Rigoberto Valenzuela García

Expediente 524/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 33 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
524/2020
Año
2020
Actuaciones
33
Última actuación
20/09/2021

Partes del expediente

  • Gobernador del Estado de Baja California
  • Rigoberto Valenzuela García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 33.

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, escrito signado por el autorizado legal de la parte quejosa, en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele a su costa copia certificada de lo que solicita, previa razón que por su recibo se agregue en autos. Ahora, en atención a su diversa solicitud, dígasele que mediante proveído de veintitrés de agosto pasado, se previno a la parte quejosa para que acudiera a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que exhibió en el presente asunto.

  2. Principal

    Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días hábiles que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia constitucional de de dos de agosto de dos mil veintiuno, pronunciada dentro de los autos del juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con los diversos numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia en la que sobreseyó en el presente asunto, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes, y en su oportunidad archívese el presente asunto como totalmente concluido; asimismo, glósese el cuaderno de suspensión respectivo y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Sin que se oponga a la anterior determinación el que no se encuentre glosado el acuse por los que se ordenó notificar a la autoridad responsable foránea, la sentencia que el día de hoy causa ejecutoria, toda vez que se estima que con ello no se causa algún agravio a la misma, entendiendo como tal, todo menoscabo, lesión, ofensa o perjuicio en su esfera jurídica o en su patrimonio, siempre que éste sea material y apreciable objetivamente con motivo de la actividad u omisión del órgano jurisdiccional que esté conociendo del asunto o haya tenido conocimiento de él; ello acontece en el caso, en virtud de que, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, dicha resolución sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa. En este orden de ideas, si establecemos que el recurso de revisión que dispone el artículo 81 de la ley de la materia, es el medio de impugnación para el caso de que el recurrente considere que se le ha causado un agravio, y su objetivo es que un órgano superior, examine la resolución dictada por el inferior para obtener una mejoría jurídica de la resolución impugnada, ya sea por revocación o modificación del asunto de que se trate, y que el diverso numeral 87 de la legislación invocada, establece que las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que a cada una de ellas se haya reclamado; en consecuencia, como se apuntó, en este caso en particular, no se estudió el acto reclamado por las razones antes expuestas, por tanto, se llega al convencimiento de que no existe tal afectación; aunado a que, el presente asunto no se encuentra en los supuestos que establece la parte final del primer párrafo del citado numeral. A mayor abundamiento, cabe puntualizar que si conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, constitucional y 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en de la fracción I, del artículo 5 de la invocada legislación, debiendo por ello seguirse por el agraviado, su representante, apoderado o por su defensor, lo que significa que tanto la promoción del amparo como sus recursos e instancias se seguirán siempre por persona interesada, o sea, aquella a quien el acto reclamado o la actuación u omisión impugnados causen un agravio personal y directo; es evidente que siendo esto un principio fundamental del juicio constitucional que legitima a los promoventes, para accionar, y al haberse sobreseído el presente juicio, las autoridades responsables carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión en cuestión, dado que, con el dictado de la sentencia correspondiente ha quedado agotada su actuación, de modo que el interés para que en todo caso tal determinación subsista o no, sólo la tiene la parte promovente. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente juicio de amparo, atendiendo a sus particularidades, es destruible y carece de relevancia documental, por no encuadrar en los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva, así como la relativa al archivo del presente expediente. Expediente que, de conformidad con lo asentado en la certificación secretarial de cuenta, no encuadra en alguna de las hipótesis que establecen los capítulos quinto, sexto o séptimo del Acuerdo General en cita. Consecuentemente, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el primer párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, procédase a su destrucción en términos del penúltimo parágrafo del referido dispositivo; lo que se estima acontecerá a partir del veintiséis de agosto de dos mil veinticuatro. Ahora, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el duplicado del incidente de suspensión se encuentra dentro de la hipótesis que establece el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, por tanto, el mencionado duplicado es susceptible de destrucción; en consecuencia, una vez que transcurra el término de seis meses que establece el citado Acuerdo, dese nueva cuenta para acordar lo procedente, hasta entonces el citado duplicado deberá archivarse en el lugar que corresponda, debiendo la Secretaria realizar el cómputo respectivo para facilitar, en su oportunidad, la destrucción respectiva. En el entendido de que el término de seis meses de que se habla, se computará a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, razón por la cual la fecha probable para su destrucción, lo será a partir del día veintiocho de febrero de dos mil veintidós. De igual forma, atento a la certificación secretarial de cuenta y en cumplimiento a lo ordenado en el párrafo tercero del punto décimo primero del Acuerdo en cita, prevéngase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que exhibió; con el apercibimiento que de no hacerlo así, previo a su transferencia al Centro Archivístico Judicial que corresponda, de conformidad con el citado acuerdo, dichos documentos podrán ser remitidos junto con el expediente, para su destrucción.

  3. Principal

    R E S U E L V E : PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido Rigoberto Valenzuela García, respecto de los actos que reclamó a las autoridades responsables precisadas en el considerando tercero, por los motivos expuestos en la presente sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de esta resolución constitucional.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y atento al contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que mediante auto de seis de octubre de dos mil veinte, se reservó proveer respecto a las pruebas ofrecidas por la parte quejosa en su escrito de demanda, hasta en tanto se contara con los informes justificados de las autoridades responsables, lo que a la fecha ya aconteció; así entonces provéase lo relativo a dichas probanzas. Ahora, en relación a la prueba testimonial que ofrece a cargo de Miguel Chávez Velázquez y Tania Melina (apellido ilegible) Méndez; previo a la admisión o desechamiento del citado medio de convicción, se tiene que el artículo 119 de la Ley de Amparo, refiere: "Artículo 119. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que esta Ley disponga otra cosa. [.] Las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. [.] Para el ofrecimiento de las pruebas testimonial, pericial o inspección judicial, se deberán exhibir original y copias para cada una de las partes de los interrogatorios al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, proporcionando el nombre y en su caso el domicilio cuando no los pueda presentar; el cuestionario para los peritos o de los puntos sobre los que deba versar la inspección. No se admitirán más de tres testigos por cada hecho. Cuando falten total o parcialmente las copias a que se refiere el párrafo anterior, se requerirá al oferente para que las presente dentro del plazo de tres días; si no las exhibiere, se tendrá por no ofrecida la prueba. El órgano jurisdiccional ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes para que puedan ampliar por escrito, en un plazo de tres días, el cuestionario, el interrogatorio o los puntos sobre los que deba versar la inspección, para que puedan formular repreguntas al verificarse la audiencia." De lo anterior se colige, que el plazo para ofrecer la prueba testimonial en el juicio de amparo indirecto corre desde la presentación de la demanda hasta cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, requisito que la parte quejosa satisfizo al momento de ofrecerla, pues lo realizó en el escrito inicial de demanda. Además, dispone que para su ofrecimiento, deberán exhibirse el original y copias del interrogatorio para cada una de las partes, al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, proporcionando sus nombres y, en caso de que el oferente no pueda presentarlos, sus domicilios. Asimismo, se tiene que no basta con que la prueba se ofrezca para ser admitida, pues las condiciones de eficacia del ofrecimiento de la prueba testimonial son su oportunidad, la exhibición del interrogatorio original y la presentación de las copias respectivas; de ahí que, si la prueba se ofrece desatendiendo cualquiera de los dos primeros requisitos, es decir, ofrecerse a más tardar cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, y exhibir original y copias para cada una de las partes de los interrogatorios al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, proporcionando el nombre y en su caso el domicilio cuando no los pueda presentar. Ahora, en el caso concreto, se tiene que la parte quejosa fue omisa en dar cumplimiento al requisito antes referido, así como del estado procesal que guardan los autos, se aprecia que la parte quejosa no presentó el interrogatorio sobre el cual deberá versar dicha probanza. Por lo antes expuesto, resulta procedente desechar de plano las testimoniales ofrecidas por la parte quejosa a cargo de los testigos en cita, en términos de lo dispuesto en el artículo 119 de la ley de la materia. Esto es así, porque el interrogatorio delimita el objeto de la prueba y su contenido constituye la materia sobre la cual versará, por tanto, es su elemento medular, sin el cual no puede considerarse formulado su ofrecimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto a la letra dicen:1 "PRUEBA TESTIMONIAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE EXHIBICIÓN DEL INTERROGATORIO ORIGINAL AL OFRECERLA, DA LUGAR A SU DESECHAMIENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 119, PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). Conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, el plazo para ofrecer la prueba testimonial en el juicio de amparo indirecto corre desde la presentación de la demanda hasta cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el 1 Jurisprudencia número P./J. 17/2018, décima época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo I, de junio de dos mil dieciocho, visible en la página 15. del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Asimismo, dispone que para su ofrecimiento, deberán exhibirse el original y copias del interrogatorio para cada una de las partes, al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, proporcionando sus nombres y, en caso de que el oferente no pueda presentarlos, sus domicilios; y que a falta total o parcial de las copias, el Juez del conocimiento lo requerirá para que las presente dentro del plazo de tres días, apercibiéndolo que de no hacerlo la prueba se tendrá por no ofrecida. En ese tenor, no basta con que la prueba se ofrezca para ser admitida, pues las condiciones de eficacia del ofrecimiento de la prueba testimonial son su oportunidad, la exhibición del interrogatorio original y la presentación de las copias respectivas. De ahí que, si la prueba se ofrece desatendiendo cualquiera de los dos primeros requisitos, el Juez del conocimiento debe desecharla, pero si se omite exhibir las copias, la consecuencia es prevenir al oferente. Esto es así, porque si bien, tanto la exhibición del interrogatorio original como la de sus copias son elementos esenciales para el perfeccionamiento del ofrecimiento de la prueba, lo cierto es que, por un lado, existe disposición expresa del legislador para subsanar la falta de las segundas, lo que no ocurre con el interrogatorio original. Además, sus finalidades son diferentes, toda vez que el interrogatorio delimita el objeto de la prueba y su contenido constituye la materia sobre la cual versará, por tanto, es su elemento medular, sin el cual no puede considerarse formulado su ofrecimiento, mientras que sus copias sólo son un instrumento formal, necesario para permitir a las partes restantes formular su contradicción. Así, dadas sus diversas finalidades, la facultad de requerir las copias de traslado, ante su falta total o parcial, no puede extenderse al interrogatorio original, ya que de lo contrario, se haría nugatorio el plazo previsto en el artículo 119 citado, pues sólo bastaría con que la prueba se ofreciera dentro del plazo previsto para ello y que se perfeccionara fuera de él, en franca violación a los principios de expeditez y de igualdad procesal de las partes que rigen el juicio de amparo indirecto, además de que el mismo precepto no dispone que el juzgador deba actuar de manera excepcional, como sí lo precisó cuando se trata de la falta de copias, en términos del principio general del derecho previsto en el artículo 11 del Código Civil Federal, acorde con el cual, las leyes que establecen una excepción a las reglas generales, no son aplicables a algún caso que no esté expresamente especificado en aquéllas." Por otra parte, respecto a la diversa prueba de inspección judicial, en términos de lo dispuesto por el artículo 119 de la ley de la materia, en relación con el 161 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la normatividad antes citada, se tiene por ofrecida en tiempo y forma, la prueba de inspección judicial. Ahora, previo en acordar sobre su desahogo, es de importancia señalar que la finalidad de una inspección ocular o judicial, es que el funcionario que la practique, perciba por medio de sus sentidos alguna situación fáctica sobre lugares, personas u objetos relacionados con la controversia en un momento determinado, sin que para su comprensión o interpretación se requieran de conocimientos técnicos especiales; por tanto, el servidor público que realice tal diligencia no tiene manera de percibir actividades o circunstancias acontecidas en el pasado, pues para que así fuera, sería necesario que el fedatario se hubiese constituido en el momento en que sucedieron los hechos. Por tanto, la inspección judicial únicamente es apta para demostrar las características físicas de algún objeto o bien inmueble al momento de realizar la diligencia y, en su caso, dar fe de los hechos o actividades que pueda percibir en ese instante por medio de los sentidos. Así entonces, de conformidad con lo establecido en los numerales 161, 162, 163, 164 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se señalan para el desahogo de la inspección solicitada en el escrito que se atiende, las once horas del veintidós de junio de dos mil veintiuno; lo cual deberá hacerse con apego a los referidos artículos. Por tanto, se comisiona al Actuario Judicial adscrito, para que en la hora y fecha señalada, se constituya en el inmueble ubicado en paseo José María Morelos y Pavón número 0, de la colonia industrial con clave catastral 4-FC-060-940, de Tecate Baja California, con superficie documental de 4,954.55 metros cuadrados y una superficie física de 4,244.273 metros cuadrados del también identificado como Fracción de terreno urbano ubicado dentro de la Línea Ferroviaria identificada como "UB" del kilómetro 61+140.61 al 61+205.98 lado izquierdo colonia zona este de Tecate Baja California; y dé fe de todo aquello susceptible de apreciarse por medio de los sentidos, al tenor de los puntos sobre los cuales versa la misma. Asimismo, se autoriza el uso de cámara fotográfica para capturar las imágenes que soporten la inspección de que se trata; dicha diligencia deberá hacerse del conocimiento de las partes para que en la fecha y hora en que se llevará a cabo el desahogo del citado medio de convicción, se encuentren en posibilidad de estar presentes en el desahogo de la misma. Luego, la parte oferente solicita se lleve a cabo el desahogo de la referida prueba de inspección judicial con el apoyo de la perito Alejandro Santiago Saucedo, se acuerda de conformidad, única y exclusivamente para que la perito antes citada, auxilie al Fedatario Judicial, sólo a la ubicación del inmueble; lo anterior, toda vez que como se dijo en párrafos precedentes, la finalidad de la inspección ocular consiste en que el funcionario judicial aprecie por medio de sus sentidos alguna situación fáctica sobre lugares, personas u objetos relacionados con la controversia en un momento determinado, sin que para su comprensión o interpretación se requieran de conocimientos técnicos especiales o el análisis de constancias; perito que deberá ser presentada a la diligencia señalada por conducto del oferente de la prueba por así haberse comprometido; en el entendido que la diligencia antes señalada será desahogada con o sin la presencia de la citada perito. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis XVII.2o.5 K2, con número de registro 203791, que en su rubro y texto expresa: "INSPECCIÓN OCULAR Y PERICIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. PUEDEN OFRECERSE Y DESAHOGARSE EN FORMA ADMINICULADA. Aun cuando el artículo 151 de la Ley de Amparo, expresamente no prevé el ofrecimiento y desahogo de las pruebas pericial e inspección ocular en forma adminiculada, ello no significa que tales probanzas no puedan llevarse al cabo de la manera señalada, dado que si se ofrece ésta para dar fe de determinadas características de un objeto, y para esto se requieren conocimientos técnicos especiales, nada impide que, para que el juzgador se encuentre en posibilidad de practicar la referida inspección, se auxilie de un perito en la materia; sin que al hacerlo así se contravenga lo dispuesto por el artículo 161 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al ordenamiento jurídico antes indicado, pues la referida adminiculación de las probanzas de mérito no priva a la inspección ocular de su naturaleza jurídica, a más de que de no hacerse así se evitaría que el promovente probara el extremo que pretende, con medios de convicción permitidos en el juicio de garantías, ya que el juez carece de los conocimientos técnicos sobre la materia, lo que haría imposible legalmente el desahogo de la probanza en cuestión si no se adminicula con la prueba pericial." A lo anterior, tiene aplicación la tesis I. 7o.A 51 K3, con número de registro 184109, que dice: "INSPECCIÓN JUDICIAL. NO ES LA PRUEBA IDÓNEA PARA DEMOSTRAR O DESVIRTUAR ACTUACIONES QUE REQUIEREN CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS. De conformidad con los artículos 161 a 164 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la finalidad de la inspección judicial es que el funcionario que la practique perciba por medio de sus sentidos alguna situación fáctica sobre lugares, personas u objetos relacionados con la controversia en un momento determinado, sin que para su comprensión o interpretación se requieran de conocimientos técnicos especiales; por tanto, el servidor público que realice tal diligencia no tiene manera de percibir actividades o circunstancias acontecidas en el pasado, pues para que así fuera, sería necesario que 2 Visible a página 549, Tomo II, Noviembre de 1995, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimo Séptimo Circuito. 3 Emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1006, Tomo XVII, Junio de 2003, Novena Época, del semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. el fedatario se hubiese constituido en el momento en que sucedieron los hechos. Por tanto, la inspección judicial por sí sola es insuficiente para demostrar, o en su defecto desvirtuar, hechos contenidos en algún medio probatorio acaecidos con anterioridad y únicamente es apta para demostrar las características físicas de algún objeto o bien inmueble al momento de realizar la diligencia y, en su caso, dar fe de los hechos o actividades que pueda percibir en ese instante." En consecuencia, a fin de dar tiempo a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las diez horas con catorce minutos del dos de agosto de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la misma.

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