Rina Manuela Hercila Camara
Expediente 680/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 680/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Rina Manuela Hercila Camara
- Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA VII. Se declara que la expresada resolución que sobreseyó el presente juicio de garantías, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, así como que carece de documentos originales, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo antes citado.
- Principal
MESA VII. R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Rina Manuela Hercila Cámara o Rina Manuela Hercila, contra el acto que reclamó de la Jueza Segundo Civil del Primer Departamento Judicial y del Secretario de Seguridad Pública, ambos del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida; precisados en el resultando primero de esta determinación, y por los motivos expuestos en los considerandos segundo y quinto de la misma. SEGUNDO. En acatamiento a lo resuelto en el último considerando de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública, con la certificación secretarial respectiva, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.
- Principal
Audiencia constitucional. En Mérida, Yucatán, a las diez horas con siete minutos del trece de julio de dos mil diecisiete, día y hora señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo VII.683/2017, promovido por Rina Manuela Hercila Cámara o Rina Manuela Hercila, estando en audiencia pública Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización otorgada en sesión de veinte de junio de dos mil diecisiete, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y comunicado en oficio CCJ/ST/2870/2017, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, se procede a celebrarla sin constar con la asistencia de las partes. Por tanto, el Secretario encargado del despacho declara abierta la audiencia. El Secretario hace relación de la demanda y demás constancias de autos y da cuenta con los informes justificados rendidos por las autoridades señaladas como responsables, los cuales obran agregados en los presentes autos. Acto seguido, el Secretario encargado del despacho acuerda: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos en tiempo y forma los informes justificados de las autoridades responsables, para que sean tomados en consideración como correspondan. Abierto el período de pruebas, se hace relación de la prueba documental que la quejosa acompañó a su escrito inicial de demanda, consistente en una constancia de posesión, respecto del lote marcado con el número tres, manzana uno, ubicado en el ex plantel conocido como "El Tamarindo", perteneciente al ejido de Chuburná, Yucatán; así como con las constancias remitidas por el Juez responsable como anexo a su informe de ley. A lo que el Secretario encargado del despacho acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas y desahogadas las pruebas de referencia, por su propia y especial naturaleza jurídica. Abierto el periodo de alegatos, no se da cuenta con promoción alguna, por lo que se cierra dicha etapa. Asimismo, se hace constar que la agente del Ministerio Público Federal adscrita, no interviene ni formula alegato ministerial. A continuación, el Secretario encargado del despacho procede a declarar cerrada la audiencia y a dictar la siguiente resolución. Vistos, para resolver el presente juicio de amparo 680/2017-VII, promovido por Rina Manuela Hercila Cámara o Rina Manuela Hercila, contra el acto que reclamó del Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, y de otra autoridad, por violación a los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. En demanda de amparo presentada el treinta de mayo de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, de la que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Tercero de Distrito, Rina Manuela Hercila Cámara o Rina Manuela Hercila, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y las autoridades siguientes: "III.- AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: Como ordenadora al C. JUEZ SEGUNDO CIVIL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO, con domicilio conocido. Y como ejecutora al C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO." "IV.- ACTO RECLAMADO: Reclamo del C. JUEZ SEGUNDO CIVIL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO, un acuerdo relativo al desalojo con auxilio de la fuerza pública del tablaje Catastral 13645 dictado dentro del Juicio 607/2012. Y del C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA la ejecución de dicho acuerdo." SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante acuerdo de uno de junio de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo; se ordenó dar a la Representante Social de la Federación adscrita a este Juzgado, la intervención legal que le compete; se solicitó a las autoridades responsables sus respectivos informes justificados; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgador Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 33, fracción IV, 35 y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, modificado por diverso 38/2016; por reclamarse en el presente asunto una determinación en materia civil, cuya ejecución tiene lugar en esta entidad federativa, donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, el Jefe del Departamento de Sanciones, Remisión y Trámite de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, negó la existencia del acto de ejecución que se le reclama, sosteniendo que no tiene para cumplimiento alguna orden de desalojo respecto del tablaje que defiende la quejosa; misma negativa que no fue desvirtuada por ésta. Consecuentemente, al ser esto así, y al resultar que la quejosa no aportó pruebas idóneas y eficaces tendientes a desvirtuar la negativa efectuada por la citada responsable, en cuanto a la existencia del acto reclamado, lo procedente en el caso es sobreseer en este juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y en la jurisprudencia del rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." TERCERO. Existencia del acto reclamado. Por su parte, el Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, en su informe de ley, aceptó la existencia del acto que le fue atribuido, en los términos que precisó en el mismo, por lo que se tiene por plenamente probado tal acto. Es aplicable, en la especie, la tesis de jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, Tomo VI, Materia Común, Sección: Jurisprudencia SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 - 2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que, además, se corrobora con las constancias remitidas por el Juez de origen adjuntas a su informe de ley, consistentes en la copia certificada del expediente 607/2012 de su índice, relativo al juicio de interdicto para recuperar la posesión; documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por haber sido expedidas por una autoridad judicial en ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época, con el epígrafe y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Antecedentes del procedimiento natural. De las constancias que acompañó el Juez de origen, como anexo a su informe justificado, consistentes en copias certificadas del juicio de interdicto para recuperar la posesión 607/2012, del índice del Juzgado Segundo Civil en el Estado de Yucatán, en lo que interesa, se advierten las actuaciones siguientes: 1) El veintidós de agosto de dos mil doce, se tuvo a Horacio Herbé Rodríguez Abraham, Ligia Lizbeth Sahuí Abraham, Zara Ester Rodríguez Sahuí y Herbé Jesús Rodríguez Sahuí, promoviendo juicio de interdicto para recuperar la posesión contra Jorge Toledo Fuentes, registrándose con el número 607/2012. 2) El veintiséis de octubre de dos mil quince, el Jueza Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, emitió la resolución correspondiente en el juicio de interdicto para recuperar la posesión 607/2012, condenándose a Jorge Toledo Fuentes a restituir a la parte actora en el juicio de origen, de la posesión y tenencia del tablaje catastral número trece mil seiscientos cuarenta y cinco, ubicado en la colonia Chuburná de Hidalgo, en esta ciudad de Mérida, Yucatán. 3) Por acuerdo dictado el dos de marzo de dos mil diecisiete, se concedió al demandado Jorge Toledo Fuentes, el término de veinte días para que diera cumplimiento a lo sentenciado en el juicio 607/2012. 4) Posteriormente, el doce de abril de dos mil diecisiete, el Jueza Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, emitió un acuerdo en el que ordenó al Actuario de su adscripción, restituir a la parte actora en el juicio de origen, de la posesión y tenencia del tablaje catastral trece mil seiscientos cuarenta y cinco, ubicado en la colonia Chuburná, de esta ciudad de Mérida, Yucatán. Ahora bien, sentado lo anterior, se estima pertinente indicar que la justiciable Rina Manuela Hercila Cámara o Rina Manuela Hercila, acude a esta instancia constitucional ostentándose tercera extraña al procedimiento de origen, pues aduce que la diligencia ordenada por la Juez responsable en el juicio 607/2012, pretende cumplimentarse en el lote marcado con el número tres, manzana uno, ubicado en el ex plantel conocido como "El Tamarindo", del cual aduce es posesionaria y legitima ocupante. QUINTO. Improcedencia del juicio constitucional. No se analizará el fondo de la inconstitucionalidad planteada, toda vez que, en el caso, el suscrito advierte que se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es preponderante al fondo del asunto por tratarse de una cuestión de orden público; ello, en atención a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia por reiteración número ochocientos catorce, visible en la página quinientos cincuenta y tres, del tomo seis, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, materia común, número de registro digital 394770, que aparece bajo el rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." En efecto, el suscrito estima que por cuanto hace al acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XII.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Para robustecer la causa de improcedente aludida, resulta necesario analizar el contenido del artículo 107, fracción VI, de la Ley de la Materia, que dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: .VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas." Por su parte, los artículos 5°, fracción I y 6° de la Ley de la Materia, estatuyen: "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta ley." "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que para determinar la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a la autoridad que lo emite, el quejoso debe acreditar el interés jurídico o legítimo que le asiste cuando promueve la acción, de la siguiente manera: a) Tratándose del interés jurídico, es necesario demostrar la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente que podrá o no estar justificado, pero que legitima el ejercicio de la acción. b) Por lo que respecta al interés legítimo, se debe acreditar la presencia de una norma que establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de alguna colectividad determinada; la afectación de ese interés difuso en perjuicio de la colectividad por la ley o acto que se reclama; y, la pertenencia de la parte quejosa a dicha colectividad. La interpretación en comento, se encuentra contenida en la tesis 2a. LXXX/2013, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil ochocientos cincuenta y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, septiembre de dos mil trece, tomo 3, décima época, materia común, con número de registro digital 2004501, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." Por tanto, para la procedencia del juicio de amparo es necesario que el quejoso acredite contar con un interés jurídico, o bien, tener un interés legítimo ya sea individual o colectivo. Es preciso señalar, que en el caso, la justiciable Rina Manuela Hercila Cámara o Rina Manuela Hercila, se encontraba obligada a justificar que tiene interés jurídico para instar el juicio constitucional, puesto que reclama un acto proveniente del Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, descartándose por lo tanto, el análisis del interés legítimo (individual o colectivo). Una vez precisadas tales premisas, quien resuelve considera que, por lo que respecta al acto reclamado, consistente en el acuerdo de doce de abril de dos mil diecisiete, dictado por la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, en el que ordenó la entrega de la posesión del tablaje catastral trece mil seiscientos cuarenta y cinco, ubicado en la colonia Chuburná, de esta ciudad de Mérida, Yucatán, a la parte actora en el juicio 607/2012, al que aduce la quejosa ser tercera extraña, se surte la causa de improcedencia en análisis, en atención a que tal acto no afecta su interés jurídico. Esto es así, pues de la revisión de las constancias exhibidas por la autoridad judicial responsable, se advierte que el predio que se pretende poner en posesión de los ahora terceros interesados, es el tablaje catastral trece mil seiscientos cuarenta y cinco, ubicado en la colonia Chuburná, de esta ciudad de Mérida, Yucatán; por su parte, la parte quejosa acude a esta instancia constitucional en defensa del inmueble consistente en el lote marcado con el número tres, manzana uno, ubicado en el ex plantel conocido como "El Tamarindo". Por lo anterior, es evidente que no existe certeza de que el predio cuyo desalojo se ordenó en el juicio 607/2012, corresponda al que la quejosa aduce ser titular. En esa virtud, se concluye que el inmueble ubicado en el lote marcado con el número tres, manzana uno, ubicado en el ex plantel conocido como "El Tamarindo", que por esta vía defiende la quejosa, no guarda relación alguna con el esgrimido en la resolución impugnada, por lo que al no haber identidad entre dichos predios, se estima que no se ve afectado el interés jurídico de la peticionaria del amparo. Por lo tanto, como se adelantó, el acto reclamado precisado con antelación, no le causa afectación al interés jurídico de la quejosa, pues en esa controversia no se estableció ninguna obligación a su cargo, ni menos aún se le restringe derecho subjetivo alguno con la emisión de ese acto, el que tampoco se encuentra dirigido a ésta, de ahí que lo resuelto en ese procedimiento no perjudica en modo alguno sus derechos fundamentales. En el caso, se reitera, la quejosa se ostenta poseedora legítima del inmueble ubicado en el lote marcado con el número tres, manzana uno, del ex plantel conocido como "El Tamarindo", lo cual acredita con la copia certificada de la constancia de posesión expedida por el Comisariado Ejidal del Ejido de Chuburná, del Municipio de Mérida, Yucatán; aduciendo que el Juez natural, en el acuerdo un acuerdo dictado en el expediente 607/2012, ordenó la entrega del referido inmueble a los hoy terceros interesados Horacio Herbé Rodríguez Abraham, Ligia Lizbeth Sauhí Abraham, Zara Ester Rodríguez Sahuí o Sara Ester Rodríguez Sahuí y Herbé Jesús Rodríguez Sahuí, sin que hubiera acreditado en autos, que se trata del mismo que dio origen al controvertido de origen. Sin embargo, resulta indiscutible que para comparecer a esta instancia constitucional, la parte quejosa debía acreditar su interés jurídico de manera fehaciente, con datos inequívocos. Cabe precisar que, atento al carácter con el que se ostenta la promovente del amparo; es decir, de ajena a la litis de primera instancia y agraviada directa, con motivo de la emisión del acto reclamado, resulta imprescindible analizar la eficacia de la única probanza en la que hace descansar su interés jurídico, aun cuando el resultado sólo sea para determinar la procedencia del juicio. En ese sentido, la parte quejosa solamente ofreció, como prueba de su parte, con la finalidad de demostrar lo argumentado en su demanda de amparo, la copia certificada de la constancia de posesión expedida por el Comisariado Ejidal del Ejido de Chuburná, del Municipio de Mérida, Yucatán, respecto del lote marcado con el número tres, manzana uno, del ex plantel conocido como "El Tamarindo"; documental con la que la hoy quejosa pretende acreditar que es posesionaria del citado predio y que el acto reclamado afecta su derecho de propiedad. Por ello, con entera independencia del alcance de la prueba aportada, es evidente que el acto reclamado no provoca un agravio personal y directo en la esfera jurídica de la peticionaria del amparo, pues como se advierte de la relación de constancias que antecede, en el caso concreto, el inmueble sobre el cual se aceptó por parte del Juez responsable que se ordenó la entrega de la posesión reclamada, es el tablaje catastral trece mil seiscientos cuarenta y cinco, ubicado en la colonia Chuburná, de esta ciudad de Mérida, Yucatán, el cual es completamente del diverso del que por esta vía defiende la quejosa. Por tal motivo, no existe una causa objetiva con base en la cual se pueda deducir, ni afirmar, que los derechos de posesión ni mucho menos los de propiedad del inmueble que defiende la parte quejosa, puedan verse afectados de manera real por la orden expedida por la autoridad judicial responsable, al no existir identidad entre ese inmueble y aquel cuya posesión se ordenó entregar a los hoy terceros interesados; por lo que se considera que el acto reclamado no ocasiona un agravio personal y directo a la parte quejosa de los derechos de propiedad o de posesión que defiende, respecto del inmueble precisado en su demanda de amparo. Sin que sea óbice para lo anterior, que la quejosa haya aportado la prueba relacionada anteriormente, la que es valorada en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 133, 202, 203 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme lo dispone el segundo precepto de la Ley de Amparo. Ello, porque tal probanza, resulta insuficiente para demostrar el interés jurídico que ostenta, pues debe puntualizarse que para efectos del presente juicio constitucional, como ha quedado establecido en párrafos que anteceden, no existe identidad entre el inmueble que defiende, con el que se es materia de la litis natural. Se afirma lo anterior, pues aun cuando la parte quejosa, con la referida prueba, lo que pretende es acreditar que es posesionaria legítima del lote marcado con el número tres, manzana uno, del ex plantel conocido como "El Tamarindo"; también lo es, que no existe identidad con el predio que fue materia de litis en el juicio del que deviene el acto reclamado aquí analizado, por lo que es claro que sobre el predio del cual se ostenta posesionaria, no existe controversia sometida a análisis judicial. En otras palabras, no se demostró que sea el mismo, es decir, que el predio del cual se ostenta propietaria o posesionaria la quejosa, es aquel que se ordenó poner en posesión a los ahora terceros interesados. En ese sentido, es importante tomar en consideración la prueba pericial en agrimensura resulta ser la prueba idónea para acreditar la identidad de bienes inmuebles, dado que no basta que este órgano jurisdiccional confronte los medios de convicción que obran en el juicio de amparo, porque esto requiere de conocimientos técnicos, lo que en todo caso es materia de la prueba indicada. Para una mejor comprensión del asunto, es preciso establecer la agrimensura fue considerada antiguamente la rama de la topografía destinada a la delimitación de superficies, la medición de áreas y la rectificación de límites. En la actualidad la comunidad científica internacional reconoce que es una disciplina autónoma, con estatuto propio y lenguaje específico que estudia los objetos territoriales a toda escala, focalizándose en la fijación de toda clase de límites. De este modo produce documentos cartográficos e infraestructura virtual para establecer planos, cartas y mapas, dando publicidad a los límites de la propiedad o gubernamentales. De este modo, produce documentos cartográficos e infraestructura virtual para establecer planos, cartas y mapas, dando publicidad a los límites de la propiedad o gubernamentales. Con el fin de cumplir su objetivo, la agrimensura se nutre de la topografía, geometría, ingeniería, trigonometría, matemáticas, física, derecho, geomorfología, edafología, arquitectura, historia, computación y teledetección. Por ende, el agrimensor es el encargado por excelencia de determinar los límites territoriales conforme a las causas jurídicas que los originan; precisamente, mediante los actos de levantamiento parcelario (mensuras, uniones, subdivisiones, divisiones en propiedad horizontal, etc.), el agrimensor investiga, identifica, ubica, mide, materializa, representa y documenta el espacio territorial objeto de un derecho real o de una posesión territorial. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia por reiteración VI.1o.C. J/13, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la página mil seiscientos seis, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, enero de dos mil uno, de la novena época, con número de registro digital 190377, que establece: "PERICIAL EN AGRIMENSURA. ES LA PRUEBA IDÓNEA PARA ACREDITAR LA IDENTIDAD DE INMUEBLES." También la tesis I.11o.C.16 K, del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página mil ochocientos seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, agosto de dos mil tres, de la novena época, con número de registro digital 183443, que establece: "PRUEBA PERICIAL EN EL AMPARO. ES LA IDÓNEA PARA RESOLVER SOBRE HECHOS CONTROVERTIDOS QUE REQUIEREN DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS O CIENTÍFICOS." En ese contexto, resulta importante señalar que la parte quejosa no ofertó prueba pericial alguna, por lo que la sola exhibición de la constancia de posesión a que se ha hecho alusión en el cuerpo de esta resolución, resulta insuficiente para poder determinar que el predio que aduce la parte quejosa, corresponde al mismo cuya posesión se ordenó entregar en el juicio de origen 607/2012. De manera que, ante la ausencia de la afectación a un derecho subjetivo público que debe asistir a la quejosa para que el acto de molestia atribuido a la autoridad responsable afecte sus derechos fundamentales; es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, por lo que procede sobreseer de conformidad con la fracción V del artículo 63, disposiciones todas de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que impide al suscrito pronunciarse a las cuestiones de fondo alegadas dentro de los conceptos de violación hechos valer por la peticionaria del amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por reiteración II.3o. J/58, consultable en el tomo VI, página setecientos ocho, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos dieciocho, mil novecientos noventa y cinco, octava época, octubre de mil novecientos noventa y ocho, con número de registro digital 214593, bajo el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." SEXTO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y las atribuciones de los órganos jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública, con la certificación secretarial respectiva, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y considerado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********, contra el acto que reclamó de la Jueza Segundo Civil del Primer Departamento Judicial y del Secretario de Seguridad Pública, ambos del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida; precisados en el resultando primero de esta determinación, y por los motivos expuestos en los considerandos segundo y quinto de la misma. SEGUNDO. En acatamiento a lo resuelto en el último considerando de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública, con la certificación secretarial respectiva, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.
- Principal
MESA VII. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, en el sentido de que el término otorgado a los terceros interesados ******, en proveído de veintitrés de junio pasado, para señalaran domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, ha transcurrido, sin que a la fecha haya hecho manifestación alguna; en consecuencia, llevando a efecto el apercibimiento decretado en el acuerdo de mérito, con apoyo en el artículo 27, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, háganse a los referidos terceros interesados, la notificación de este acuerdo, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional.
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