Rita Elena Espinoza o Espinosa Briceño
Expediente 208/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 208/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Rita Elena Espinoza o Espinosa Briceño
Actuaciones
- Principal
(CITATORIO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el citatorio de veintiuno de los corrientes recibido en su domicilio; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de diecinueve de abril del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el treinta y uno de marzo del presente año en el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que lo hubiera hecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 98 y demás relativos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales. Por otra parte, toda vez que de la segunda de las certificaciones de cuenta, se desprende que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo. En cumplimiento al artículo Vigésimo Primero, fracción I, del referido acuerdo, se establece que transcurrido cinco años este expediente es susceptible de destrucción, por haberse desechado de plano la demanda de amparo. Asimismo, en observancia a lo previsto en el punto Décimo Primero, segundo párrafo, del mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto Vigésimo Primero, último párrafo, del citado acuerdo; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa.
- Principal
(AVISO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado el cinco de los corrientes; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de treinta y uno de marzo del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Vista la demanda de amparo de cuenta, por medio de la cual ********* solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos que atribuye al Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo y otras autoridades; se manda formar expediente, regístrese en el Libro de Gobierno bajo número 208/2016. Desechamiento de la demanda. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto legal en mención señala que para que el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad.". Cabe destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Ahora, la promovente como acto reclamado hizo valer lo siguiente: "[.] IV.- ACTO RECLAMADO: El auto emitido por la responsable en fecha dos de marzo del año Dos mil dieciséis dentro del expediente 274/2014, dentro de la diligencia del desahogo de pruebas en donde la autoridad señalada como responsable declaran (sic) desierta la prueba testimonial a cargo de mis testigos propuestos.[.]" Luego, del análisis integral de la demanda que nos ocupa se advierte que en el capítulo de hechos y antecedentes del acto reclamado, la citada promovente manifiesta, en lo que interesa, que: "(.) HECHOS Y ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO [.] 5.- En fecha dos de marzo de 2016 se llevó a cabo la diligencia para la continuación del desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes en donde se declararon desiertas las pruebas testimoniales que ofrecí de mi parte, razón por la que promuevo el juicio de garantías (sic). (.)" De las transcripciones anteriores se advierte que la promovente lo que reclama por esta vía es la resolución de dos de marzo del presente año, dictada en los autos del juicio ejecutivo mercantil 274/2014, del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en la que el Juez Civil responsable determinó -según su dicho- declarar desiertas las pruebas testimoniales que ofreció con su escrito de contestación a la demanda civil, incoado en su contra. Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último interpretado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Así las cosas, se colige que el acto de molestia no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, pues no afecta de manera directa e inmediata los derechos sustantivos del promovente contenidos en los derechos fundamentales que en su favor tutela la Constitución General de la República, toda vez que sólo entraña posibles infracciones a sus derechos adjetivos que, únicamente, producen efectos de carácter formal, es decir, meramente procesales. En efecto, la circunstancia de que la autoridad responsable haya determinado declarar desiertas las pruebas testimoniales ofrecidas por la actora -aquí quejosa- en el juicio de origen, no constituye un acto que tenga una ejecución que sea de imposible reparación, pues sólo establece una posible afectación a derechos adjetivos o meramente procesales, que puede reclamar al dictar la sentencia definitiva mediante el medio de impugnación correspondiente. Por ende, las violaciones que en un momento dado llegaren a cometerse con el acto reclamado, al constituir únicamente posibles infracciones a las leyes del procedimiento, acorde a lo dispuesto en el artículo 172, fracción XII, en relación con la fracción III, aplicado a contrario sentido, de la ley de la materia, podrán quedar subsanadas con posterioridad si la resolución que ponga fin al procedimiento resulta finalmente favorable a sus intereses y, aun cuando ello no sea así, podrá reclamarla en el recurso ordinario que la ley aplicable al caso prevea o , bien, mediante el amparo directo que, en su caso y oportunidad, promueva contra el fallo definitivo. Sirve de apoyo, a las anteriores consideraciones, la Jurisprudencia 244, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 164, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, contrario sensu, cuyo contenido es el siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable", los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio.". De igual forma, la diversa tesis X.1o.23 C sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, visible en la página 898, Tomo XI, mayo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia civil, Novena Época, que dice: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE CONFIRMA LA INDEBIDA O ILEGAL ADMISIÓN DE PRUEBAS A LA CONTRAPARTE DEL QUEJOSO EN EL JUICIO NATURAL. Acorde al artículo 246 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, las partes tienen la facultad de recurrir mediante el recurso de apelación el auto que admite pruebas, a fin de subsanar o reparar la violación al procedimiento en que incurra el Juez natural, circunstancia esta que obliga a que las partes interpongan los recursos correspondientes durante el respectivo juicio natural y no hasta que se dicte sentencia definitiva, lo que implica que el inconforme no debe esperar hasta que se emita el fallo final para rebatir el proceder del Juez de origen al admitir el o los medios de convicción; empero, lo anterior no tiene la consecuencia de hacer procedente el amparo indirecto contra la determinación que confirme la indebida o ilegal admisión de pruebas, dado que el procedimiento del cual emana el acto reclamado y la procedencia del juicio constitucional, son cuestiones diferentes; una cosa es el hecho de que una de las partes en el juicio de origen interponga los recursos correspondientes en contra de determinados actos del Juez natural por considerarlos ilegales, y otra cosa es la procedencia del juicio de amparo indirecto contra lo resuelto en el recurso, pues éste es procedente sólo en los casos previstos por el artículo 114 de la Ley de Amparo; por lo tanto, la resolución que confirma la admisión de pruebas de la contraparte del quejoso, no encuadra en ninguna de las fracciones aludidas, y ello evidencia la improcedencia del juicio de amparo." En esas condiciones, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se analiza. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que cita en su escrito de demanda, y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Milton Raúl Martínez González, Felipe Amador Garza Sánchez y Edgar de Jesús Moo Uc, quienes no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, máxime que el presente asunto versa en materia civil. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 Constitucional, de conformidad con el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio, dentro del término a que alude el artículo 24 de la ley de la materia
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