Riki Fernando Pinzon Lozano
Expediente 335/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 335/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Riki Fernando Pinzon Lozano
Actuaciones
- Principal
MESA 3-A.- Visto el estado procesal que actualmente guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo que concede el precepto 98 de la ley de la materia, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja contra el auto de treinta de julio de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los ordinales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; archívese el presente juicio como asunto concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal dado que el treinta de julio de este año, se decretó la suspensión de plano respecto a los actos reclamados. Una vez concluido el proceso de depuración, transferir el original de este juicio de amparo a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el último párrafo del artículo 18, y 27 del mencionado Acuerdo General.
- Principal
MESA 3-A.- Se recibe el oficio signado por el Director de la Estación Migratoria Siglo XXI, adscrito a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde informe respecto de la suspensión de plano decretada en este sumario. Al respecto, se agrega a los autos dicho comunicado para que obre como corresponda, sin realizar mayor pronunciamiento; toda vez que, en auto de treinta de julio de esta anualidad, se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por la parte quejosa y, se dejaron sin efectos las medidas decretadas en autos.
- Principal
MESA 3-A.- Agréguese a los autos el oficio signado por la actuaria judicial de esta adscripción, mediante el cual anexa la constancia de notificación de treinta de julio de dos mil veintiuno, de la cual se advierte que notificó al directo quejoso xxx, el auto de veintinueve de julio de dos mil veintiuno, quien le manifestó que no ratifica la demanda de garantías. Ahora, del estado procesal que actualmente guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de veintinueve de julio de dos mil veintiuno, se concedió la suspensión de plano en favor del directo quejoso respecto de los actos reclamados que se hicieron consistir en privación ilegal de la libertad, detención, incomunicación, deportación, expulsión, y repatriación, así como la falta de condiciones dignas de higiene y cuidados en cuanto a la pandemia de Covid-19, quien se encuentra alojado en la Estación Migratoria Siglo XXI, en esta ciudad. En consecuencia, con fundamento en el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA dicha demanda de amparo, por lo que quedan sin efectos las providencias ahí decretadas; hágase lo anterior del conocimiento de las autoridades responsables, para los efectos legales procedentes. Tomando en cuenta que el directo quejoso no ratificó la demanda de amparo promovida a su favor, al efecto se hace efectivo el apercibimiento decretado en acuerdo de veintinueve de julio de dos mil veintiuno, por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, efectúense las notificaciones aun las de carácter personal a Riki Fernando Pinzón Lozano, por medio de lista que se publica en este juzgado federal. Por otra parte, glósese a los autos únicamente para que obre como corresponda el segundo de los oficios de cuenta mediante el cual la Fedataria Judicial adscrita a este órgano de control constitucional, anexa la razón actuarial de treinta de julio de dos mil veintiuno, de la cual se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar el oficio 14639/2021, dirigido a la responsable Titular de la Supresentación Federal Zona Sur adscrito a la Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad; ello, sin que al respecto se realice mayor pronunciamiento, en virtud de que en líneas anteriores se tuvo por no presentada la demanda de amparo.
- Principal
MESA 3-A.- Se tiene por recibido el escrito de demanda de amparo promovida por César Enoc Verdugo Sumuano, en favor de Riki Fernando Pinzón Lozano, contra actos de las siguientes autoridades responsables:...Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 335/2021, MESA 3-A. Por otra parte, del análisis integral de la demanda de amparo, se colige que, los actos reclamados son la privación ilegal de la libertad, detención, incomunicación, deportación, expulsión, y repatriación, así como la falta de condiciones dignas de higiene y cuidados en cuanto a la pandemia de Covid 19, quien se encuentra alojado en la Estación Migratoria Siglo XXI, en esta ciudad...Ahora bien, antes de proveer sobre la medida cautelar solicitada, es preciso señalar lo establecido en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 1o. de la Ley de Migración, así como el diverso numeral 1o, de su Reglamento, que textualmente establecen, en su orden, lo siguiente:..De tal manera que, dependiendo la naturaleza del acto que se reclame en relación al ingreso permanencia o tránsito por el territorio nacional de extranjeros, la eventual suspensión que, en su caso se conceda, por ningún motivo tendría por efecto sustituir el documento exigido por la autoridad migratoria, que permite el libre tránsito por el país a extranjeros, sino únicamente para que no sea objeto de detención fuera de procedimiento, así como de demás actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, que pongan en peligro la vida de los disconformes. Por otra parte, los artículos 101 a 104 de la Ley de Migración, que a letra dicen:..De donde se deduce, que cuando un extranjero es puesto a disposición de una autoridad migratoria con motivo de un procedimiento administrativo, tienen derecho a obtener la libertad bajo la figura de "custodia provisional". Sin embargo, es pertinente destacar que tal derecho pueden ejercerlo ante las autoridades migratorias correspondientes, en términos de lo dispuesto por los artículos 101 y 102 de la Ley de Migración, su Reglamento, así como los acuerdos relativos, siempre y cuando satisfagan los supuestos que para el caso exigen las normatividades aplicables. SUSPENSION DE PLANO En consecuencia, analizado lo expuesto por la parte quejosa y ante el peligro de que continúen ejecutándose los actos reclamados, se decreta la suspensión de oficio y de plano en los siguientes términos: Con fundamento en los artículos 125, 126 y 160, en relación con el 15 de la invocada Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO para que el directo quejoso Riki Fernando Pinzón Lozano, no sea objeto de ninguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, así como tampoco sea deportado, expulsado, repatriado, o retenido fuera de procedimiento, esto es, sin causa legal; en el entendido de que el quejoso deberá quedar a disposición de este órgano jurisdiccional en el lugar donde se encuentre, sólo en lo que se refiere a su libertad personal y a la de la autoridad administrativa competente que conozca del procedimiento respectivo, para la continuación del mismo, hasta en tanto se notifique sobre la sentencia ejecutoria que se dicte en este asunto. De igual forma, con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la autoridad Sanitaria Federal, deberá alojar a la parte quejosa en un lugar en donde se encuentre resguardado de su integridad y salud con el fin de evitar el contagio y propagación del virus denominado COVID19. Igualmente, para que cese de inmediato la incomunicación, de que sea objeto el quejoso y de cualquiera de los actos prohibidos a que se refiere el artículo 22 de la Constitución Federal; y asimismo, se le permita tener acceso y comunicación con familiares y abogados en horarios hábiles. Asimismo, la suspensión de plano concedida implica que de manera inmediata la autoridad responsable en términos del artículo 109 de la Ley de Migración le haga saber al quejoso sus derechos como presentado: ? Que conozca la ubicación de la Estación Migratoria donde fue alojado, sus reglas y servicios a los que podrá tener acceso; ? Informar el motivo del ingreso a la estación migratoria, así como del procedimiento migratorio; de la posibilidad de que solicite el reconocimiento de refugiado o de apátrida; podrá, si lo desea, regularizar su estancia en el país de conformidad con lo establecido en los preceptos 132, 133 y 134 de la Ley de Migración; puede solicitar voluntariamente el retorno asistido a su país de origen; el derecho de interponer un recurso efectivo contra las resoluciones del Instituto; ? Tiene derecho a recibir la protección de su representación consular, así como establecer comunicación con ésta, facilitándole los medios; ? Recibir de forma escrita sus derechos y obligaciones, informándole las instancias donde puede presentar sus denuncias y quejas; ? Informarle sus derechos a un procedimiento por autoridad competente, así como a recibir asesoría legal, ofrecer pruebas y alegar lo que crea conveniente y que tendrá acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio que se le instaure; ? Informarle que en caso de que no hable español, contara con un traductor o intérprete para facilitarle la comunicación; ? Acceder a comunicación telefónica; ? Recibir alimentos, productos básicos para su aseo personal, atención médica; entre otros. Por otro lado, la suspensión de plano decretada con antelación, no impide la continuación de los procedimientos establecidos en la Ley de Migración, ya que éstos son de orden público y no pueden suspenderse. La medida cautelar concedida no surtirá efectos y por consiguiente, no impedirá la detención de la parte quejosa, si se le pretende privar de la libertad en cumplimiento a una orden librada en su contra por autoridad diversa de las aquí señaladas como responsables o se le haya sorprendido en la comisión de delito flagrante. Y, es que en ese sentido, la providencia decretada atiende al contexto de hechos que aluden ordenarse sin justificación legal por las autoridades responsables, acorde con lo que se narra en la demanda de amparo; sin embargo, no pasa desapercibido que la Ley de Migración y su norma reglamentaria, estatuyen diversos procedimientos que atendiendo al debido proceso pueden derivar en la deportación, expulsión, repatriación y/o retorno asistido a su país de origen. Por tanto, la medida suspensiva no surte efectos en caso de que los actos reclamados deriven de algún acto y/o procedimiento legalmente establecido que pudiera tener como consecuencia alguno de aquellos rebatidos en el presente juicio de amparo, pues de obstaculizar esa actuación se contravendría el orden público e interés social, acorde por identidad jurídica sustancial con lo sostenido en la jurisprudencia PC.I.P. J/28 P (10a.)1, emitida por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes:..Asimismo, toda vez que de la lectura de la demanda se advierte que quien promueve, aduce con relación a la parte quejosa su probable privación de la libertad, lo cual se traduce en una posible restricción de su libertad de tránsito; al respecto, debe precisarse que si el acto reclamado se trata realmente de una medida de aseguramiento decretada con fundamento en la Ley de Migración, la medida precautoria no surtirá el efecto, en atención a que no se satisface el requisito previsto en el artículo 128 fracción II, de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión contra el posible aseguramiento de la parte quejosa por las autoridades administrativas, pues se atentaría contra el interés de la sociedad quien está interesada en que se cumpla con toda exactitud las disposiciones de la referida ley migratoria. Lo anterior, se estima apegado a lo dispuesto por el artículo 11 de la Constitución Federal, que contiene el derecho a la libertad de tránsito dentro del territorio nacional, que incluye además otro derecho fundamental aplicable a extranjeros, que es el de residir legalmente en el país. Sin embargo, tales derechos no son absolutos y por ende no es posible autorizarlos al margen de la disposición legal que los prevé, pues como se desprende de dicho precepto constitucional, están sujetos a límites y subordinados a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que establecen las leyes sobre migración o inmigración y de los extranjeros residentes considerados perniciosos; lo que redunda en que la autoridad migratoria ejerce la vigilancia correspondiente a través de las reglas que impone la Ley de Migración, específicamente, las previstas en los artículos 7, 31, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 52, 57, 81, 92, 97, 99 y 106, así como los relativos de su reglamento; de ahí que el interés de la sociedad está por encima del interés particular. En ese sentido, si la detención de la parte quejosa obedece a que no se encuentra legalmente en el país, ya que refiere ser extranjero, las autoridades responsables deberán presentar al quejoso ante la autoridad migratoria en la estación correspondiente a fin de que regularice su situación, en términos de lo dispuesto por los artículos 132, 133 y 134, con relación a los numerales 99 y 106 de la Ley de Migración, los cuales establecen lo siguiente:..De igual forma, dicha medida cautelar no surtirá efectos si en el caso la directa quejosa estuviera en el supuesto a que se refiere el artículo 33 Constitucional, esto es, que el Titular del Ejecutivo de la Unión haya juzgado inconveniente la permanencia en el país del extranjero, numeral que dispone:..Por otra parte, en caso de que se haya ejecutado la deportación y expulsión del directo quejoso, la medida cautelar se concede para el efecto de que las responsables bajo su más estricta responsabilidad, tomen las medidas necesarias y que estén a su alcance para salvaguardar la vida del mismo, así como para que giren las instrucciones necesarias a los Directores o Encargados de las Estaciones Migratorias, a efecto de que en el lugar que se designe o llegare a designarse para su estancia con motivo del seguimiento de algún proceso, también tomen las medidas necesarias indispensables para los efectos a que se hizo alusión. Lo anterior, tiene su justificación porque la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un requisito para el disfrute de todos los demás derechos, ya que de no ser respetado los demás carecerían de sentido, y por esa razón, el Estado tiene la obligación de garantizar las condiciones necesarias para que no se viole, pues específicamente son los encargados de los Centros de Estación Migratoria quienes tienen asignada la función especial de garantes de los derechos de las personas que se encuentran bajo su custodia, para lo cual deben realizar todos aquellos actos o gestiones que sean necesarias para salvaguardar la vida de los inmigrantes. En la inteligencia, que deben de informar las autoridades responsables dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de la notificación de este auto, sobre el cumplimiento que den a esta resolución, ya que dicha determinación deberá ser obedecida bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, que establece:..En ese sentido, notifíquese inmediatamente esta determinación a las autoridades responsables, para su debido conocimiento y efectos legales correspondientes, así como para que cumplan categóricamente con la suspensión de plano precisada anteriormente. PREVENCIÓN Con el objeto de que se cumpla con todos los requisitos a que se refiere el artículo 108, de la Ley de Amparo, previamente, es necesario que el directo agraviado, Riki Fernando Pinzón Lozano, ratifique la petición de amparo, promovida a su favor por César Enoc Verdugo Sumuano, en términos de los artículos 6 y 15 de la ley de la materia. Por lo que se comisiona al Actuario Judicial de la adscripción que corresponda, para que se constituya en las instalaciones de la Estación Migratoria Siglo XXI del Instituto Nacional de Migración de esta ciudad y de no encontrarla en ese lugar, se constituya a las instalaciones de todas las dependencias policiales y de detención, de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República, de la Zona Militar, de los hospitales y centros de atención psiquiátricos, todas en esta ciudad; a fin de que localice a Riki Fernando Pinzón Lozano; y bajo su más estricta responsabilidad y en el acto de la diligencia realice lo siguiente:..Asimismo, en caso de que ratifique la demanda, hágase saber que con fundamento en el artículo 114, fracciones I, II y IV, en relación al 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, se le requiere para que al momento o en el plazo de cinco días, contados a partir del siguiente al en que se encuentre notificado de este acuerdo, por escrito, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, aclare su demanda conforme a lo siguiente: ? Señale si existe en su contra algún procedimiento de regularización migratoria y el estado procesal del mismo, en virtud de que manifiesta que fue detenido por personal del Instituto Nacional de Migración, la cual es la sanción que se emite como conclusión de dicho procedimiento administrativo. ? De igual forma, indique si ha promovido diverso juicio de amparo contra actos iguales, similares o relacionados a los que aquí se reclaman. APERCIBIMIENTO Se apercibe al promovente que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Asimismo, se apercibe al promovente de amparo, que si con posterioridad en este juicio de amparo, de las constancias allegadas se advierte que en el escrito de demanda y/o aclaración, afirmaron hechos falsos u omitieron los que les constaban con relación al acto reclamado, y sus antecedentes, se procederá contra quien resulte responsable en la comisión del delito federal de falsedad, previsto en el artículo 261 de la Ley de Amparo En el entendido de que el desahogo de la prevención de referencia la deberá realizar la parte quejosa, pues de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, el autorizado en términos amplios no está facultado para desahogar prevenciones en las cuales el quejoso deba manifestar "bajo protesta de decir verdad"
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