Rigoberto Santiago Soto

Expediente 1103/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1103/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
29/11/2021

Partes del expediente

  • Todas las Partes
  • Rigoberto Santiago Soto

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que feneció el término de cinco días que concede el artículo el artículo 97, fracción I, inciso "a", en relación con el diverso 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo y carecer de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el veintinueve de noviembre de dos mil veinticuatro. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. REQUERIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales implementadas en el 21/20 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, requiérase a las partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde se puedan localizar, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, ello de conformidad con los artículos 5, fracción I y 22, fracción II, del acuerdo en comento. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción I y 28, párrafo segundo, del Acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". ADSCRIPCIÓN TITULAR Finalmente, vista la certificación de cuenta se advierte, que en el cuaderno administrativo 2021 de este juzgado, se agregó el oficio SEADS/1092/2021 de veintiocho de octubre de la misma anualidad, signado por el Encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción, mediante el cual informa que de acuerdo a la determinación aprobada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria celebrada el veinte octubre de dos mil veintiuno, acordó la primera adscripción de quien esto suscribe, Juez Luis Rafael Bautista Cruz, en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de esta anualidad. En tal contexto, hágase saber a las partes y a las autoridades que se encuentren directamente vinculadas con el trámite del presente expediente, la designación del Juez Luis Rafael Bautista Cruz, en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, a partir del dieciséis de noviembre del año en curso. Ello, a fin de que cualquiera de los mencionados esté en condiciones de alegar en su caso, algún impedimento del juzgador para conocer el presente asunto, circunstancia que dada su naturaleza jurídica trasciende al resultado del fallo. Sustenta lo anterior por identidad jurídica, la Jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 104/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 312, Tomo XXXII, Julio de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"..

  2. Principal

    Téngase por recibido el escrito de cuenta promovido por ********************, fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno bajo el número ********************/2021-II, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación que tiene el juzgador de examinar en su integridad la demanda y si se encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Del análisis de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama la negativa del Fiscal Segundo de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, Distrito XIX, de San Andrés Tuxtla, Veracruz, de recibir su declaración o entrevista dentro de la carpeta de investigación ********************, toda vez que no ha sido citado a declarar o a ser entrevistado para el esclarecimiento de los hechos que afirma se le señalan. En ese entendido, a partir de los hechos narrados por la parte quejosa y de ser un hecho notorio para el suscrito en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se aprecia que para el análisis de los actos reclamados, por la parte quejosa al fiscal responsable, son aplicables las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que manifestó bajo protesta de decir verdad, que en el juicio de amparo 526/2020 se le había concedido la protección de la Justicia Federal en contra de una orden de aprehensión girada en su contra por el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Noveno Distrito, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, dictada el veinticuatro de enero de dos mil veinte, dentro del proceso penal ********************, por el hecho que la ley señala como delito de homicidio doloso calificado y su probable participación, ilícito previsto en el artículo 128, en relación cometido en agravio de quien en vida respondió al nombre de ********************; sin embargo, manifiesta que el veinte de octubre de este año, vecinos y familiares le comentaron que elementos de la Policía Ministerial anduvieron recabando información del quejoso sin que lo hayan citado a comparecer para defenderse de dicha acusación. De lo anterior, con base a la fijación de los actos al Fiscal reclamados, se estima que la demanda de cuenta es notoriamente improcedente, toda vez que se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello importa destacar que los artículos 61, fracción XII, y 5, fracción I, de la ley de la materia, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia [.]" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa [.]" De los preceptos legales transcritos, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la citada ley. Ahora bien, conforme a lo establecido en el 5º, fracción I, de la citada ley, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos fundamentales afectados con el acto reclamado y se identifica con el derecho subjetivo que supone una facultad de exigir y un deber jurídico correlativo de cumplir dicha exigencia, sólo el sujeto titular de esos derechos puede ocurrir al juicio de amparo y no otra persona. Por otro lado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. En el caso, no se advierte que el quejoso sea el titular de un derecho subjetivo o el titular de un interés legítimo individual o colectivo y que el acto reclamado, respecto del que alega violación a sus derechos fundamentales, le produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ello es así, porque el artículo 21, Constitucional, establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función; el ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público; y la ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. Así, al Ministerio Público se le concibe como aquella organización de funcionarios que tanto a nivel federal como local tienen la encomienda de representar los intereses sociales en diversos procesos y, cuya actividad fundamental consiste en provocar el ejercicio de la jurisdicción para que se subsanen los daños que como consecuencia de diversas conductas haya resentido la sociedad. En ese sentido, por mandato constitucional el Ministerio Público, por una parte, goza de las facultades de investigar los delitos y, por otra, tiene la obligación de acreditarlos, por lo que se concluye que las actuaciones que puedan verificarse en el desarrollo de una averiguación o carpeta de investigación para su debida integración, no le genera una afectación directa, ya que incluso, se desconoce el resultado que ésta tendrá, la cual no necesariamente puede ser desfavorable a los intereses del promovente. Estimar lo contrario implicaría, sin justificación alguna, entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren al Ministerio Público, en vista del interés de la sociedad. En ese contexto, es inconcuso que la negativa u omisión que por esta vía se pretenden combatir, no causan una afectación a los intereses del promovente, es decir, no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal. Lo dicho se potencializa, con relación al sistema de justicia penal oral, de donde emanan los actos reclamados, particularmente la negativa de ser llamado a una carpeta de investigación. A lo anterior, es importante destacar que el artículo 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, y el diverso 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales disponen: "ARTÍCULO 20. B. De los derechos de toda persona imputada: [.] VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa [.]". "ARTÍCULO 218. Reserva de los actos de investigación Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables. La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código. En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales. Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme." De la interpretación del primer numeral citado, se desprende que, para ejercer debidamente el derecho fundamental de adecuada defensa, el imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo; además de que podrá tener acceso a aquélla, previa comparecencia judicial; acontecido lo anterior, la información recabada no podrá mantenerse en resguardo, salvo circunstancias excepcionales. En tanto que, del último de los numerales citados, se desprende que los datos de prueba serán estrictamente reservados y únicamente las partes tendrán acceso a los mismos. Así, al individuo que recaiga el carácter de imputado, así como su defensor, podrán tener acceso a dicha información a partir de tres momentos: 1) Cuando el imputado se encuentre detenido; 2) Cuando sea citado para comparecer como imputado; y, 3) Cuando sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Por otra parte, acorde a lo establecido en el artículo 211, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal tiene como primera etapa la de investigación, que comprende la investigación inicial que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación y en donde el Ministerio Público determina si formula acusación. En ese sentido, conforme a lo dispuesto en los artículos 211 y 213, del citado código nacional, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, la cual comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación. De ahí que, como ya quedó expuesto, al Ministerio Público, por mandato constitucional del artículo 21, primer párrafo, de la Ley Fundamental, le impone la obligación de aportar los elementos demostrativos que acrediten la existencia de un delito, en contraposición a ello, el inculpado goza del derecho de defensa que se le otorga para acreditar la inexistencia del delito, destruyendo las pruebas aportadas por el representante social, lo cual no constituye una obligación sino una mera facultad potestativa, ya que en todo momento subsiste la carga del Ministerio Público, en todos los delitos, de probar la actualización de los mismos. Con base en todo lo anterior, es dable concluir que si por mandato constitucional el Ministerio Público, por una parte, goza de las facultades de investigar los delitos y, por otra, tiene la obligación de acreditarlos, los actos que de manera habitual tienen verificativo dentro del desarrollo de una investigación inicial para su debida integración, por ser susceptibles sus efectos de ser posteriormente contrarrestados o anulados, no son de imposible reparación y, por tanto, no irrogan una afectación actual a la esfera jurídica al imputado. En ese sentido, como se dijo en líneas que anteceden, el acto reclamado que combate el quejoso, esencialmente consiste en la negativa por parte del Fiscal responsable de citarlo a rendir declaración o entrevista en la carpeta de investigación que aparentemente se sigue en su contra, resulta improcedente, habida cuenta que, tal como lo dispone la Carta Magna en su actual redacción, así como la porción normativa penal en comento, sólo se podrá tener acceso a los datos de prueba o a la información relacionada con la indagatoria, hasta en tanto el imputado se encuentre detenido; sea citado para comparecer como indiciado; o, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Así, por las circunstancias específicas del caso, de la lectura íntegra de la demanda, se advierte que no hay dato que evidencie que el quejoso se ubique en alguno de los supuestos mencionados; razón por la cual, acorde con las restricciones de índole constitucional y legal a que se ha hecho referencia, es inadmisible que por medio del juicio de amparo, el quejoso ... ahí que no se actualiza alguna de las hipótesis para que el quejoso pueda tener acceso a los datos de prueba en la carpeta de investigación en comento. En efecto, como se dijo, la reserva de la información es un principio que ciñe a las actuaciones relativas a la investigación del delito, la cual debe verse resguardada hasta en tanto concurran los momentos procesales a que se ha hecho alusión. Por tanto, el derecho a la defensa debe necesariamente poder ejercerse desde que se señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible y sólo culmina cuando finaliza el proceso, incluyendo en su caso, la etapa de ejecución de la pena. Ello aunado a que el acto reclamado en esta vía no causa al quejoso un perjuicio real, actual, personal y directo a sus derechos subjetivos, lo anterior en virtud a que la disposición imperativa de la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, establece la improcedencia del juicio de amparo contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso. En el entendido que, por derecho subjetivo, se entiende el conjunto de facultades concretas atribuidas a la persona cuya situación se subsuma en la hipótesis de una norma objetiva, por lo cual no resulta procedente el juicio de amparo que intenta; lo anterior, con motivo que las actuaciones realizadas por el Ministerio Público a fin de integrar carpetas de investigación, como tal, no causan perjuicio a la persona contra quien se sigue la investigación, lo que torna improcedente el ejercicio de la acción constitucional, pues la revisión de los actos acaecidos durante la investigación en su etapa inicial a través del juicio de amparo indirecto es excepcional y debe ser determinada en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, la función indagatoria, a fin de no entorpecer las facultades y obligaciones conferidas constitucionalmente al órgano investigador de acreditar determinados eventos para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, y que exista la probabilidad que el indiciado participó en su comisión, por lo que lejos de estimarse un despropósito, se trata del cumplimiento al mandato constitucional dispuesto en el artículo 21 de la Norma Fundamental. Bajo esa óptica, la falta o negativa de citación en la carpeta de investigación que dice el quejoso se sigue en su contra, hasta este momento, es un acto que no le irroga perjuicio alguno; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad... Asimismo, la procedencia del juicio de amparo está sujeta a que se haya observado previamente el principio de instancia de parte agraviada, lo que significa que sólo el titular de un derecho legítimamente protegible es quien puede acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo en demanda de que cese su transgresión, es decir, quien demuestre que el acto reclamado le ocasiona un agravio real, actual, inmediato y directo, lo que obviamente supone la existencia de dos requisitos: que el promovente sea el directamente agraviado con el acto de autoridad y que sea titular del derecho fundamental que alega como afectado. De lo que se sigue que, como en el particular no existe algún precepto legal que disponga que necesariamente tiene que citarse al indiciado a una carpeta de investigación en la que se le imputen hechos, no puede existir un derecho subjetivo vulnerado por la omisión o negativa del representante social de llevar a cabo esa citación, máxime que se desconoce si en el trámite de la indagatoria que dice el quejoso se inició en su contra, realmente se afectará algún derecho, pues el promovente manifiesta que no ha sido llamado a comparecer a la carpeta de investigación que dice se sigue en su contra... Sin que sea obstáculo a lo anterior, la existencia del proceso penal ********************, que se sigue en contra del aquí promovente por el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Noveno Distrito, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, pues ello no forma parte de la litis constitucional en este asunto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se DESECHA la demanda de amparo promovida por ********************. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo y como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a ******************** por haberlo solicitado así el promovente en su ocurso de cuenta. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO: Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. REQUERIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales implementadas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, requiérase a las partes a fin de que se sirva proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde se puedan localizar, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, ello de conformidad con los artículos 5, fracción I y 22, fracción II, del acuerdo en comento. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción I y 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS: Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN A CUALESQUIERA DE LOS ACTUARIOS ADSCRITOS AL JUZGADO: Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES...

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA AUTORIZADA EL 04/11/2021, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO C...Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión, ampara y protege a Pío Molina Arrioja, Arturo Molina Cruz, Abraham González Martínez e Isabel Lara Cristino, acorde a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la sentencia que ahora se dicta, en términos del considerando sexto. TERCERO. Expídase a costa de las partes una copia simple o certificada, según lo soliciten al momento de comparecer ante el personal actuante, de la sentencia dictada, previa razón de entrega que se realice y firma de recibo de parte interesada que se recabe. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable, por correo electrónico a la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado y personalmente a las partes quejosa y tercero interesada...

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