Rigoberto Soto Campos

Expediente 149/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 13 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
149/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
16/06/2021

Partes del expediente

  • Rigoberto Soto Campos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, dieciséis de junio de dos mil veintiuno. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia autorizada el treinta de octubre de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito concedió la protección constitucional al quejoso, ., en los siguientes términos: "(.) En consecuencia, al haberse demostrado la inconstitucionalidad del acto reclamado, se impone conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Juez Octavo Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz: a) Deje insubsistente la resolución de diecisiete de febrero de dos mil veinte, dictada en el juicio ordinario civil .; y, b) En su lugar emita una nueva, en la que al momento de resolver el recurso de reclamación interpuesto por el aquí quejoso, ., contra la pensión alimenticia provisional decretada en el auto de radicación de dicho expediente, se pronuncie respecto de los argumentos formulados por el inconforme, los que se hizo alusión en este considerando." Inconforme con el fallo anterior, la tercera interesada, ., interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz; órgano que mediante resolución de veintidós de abril de dos mil veintiuno, dictada en el toca ., determinó confirmar la sentencia recurrida. Por tanto, la autoridad responsable, Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, debía: a) Dejar insubsistente la resolución de diecisiete de febrero de dos mil veinte, dictada en el juicio ordinario civil 981/2019, de su índice; y, b) En su lugar, emitir una nueva resolución en la que, al momento de resolver el recurso de reclamación interpuesto por el aquí quejoso, .. contra la pensión alimenticia provisional decretada en el auto de radicación de dicho expediente, se pronunciara respecto de los argumentos formulados por el inconforme, sintetizados en el fallo amparador. En proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, se requirió a la autoridad responsable, Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz, el cumplimiento respectivo. En consecuencia, la citada autoridad responsable, mediante oficio 2003, de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, remitió las constancias con las que consideró dar cumplimiento al fallo protector; y en auto de uno de junio siguiente, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable y considerando que las partes quejosa y tercero interesada no desahogaron la vista ordenada, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues del análisis de las constancias remitidas por el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz, se advierte que, mediante resolución de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, la resolución de diecisiete de febrero de dos mil veinte, emitida en el juicio ordinario civil 981/2019, de su índice. Posteriormente, en esa misma fecha al resolver nuevamente el recurso de reclamación interpuesto por el demandado, . -aquí quejoso-, contra la pensión alimenticia provisional decretada en el auto de radicación del referido expediente, acató los lineamientos trazados en el fallo protector, pues de la lectura de dicha determinación -que en obvio de repeticiones innecesarias no es transcrita- se desprende que la responsable se pronunció respecto de los argumentos formulados por el mencionado accionado en su recurso de reclamación, mismos que fueron destacados en el fallo protector, consistentes en que, dice, proporciona los rubros de habitación y asistencia médica a sus acreedores alimentarios. En consecuencia, este órgano jurisdiccional considera que se subsanaron las irregularidades precisadas en el cuerpo del fallo amparador. Cabe mencionar que el sentido de la nueva determinación, emitida por la autoridad responsable resulta ajena a los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analizó, pues en ésta sólo se le ordenó que emitiera una nueva determinación en la que subsanara los vicios formales destacados en el fallo protector, pero sin que existiera imperativo de resolver en determinado sentido. En consecuencia, dado que la responsable cumplió con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, pues ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo a este juicio. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se negó la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las copias certificadas que remitiera la autoridad responsable, Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Orizaba, Veracruz, las cuales constan en un tomo de pruebas; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo.

  2. Incidental

    Córdoba, Veracruz, dieciséis de junio de dos mil veintiuno. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia autorizada el treinta de octubre de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito concedió la protección constitucional al quejoso, ., en los siguientes términos: "(.) En consecuencia, al haberse demostrado la inconstitucionalidad del acto reclamado, se impone conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Juez Octavo Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz: a) Deje insubsistente la resolución de diecisiete de febrero de dos mil veinte, dictada en el juicio ordinario civil .; y, b) En su lugar emita una nueva, en la que al momento de resolver el recurso de reclamación interpuesto por el aquí quejoso, ., contra la pensión alimenticia provisional decretada en el auto de radicación de dicho expediente, se pronuncie respecto de los argumentos formulados por el inconforme, los que se hizo alusión en este considerando." Inconforme con el fallo anterior, la tercera interesada, ., interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz; órgano que mediante resolución de veintidós de abril de dos mil veintiuno, dictada en el toca ., determinó confirmar la sentencia recurrida. Por tanto, la autoridad responsable, Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, debía: a) Dejar insubsistente la resolución de diecisiete de febrero de dos mil veinte, dictada en el juicio ordinario civil 981/2019, de su índice; y, b) En su lugar, emitir una nueva resolución en la que, al momento de resolver el recurso de reclamación interpuesto por el aquí quejoso, .. contra la pensión alimenticia provisional decretada en el auto de radicación de dicho expediente, se pronunciara respecto de los argumentos formulados por el inconforme, sintetizados en el fallo amparador. En proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, se requirió a la autoridad responsable, Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz, el cumplimiento respectivo. En consecuencia, la citada autoridad responsable, mediante oficio 2003, de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, remitió las constancias con las que consideró dar cumplimiento al fallo protector; y en auto de uno de junio siguiente, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable y considerando que las partes quejosa y tercero interesada no desahogaron la vista ordenada, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues del análisis de las constancias remitidas por el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz, se advierte que, mediante resolución de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, la resolución de diecisiete de febrero de dos mil veinte, emitida en el juicio ordinario civil 981/2019, de su índice. Posteriormente, en esa misma fecha al resolver nuevamente el recurso de reclamación interpuesto por el demandado, . -aquí quejoso-, contra la pensión alimenticia provisional decretada en el auto de radicación del referido expediente, acató los lineamientos trazados en el fallo protector, pues de la lectura de dicha determinación -que en obvio de repeticiones innecesarias no es transcrita- se desprende que la responsable se pronunció respecto de los argumentos formulados por el mencionado accionado en su recurso de reclamación, mismos que fueron destacados en el fallo protector, consistentes en que, dice, proporciona los rubros de habitación y asistencia médica a sus acreedores alimentarios. En consecuencia, este órgano jurisdiccional considera que se subsanaron las irregularidades precisadas en el cuerpo del fallo amparador. Cabe mencionar que el sentido de la nueva determinación, emitida por la autoridad responsable resulta ajena a los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analizó, pues en ésta sólo se le ordenó que emitiera una nueva determinación en la que subsanara los vicios formales destacados en el fallo protector, pero sin que existiera imperativo de resolver en determinado sentido. En consecuencia, dado que la responsable cumplió con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, pues ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo a este juicio. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se negó la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las copias certificadas que remitiera la autoridad responsable, Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Orizaba, Veracruz, las cuales constan en un tomo de pruebas; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo.

  3. Principal

    NO ATENDIÓ AVISO LA PARTE TERCERO INTERESADA. Córdoba, Veracruz, dieciséis de junio de dos mil veintiuno. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia autorizada el treinta de octubre de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito concedió la protección constitucional al quejoso, ., en los siguientes términos: "(.) En consecuencia, al haberse demostrado la inconstitucionalidad del acto reclamado, se impone conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Juez Octavo Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz: a) Deje insubsistente la resolución de diecisiete de febrero de dos mil veinte, dictada en el juicio ordinario civil .; y, b) En su lugar emita una nueva, en la que al momento de resolver el recurso de reclamación interpuesto por el aquí quejoso, ., contra la pensión alimenticia provisional decretada en el auto de radicación de dicho expediente, se pronuncie respecto de los argumentos formulados por el inconforme, los que se hizo alusión en este considerando." Inconforme con el fallo anterior, la tercera interesada, ., interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz; órgano que mediante resolución de veintidós de abril de dos mil veintiuno, dictada en el toca ., determinó confirmar la sentencia recurrida. Por tanto, la autoridad responsable, Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, debía: a) Dejar insubsistente la resolución de diecisiete de febrero de dos mil veinte, dictada en el juicio ordinario civil 981/2019, de su índice; y, b) En su lugar, emitir una nueva resolución en la que, al momento de resolver el recurso de reclamación interpuesto por el aquí quejoso, .. contra la pensión alimenticia provisional decretada en el auto de radicación de dicho expediente, se pronunciara respecto de los argumentos formulados por el inconforme, sintetizados en el fallo amparador. En proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, se requirió a la autoridad responsable, Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz, el cumplimiento respectivo. En consecuencia, la citada autoridad responsable, mediante oficio 2003, de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, remitió las constancias con las que consideró dar cumplimiento al fallo protector; y en auto de uno de junio siguiente, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable y considerando que las partes quejosa y tercero interesada no desahogaron la vista ordenada, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues del análisis de las constancias remitidas por el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz, se advierte que, mediante resolución de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, la resolución de diecisiete de febrero de dos mil veinte, emitida en el juicio ordinario civil 981/2019, de su índice. Posteriormente, en esa misma fecha al resolver nuevamente el recurso de reclamación interpuesto por el demandado, . -aquí quejoso-, contra la pensión alimenticia provisional decretada en el auto de radicación del referido expediente, acató los lineamientos trazados en el fallo protector, pues de la lectura de dicha determinación -que en obvio de repeticiones innecesarias no es transcrita- se desprende que la responsable se pronunció respecto de los argumentos formulados por el mencionado accionado en su recurso de reclamación, mismos que fueron destacados en el fallo protector, consistentes en que, dice, proporciona los rubros de habitación y asistencia médica a sus acreedores alimentarios. En consecuencia, este órgano jurisdiccional considera que se subsanaron las irregularidades precisadas en el cuerpo del fallo amparador. Cabe mencionar que el sentido de la nueva determinación, emitida por la autoridad responsable resulta ajena a los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analizó, pues en ésta sólo se le ordenó que emitiera una nueva determinación en la que subsanara los vicios formales destacados en el fallo protector, pero sin que existiera imperativo de resolver en determinado sentido. En consecuencia, dado que la responsable cumplió con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, pues ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo a este juicio. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se negó la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las copias certificadas que remitiera la autoridad responsable, Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Orizaba, Veracruz, las cuales constan en un tomo de pruebas; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo.

  4. Incidental

    NO ATENDIÓ AVISO LA PARTE TERCERO INTERESADA. Córdoba, Veracruz, dieciséis de junio de dos mil veintiuno. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia autorizada el treinta de octubre de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito concedió la protección constitucional al quejoso, ., en los siguientes términos: "(.) En consecuencia, al haberse demostrado la inconstitucionalidad del acto reclamado, se impone conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Juez Octavo Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz: a) Deje insubsistente la resolución de diecisiete de febrero de dos mil veinte, dictada en el juicio ordinario civil .; y, b) En su lugar emita una nueva, en la que al momento de resolver el recurso de reclamación interpuesto por el aquí quejoso, ., contra la pensión alimenticia provisional decretada en el auto de radicación de dicho expediente, se pronuncie respecto de los argumentos formulados por el inconforme, los que se hizo alusión en este considerando." Inconforme con el fallo anterior, la tercera interesada, ., interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz; órgano que mediante resolución de veintidós de abril de dos mil veintiuno, dictada en el toca ., determinó confirmar la sentencia recurrida. Por tanto, la autoridad responsable, Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, debía: a) Dejar insubsistente la resolución de diecisiete de febrero de dos mil veinte, dictada en el juicio ordinario civil 981/2019, de su índice; y, b) En su lugar, emitir una nueva resolución en la que, al momento de resolver el recurso de reclamación interpuesto por el aquí quejoso, .. contra la pensión alimenticia provisional decretada en el auto de radicación de dicho expediente, se pronunciara respecto de los argumentos formulados por el inconforme, sintetizados en el fallo amparador. En proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, se requirió a la autoridad responsable, Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz, el cumplimiento respectivo. En consecuencia, la citada autoridad responsable, mediante oficio 2003, de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, remitió las constancias con las que consideró dar cumplimiento al fallo protector; y en auto de uno de junio siguiente, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable y considerando que las partes quejosa y tercero interesada no desahogaron la vista ordenada, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues del análisis de las constancias remitidas por el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz, se advierte que, mediante resolución de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, la resolución de diecisiete de febrero de dos mil veinte, emitida en el juicio ordinario civil 981/2019, de su índice. Posteriormente, en esa misma fecha al resolver nuevamente el recurso de reclamación interpuesto por el demandado, . -aquí quejoso-, contra la pensión alimenticia provisional decretada en el auto de radicación del referido expediente, acató los lineamientos trazados en el fallo protector, pues de la lectura de dicha determinación -que en obvio de repeticiones innecesarias no es transcrita- se desprende que la responsable se pronunció respecto de los argumentos formulados por el mencionado accionado en su recurso de reclamación, mismos que fueron destacados en el fallo protector, consistentes en que, dice, proporciona los rubros de habitación y asistencia médica a sus acreedores alimentarios. En consecuencia, este órgano jurisdiccional considera que se subsanaron las irregularidades precisadas en el cuerpo del fallo amparador. Cabe mencionar que el sentido de la nueva determinación, emitida por la autoridad responsable resulta ajena a los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analizó, pues en ésta sólo se le ordenó que emitiera una nueva determinación en la que subsanara los vicios formales destacados en el fallo protector, pero sin que existiera imperativo de resolver en determinado sentido. En consecuencia, dado que la responsable cumplió con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, pues ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo a este juicio. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se negó la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las copias certificadas que remitiera la autoridad responsable, Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Orizaba, Veracruz, las cuales constan en un tomo de pruebas; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo.

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