Rigoberto Salazar Ramírez

Expediente 218/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
218/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
24/05/2022

Partes del expediente

  • Rigoberto Salazar Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la primera de las certificaciones secretariales de cuenta, se advierte que el quejoso no interpuso recurso de queja en contra del proveído de tres de mayo de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó de plano su demanda de amparo, dentro del plazo ... se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales correspondientes. ..ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido... Notifíquese.

  2. Principal

    CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN Agréguese a los presentes autos el escrito del quejoso ***, mediante el cual cumple con la prevención formulada en acuerdo de veintiuno de abril de dos mil veintidós. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Ahora bien, resulta oportuno analizar la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113 de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. .. En ese orden, de la lectura y análisis integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que el quejoso señala como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: En su carácter de autoridad responsable ordenadora a los Magistrados que integran la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec. En su carácter de autoridad responsable ejecutora al Actuario de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec. A quienes les reclaman: A los Magistrados que integran la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec: - La resolución de veintiocho de enero de dos mil veintidós, dictada en el toca familiar *******, con motivo de la revisión de oficio de la sentencia de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el expediente *******, de reconocimiento de paternidad, del índice del Juzgado Familiar de Matías Romero, Oaxaca. Al Actuario de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec: - La notificación de la resolución de veintiocho de enero de dos mil veintidós, dictada en el toca familiar *******, con motivo de la revisión de oficio de la sentencia de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el expediente **********, de reconocimiento de paternidad, del índice del Juzgado Familiar de Matías Romero, Oaxaca. En esas circunstancias, en el caso, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, respecto de la resolución de veintiocho de enero de dos mil veintidós, dictada en el toca familiar ********, con motivo de la revisión de oficio de la sentencia de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 435/2015, de reconocimiento de paternidad, del índice del Juzgado Familiar de Matías Romero, Oaxaca; toda vez que el quejoso consintió tácitamente el acto reclamado, en razón de que no interpuso el juicio de amparo dentro del plazo legal de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo... Acorde con lo anterior, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueve dentro del término de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, contados desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedora de los mismos. Ahora bien, el quejoso en el escrito aclaratorio de cuenta, al contestar el punto número cuatro del acuerdo de prevención de veintiuno de abril del año en curso, consistente en que precisara bajo protesta de decir verdad, la fecha exacta en que les fue notificado a sus abogados la resolución de veintiocho de enero de dos mil veintidós, dentro del toca familiar ********, del índice de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, señala que sus abogados fueron notificados a través del portal "rune", por la Primera Sala Familiar responsable, el dos de febrero de dos mil veintidós; lo que se valora en términos de los numerales 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2° de este último ordenamiento. Ello, porque tal manifestación constituye una confesión expresa; medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos anteriormente citados. La afirmación anterior se sustenta en que, si bien, el artículo 119 de la Ley de Amparo establece que "son admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones", resulta claro que no prohíbe la prueba de confesión, sino sólo una de las modalidades de este medio de convicción, que es la confesión obtenida mediante la absolución de posiciones. De ahí que la confesión expresa que se hace al formular la demanda o escrito aclaratorio sí es admisible en el juicio de amparo y debe valorarse en los términos fijados por el Código Adjetivo Civil Federal, por ser aplicable supletoriamente, en ese aspecto, a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Por consiguiente, lo anterior es apto para demostrar que el quejoso conoció plenamente de la existencia del acto que ahora impugna en el presente juicio de amparo, así como la identidad de la autoridad que lo emitió, el número de juicio natural y el nombre de las partes, desde el dos de febrero de dos mil veintidós, por conducto de sus autorizados para tal efecto. En ese sentido, el término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, para presentar la demanda de amparo, empezó a correr para el quejoso al día siguiente hábil en que surtió efectos conforme a la ley reglamentaria aplicable al caso concreto, la notificación de la resolución reclamada, esto es, del cuatro al veinticinco de febrero de dos mil veintidós; sin contar los días cinco, seis, doce, catorce, diecinueve y veinte de febrero del año en curso, por ser inhábiles, en términos del artículo 19 del mismo ordenamiento, así como el siete de febrero de esta anualidad, con base en el punto primero, inciso c) del Acuerdo General 18/2013, que reforma el diverso Acuerdo General 10/2006, relativo a la determinación de los días inhábiles y los de descanso, así como el que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil trece, toda vez que en esa fecha no corren términos. Luego, si la acción constitucional se instó hasta el diecinueve de abril de dos mil veintidós, pues con tal fecha se presentó la demanda de amparo origen de este juicio ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad de Salina Cruz, Oaxaca, según se desprende de la boleta de turno, entonces, es evidente que la acción constitucional fue interpuesta de manera extemporánea... Sin que pase inadvertido para este juzgado, el hecho que el quejoso pretenda establecer que la presentación de la demanda de amparo es oportuna al ajustarse al artículo 17 de la Ley de Amparo, por considerar que fue enterado de la resolución reclamada por conducto de sus abogados vía telefónica, el siete de abril de dos mil veintidós; sin embargo, ello no puede considerarse así, en virtud de que la notificación de dicha resolución realizada a sus abogados a través del portal "rune", del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, es la que prevalece, de conformidad con el artículo 108 del Código de Procedimiento Civiles para el Estado de Oaxaca, al establecer que los litigantes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial, deben designar casa ubicada precisamente en el lugar en que tenga su sede el tribunal para que se les hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias, y en su caso, correo electrónico cuando soliciten se les realicen por esta vía las notificaciones personales con el dispositivo de seguridad autorizado por el Poder Judicial. Asimismo, dispone que en caso de autorizar a persona para recibir notificaciones, quedará facultada a promover en el juicio con las limitaciones a que se refiere el artículo 2467 del Código Civil, siempre que acredite tener cédula profesional de Licenciado en Derecho; de no acreditarse que se está legalmente autorizado para ejercer la profesión, sólo podrán recibir notificaciones e imponerse de los autos. De lo anterior, se advierte que las notificaciones pueden hacerse a través de mandatario o de persona que para el efecto autoricen las partes; por lo que no necesariamente deben hacerse en forma directa al interesado, surtiendo todos sus efectos las notificaciones o prevenciones que se hagan por conducto de cualquiera de las personas autorizadas. .. Es importante destacar, que con lo determinado en el presente acuerdo, no se viola en perjuicio de la parte quejosa, alguno de los Derechos Humanos protegidos por la Constitución y los Tratados Internacionales en que México es parte, dado que los requisitos de procedencia del juicio de amparo no vulneran el derecho humano de acceso a la justicia, precisamente porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el sentido de que el derecho humano de acceso a la justicia también comprende dichas formalidades, previo al estudio del fondo. Ello, dado que las causas de improcedencia no configuran una denegación de justicia; pues no pueden calificarse de irracionales, porque su razonabilidad se justifica en el derecho fundamental a recibir justicia pronta y expedita, tutelada por el artículo 17 Constitucional, en la medida en que evita que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatorio, precisamente, el citado derecho fundamental, debido a la demora en la solución de los conflictos. Asimismo, debe destacarse que la causa de improcedencia en análisis, no es de tal naturaleza que despoje al derecho de su esencia, ni tampoco es discriminatoria, pues no existe ninguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del gobernado de que se trate. .. DESECHAMIENTO Por las razones expuestas, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 del citado ordenamiento jurídico. Para los efectos de la publicidad de esta determinación en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, como las partes no manifestaron durante esta primera instancia su oposición a que se hagan públicos sus datos personales contenidos en la misma, empero aun cuando no haya manifestado dicha oposición, conforme lo requiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública deberá suprimir los datos sensibles que puedan contener, procurando que dicha supresión no se impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional; por lo que se ordena a la Secretaría de este juzgado que elabore la correspondiente versión pública, siguiendo los lineamientos que al efecto establece el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito a partir de la identificación y marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por mayoría del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve y se envíe al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E); protocolo vigente, toda vez que en el mismo se establece que se aplicará a las resoluciones y sentencias a las que alude el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del Módulo de Captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, al no ser derogado por el diverso Acuerdo General del Pleno del citado Consejo, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor el día siguiente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN Agréguese a los presentes autos el escrito del quejoso ***, mediante el cual cumple con la prevención formulada en acuerdo de veintiuno de abril de dos mil veintidós. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Ahora bien, resulta oportuno analizar la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113 de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. .. En ese orden, de la lectura y análisis integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que el quejoso señala como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: En su carácter de autoridad responsable ordenadora a los Magistrados que integran la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec. En su carácter de autoridad responsable ejecutora al Actuario de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec. A quienes les reclaman: A los Magistrados que integran la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec: - La resolución de veintiocho de enero de dos mil veintidós, dictada en el toca familiar *******, con motivo de la revisión de oficio de la sentencia de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el expediente *******, de reconocimiento de paternidad, del índice del Juzgado Familiar de Matías Romero, Oaxaca. Al Actuario de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec: - La notificación de la resolución de veintiocho de enero de dos mil veintidós, dictada en el toca familiar *******, con motivo de la revisión de oficio de la sentencia de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el expediente **********, de reconocimiento de paternidad, del índice del Juzgado Familiar de Matías Romero, Oaxaca. En esas circunstancias, en el caso, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, respecto de la resolución de veintiocho de enero de dos mil veintidós, dictada en el toca familiar ********, con motivo de la revisión de oficio de la sentencia de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 435/2015, de reconocimiento de paternidad, del índice del Juzgado Familiar de Matías Romero, Oaxaca; toda vez que el quejoso consintió tácitamente el acto reclamado, en razón de que no interpuso el juicio de amparo dentro del plazo legal de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo... Acorde con lo anterior, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueve dentro del término de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, contados desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedora de los mismos. Ahora bien, el quejoso en el escrito aclaratorio de cuenta, al contestar el punto número cuatro del acuerdo de prevención de veintiuno de abril del año en curso, consistente en que precisara bajo protesta de decir verdad, la fecha exacta en que les fue notificado a sus abogados la resolución de veintiocho de enero de dos mil veintidós, dentro del toca familiar ********, del índice de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, señala que sus abogados fueron notificados a través del portal "rune", por la Primera Sala Familiar responsable, el dos de febrero de dos mil veintidós; lo que se valora en términos de los numerales 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2° de este último ordenamiento. Ello, porque tal manifestación constituye una confesión expresa; medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos anteriormente citados. La afirmación anterior se sustenta en que, si bien, el artículo 119 de la Ley de Amparo establece que "son admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones", resulta claro que no prohíbe la prueba de confesión, sino sólo una de las modalidades de este medio de convicción, que es la confesión obtenida mediante la absolución de posiciones. De ahí que la confesión expresa que se hace al formular la demanda o escrito aclaratorio sí es admisible en el juicio de amparo y debe valorarse en los términos fijados por el Código Adjetivo Civil Federal, por ser aplicable supletoriamente, en ese aspecto, a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Por consiguiente, lo anterior es apto para demostrar que el quejoso conoció plenamente de la existencia del acto que ahora impugna en el presente juicio de amparo, así como la identidad de la autoridad que lo emitió, el número de juicio natural y el nombre de las partes, desde el dos de febrero de dos mil veintidós, por conducto de sus autorizados para tal efecto. En ese sentido, el término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, para presentar la demanda de amparo, empezó a correr para el quejoso al día siguiente hábil en que surtió efectos conforme a la ley reglamentaria aplicable al caso concreto, la notificación de la resolución reclamada, esto es, del cuatro al veinticinco de febrero de dos mil veintidós; sin contar los días cinco, seis, doce, catorce, diecinueve y veinte de febrero del año en curso, por ser inhábiles, en términos del artículo 19 del mismo ordenamiento, así como el siete de febrero de esta anualidad, con base en el punto primero, inciso c) del Acuerdo General 18/2013, que reforma el diverso Acuerdo General 10/2006, relativo a la determinación de los días inhábiles y los de descanso, así como el que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil trece, toda vez que en esa fecha no corren términos. Luego, si la acción constitucional se instó hasta el diecinueve de abril de dos mil veintidós, pues con tal fecha se presentó la demanda de amparo origen de este juicio ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad de Salina Cruz, Oaxaca, según se desprende de la boleta de turno, entonces, es evidente que la acción constitucional fue interpuesta de manera extemporánea... Sin que pase inadvertido para este juzgado, el hecho que el quejoso pretenda establecer que la presentación de la demanda de amparo es oportuna al ajustarse al artículo 17 de la Ley de Amparo, por considerar que fue enterado de la resolución reclamada por conducto de sus abogados vía telefónica, el siete de abril de dos mil veintidós; sin embargo, ello no puede considerarse así, en virtud de que la notificación de dicha resolución realizada a sus abogados a través del portal "rune", del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, es la que prevalece, de conformidad con el artículo 108 del Código de Procedimiento Civiles para el Estado de Oaxaca, al establecer que los litigantes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial, deben designar casa ubicada precisamente en el lugar en que tenga su sede el tribunal para que se les hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias, y en su caso, correo electrónico cuando soliciten se les realicen por esta vía las notificaciones personales con el dispositivo de seguridad autorizado por el Poder Judicial. Asimismo, dispone que en caso de autorizar a persona para recibir notificaciones, quedará facultada a promover en el juicio con las limitaciones a que se refiere el artículo 2467 del Código Civil, siempre que acredite tener cédula profesional de Licenciado en Derecho; de no acreditarse que se está legalmente autorizado para ejercer la profesión, sólo podrán recibir notificaciones e imponerse de los autos. De lo anterior, se advierte que las notificaciones pueden hacerse a través de mandatario o de persona que para el efecto autoricen las partes; por lo que no necesariamente deben hacerse en forma directa al interesado, surtiendo todos sus efectos las notificaciones o prevenciones que se hagan por conducto de cualquiera de las personas autorizadas. .. Es importante destacar, que con lo determinado en el presente acuerdo, no se viola en perjuicio de la parte quejosa, alguno de los Derechos Humanos protegidos por la Constitución y los Tratados Internacionales en que México es parte, dado que los requisitos de procedencia del juicio de amparo no vulneran el derecho humano de acceso a la justicia, precisamente porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el sentido de que el derecho humano de acceso a la justicia también comprende dichas formalidades, previo al estudio del fondo. Ello, dado que las causas de improcedencia no configuran una denegación de justicia; pues no pueden calificarse de irracionales, porque su razonabilidad se justifica en el derecho fundamental a recibir justicia pronta y expedita, tutelada por el artículo 17 Constitucional, en la medida en que evita que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatorio, precisamente, el citado derecho fundamental, debido a la demora en la solución de los conflictos. Asimismo, debe destacarse que la causa de improcedencia en análisis, no es de tal naturaleza que despoje al derecho de su esencia, ni tampoco es discriminatoria, pues no existe ninguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del gobernado de que se trate. .. DESECHAMIENTO Por las razones expuestas, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 del citado ordenamiento jurídico. Para los efectos de la publicidad de esta determinación en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, como las partes no manifestaron durante esta primera instancia su oposición a que se hagan públicos sus datos personales contenidos en la misma, empero aun cuando no haya manifestado dicha oposición, conforme lo requiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública deberá suprimir los datos sensibles que puedan contener, procurando que dicha supresión no se impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional; por lo que se ordena a la Secretaría de este juzgado que elabore la correspondiente versión pública, siguiendo los lineamientos que al efecto establece el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito a partir de la identificación y marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por mayoría del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve y se envíe al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E); protocolo vigente, toda vez que en el mismo se establece que se aplicará a las resoluciones y sentencias a las que alude el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del Módulo de Captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, al no ser derogado por el diverso Acuerdo General del Pleno del citado Consejo, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor el día siguiente.

  4. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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