Rigoberto Tovar Escobar

Expediente 1427/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1427/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Rigoberto Tovar Escobar

Actuaciones

  1. Principal

    V I S T O S para resolver los autos relativos al juicio de amparo 1427/2023-II, promovido por ********************, quien se ostenta como apoderado legal de ********************, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Cuernavaca, Morelos. I. TRÁMITE PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiséis de octubre de dos mil veintitrés (fojas 2 a 5), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido el treinta siguiente, por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, ********************, quien se ostenta como apoderado legal de ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra la autoridad y acto que se transcriben a continuación: AUTORIDAD RESPONSABLE "JUNTA FEDERAL NÚMERO 31 DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN ESTADO DE MORELOS ACTO RECLAMADO "Lo constituye la denegación de justicia al no emitir el acuerdo correspondiente a mi promoción de fecha de 23 de agosto del año 2023,recepcionada por dicha autoridad a través de su oficialía de partes con el número de folio 00********************,misma que anexo al presente ocurso. A efecto de que provea respecto a la misma lo que en derecho corresponda y no obstante haber solicitado en reiteradas ocasiones al personal jurídico, en forma verbal, lo conducente, hasta la fecha se muestra rebelde." SEGUNDO. Admisión, y trámite de la demanda. Mediante auto de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, este Juzgado formó el expediente 1427/2023-II y se admitió a trámite la demanda, así como se requirió a la autoridad responsable el informe justificado, dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103 y 107 constitucionales; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 y 61, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y conforme a lo previsto en el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, dado que se reclama omisión laboral atribuida a una autoridad en esa materia en la jurisdicción que corresponde a este órgano constitucional. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2016, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, instancia: Segunda Sala, libro 27, febrero de dos mil dieciséis, tomo I, materia común, página 705, registro 2010982, de rubro y texto siguientes: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1º. Constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto". SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe fijarse de manera clara y precisa el acto reclamado, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: I.- De la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Cuernavaca, Morelos, lo siguiente: a.- La omisión de acordar la promoción de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, con número de folio ******************** dentro del juicio laboral de origen ********************. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Cuernavaca, Morelos, al rendir su informe justificado (foja 15), aceptó la omisión que se le atribuye. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN Sexta Sección- Procedimiento de amparo indirecto, Quinta Época, Materia Común, Tesis 749, Página 830, Registro 1002815, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo que además se robustece con las constancias del juicio laboral ********************, que acompañó al rendir informe justificado (fojas 15 a 17), a las que se les concede valor probatorio pleno, con apoyo en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición del artículo 2 de la Ley de Amparo. Por lo que se tiene por cierta la omisión reclamada. CUARTO. Análisis de los conceptos de violación. Se tienen por reproducidos en sus términos los conceptos de violación que formula la parte quejosa en su demanda de amparo, en obvio de transcripciones innecesarias, habida cuenta que para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo su transcripción resulta innecesaria. Es fundado, suplido en su deficiencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, el concepto de violación en el que la parte quejosa aduce, sustancialmente, que se transgrede en su perjuicio el derecho humano de acceso efectivo a la jurisdicción, en virtud de que la Junta responsable ha sido omisa en dictar el acuerdo correspondiente al escrito presentados el veintidós de agosto de dos mil veintitrés, registrado con el folio ********************, dentro del procedimiento laboral ********************, en el plazo establecido en la Ley Federal del Trabajo. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, estableció que en ellos se consagra el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. El derecho humano en comento, conforme al criterio de nuestro Alto Tribunal, posibilita que toda persona, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, acceda de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. De ahí que, el acceso efectivo a la justicia comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos, a saber: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho humano de acceso efectivo a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que corresponden las garantías del debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Los derechos antes mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 103/2017 (10a.), con registro digital 2015591 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, libro 48 Noviembre de 2017, Tomo I, pagina 151, que dice: "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN.De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales." El artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo, establece: "Artículo 838.- El Tribunal dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley". En esa tesitura, se advierte que la autoridad responsable tenía cuarenta y ocho horas para acordar el escrito presentado el veintidós de agosto de dos mil veintitrés, en el juicio laboral ********************; sin embargo, de autos no se advierte que lo haya realizado. En esa tesitura, el concepto de violación expuesto por la parte quejosa resulta, como se adelantó, fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Lo anterior, porque de las constancias que obran en autos se advierte que al momento de promoverse el presente juicio de amparo (veintiséis de octubre de dos mil veintitrés), la autoridad responsable no había acordado el escrito presentado, en el juicio laboral, y hasta la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, no se tuvo noticia de que ello ocurriera. Por tanto, se concluye que la Junta responsable excedió del término fijado en el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo, para acordar la promoción que le fue presentada por la parte quejosa, así como el de los cuarenta y cinco días naturales, para considerar que una dilación es excesiva en el procedimiento laboral. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia con registro digital 2019400, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, Página 1643, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Tal y como se precisa en la tabla siguiente: Fecha en que se presentó el escrito Fecha en que tuvo que haberse acordado, de conformidad con el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo Fecha en que transcurrieron los 45 días a que hace referencia la SCJN, para considerar que hubo dilación Fecha de presentación de la demanda de amparo 22 de agosto de 2023 24 de agosto de 2023 8 de octubre de 2023 26 de octubre de 2023 Motivo por el cual, se considera fundado y suficiente el concepto de violación expuesto por la parte quejosa para conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, toda vez que la la autoridad responsable infringió el derecho humano de acceso efectivo a la jurisdicción del quejoso, consagrado en los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin soslayar, que la autoridad responsable indica que la omisión en que incurrió se debe a la carga excesiva de trabajo, argumento que se desestima dado que esa condición de ninguna manera justifica el actuar de la responsable en perjuicio de la parte quejosa, ya que no la exime de cumplir con eficacia la función que desempeña respetando en todo momento el derecho fundamental previsto en el artículo 17 Constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la jurisprudencia IV.3o.T. J/57, con registro digital 177266, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, consultable en la Novena Época, Materia Laboral, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Septiembre de 2005, página 1283, de rubro y texto siguiente: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional". QUINTO. Publicación de la sentencia con supresión de datos personales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, Base A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los numerales 1, 3, 11, fracción VI, 16, 68, 110, 113, y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos preceptos 1, 3, fracciones IX y X del decreto por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicados en el Diario Oficial de la Federación nueve de mayo de dos mil dieciséis y el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, respectivamente, se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión publica protegiendo los datos considerados sensibles, confidenciales o reservados. SEXTO. Efectos del amparo. En términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a continuación, se determinarán con precisión los efectos del amparo, especificándose las medidas que la autoridad debe adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución a los quejosos en el goce del derecho humano que se consideró infringido. Se otorga el amparo a la parte quejosa en contra de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Cuernavaca, Morelos, para el efecto de que: Emita el acuerdo que en derecho corresponda respecto del escrito presentado el veintidós de agosto de dos mil veintitrés, con número de folio ******************** dentro del juicio laboral de origen ********************. Cabe destacar que los alcances por los que se otorga la protección constitucional se delimitan en función del acto reclamado y en consideración de la etapa en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, sin que se proyecte a etapas posteriores, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Ello se ha establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. CV/2013 (10a.), Décima Época. Registro: 2005150. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I. Materia(s): Común. Tesis: 2a. CV/2013 (10a.). Página: 732, de rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN LIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2ª./J.45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". III. DECISIÓN Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, fracción I, 61 a 63, 73 a 79 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a********************, respecto de la autoridad y acto precisados en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto y para los efectos precisados en el último considerando de este fallo. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio, de los que se advierte que, por acuerdo de veintinueve de septiembre de la presente anualidad, se requirió a la parte quejosa, para que dentro del término de quince días, contados a partir del siguiente al que surtiera efectos la notificación del citado proveído, manifestara si es su deseo ampliar su demanda de amparo y señalar como autoridad responsable a la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Morelos. Ahora bien, toda vez que no ha transcurrido el plazo otorgado por acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se fijan las ONCE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese.

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