteó. Debe decirse que el mismo también resulta infundado. Lo anterior, porque en el considerando cuarto de la resolución que nos ocupa, claramente se advierte que la autoridad responsable, mencionó cuales eran las pruebas ofrecidas por la excepcionista siendo éstas, las documentales públicas 1) Consistente en todas y cada una de las actuaciones relacionadas con el Toca en que se actúa; 2) Consistentes en las copias certificadas de las constancias del expediente número 598/2020, expedidas por el Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, a la cual le otorgó valor probatorio pleno de conformidad con lo establecido en el artículo 1294 del Código de Comercio; así como la diversa documental privada Consistente en el Contrato de Crédito Simple en Moneda Nacional PyME Tasa Fija (CAT) Personas Físicas con Actividad Empresarial de fecha catorce de junio de dos mil dieciocho, a la cual le otorgó valor probatorio pleno, al tenor del ordinal 1296 del invocado Código, siendo que de la misma indicó que se advierte que en la cláusula VIGÉSIMA SÉPTIMA "las partes estipularon que, para todo lo no previsto en este contrato, se observará lo dispuesto por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley de Instituciones de Crédito y demás disposiciones que resulten aplicables. Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de México, Distrito Federal o los que correspondan al lugar de firma del mismo conforme a lo que aparece en la SOLICITUD, a elección del BANCO, renunciando la ACREDITADA, el (los) OBLIGADO(S), el (los) FIADOR(ES) expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles en función de sus domicilios presentes o futuros." Además, adujo la responsable que el contrato de crédito fue celebrado en la ciudad de Mérida, Yucatán, lugar donde los contratantes se sometieron expresamente a los tribunales que correspondieren al lugar de firma del contrato conforme a lo que aparece en la Solicitud, a elección del Banco; siendo que la parte actora había acudido ante la Oficialía de partes común, a los juzgados civiles, mercantiles y familiares del Primero Departamento Judicial del Estado, a interponer su demanda, en esta ciudad, por lo que era claro que eligió a la autoridad del orden común para dirimir su controversia. Lo expuesto denota que, contrario a lo que expone la impetrante de amparo, la Sala responsable, sí se ocupó de otorgarle valor a las pruebas y analizar las que ofreció al momento de plantear la excepción de incompetencia, que nos ocupa, de ahí lo infundado de dicho argumento. Amén de que el impetrante de amparo, no fue específico en señalar qué pruebas no le fueron analizadas ni relacionadas en la resolución impugnada, limitándose a realizar una afirmación generalizada; de ahí que en esta autoridad se encuentra impedida para arribar a una conclusión diversa al respecto. Ahora bien, en cuanto al argumento que hace valer en el sentido de que el único caso en el que la autoridad judicial puede rechazar o desechar la admisión de una prueba, está contemplado en el numeral 165 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en la hipótesis que en forma taxativa o limitativa se señala, supuesto que en la especie no se da, y por ende, el auto recurrido es violatorio; el mismo deviene inoperante, dado que con tales argumentos en modo alguno, combaten las consideraciones fundamentales que se sustenta el acto reclamado. Es aplicable la tesis XX.26 K, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Agosto de 1995, Novena Época, Materia Común, página 483, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES. HIPOTESIS EN QUE DEBEN DECLARARSE. Los casos por los cuales deben declararse inoperantes los conceptos de violación que se hacen valer en una demanda de amparo directo, en materia civil, administrativa o laboral, son: 1. Cuando los argumentos que integran los conceptos de violación no atacan ninguno de los fundamentos del fallo reclamado; y, 2. Cuando solamente se atacan algunos de los argumentos que rigen la sentencia materia de amparo, pero se dejan intocados otros." Ahora bien, lo inoperante de tal argumento que aduce la quejosa, radica en el hecho de que con él no combate las consideraciones torales que expuso la Sala responsable, como sustento para emitir la resolución que nos ocupa, en la que determinó declarar competente al Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, para conocer del referido juicio ejecutivo mercantil número 775/2020, promovido por Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México ahora, antes Banco Santander (México), Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, por conducto de su apoderada María Isabel Puc Ku, en contra de la citada excepcionista. Esto es, que el numeral 104, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que corresponde a los tribunales de la federación, conocer todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internaciones celebrados por el Estado Mexicano y que cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares podrán conocer de ellas a elección del actos, los jueces y tribunales del orden común de los estados, que el mencionado dispositivo Constitucional establece, la concurrencia de jurisdicción entre jueces y tribunales del orden común, y federal en los casos que ese mismo precepto determina, en donde la norma Suprema Faculta al actor del juicio para elegir los jueces del orden común para que resuelva su reclamo. Siendo que del contrato de crédito se advertía que fue celebrado en la ciudad de Mérida, Yucatán, lugar donde las partes contrayentes se sometieron expresamente a los tribunales que correspondieren al lugar de firma del contrato; y con motivo de ello, la parte actora acudió ante la Oficialía de partes común, a los juzgados civiles, mercantiles y familiares del Primero Departamento Judicial del Estado, a interponer su demanda, en esta ciudad, por lo que era claro que eligió a la autoridad del orden común para dirimir su controversia, conforme a lo pactado en el documento base de la acción, tal y como lo establece la fracción II del artículo 1104 del Código de Comercio. Por tanto, es obvio que los conceptos de violación examinados no combaten los razonamientos que apoyan la resolución que por esta vía se combate. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen CXXVI, Cuarta Parte, Sexta Época, página 27, cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACION. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan los fundamentos del fallo impugnado, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza la fracción II del artículo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafos del 76, también reformado, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se trate de un caso en materia penal en que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable." También apoya lo anterior la jurisprudencia identificada con el número 499, visible en la página 351, del Apéndice de 1995, Tomo IV, Parte TCC, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con el epígrafe y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES. LO SON CUANDO NO SE COMBATEN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO NI SE ESTA EN ALGUNO DE LOS CASOS DE SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTOS EN LA LEY. Si en un juicio de amparo en materia civil, el quejoso omite controvertir y, por lo mismo, demostrar, que las consideraciones medulares en que se sustenta el fallo reclamado son contrarias a la ley o a la interpretación jurídica de la misma, sin que, por otra parte, se surta alguna de las hipótesis previstas por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en cuya virtud deba suplirse la queja deficiente en favor del agraviado; los conceptos de violación resultan inoperantes y debe negarse la protección constitucional solicitada." Igualmente es aplicable al caso por analogía, la jurisprudencia identificada con el número 639, visible en la página 429, del Apéndice de 1995, Tomo V, Parte TCC, Octava Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, con la sinopsis siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES. Si los conceptos de violación que hace valer el patrón quejoso, no combaten las consideraciones que rige el sentido del laudo reclamado, dichos conceptos resultan inoperantes." Luego, en virtud de ser infundados e inoperantes los argumentos que expone la quejosa en sus conceptos de violación, se impone negar el amparo y protección de la Justicia Federal a Rita Elena Martínez Sauri. SEXTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a RITA ELENA MARTÍNEZ SAURI, en contra de los actos que reclamó de la entonces Sala Colegiada Penal y Mercantil, ahora Sala Colegiada Mercantil, de Extinción de Dominio y Laboral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por las razones señaladas en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese personalmente y cúmplase.
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · 11,514 expedientes
- Rigoberto Caamal Ek1618/2019
- Rigoberto Oswaldo Paz Cen308/2018
- Rigoberto Otero Carrillo2394/2021
- Rilke Armando Rosado Castro2553/2022
- Rinelda de los Angeles Espinosa Cámara1054/2023
- Rita del Socorro Crespo Padilla697/2019
- Rita Eline Alpuche Aviles929/2023
- Rita Esther Cruz Soriano646/2019
- Rita Esther Cruz Soriano2399/2021
- Rita Esther Cruz Soriano465/2018
- Rita Esther Cruz Soriano708/2017
- Rita Esther Cruz Soriano112/2017