Rigoberto Vera Izaguirre

Expediente 2157/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2157/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
30/01/2023

Partes del expediente

  • Rigoberto Vera Izaguirre

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos en los que se actúa, así como el contenido de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa ********************, haya interpuesto recurso alguno en contra del auto de cinco de diciembre de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme el citado auto para todos los efectos legales procedentes.********************En tales condiciones, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y de conformidad con lo estipulado en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, se archiva el expediente como asunto total y definitivamente concluido.********************Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso b) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente.********************Como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente.********************Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la cuenta que antecede, téngase a Rigoberto Vera Izaguirre, solicitando el amparo y la protección de la justicia federal contra actos de Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 2157/2022. Ahora, como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Las anteriores consideraciones encuentran sustento en la jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable con el registro: 180663, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, cuyo rubro y texto disponen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". En el presente asunto el acto reclamado consiste en la carpeta de investigación en la cual el quejoso refiere puede estar involucrado como imputado o como testigo y forzarlo a dar una entrevista o una comparecencia como acto de investigación. Puntualizado lo anterior, respecto del acto reclamado, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracciones I y XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.].". La disposición imperativa de la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, determina la improcedencia del juicio de amparo contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, entendiéndose como tales aquellos actos jurisdiccionales que no afectan de manera real, actual, personal y directamente los derechos subjetivos (intereses jurídicos) del promovente. En el entendido que, por derecho subjetivo, se entiende el conjunto de facultades concretas atribuidas a la persona cuya situación se subsuma en la hipótesis de una norma objetiva. Luego, la orden de investigación que se siga en contra de la parte quejosa no causa un perjuicio real, actual, personal y directo a sus derechos subjetivos, razón por la cual no es impugnable en amparo indirecto. En efecto, la iniciación de la investigación ministerial o la carpeta respectiva, aun sin que el quejoso tenga conocimiento de su radicación y no se le haya dado intervención, así como su determinación, no afecta sus derechos subjetivos, ya que estos se verán afectados hasta en tanto la autoridad judicial que le corresponda conocer sobre el proceso penal resuelva procedente librar o no alguna orden que afecte la libertad del quejoso. En este sentido, es indudable la improcedencia del juicio de amparo indirecto promovido contra una orden investigación que se siga en contra de la parte quejosa, ya que dicha fase procedimental no le irroga al promovente perjuicio alguno; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad. Ello es así, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo atinente, dispone que el agente del ministerio público, está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, también lo que es el desahogo de diligencias para tal fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde otras épocas, se ordenará por la autoridad ministerial que se le privara ilegalmente de la libertad o bien, se vean comprometidos derechos humanos como podrían ser tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluidos corporales, vello o cabello, extracción de sangre entre otros. Adicionalmente, no pasa desapercibido que de acuerdo a lo estipulado en el artículo 20, apartado B, fracción VI, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un derecho fundamental que al imputado, por la posible comisión de un delito, le sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso; lo cierto es que con relación a los registros de la investigación - copias certificada de la carpeta iniciada en su contra-, establece que su acceso se da en tres momentos: 1) cuando el imputado se encuentre detenido. 2) cuando sea citado para comparecer con tal carácter; y, 3) sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Sin embargo, de la interpretación sistemática de dicha porción normativa, acertadamente se colige que los registros de investigación que integra el Ministerio Público en la fase inicial y que aporta para la investigación complementaria (esta última etapa judicializada), todos los antecedentes y registros deben ser oportunamente hechos del conocimiento de imputado para su debida defensa y para la continuación del proceso, como lo dispone el artículo 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el caso en particular, se advierte que a la fecha de la emisión de la determinación aquí reclamada, aún no se ha actualizado ninguno de los referidos supuestos; esto es, se encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter, o bien, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Por tanto, en el presente caso se reclama una orden de investigación que se instruye en su contra y el quejoso no ha adquirido la calidad de imputado en la carpeta de investigación respectiva, no se configura ninguna de las referidas hipótesis establecidas en el 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, bajo las cuales puede quebrantarse el sigilo de la investigación. Consecuentemente, se reitera que el acto reclamado, por sí no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa, como son la libertad, la vida, sus propiedades, entre otras; pues como se vio, el solicitante de amparo, en dicho procedimiento de investigación hasta la fecha de la determinación no se configuraba alguna las hipótesis establecidas en el aludido artículo 218 de la legislación en cita, para poder tener acceso a dichos registros de investigación. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial 95/2022 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Undécima Época, de rubro y texto siguiente: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA Y/U OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PERMITIR EL ACCESO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, CUANDO ÉSTA NO HA SIDO DETENIDA, CITADA A COMPARECER O AFECTADA POR OTRO ACTO DE MOLESTIA REALIZADO EN SU CONTRA CON EL CARÁCTER DE PERSONA IMPUTADA DENTRO DE LA ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN INICIAL Y SÓLO ADUCE QUE SOSPECHA TENER ESA CALIDAD. Hechos: Los Plenos de Circuito contendientes llegaron a posturas contrarias al sostener distintas líneas argumentativas para determinar si fue correcto o no el desechamiento de plano de una demanda de amparo promovida por una persona que sospechaba tener el carácter de persona imputada en una investigación, ello sin que previamente se le haya detenido o citado a comparecer. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto para desechar de plano la demanda relativa, cuando se promueve contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitir el acceso a la carpeta de investigación a una persona que no ha sido detenida ni citada a comparecer, ni ha sido objeto de un acto de molestia con el carácter de imputada y sólo aduce sospechar que tiene esa calidad. Justificación: Esta Primera Sala ha reconocido a los imputados el derecho de acceder a la carpeta de investigación para una mejor planificación de su defensa. Asimismo, este Alto Tribunal ha destacado la importancia que tiene el sigilo dentro de la etapa de la investigación inicial, el cual consiste en que los datos que recabe la Representación Social se deben mantener reservados al público en general, para que no se ponga en peligro el éxito de la investigación. En dichas circunstancias, para darle funcionalidad al sistema, se ha determinado que los registros de la carpeta de investigación se tendrán reservados hasta tanto no exista un acto de molestia concreto que evidencie que la persona tiene el carácter de persona imputada, esto es, que haya sido detenida, citada a comparecer o bien, sujeta a un acto de molestia encaminado a recabar su entrevista. Así, en los supuestos en los que una persona promueve una demanda de amparo indirecto contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitirle el acceso a la carpeta de investigación, pero del escrito de demanda y sus anexos sólo se advierte la mención de tener una sospecha o temor de ser investigado y, además, no se observa la existencia de un acto de molestia concreto (detención u orden de comparecencia), entonces, lo procedente será desechar de plano la demanda de amparo, ello de conformidad con los artículos 5o., fracción I, 61, fracción XII y 113 de la Ley de Amparo. La simple sospecha de ser persona investigada no deriva en ningún derecho subjetivo frente a la posibilidad de acceder a la carpeta de investigación, en ese sentido, se considera que la parte quejosa tiene sólo un interés simple, el cual deriva en una causal de improcedencia indudable y manifiesta. Finalmente, se insiste en que es de toral importancia que no se pierda el sigilo dentro de la investigación, por lo que el Juez de amparo deberá ser cuidadoso de revisar las constancias para advertir la existencia, o no, de un derecho subjetivo en favor de la parte quejosa. (Lo destacado es autoría de este Juzgado) En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, SE DESECHA LA DEMANDA AMPARO respecto del acto reclamado, atento a lo establecido por el numeral 113 del invocado ordenamiento legal. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Vistos los autos del juicio, de los que se advierte que a las ONCE HORAS DEL CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, tuvo verificativo la audiencia constitucional en este juicio de amparo; y, tomando en consideración la impresión del correo electrónico de cuenta, y el oficio 1292/2022, emitido por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, de dos de diciembre de dos mil veintidós, en la cual se determinó que el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, apoyará a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, en la resolución de juicios de amparo. En consecuencia, toda vez que el presente asunto se encuentra integrado electrónicamente, se ordena dar vista a la Analista Jurídica - SISE-, a fin de que realice la vinculación correspondiente al Juzgado Auxiliar, para el dictado de la sentencia correspondiente. Para lo cual, debe seguir los lineamientos establecidos para el envío de remesas de asuntos a los órganos jurisdiccionales auxiliares. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Notifíquese.

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