Rigoberto Ruiz Valdez
Expediente 726/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 11 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 726/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 11/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rigoberto Ruiz Valdez
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, once de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ... por propio derecho contra actos de los Magistrados integrantes de la Primera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, y otra autoridad regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número III-726/2021-1 en tal virtud, se procede a proveer en relación con la demanda de amparo. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: La indebida imposición de la multa, hasta por la suma de ...en proveído dictado el día 9 nueve de julio del presente año, dentro del expediente número ...del índice del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, relativo al Juicio Ordinario Administrativo, tramitado por..., y su ejecución y cobro. Precisado lo anterior, el suscrito considera que se actualiza la causa de improcedencia establecida en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, con relación con el 107 fracción III, inciso b), aplicado a contrario sensu, por lo siguiente: En efecto, el ordinal 61, fracción XVIII de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, en lo conducente disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Establecido lo anterior, cabe precisar que el juicio de amparo intentado deviene improcedente, pues el quejoso no agotó el principio de definitividad que rige el juicio constitucional. Así es, el principio de definitividad en materia de amparo estudiado por la doctrina, recogido en la legislación y perfeccionado por la jurisprudencia, consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo. Con relación a este principio, el ..., en su libro El Juicio de Amparo, 27a. Edición, Editorial Porrúa, página 383, manifiesta lo siguiente: El principio de la definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. Así encontramos que respecto de los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dicho principio se encuentra contenido en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de garantías en aquellos casos en los cuales el particular promueve el juicio constitucional impugnando un acto emanado de dichos tribunales sin haber agotado previamente el recurso ordinario que proceda. Para explicar los alcances de dicha disposición resulta aplicable en lo conducente el criterio establecido en la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 902, Tomo XV, mayo de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra indica: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. De la lectura de la fracción en comento y del criterio jurisprudencial trascrito, se desprende que el legislador exige como requisitos para que se actualice la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia que: a) El acto reclamado sea proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa c) Ese recurso o medio de defensa, se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada d) Por virtud de dicho medio ordinario de defensa, la resolución o acto judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el citado precepto. De lo anterior se colige, que el medio de defensa que debe tener a su alcance el quejoso para impugnar la determinación del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por virtud del cual se pueda revocar, nulificar o modificar la determinación impugnada. Expuesto lo anterior, se está en posibilidad de indicar que el acto combatido en la presente vía constitucional no tiene el carácter de definitivo para los efectos del juicio de amparo indirecto, toda vez que respecto de éste pudo hacer valer el recurso previsto en el numeral 298, fracción V, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, aplicable al juicio de origen. Se sostiene lo anterior, en base al contenido del ordinal invocado, que dice: Artículo 298. Procede el recurso de reconsideración en contra de: [.] V. Las determinaciones que impongan los medios de apremio y medidas disciplinarias previstas en este Código. De los preceptos legales trascritos, resulta evidente que en el presente caso, procede alguno de los recursos antes aludidos, los cuales constituyen un medio ordinario de defensa idóneo que tienen por objeto anular notificaciones irregulares, los cuales se encuentra establecido en el Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, y tiene determinado procedimiento para su resolución, pues fija un término para su interposición y un plazo para su resolución, y por tanto, constituye una actuación necesaria de las partes que hayan comparecido al juicio, a fin de que la autoridad responsable, se pronuncie específicamente, sobre la nulidad de la multa que se reclama. Motivo por el cual, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues previo al juicio de amparo, el ahora quejoso se encontraba obligado a agotar dichos medios de defensa mediante los cuales pudo ser nulificado el acto de autoridad de que se duele. Se afirma lo anterior, en virtud de que se colman las exigencias establecidas en dicho precepto legal, ya que: 1. El acto reclamado es proveniente de un tribunal judicial 2. Los citados recursos se encuentran previstos en la ley que rige el acto, es decir, en el Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán 3. Esos medios de defensa, se dan dentro del procedimiento en que se emitió el acto reclamado y, 4. Por virtud de los mismos, el acto reclamado puede ser nulificado por el Juez responsable. Sentado lo anterior, es incontrovertible que antes de promover el juicio constitucional, el impetrante de amparo tenía la obligación insoslayable de acudir a tales medios revisores para que con ello, se pudiere confirmar, o nulificar el acto aquí reclamado, lo cual, refiere la necesidad de solventar previamente a instar el juicio constitucional, los recursos ordinarios previstos en el cuerpo de leyes normativo. Puntualizado lo anterior, es permisible sostener que el medio idóneo por el cual pudo modificarse, revocarse o nulificarse el acto que por esta vía se reclama es el recurso previsto en el Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, y al no haber procedido así los solicitantes de garantías no se agotó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracciones XVIII, y 107 fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías formulada por ..., contra los actos reclamados a los Magistrados de la Primera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán y otra autoridad, por la razones que precisadas quedaron en líneas que anteceden. En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. Asimismo, hágase saber a las autoridades responsables que, para rendir su informe, deberán hacerlo al correo oficial de este órgano jurisdiccional (2jdo11cto@correo.cjf.gob.mx), ello sin perjuicio de hacerlo a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual es menester que realice el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que genere un nombre de usuario, de conformidad con los artículos 3, fracción I, 6, 16 y 18 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicios en línea que promueven desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Además, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Finalmente, se tiene al promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones de carácter personal en esta ciudad, y autorizando únicamente para ese efecto a las personas que hacen alusión. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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