Rigoberto Yañez Beltran

Expediente 341/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
341/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
22/07/2021

Partes del expediente

  • Rigoberto Yañez Beltran

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintidós de julio de dos mil veintiuno. DEVUELVE DESPACHO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido por duplicado el oficio 9011. G.A., a través del cual el Juez de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en Apatzingán, Michoacán, devuelve DEBIDAMENTE DILIGENCIADO el despacho 1312/2021 orden 2283/2021, enviado a efecto de notificar al quejoso ********************, el proveído dictado dentro del presente juicio de amparo el dos de julio de dos mil veintiuno, en la que se desechó el presente juicio de garantías. SE ORDENA DAR DE BAJA. Ahora, bien, para efectos administrativos, se ordena dar de baja en el Libro de Gobierno, la comunicación oficial de mérito. Lo anterior, sin que sea necesario realizar el acuse de recibo correspondiente, toda vez que la misma fue recibida de manera electrónica. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal de autos del que se desprende que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales vigente a partir del dos mil trece, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentos y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda, una vez que haya trascurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por características amerite ser devuelto. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, quince de julio de dos mil veintiuno. ESTADO DE AUTOS. Del estado que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de dos de los actuales, se ordenó girar el despacho 1312/2021-I (número de orden 2283/2021), al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán de Ocampo, para que en auxilio de este órgano jurisdiccional, se constituyera en el Centro Federal de Readaptación Social 17 "CPS-Michoacán", para notificar al quejoso RIGOBERTO YÁÑEZ BELTRÁN, en los términos ahí señalados; sin embargo, a la fecha no se cuenta con tal comunicación oficial. REQUERIMIENTO. Por tanto, con fundamento en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al citado Juez de Primera Instancia, vía correo electrónico institucional, para que dentro del término de veinticuatro horas, remita el despacho mencionado debidamente diligenciado, o bien, informe el estado procesal que actualmente guarda. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la autoridad que de hacer caso omiso al requerimiento en cuestión, se hará acreedora a la imposición de multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafo Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente en relación con los artículos 238 y 259 de la Ley de la materia en vigor. Se faculta a la autoridad despachada remitir las documentales vía correo electrónico oficial 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, dos de julio de dos mil veintiuno. ESTADO DE AUTOS. Del estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el plazo otorgado a la parte promovente en auto de once de junio pasado, para que cumpliera con lo ahí requerido, en el sentido de que desahogara la prevención, sin que lo haya hecho, no obstante de haber quedado notificada para ello. En el entendido de que la prevención formulada al quejoso fue para que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable a algún funcionario del Centro Federal de Readaptación Social 17 "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista, Tomatlán. Ahora bien, del análisis de la demanda se desprende lo siguiente: ACTO RECLAMADO: La falta de atención médica. AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORAS: Titular del Centro Federal de Readaptación Social 5 "Oriente". Titular del Centro Federal de Readaptación Social 9 "Norte". Comité Técnico Interdisciplinario del Titular del Centro Federal de Readaptación Social 5 "Oriente". Comité Técnico Interdisciplinario del Titular del Centro Federal de Readaptación Social 9 "Norte". Comandante y Custodios del Centro Federal de Readaptación Social 5 "Oriente". Comandante y Custodios del Centro Federal de Readaptación Social 9 "Norte". EJECUTORAS: Oficiales y Custodios del Centro Federal de Readaptación Social 5 "Oriente". Oficiales y Custodios del Centro Federal de Readaptación Social 9 "Norte". DESECHAMIENTO. Apreciada íntegramente la demanda de garantías y documentales anexas a la misma, se desecha de plano, porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con el numeral 61, fracción XXIII, en concordancia con el diverso 5°, fracción II, este último interpretado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior la tesis del epígrafe: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pag. 730 Jurisprudencia(Común) DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. En efecto, los referidos preceptos legales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". . Así, debe precisarse que el quejoso en su escrito de demanda señala como autoridades responsables a los Directores de los Centros de Federales de Readaptación Social 5 "Oriente" y 9 "Norte" y otras autoridades adscritas a esos centros de reclusión, a las que les reclama la falta de atención médica, sin embargo, en proveído de once de junio pasado, se ordenó girar el despacho 1190/2021 (orden 2053/2021), a efecto de requerir al quejoso Rigoberto Yáñez Beltrán, para que dentro del terminó de cinco días hábiles, manifestara si deseaba señalar a alguna autoridad perteneciente al Centro Federal de Readaptación Social 17 "CPS-Michoacán", al encontrarse recluido en ese lugar, sin que lo haya hecho; lapso que transcurrió como se advierte de la cuenta secretarial Asimismo, como se observa en líneas precedentes, el quejoso señaló autoridades adscritas a diversos centros penitenciarios distintos al que se encuentra recluido, las que por ese motivo no son las facultadas para atribuirles dicho acto reclamado (falta de atención médica), máxime que se le dio vista para el efecto de que señalara las correspondientes de dicho penitenciario, sin que hiciera manifestación alguna, por lo que resulta innecesario emplazar al juicio en que se actúa a las que designó con ese carácter, pues éstas no son las facultadas competencialmente para brindarle la atención médica adecuada respecto de sus padecimientos, así como la entrega del medicamento respectivo, ya que como se dijo, el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social 17 "CPS-Michoacán", es decir, fuera de la jurisdicción de las autoridades responsables, así como de la tutela y resguardo de las mismas. Ahora, si bien es cierto la salud del quejoso Rigoberto Yáñez Beltrán, la que se encuentra protegida en el artículo 4°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como un derecho fundamental, éste debió reclamarle la falta de la misma, a una autoridad respecto de la cual se encuentre bajo su disposición, a fin de que este órgano jurisdiccional le administrara de forma expedita la impartición de justicia, en términos de articulo 17 Constitucional, por lo que esta juzgadora estima improcedente la tramitación del presente juicio de garantías, ya que no existe materia alguna para su prosecución. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía jurídica, la tesis jurisprudencial I.6º.P.81 P (10ª.) emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página mil setecientos cinco, Libro 41, tomo II, abril de dos mil diecisiete, decima época, registro digital 2014163, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y textos son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN SENTENCIADO. SI ÉSTE SEÑALA COMO AUTORIDADES RESPONSABLES A TODAS LAS DEPENDENCIAS PENITENCIARIAS FEDERALES Y LOCALES Y JUECES DE EJECUCIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR, BAJO EL PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA, SI RESULTA LÓGICO Y PERTINENTE EMPLAZAR A TODAS ESAS AUTORIDADES AL JUICIO. Conforme al artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades encargadas de administrar justicia, estarán expeditas para impartirla de manera pronta, completa e imparcial; por ello, para efectos del juicio de amparo, el Juez de Distrito, tutor y garante de la correcta sustanciación de este medio de control constitucional, debe velar por que las pretensiones de las partes sean afines con los principios de expeditez, prontitud y economía procesal que lo rigen. Por tanto, ante las pretensiones y/o peticiones de las partes, expuestas en la demanda, está facultado para analizarlas y determinar si: 1) resultan procedentes a los fines del juicio; 2) debe prevenir al interesado ante alguna deficiencia o irregularidad en su petición; 3) procede desechar de plano la pretensión, por notoriamente frívola o improcedente; o, 4) reservar su decisión en relación con alguna petición, y/o pretensión de alguna de las partes, para el momento procesal oportuno. En ese sentido, cuando la demanda de amparo es promovida por un sentenciado que compurga una pena de prisión en la Ciudad de México, y reclama una orden de traslado, señalando como autoridades responsables a todas las dependencias penitenciarias federales y locales del país, incluyendo a los Jueces de ejecución, el Juez de Distrito, bajo el principio de instancia de parte agraviada, debe analizar si resulta lógico y pertinente emplazar a todas esas autoridades al juicio, atento a los conceptos de violación, acto reclamado y a los antecedentes del caso, para desprender su participación o no, con lo que se evita emplazar innecesariamente a un sinfín de autoridades que no tendrían ese carácter, sin perjuicio de que su participación pudiera acreditarse durante el trámite del juicio y emplazarlas. Sin que lo anterior implique que el quejoso no pueda ejercer sus derechos ante los Juzgados de Distrito, ya que ese ejercicio no es ilimitado, pues debe atender a los principios de expeditez, prontitud y prosecución judicial y, por ello, el juzgador, como garante del procedimiento, debe velar por que no se retrase injustificadamente, con el único fin de prolongar los beneficios cautelares que la suspensión del acto reclamado apareja a su esfera jurídica, durante su vigencia, ya que esa conducta desnaturaliza los fines del juicio de amparo y perjudica los intereses de la sociedad, a quien le interesa que los medios económicos y humanos invertidos para la pronta y expedita administración e impartición de justicia, no se vean mermados con pretensiones infundadas e improcedentes de los particulares, quienes acceden a ella sabedores de esta situación". También resulta aplicable en lo conducente por su contenido, la tesis XXV.3º2 P (10a), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, visible en la página 2170, del Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2018488, del rubro siguiente: "ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN. SI EL QUEJOSO INTERNO RECLAMA SU FALTA O LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE PROPORCIONARLA Y SOLICITA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN, LA CARGA DE LA PRUEBA PARA DESVIRTUAR DICHO ACTO EN EL INCIDENTE RESPECTIVO CORRESPONDE A ÉSTA (DIRECTOR DEL CENTRO DE RECLUSIÓN), AL SER GARANTE DE LOS INDIVIDUOS QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU CUSTODIA Y CON BASE EN EL PRINCIPIO LÓGICO DE LA PRUEBA. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, estableció que el Estado es responsable -en su condición de garante- de los derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como de la observancia del derecho a la integridad personal de todo individuo que se encuentra bajo su custodia; de ahí que siempre que una persona sea detenida en un estado de salud normal y, posteriormente, aparezca con afectaciones a ésta, es obligación del Estado proveer una explicación creíble de esa situación. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diferentes precedentes dispuso que conforme al "principio lógico de la prueba", la carga probatoria recae en quien tiene mejor capacidad para probar. En este contexto, de la interpretación de los artículos 28, 29 y 49 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, se advierte que en dichos sitios de reclusión debe existir un titular del área de servicios médicos, el cual será encargado de proporcionar a los internos la atención médica necesaria y se encuentra subordinado jerárquicamente al director general de dicha institución; además, dicho servidor público debe integrar un expediente médico de cada interno en el que se dé seguimiento a su estado físico. De modo que la carga probatoria de comprobar si a un recluso le ha sido brindado el tratamiento médico adecuado, corresponde al titular del centro de reclusión, así como a los encargados del área de servicios médicos (autoridad responsable), ya que éstos se encuentran en mejores condiciones de demostrarlo, amén de que las personas privadas de su libertad, por su propia condición, no tienen modo de llevar un registro sobre su salud o tratamientos brindados; máxime que esa potestad penitenciaria es garante de los individuos que se encuentran bajo su custodia; por tanto, es su obligación dar una explicación razonable sobre si éstos han sufrido alteración en su integridad corporal, es decir, sobre su estado de salud y, en el marco del incidente de suspensión derivado de un juicio de amparo, desvirtuar la existencia del acto que se le reclama, consistente éste en la falta u omisión de atención médica adecuada. Considerar lo contrario, es decir, que la carga probatoria es de los internos, haría nugatorio su acceso a la justicia para proteger su estado de salud óptimo, pues conlleva mayor complejidad para dicho grupo comprobar su dolencia por su estado de vulnerabilidad, al no contar con el expediente clínico que tiene en su poder la autoridad, ni con el acceso a servicios de salud externos de modo directo". En consecuencia, por los motivos expuestos, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata, en términos de lo dispuesto por el citado artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII y 5° fracción II, éste último a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. DESPACHO PARA NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA. Tomando en consideración que el quejoso Rigoberto Yáñez Beltrán, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán; con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme lo dispuesto en su artículo 2°, envíese atento despacho al Juez de Primera Instancia en Materia Penal, con sede en Apatzingán, Michoacán, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda a efecto de que, cumpliendo estrictamente las medidas de prevención que resulten indispensables al realizar una notificación, con el objeto de evitar cualquier riesgo de infección y propagación del virus que ha dado lugar a la emisión del Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), emitido por el Consejo de Salubridad General de los Estados Unidos Mexicanos, realice lo siguiente: Le notifique personalmente al quejoso, el contenido íntegro del presente proveído. Se precisa a la autoridad despachada, que en el acta de la diligencia correspondiente, el Actuario de su adscripción deberá especificar que se notifica el auto de que se trata, así como la entrega de la copia del mismo a la indicada persona. Por otra parte, se previene al Juez despachado, que tan pronto como reciba el despacho, sirva ordenar el desahogo de la diligencia encomendada, y en términos de los artículos 282, 300 y 303 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se habilitan días y horas inhábiles para tal efecto; de igual forma, hágasele del conocimiento, que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, remitan las constancias al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, en atención a lo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y de medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la autoridad, que de hacer caso omiso al presente requerimiento en el plazo concedido para tal efecto, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237 fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente mediante despacho a la parte quejosa.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciocho de junio de dos mil veintiuno. AUTORIDAD INFORMA [Registro 11633]. Agréguese a sus autos el oficio signado por el Delegado del Instituto Federal de Defensoría Pública, Delegación Michoacán, con asentamiento en Morelia, mediante el cual en cumplimiento a lo requerido en autos, designa como defensor Público Federal a Armando Ibarra Aguiar, para que asista al quejoso Rigoberto Yáñez Beltrán, dentro del juicio de amparo en que se actúa. NOTIFICACIÓN AL DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL. En atención a lo anterior se ordena notificar al Armando Ibarra Aguiar, vía correo electrónico (armando.ibarra.aguiar@correo.cjf.gob.mx), para que dentro del término de tres días computado legalmente, comparezca a este juzgado a aceptar y protestar el cargo conferido; asimismo, para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, en el entendido que de no hacerlo así, dentro del plazo indicado, las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, se le practicarán por listas de acuerdos que se publican en los estrados de este Juzgado, conforme a lo establecido por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO. Lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del plazo concedido para tal efecto, o de no informar la imposibilidad legal o material que para ello tenga, se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida de Actualización, en relación con los artículos 237, fracción I, 259, ambos de la Ley de Amparo. PRECISIÓN. En el entendido que si la notificación se atiende directamente con el nombrado, podrá hacer dichas manifestaciones ante el fedatario adscrito a este órgano jurisdiccional, quien deberá asentarlo literalmente, para posteriormente dar cuenta al secretario correspondiente en la razón respectiva; o bien, la citada letrada podrá enviar la aceptación del cargo al correo electrónico oficial de este Juzgado de Distrito 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. INFORME SOBRE LA SUSPENSIÓN DE PLANO [11715]. Agréguese a sus autos el oficio signado por el Encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social 17 "CPS-Michoacán", mediante el cual con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se tiene a dicha autoridad responsable, rindiendo su informe relativo a la suspensión de plano en el presente asunto; con vista a las partes. PRUEBAS. Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 119 de la Ley de Amparo, téngase como pruebas de la citada autoridad responsable, las documentales que acompaña, mismas que se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS. En términos del artículo 9 de la ley de la materia, téngase como delegados de la autoridad responsable a Angélica Ma. Ramírez Gervacio, Antonio Pacheco Atzín, María Yeraldín Rodríguez Cuevas, Zeus Edwin Varela Calzada, Luz Alejandra Martínez Denis y Alejandra Castillo Torres. Notifíquese; al Defensor Público Federal en los términos del presente acuerdo.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · 4,104 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano