Rigoberto Tuz y Tun
Expediente 578/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 578/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún · Quintana Roo
Partes del expediente
- Rigoberto Tuz y Tun
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
: Agréguese a los autos la promoción de cuenta, mediante la cual el Subadministrador Desconcentrado de Recaudación de Quintana Roo "2" de la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad, en atención al requerimiento formulado en proveído de uno de septiembre pasado, informa que se encuentra en proceso de cobro la multa impuesta a ***, Presidente de la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo. Circunstancia de la cual queda enterado este órgano jurisdiccional.
- Principal
: I. Autoridad cumple requerimiento. Agréguese a los autos la promoción de cuenta, mediante la cual el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Quintana Roo "2", de la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad, por conducto del Subadministrador Desconcentrado de Recaudación, en atención al requerimiento formulado en proveído de uno de septiembre pasado, en suma, solicita la clave del Registro Federal de Contribuyentes con homoclave, o bien, la Clave Única del Registro de Población (CURP), o en su defecto la fecha de nacimiento y el domicilio completo de ***, Presidente de la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, con la finalidad de hacer efectiva la multa impuesta al citado funcionario público en este juicio de amparo. Al respecto, hágase saber a la referida autoridad tributaria que de manera adjunta al oficio que ahora atiende (3680/2022-II de uno de septiembre de dos mil veintidós), se le remitieron los siguientes datos para hacer efectiva la multa en comento: Datos proporcionados por el superior jerárquico del referido funcionario público, mediante promoción con registro interno 14785, la cual se le remitió de manera adjunta al aludido oficio. II. Nuevamente se ordena girar oficio para hacer efectiva multa. En ese contexto, toda vez que de los referidos datos es posible advertir con claridad la clave del Registro Federal de Contribuyentes con homoclave, la fecha de nacimiento que se obtiene de dicha clave y el domicilio completo de ****, Presidente de la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, con la finalidad de hacer efectiva la multa impuesta al citado funcionario público en este juicio de amparo. Por tanto, nuevamente gírese atento oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Quintana Roo "2", de la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad, a fin de que haga afectiva la multa impuesta al citado funcionario público, en los términos indicados en el aludido acuerdo de uno de septiembre de dos mil veintidós.
- Principal
: I. Causa ejecutoria sentencia. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes recurrieran la sentencia dictada el catorce de julio de dos mil veintidós; por tanto, se declara que la resolución de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. II. Se ordena hacer efectiva multa impuesta. Ahora, como se mencionó en el apartado anterior, de la certificación de cuenta se advierte que el Presidente de la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, no recurrió la referida sentencia dictada el catorce de julio de dos mil veintidós. Por tanto, toda vez que causó ejecutoria la sentencia en la que se le impuso una multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, que asciende a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, sin centavos, moneda nacional), se ordena hacer efectiva la multa impuesta a la citada autoridad. Toda vez que este órgano jurisdiccional no cuenta con mayores datos de la citada autoridad para hacer efectiva la multa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo de la Constitución Federal, 237, fracción I, 259 de la Ley de Amparo, y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase vía ordinaria y telegráfica al Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al que surta efectos la notificación del presente acuerdo, proporcione el nombre, domicilio actual, la clave del Registro Federal de Contribuyentes y cualquier otro dato de localización del registro de Gabriel Alejandro Tadeo Ake Castillo, Presidente de la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en párrafos precedentes, con el apercibimiento que de no cumplir con lo solicitado o de no manifestar la imposibilidad que tenga para tal efecto, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, con fundamento en los artículos 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 237, fracción I, y 244 de la Ley de Amparo. Luego, una vez que se tenga los datos fiscales de la mencionada autoridad, gírese atento oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Quintana Roo "2", de la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en esta ciudad, a fin de que haga afectiva la multa impuesta al citado funcionario público.
- Principal
En catorce de julio de dos mil veintidós, el secretario Carlos Arturo Sandoval Salvatori, certifica: que obra la constancia de notificación del oficio mediante el cual se solicitó a la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, su respectivo informe justificado y que no hay pruebas pendientes por preparar. Asimismo, se hace constar que el plazo de quince días hábiles concedido a la precitada autoridad responsable por auto de trece de junio de dos mil veintidós, para que rindiera informe justificado, transcurrió del dieciséis de junio al seis de julio de dos mil veintidós, dado que el oficio 2492/2022-II, mediante el cual se le comunicó dicho proveído le fue notificado el quince de junio de la citada anualidad, surtiendo sus efectos el mismo día. Se excluyen de ese cómputo el dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de junio, así como el dos y tres de julio, todos de dos mil veintidós, por ser inhábiles de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Amparo. Conste. El secretario En Cancún, Quintana Roo, a las diez horas con veinte minutos del catorce de julio de dos mil veintidós, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo indirecto 578/2022-II, Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, actuando con Carlos Arturo Sandoval Salvatori, secretario que autoriza y da fe, la declaró abierta sin la comparecencia de las partes. Abierta la audiencia, el secretario da lectura a la demanda y demás constancias de autos, y da cuenta al Juez con la promoción con registro interno 12221; en consecuencia, el Juez acuerda: agréguese a los autos el pedimento firmado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado; visto su contenido, téngansele por hechas las manifestaciones ahí vertidas y con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, dese cuenta con el mismo en la etapa correspondiente de esta audiencia. En cuanto a la solicitud de expedir copias certificadas de la resolución que se pronuncie en este juicio, con apoyo en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse copias certificadas de la misma. En ese contexto, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, el secretario hace constar que las partes no ofrecieron algún medio de prueba; a lo que el Juez provee: se declara cerrada la fase probatoria. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, formuló manifestaciones en vía de alegatos, no así las demás partes; luego, el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hechas las manifestaciones que en vía de alegatos formula la fiscal de la adscripción; por lo que se da por concluida la etapa de esta audiencia. Enseguida, el secretario certifica que no hay promociones pendientes de acordar. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por celebrada la presente audiencia constitucional y al encontrarse integrado el expediente en que se actúa, se dicta la siguiente resolución. V I S T O S los autos del juicio de amparo indirecto 578/2022-II, promovido por Roberto Tuz y Tun, por derecho propio, contra una omisión de la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el diez de junio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, remitido por razón de turno en la citada fecha a este juzgado de Distrito, Roberto Tuz y Tun, por derecho propio, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra un acto de la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, por considerarlo violatorio del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace consistir en: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: - - - 1.- La omisión de acordar las pruebas pendientes por desahogar en el expediente laboral No. 812/2020, radicado ante la Junta Especial No. Uno de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad de Cancún, Quintana Roo, en el presente juicio, toda que se reservó (sic) el derecho de acordar las mismas, en el acuerdo de fecha doce de abril de del presente año." SEGUNDO. Radicación, admisión de demanda y audiencia constitucional. Recibida la demanda de amparo el diez de junio de dos mil veintidós, en este juzgado de distrito, por auto de trece siguiente, se ordenó formar expediente que fue registrado bajo el número 578/2022-II; se admitió a trámite, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete, quien formuló pedimento en el sentido de conceder el amparo solicitado, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahoga al dictar esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso concreto se reclama un acto de un tribunal en materia del trabajo que carece de ejecución material y la demanda de amparo se presentó en esta ciudad. SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda de amparo en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar el acto reclamado en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional y demás constancias de autos, se hace consistir en: De la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, la omisión de proveer en relación con la admisión de las pruebas ofrecidas y relacionadas en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas de doce de abril de dos mil veintidós, verificada en el juicio laboral 812/2020 de su índice. "Novena Época No. Registro: 192097 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Toda vez que se ha precisado el acto reclamado por la parte quejosa en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, fue omisa en rendir informe justificado, a pesar de encontrarse notificada del auto de trece de junio de dos mil veintidós, mediante el cual se le solicitó, y de haber transcurrido el plazo para rendirlo, tal y como se advierte de la certificación secretarial del día de la fecha, así como de la constancia de notificación del oficio 2492/2022-II, a través del cual se le requirió esa información. Por tanto, con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume cierta la existencia del acto reclamado, precisado en el considerando tercero de esta sentencia. QUINTO. Estudio de las causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público y preferente análisis, se realiza el examen de las causas de improcedencia del juicio de amparo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que previene: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se citan: "Quinta Época No. Registro: 395571 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1985 Parte VIII Materia(s): Común Tesis: 158 Página: 262 IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Ahora, en el presente caso, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, en relación con el 5°, fracción I, de la propia ley, toda vez que la parte quejosa no acreditó su interés jurídico. Al respecto, el artículo 61, fracción XII, y el diverso 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a la letra disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, tendiendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]." Cabe destacar que la disposición legal en estudio, establece uno de los principios fundamentales del juicio de amparo, el cual consiste en la posibilidad de que el impetrante de derechos fundamentales acuda al juicio cuando sea titular de un derecho que sea trasgredido por un acto de autoridad, esto es, que se haya afectado su esfera jurídica y acuda en su defensa. En efecto, el juicio de amparo sólo puede ser seguido a instancia de parte agraviada, lo cual implica que únicamente quien tiene un interés jurídico y tutelado cuenta con legitimación procesal y sustantiva, para promover y obtener la protección constitucional. En ese contexto, el primer presupuesto para la procedencia del juicio está determinado por la legitimación procesal del accionante del amparo, la cual le confiere, a su vez, la posibilidad de acreditar un interés jurídico sustantivo, que de resultar afectado con el acto autoritario que en su caso reclame, es necesario acreditar que dicha conducta afecte su esfera de derechos subjetivos, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. Luego, para demostrar la afectación al interés jurídico en el amparo, se requiere que la parte quejosa acredite a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley, cuando menos, la existencia de los siguientes elementos: un derecho del quejoso sobre el bien tutelado; la precisión indudable de ese derecho (legitimación), y la afectación del citado derecho, a través de un acto autoritario (principio de agravio personal y directo). Sustenta lo anterior, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se trascriben a continuación: "Octava Época Registro: 394808 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 852 Página: 581 Genealogía: APÉNDICE '95: TESIS 852 PG. 581 INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías." Como consecuencia de lo anterior, se puntualiza que el interés jurídico reviste tal importancia en el juicio de amparo, que debe quedar fehacientemente acreditado y no inferirse de simples deducciones. Resulta aplicable, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se trascriben a continuación: "Octava Época Registro: 206338 Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 82, Octubre de 1994 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 16/94 Página: 17 INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Por otro lado, el interés legítimo se identifica con la afectación del acto reclamado a la esfera jurídica de la parte quejosa en virtud de una situación especial de ésta frente al orden jurídico, es decir, un agravio indirecto, que le da legitimación en la causa para promover el juicio de amparo, toda vez que de concederse éste, su declaratoria de inconstitucionalidad traería consigo una ventaja para la parte promovente. En ese orden de ideas, es pertinente señalar que hay interés legítimo cuando una conducta de la autoridad es susceptible de causar un perjuicio o generar un beneficio en la situación fáctica del interesado, tutelada por el derecho, y éste no tiene un interés subjetivo para impedir esa conducta o imponer una distinta, pero sí para reclamar a los tribunales la inobservancia de las normas jurídicas cuya infracción pueda perjudicarle con el objeto de defender esa situación de su interés. Por otra parte, se precisa que cuando se reclama un acto proveniente de un órgano jurisdiccional, la parte quejosa deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo, es decir, le corresponderá comprobar su interés jurídico. Establecida la primera premisa del análisis, corresponde ahora determinar las consecuencias de la omisión de la autoridad responsable de rendir su informe justificado, en lo que se refiere al interés jurídico de la parte quejosa, ya que se reclama una omisión en un juicio laboral. Al respecto, debe decirse que la carga de probar el interés jurídico, así como la inconstitucionalidad de los actos reclamados, no surge de la omisión de la autoridad responsable de rendir su informe con justificación, sino que le corresponde a la parte quejosa desde el momento mismo de presentación de la demanda de amparo y, en todo caso, la autoridad al rendir su informe podría relevarlo de la misma, si de dicho informe o de las constancias acompañadas, quedara demostrado el interés jurídico de la parte quejosa o la inconstitucionalidad del acto reclamado. Sin embargo, al no suceder así, ante la omisión de la autoridad responsable de rendir informe justificado, corresponde al quejoso demostrar ese interés jurídico que haga procedente el juicio de amparo. No obsta a lo anterior, que las fracciones IV y V del artículo 108 de la Ley de Amparo, impongan la obligación al quejoso de señalar en su demanda de amparo el acto que de cada autoridad se reclame y, que además manifieste, bajo protesta de decir verdad, los hechos y abstenciones que le constan y que constituyen el antecedente del acto reclamado y el fundamento del concepto de violación, pues únicamente puede presumirse la existencia del acto atribuido a la autoridad responsable, pero no los demás hechos señalados, por lo que tampoco opera la obligación prevista en el distinto numeral 75 de la propia ley en el sentido de recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la autoridad responsable. Por tanto, dado que la parte quejosa no ofreció prueba alguna, se estima que no probó que es parte en el juicio laboral de origen, lo cual conlleva a determinar la falta de interés jurídico para combatir el acto reclamado de la junta responsable, precisado en el considerando tercero de esta sentencia. En ese orden de ideas, resulta improcedente el juicio de derechos fundamentales, por actualizarse la causa de improcedencia en estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razones, la jurisprudencia siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2006144 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 5, Abril de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 23/2014 (10a.) Página: 206 INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo." Corolario de lo anterior, procede sobreseer en el presente juicio, respecto de la omisión atribuida a la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, precisada en el considerando tercero de este fallo, de conformidad con lo previsto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el numeral 61, fracción XII, de la citada ley. Finalmente, se precisa que no es el caso analizar los alegatos hechos valer por la Agente del Ministerio Público de la adscripción, toda vez no forman parte de la litis y en nada cambiarían el sentido de la presente resolución. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Octava Época Registro: 205449 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 80, Agosto de 1994 Materia(s): Común Tesis: P./J. 27/94 Página: 14 ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." SEXTO. Multa a autoridad omisa en rendir informe justificado. Visto el estado que guardan los autos y la certificación secretarial del día de la fecha, se advierte que por proveído de trece de junio de dos mil veintidós, como se ha visto, se requirió a la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, para que dentro del término de quince días rindiera informe justificado, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondría una multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, lo que se le notificó el quince de junio de dos mil veintidós, tal como se advierte del acuse de recibo correspondiente, sin que a la fecha de la cuenta haya dado cumplimiento al requerimiento que le fue impuesto, pues concluyó el seis de julio de dos mil veintidós. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado por auto de trece de junio de dos mil veintidós y con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se impone una multa al Presidente de la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, prevista en el artículo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo de la Constitución Federal, que a la fecha es de noventa y seis pesos, con veintidós centavos, moneda nacional; por lo que el monto de la sanción asciende a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, sin centavos, moneda nacional); por tanto, en el momento procesal oportuno, gírese oficio acompañado de los insertos necesarios al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Quintana Roo "2" del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad, a fin que haga efectiva la multa impuesta. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis cuyos datos de localización, rubro y texto se citan: "Época: Octava Época Registro: 231458 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Tesis Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Laboral Tesis: Página: 532 INFORME JUSTIFICADO DE LAS JUNTAS ESPECIALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. SU OMISIÓN ES RESPONSABILIDAD DE LOS PRESIDENTES DE LAS MISMAS. De conformidad con el artículo 618 fracción VI de la Ley Federal del Trabajo, los presidentes de las juntas especiales tienen la obligación de rendir los informes en los amparos que se interpongan en contra de los laudos y resoluciones dictados por la junta especial en consecuencia, en caso de incumplimiento los únicos responsables y acreedores a la sanción correspondiente lo serán los presidentes de aquéllas, pero no los demás integrantes de las mismas." Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Roberto Tuz y Tun, por derecho propio, contra el acto reclamado de la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, precisado en el considerando tercero, por los motivos expuestos en el quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Una vez que cause ejecutoria este fallo, gírese oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Quintana Roo "2" del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad, para que haga efectiva la multa impuesta al Presidente de la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, de conformidad con lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún · 12,649 expedientes
- Rigoberto Meraz Lara679/2016
- Rigoberto Ocampo Osorio878/2020
- Rigoberto Pérez Morales257/2019
- Rigoberto Ricardo Ucan Dzib37/2014
- Rigoberto Rodríguez Trejo1449/2018
- Rigoberto Tuz y Tun772/2022
- Riki Luis Hernández Martínez333/2017
- Rinaldo Fernández Santiago72/2018
- Rios Loaiza, Sociedad Civil.527/2019
- Rita Alejandra Loira Estrella685/2016
- Rita Elena Vadillo Villamil1763/2017
- Rita Herrera Flamenco151/2021