Rina Garnier Ventura

Expediente 773/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 1 actuación registrada, la última del 31 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
773/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
31/10/2019

Partes del expediente

  • Rina Garnier Ventura

Actuaciones

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. Visto el escrito de demanda que promueve Rina Garnier Ventura, por propio derecho, contra actos del Jefe del Departamento de Pensiones Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social de Ensenada, Baja California y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno bajo número 773/2019-I. Ahora, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo , se procede al análisis de la demanda de amparo que nos ocupa; para ello, de conformidad con el artículo 74, fracción I, en vinculación con el diverso numeral 1º, fracción I, ambos de la ley de la materia, del análisis integral de la demanda se obtiene como actos reclamados los siguientes: ? C JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PENSIONES SUBDELEGACIÓN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA: 1. Oficio sin número, de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, expedido por la Jefe del Departamento de Pensiones de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social de Ensenada, Baja California, en el que se determinó que no resultaba procedente el aumento del monto de la pensión que disfruta; así como la aplicación de los artículos 268, de la Ley del Seguro Social, 2, fracción V, 3 fracción I, inciso f), 6 fracción I y 81 fracción I y XII del Reglamento interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, y 168 de la Ley del Seguro Social. ? C. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE LOS ESTADO UNIDOS MEXICANOS Y DEL CONGRESO DE LA UNIÓN SE RECLAMA: 2. Los artículos 268, de la Ley del Seguro Social, 2, fracción V, 3 fracción I, inciso f), 6 fracción I y 81 fracción I y XII del Reglamento interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como el artículo 168 de la Ley del Seguro Social. En el caso, es importante resaltar que el auto inicial de demanda, excepcionalmente puede constituir la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, como lo son aquéllos en los que para llegar a esa conclusión, no se requiere de un análisis exhaustivo, ya que ello es de obvia constatación, sin que pueda modificarse tal determinación con los elementos que aporten las partes al procedimiento; lo anterior de conformidad con la jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro once, octubre de dos mil catorce, tomo II, página mil doscientos veinticuatro, materia común, con número de registro 2007580, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento." [Énfasis añadido]. En ese orden de ideas, en relación con lo manifiesto e indudable de una causa de improcedencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 32/2004, estableció lo siguiente: "[.] De este precepto se deduce que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de garantías cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por tanto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho que no puede ponerse en duda. En esos términos, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, atendiendo a las manifestaciones de la parte quejosa o a la naturaleza de los actos reclamados. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. [.] En estas condiciones, la causa de improcedencia que se analiza es manifiesta e indudable, en virtud de que se deduce de las manifestaciones hechas por el quejoso en su demanda de garantías, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados y a la aplicación directa del artículo 111 constitucional, sin que sea necesario que las autoridades responsables rindan su informe justificado o que las partes alleguen elementos de prueba al procedimiento de amparo, pues en términos generales se reclama la iniciación del procedimiento tendente a la declaración de procedencia, previsto en los capítulos III y IV del título segundo de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y como actos concretos de aplicación la pretensión de retirarle al quejoso la inmunidad procesal y, en algunos casos, la resolución de la Cámara de Diputados por la que se nombra la sección instructora, de donde deriva su naturaleza política. [.]" [Énfasis añadido]. Incluso, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 309/2018, en cuanto a la naturaleza de los actos reclamados, como causa manifiesta e indudable de improcedencia, determinó lo siguiente: "[.] Lo hasta aquí expuesto lleva a demostrar la posibilidad del desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida por este Máximo Tribunal, pues al ser obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación, no existe ninguna razón lógica para que ésta sea obviada o pueda variar la naturaleza de los actos; sostener lo contrario implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía pueda revisar un criterio obligatorio que se dio como resultado de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional. Máxime que es el propio quejoso quien al instar la acción constitucional tiene la obligación de señalar con precisión los actos reclamados, en términos del artículo 108 de la Ley de Amparo, de modo que si éste es claro en el escrito de demanda respecto a los actos, es innecesario esperar los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, pues con independencia de su contenido, la naturaleza de los actos definida mediante jurisprudencia de este Alto Tribunal, no variaría. Consecuentemente, cuando ante el Juez de Distrito se presenta una demanda de amparo y de las manifestaciones de la parte quejosa o de sus anexos, se desprende que la naturaleza de los actos reclamados ha sido definida mediante jurisprudencia por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ello constituye una causa notoria y manifiesta de improcedencia que hace innecesario esperar a examinar los informes justificados y las pruebas aportadas en el juicio, porque de ninguna manera podría superarse el criterio jurisprudencial que resulta de observancia obligatoria en toda la República Mexicana. [.]" [Énfasis añadido]. Dicha ejecutoria dio origen a la Jurisprudencia 2/2019 (10a.) de título y consideraciones siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional." Como se aprecia, en la ejecutoria citada se indicó que es factible el desechamiento de la demanda de amparo, cuando la naturaleza del acto reclamado ha sido definida mediante jurisprudencia por el alto tribunal, lo cual impide cualquier posibilidad de que, el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto, sea superado. En ese contexto, respecto al oficio sin número, de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, expedido por el Jefe de Pensiones de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social de Ensenada, Baja California, en el que se determinó que no resultaba procedente el aumento del monto de la pensión que disfruta el quejoso, se advierte que se actualiza, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1°, fracción I y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo; disposiciones de la ley de la materia del texto siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Esto es así, ya que en el caso concreto la naturaleza del acto reclamado a la citada autoridad responsable -Jefe del Departamento de Pensiones Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social de Ensenada, Baja California-, ya fue definida por nuestro más alto tribunal de justicia, en el sentido que no constituye actos de autoridad para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, ya que el oficio reclamado, lo emitió en su carácter de ente asegurador, en sustitución del patrón, en términos de lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia con número de registro 1002609, y que conforme a la cual, así como lo dispuesto en el artículo 295 de la Ley del Seguro Social, en caso de inconformidad, debe controvertirse en la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social. La Jurisprudencia mencionada con antelación, es consultable en la página 600, tomo II, procesal constitucional 1, común primera parte - SCJN, cuarta sección - partes en el juicio de amparo, novena época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-Septiembre 2011, la cual es de rubro y texto siguiente: "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia." Lo cual se encuentra corroborado, con el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.) número de registro 2011948, visible en la página 898, libro 31, junio de 2016, tomo II, décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo." (Negritas y subrayado añadido) En tal virtud, dado que en el presente caso se encuentra definida la naturaleza de los actos reclamados contenidos en el oficio sin número, reclamado al Jefe del Departamento de Pensiones Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social de Ensenada, Baja California, a través de jurisprudencia emitida por el alto tribunal, como un acto que no proviene de autoridad para efectos del juicio de amparo, acto reclamado que se obtiene de manera clara del escrito de demanda; ello, actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos numerales 1º, fracción I y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Por ello, de conformidad con las jurisprudencias citadas (2ª./J.66/2016, en relación con la diversa 2ª./J.134/2011), en las que se definió la naturaleza de los actos del Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto a la respuesta otorgada en relación a las peticiones relacionadas con las prestaciones que la ley otorga a los beneficiarios o asegurados, las cuales son emitidas en su carácter de ente asegurador y no como autoridad para los efectos del juicio de amparo, por lo que debe combatirse por la vía laboral en materia de seguridad social, conforme a los artículos 295 de la Ley de Seguro Social y 899 A de la Ley Federal del Trabajo, por lo que constituye un motivo indubitable y manifiesto de improcedencia, pues conforme a la jurisprudencia 2ª./J. 2/2019, se actualiza lo anterior, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido mediante jurisprudencia la naturaleza de los actos impugnados en amparo, al ser un criterio de observancia obligatoria, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, al vedar la posibilidad de que el obstáculo declarado por el Alto Tribunal de la Nación para entrar al fondo del asunto sea superado. En otro orden, conforme a la técnica que rige el juicio de amparo contra leyes acogida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 2a./J.71/2000 (antes transcrita), se tiene que como resultó improcedente el juicio de amparo en contra del acto de aplicación de los artículos tildados de inconstitucional, y por ende se desechó la demanda en relación a éste; lo procedente es desechar la demanda también por los actos que la parte quejosa hizo consistir en los artículos 268, de la Ley del Seguro Social, 2, fracción V, 3 fracción I, inciso f), 6 fracción I y 81 fracción I y XII del Reglamento interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como el artículo 168 de la Ley del Seguro Social; en virtud de que el estudio de inconstitucionalidad de tales disposiciones no puede desvincularse del acto de aplicación que dieron origen a la promoción de esta instancia constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo 181-186, Primera Parte, página doscientos cincuenta y uno, que dice: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación" De igual manera, robustece lo anterior la jurisprudencia con número de registro 1005146, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 4034, Tomo II. Procesal Constitucional 2. Amparo contra leyes Primera Parte -SCJN Sexta Sección- Sentencias en amparo contra leyes y sus efectos, novena época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2011, de rubro y texto siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." De igual forma, es aplicable la jurisprudencia 12/2012 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2000464, Libro VI, Marzo de dos mil doce, Tomo 1, materia común, constitucional, página: 666, que se cita por identidad jurídica, cuyo rubro y texto es: "SEGURO SOCIAL. EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE PENSIONES SUBDELEGACIONAL, NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMAS A LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. De conformidad con los criterios contenidos en las jurisprudencias 2a./J. 32/2006, 2a./J. 18/2008, 2a./J. 85/2009, 2a./J. 82/2011 y 2a./J. 134/2011, todas de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se concluye que el Jefe de Departamento de Pensiones Subdelegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo en que se reclama la inconstitucionalidad del artículo octavo transitorio del decreto por el que se reforma la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado el 6 de enero de 1997, a pesar de que se señale como acto de aplicación de esa norma la resolución para el otorgamiento de la pensión conforme al régimen de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997; porque si bien esa determinación constituye el acto que actualiza el contenido de la norma y materializa un perjuicio en la esfera jurídica del pensionado, en su emisión no actúa como autoridad, sino como parte integrante del ente asegurador, porque únicamente resuelve sobre la procedencia de la pensión que se solicita, verificando el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley del Seguro Social. Se precisa que lo anterior es acorde a lo establecido en el artículo 17 Constitucional, pues el tramitar una demanda que desde esta etapa se evidencia que es notoriamente improcedente, retardaría la resolución del asunto, además que se causaría un mayor perjuicio a la parte quejosa, por el transcurso de los plazos legales que la ley ordinaria le concede para promover el medio de defensa que resulta procedente. Igual criterio sostuvo este juzgador en los juicios de amparo 298/2019, 297/2019, 334/2019 y 270/2019 materia de los recursos de queja 126/2019, 121/2019, 145/2019 y 108/2019, de los índices del Tercer, Cuarto, Quinto y Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, que declararon infundados los recursos de queja interpuestos en contra del auto que desechó las demandas de amparo -respectivamente-. Por otra parte, se tiene como domicilio de la promovente para oír y recibir todo tipo de notificaciones el que indica en su escrito de demanda y como autorizados de su parte en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Armando Ramírez Terríquez y Ahmed Abraham Pacheco Chavarín. En otro orden, a fin de evitar dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles a la actuaria de este juzgado, para que realice las notificaciones inherentes a los acuerdos que se dicten en el juicio de amparo, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 21 de la ley de la materia, debiendo entregar copia autorizada de este proveído. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del diez siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las demás partes, que esta determinación estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9, fracción XIV y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a este, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, cuya realización deberá verificar la secretaria.

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