Rigoberto Reyes Espinosa
Expediente 170/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 170/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 17/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rigoberto Reyes Espinosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo; una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, que prevé el artículo 21 del aludido Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio y dentro de los noventa días siguientes, depúrese el original del incidente y transfiérase éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del mismo Acuerdo General. Devuélvase a la autoridad responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las diez horas con cuarenta minutos del veintiséis de abril de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 170/2023, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez de Distrito provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da nueva cuenta con las documentales ofertadas por la Contralora Municipal del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, y las ofrecidas por la parte quejosa. El juez provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales referidas y se declara precluido el derecho de las demás partes para hacerlo. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar los formulados por la parte quejosa. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tiene por formulados los alegatos citados con antelación. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia; y, RESULTANDO Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el quince de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común, a los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad ********************, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Contralora Municipal del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito, en donde se registró bajo el número 170/2023; el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite; se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete. Finalmente, se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; así pues, se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDOS Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos reclamados fueron emitidos por una autoridad que reside dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, así como en observancia obligatoria de la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, registro: 192097, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro: 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda, se advierte que el quejoso ********************, por su propio derecho, reclama de la Contralora Municipal del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán: La resolución de veinte de enero de dos mil veintitrés, emitida en el procedimiento de responsabilidad administrativa P.R.A.-D.S.-182/2022, mediante la cual se desconoció el carácter de quien se ostentó como autorizado de ******************** y por ende ordenó reponer el procedimiento. Tercero. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la Contralora Municipal del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, por así advertirse del contenido del informe justificado. Certeza que se corrobora con las constancias que exhibió la responsable, consistente en copia certificada del procedimiento de responsabilidad administrativa P.R.A.D.S. 182/2022. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, y que permiten tener por acreditados los actos reclamados. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio de garantías, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia 814 emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a fojas 553, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, Materia Común, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al respecto, se advierte de oficio la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, aplicado en su interpretación inversa, de la Ley de Amparo, dado el desconocimiento de quien se ostentó como autorizado del quejoso y la reposición del procedimiento no constituyen actos de imposible reparación, mismos que se analizarán de manera conjunta, dada su estrecha vinculación. Para evidenciar dicho aserto, es necesario tener presente el contenido de los numerales invocados, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: (.) b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." En el artículo 61 de la Ley de Amparo, se mencionan enunciativamente los diversos supuestos en los que resulta improcedente el juicio de amparo, mientras que la fracción XXIII instituye que también lo será en los demás casos en que ésta resulte de alguna disposición de la ley; lo que deja abierta la posibilidad de atender a otros supuestos que permitan sustentar válidamente la improcedencia del amparo. Por su parte, el artículo 107, fracción III, de la misma ley, prevé que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de actos que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En primer término, este juzgador considera pertinente determinar si en el caso los actos reclamados fueron emitidos dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio. Al efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. XCIX/99, precisó que el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio se caracteriza por la contienda entre partes, sujeta a la decisión jurisdiccional de quien se pide la declaración de un derecho y la correlativa obligación, dicha tesis es de rubro y texto siguiente: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. No existe criterio uniforme respecto a lo que debe entenderse por procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que tal carácter se ha dado por igual a los actos instaurados en forma unilateral por la autoridad administrativa para verificar el cumplimiento de los particulares a disposiciones de índole administrativa, en los que se le da al afectado la oportunidad de comparecer, rendir pruebas y alegar; a aquellos otros que se sustancian a solicitud de parte interesada para la obtención de licencias, autorizaciones, permisos, concesiones, etcétera; y, también a los procedimientos que importan cuestión entre partes, sujeta a la decisión materialmente jurisdiccional de la autoridad administrativa. Ahora bien, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo en los supuestos previstos por el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, no basta la circunstancia de que en determinados procedimientos administrativos se prevea la posibilidad de que el particular afectado con el acto administrativo sea oído en su defensa, pues ello no autoriza a concluir que se está en presencia de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, dado que este último se caracteriza por la contienda entre partes, sujeta a la decisión jurisdiccional de quien se pide la declaración de un derecho y la correlativa obligación. Así, a manera de ejemplo, la orden de verificación, su ejecución y las consecuencias jurídicas que de ellas deriven, como la imposición de multas y clausura, en aplicación a la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, no son actos comprendidos dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, debido a que no entrañan cuestión alguna entre partes que amerite la declaración de un derecho, sino que se trata de actos efectuados por la autoridad administrativa en ejercicio de sus facultades de comprobación, tendientes a vigilar el cumplimiento de normas de orden público en satisfacción del interés social." Avanzando en nuestro razonamiento, se estima conveniente traer a glosa el contenido del artículo 208 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo, que señala lo siguiente: DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LAS SECRETARÍAS Y ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL Artículo 208. En los asuntos relacionados con Faltas Administrativas no graves, se deberá proceder en los términos siguientes: I. La Autoridad Investigadora deberá presentar ante la Autoridad Substanciadora el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, la cual, dentro de los tres días siguientes se pronunciará sobre su admisión, pudiendo prevenir a la Autoridad Investigadora para que en un término de tres días hábiles subsane las omisiones que advierta, o que aclare los hechos narrados en el informe; II. En el caso de que la Autoridad Substanciadora admita el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, ordenará el emplazamiento del presunto responsable, debiendo citarlo para que comparezca personalmente a la celebración de la Audiencia Inicial, señalando con precisión el día, lugar y hora en que tendrá lugar dicha audiencia, así como la autoridad ante la que se llevará a cabo. Del mismo modo, le hará saber el derecho que tiene de no declarar contra de sí mismo ni a declararse culpable; de defenderse personalmente o ser asistido por un defensor perito en la materia y que, de no contar con un defensor, le será nombrado un defensor de oficio; III. Entre la fecha del emplazamiento y la de la audiencia inicial deberá mediar un plazo no menor de diez ni mayor de quince días hábiles. El diferimiento de la audiencia sólo podrá otorgarse por causas de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente justificadas, o en aquellos casos en que se nombre; IV. Previo a la celebración de la Audiencia inicial, la Autoridad Substanciadora deberá citar a las demás partes que deban concurrir al procedimiento, cuando menos con setenta y dos horas de anticipación; V. El día y hora señalado para la Audiencia Inicial el presunto responsable rendirá su declaración por escrito o verbalmente, y deberá ofrecer las pruebas que estime necesarias para su defensa. En caso de tratarse de pruebas documentales, deberá exhibir todas las que tenga en su poder, o las que no estándolo, conste que las solicitó mediante el acuse de recibo correspondiente. Tratándose de documentos que obren en poder de terceros y que no pudo conseguirlos por obrar en archivos privados, deberá señalar el archivo donde se encuentren o la persona que los tenga a su cuidado para que, en su caso, le sean requeridos en los términos previstos en esta Ley; VI. Los terceros llamados al procedimiento de responsabilidad administrativa, a más tardar durante la Audiencia Inicial, podrán manifestar por escrito o verbalmente lo que a su derecho convenga y ofrecer las pruebas que estimen conducentes, debiendo exhibir las documentales que obren en su poder, o las que no estándolo, conste que las solicitaron mediante el acuse de recibo correspondiente. Tratándose de documentos que obren en poder de terceros y que no pudieron conseguirlos por obrar en archivos privados, deberán señalar el archivo donde se encuentren o la persona que los tenga a su cuidado para que, en su caso, le sean requeridos; VII. Una vez que las partes hayan manifestado durante la Audiencia Inicial lo que a su derecho convenga y ofrecido sus respectivas pruebas, la Autoridad Substanciadora declarará cerrada la audiencia inicial, después de ello las partes no podrán ofrecer más pruebas, salvo aquellas que sean supervenientes; VIII. Dentro de los quince días hábiles siguientes al cierre de la Audiencia Inicial, la Autoridad Substanciadora deberá emitir el acuerdo de admisión de pruebas que corresponda, donde deberá ordenar las diligencias necesarias para su preparación y desahogo; IX. Concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, y si no existieran diligencias pendientes para mejor proveer o más pruebas que desahogar, la Autoridad Substanciadora declarará abierto el periodo de alegatos por un término de cinco días hábiles comunes para las partes; X. Una vez trascurrido el periodo de alegatos, la Autoridad Sustanciadora remitirá en un período de diez días hábiles el expediente respectivo a la Autoridad Resolutora del asunto, la cual de oficio, declarará cerrada la instrucción y citará a las partes para oír la resolución que corresponda, la cual deberá dictarse en un plazo no mayor a treinta días hábiles, el cual podrá ampliarse por una sola vez por otros treinta días hábiles más, cuando la complejidad del asunto así lo requiera, debiendo expresar los motivos para ello; y, XI. La resolución, deberá notificarse personalmente al presunto responsable. En su caso, se notificará a los denunciantes únicamente para su conocimiento, y al jefe inmediato o al titular de la dependencia o entidad, para los efectos de su ejecución, en un plazo no mayor de diez días hábiles. De los artículos transcritos se obtiene, esencialmente que de conformidad con la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo, en los asuntos relacionados con faltas administrativas no graves, la autoridad investigadora deberá presentar ante la autoridad substanciadora el informe de presunta responsabilidad administrativa, la cual, dentro de los tres días siguientes se pronunciará sobre su admisión. Que en el caso de que la autoridad substanciadora admita el Informe de presunta responsabilidad administrativa, ordenará el emplazamiento del presunto responsable, debiendo citarlo para que comparezca personalmente a la celebración de la audiencia inicial, señalando con precisión el día, lugar y hora en que tendrá lugar dicha audiencia, así como la autoridad ante la que se llevará a cabo. Del mismo modo, le hará saber el derecho que tiene de no declarar contra de sí mismo ni a declararse culpable; de defenderse personalmente o ser asistido por un defensor perito en la materia y que, de no contar con un defensor, le será nombrado un defensor de oficio. También se advierte, que entre la fecha del emplazamiento y la de la audiencia inicial deberá mediar un plazo no menor de diez ni mayor de quince días hábiles. Además, que previo a la celebración de la audiencia inicial, la autoridad substanciadora deberá citar a las demás partes que deban concurrir al procedimiento, cuando menos con setenta y dos horas de anticipación. Que el día y hora señalado para la audiencia inicial el presunto responsable rendirá su declaración por escrito o verbalmente, y deberá ofrecer las pruebas que estime necesarias para su defensa. En caso de tratarse de pruebas documentales, deberá exhibir todas las que tenga en su poder, o las que no estándolo, conste que las solicitó mediante el acuse de recibo correspondiente. Tratándose de documentos que obren en poder de terceros y que no pudo conseguirlos por obrar en archivos privados, deberá señalar el archivo donde se encuentren o la persona que los tenga a su cuidado para que, en su caso, le sean requeridos en los términos previstos en esta Ley. Una vez que las partes hayan manifestado durante la audiencia inicial lo que a su derecho convenga y ofrecido sus respectivas pruebas, la autoridad substanciadora declarará cerrada la audiencia inicial, después de ello las partes no podrán ofrecer más pruebas, salvo aquellas que sean supervenientes. Dentro de los quince días hábiles siguientes al cierre de la audiencia inicial, la autoridad substanciadora deberá emitir el acuerdo de admisión de pruebas que corresponda, donde deberá ordenar las diligencias necesarias para su preparación y desahogo. Concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, y si no existieran diligencias pendientes para mejor proveer o más pruebas que desahogar, la autoridad substanciadora declarará abierto el periodo de alegatos por un término de cinco días hábiles comunes para las partes. Trascurrido el periodo de alegatos, la autoridad sustanciadora remitirá en un período de diez días hábiles el expediente respectivo a la autoridad resolutora del asunto, la cual de oficio, declarará cerrada la instrucción y citará a las partes para oír la resolución que corresponda. Finalmente, que la resolución, deberá notificarse personalmente al presunto responsable. Ahora bien, de las constancias que obran en autos se advierte que: 1. El veintinueve de julio de dos mil veintidós, el Director de Denuncias Ciudadanas e Investigación de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, presentó a la Contraloría Municipal del citado Ayuntamiento, informe de presunta responsabilidad administrativa de ******************** considerada como no grave; a saber, el cuidar la información electrónica propiedad del Ayuntamiento, con la sustracción y destrucción de dicha información y documentación [foja 117-131 del Tomo de pruebas]. 2. En proveído de cinco de agosto de la citada anualidad, se admitió a trámite el informe de presunta responsabilidad registrándose bajo el número P.R.A.-D.S.-182/2022, se ordenó el emplazamiento de ********************, citándolo para que compareciera ante dicha autoridad en el domicilio que le indicó a las diez horas del veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, en la que podría ofrecer las pruebas que estimara pertinentes; además se le hizo saber el derecho que tiene a no declarar en contra de sí mismo ni a señalarse responsable por la falta administrativa que se le atribuía; así como para defenderse personalmente o ser asistido por un defensor de su confianza y que de no contar con uno le sería nombrado de oficio [foja 133-138 del tomo de pruebas]. 3. Resolución que le fue notificado el cuatro de noviembre de la anualidad próxima pasada [foja 139 del tomo de pruebas]. 4. El veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia inicial, en la que compareció Erick Simón Soto Guevara, ostentándose como autorizado de ********************, en la que se le tuvo rindiendo la declaración que presentó por escrito, así como las pruebas aportadas por las partes [foja 145-147]. 5. El ocho de diciembre de dos mil veintidós, se acordó el desahogo y admisión de pruebas [foja 161-162]. 6. Mediante escrito presentado el veinte de diciembre del año pasado, Erick Simón Soto Guevara promovió incidente de objeción de pruebas, mismo que se le dio trámite el cuatro de enero siguiente [foja 166-169 del tomo de pruebas] resolviéndose el veinte de enero de la anualidad que transcurre, al tenor de los siguientes puntos resolutivos. "PRIMERO. Por los razonamientos fundados y motivados, que han sido esgrimidos a lo largo del presente libelo, al no ser posible entrar al estudio del incidente presentado por los razonamientos expuestos, se tiene por no presentado el incidente intentado, al no apegarse a lo dispuesto por el artículo 53 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo, al ser un requisito per se para la prosecución del recurso interpuesto. SEGUNDO. En consecuencia y al tratarse de un requisito fundamental para el debido desarrollo del procedimiento que se sigue, en aras de garantizar el debido proceso para las partes, repóngase el procedimiento iniciado y emplácese nuevamente a las partes para la celebración de la audiencia inicial, quedando todas las actuaciones anteriores sin efectos por estar viciadas de origen." La anterior resolución es la materia del acto reclamado. En consecuencia, se puede afirmar en primer término, que los actos aquí reclamados emanan de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. En segundo, cabe precisar que la resolución de veinte de enero de dos mil veintitrés, que ordenó reponer el procedimiento y emplazó nuevamente a las partes para la celebración de la audiencia inicial, no constituye un acto de imposible reparación contra el cual sea procedente el juicio de amparo. A efecto de determinar la procedencia del juicio de amparo en que se actúa, se impone al suscrito realizar una análisis hermenéutico, para dilucidar si el acto reclamado impacta derechos sustantivos, para la realización de tal análisis interpretativo, debe en principio, acudir a los conceptos de violación expuestos en el escrito inicial de demanda, a fin de establecer si el tema involucrado en cada uno de ellos, implica meras cuestiones procesales o adjetivas o bien, si comprende afectación a derechos sustantivos. Pues bien, en el asunto sujeto a regularidad constitucional que se estudia, se tiene que la autoridad responsable determinó que si bien en la audiencia inicial compareció Erick Simón Soto Guevara a nombre del quejoso ********************, no aportó documento que acreditara su representación, ni ratificó la calidad que ostentaba, por lo que, para garantizar la adecuada defensa determinó reponer el procedimiento emplazando nuevamente a las partes para la celebración de la audiencia inicial. Por su parte, el quejoso argumenta en esencia, que la resolución reclamada no cumple con las formalidades esenciales del procedimiento y mucho menos garantiza su derecho humano al debido proceso, tutela judicial efectiva y la impartición de justicia pronta, expedita sin dilaciones, toda vez que autorizó a diversos profesionistas para que lo representara, que le desconoció el carácter fundándose en una ley inaplicable. Además al ordenar reponer el procedimiento se abriría la posibilidad de integrar diversos o novedosos medios de prueba de los ya exhibidos, respecto de los cuales interpuso incidente de objeción; implicando posponer el dictado de la resolución final y se prolongue el estado de incertidumbre del quejoso, respecto de conocer su situación jurídica derivada de dicho proceso administrativo. Bajo las anteriores consideraciones, atendiendo al análisis hermenéutico de los conceptos de violación expresados por el quejoso, en el caso, quien resuelve, considera que el tema inmerso en ellos, involucra violaciones que residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el juicio administrativo. No se trata de una afectación sea material, dado que no es real y actual; inminente; en oposición a especulativa y contingente. Esto, porque el desconocimiento de quien dijo ser su autorizado, así como la reposición del procedimiento hasta que se les emplazara para comparecer a la audiencia, en la cual las partes podrán ofertar medios de prueba, no componen un producto final en el juicio con trascendencia en la esfera jurídica del quejoso, sino que su posible afectación queda sujeta a la designación de su abogado, así como a las pruebas que se llegasen a aportar y su valoración, por tanto existe en un plano puramente procedimental. Es decir, el desconocimiento de su representante así como el ofrecimiento de los medios de prueba que se puedan llegar a aportar, no tiene una ejecución inmediata y directa sobre sus derechos sustantivos, toda vez que la ilegalidad de tal determinación puede enmendarse con posterioridad, si obtiene una sentencia favorable. De igual forma, el retardo en la impartición de justicia que pudiera entrañar esa determinación, no justifica la procedencia del juicio de amparo de que se trata, que por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales implica una dilación en el juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique, violación al principio de justicia pronta. De lo que se colige que no es factible hablar de una afectación inmediata y actual que conlleve a considerar que la reposición del procedimiento de que se trata en razón del desconocimiento de la personalidad de quien dijo ser su representante, constituya un acto de imposible reparación en contra del quejoso, dado que no afecta derechos sustantivos, como lo serían la vida, la libertad etcétera, ni su afectación es material, dado que no es real y actual. En apoyo a lo anterior, es de citar, la Tesis: I.10o.C.1 C (11a.), Materia Común, de la Undécima Época, del Semanario Judicial de la Federación, Registro digital: 2026318, que dice: "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO LO CONSTITUYE EL AUTO QUE ORDENA OFICIOSAMENTE PRACTICAR DE NUEVA CUENTA EL EMPLAZAMIENTO AL DEMANDADO EN EL JUICIO CIVIL, AL NO AFECTAR MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS, PUES NO TRASCIENDE A LA PERSONA O BIENES DEL ACTOR MÁS ALLÁ DE LO MERAMENTE PROCEDIMENTAL. Hechos: En un juicio especial hipotecario el Juez del conocimiento ordenó, oficiosamente, practicar de nueva cuenta el emplazamiento al demandado al estimar que la diligencia respectiva se realizó contrario a derecho. El actor interpuso recurso de apelación en contra de ese acuerdo, el cual fue confirmado por el tribunal de alzada. Contra este último acto el accionante presentó demanda de amparo indirecto, la cual fue desechada de plano por el Juez de Distrito, al considerar que el acto reclamado no afecta materialmente derechos sustantivos. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el auto que ordena oficiosamente practicar de nueva cuenta el emplazamiento al demandado en el juicio civil, no afecta materialmente derechos sustantivos, pues no reúne los requisitos legales para ser considerado como un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, por lo que en tal supuesto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V del diverso 107, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, pues no trasciende a la persona o bienes del actor más allá de lo meramente procedimental. Justificación: Lo anterior, porque de conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto es procedente para impugnar aquellos actos de autoridad cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución General y en los tratados internacionales de los que México sea Parte. En relación con el sentido y alcance del precepto anteriormente citado, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que para reputar un acto intraprocesal como de imposible reparación, es necesario que sus consecuencias sean de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho sustantivo, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, es decir, que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Así, la irreparabilidad depende de dos condicionantes: la primera, traducida en que la afectación material de derechos a que alude el citado artículo y fracción equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo y, la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese contexto, aunque en el juicio de amparo se alegue la transgresión directa a un derecho que, en principio, pueda reputarse de carácter sustantivo, como son los consagrados en los artículos 8o., 14, 16 y 17 de la Constitución General, ello es insuficiente para estimar que el acto reclamado produce efectos de imposible reparación, si esa afectación no se produce en forma independiente, sino dentro del propio procedimiento en que el quejoso es parte, en cuyo caso, adquiere la connotación de ser una violación adjetiva o procesal, pues no se trata de una infracción autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste. De acuerdo con lo anterior, si el acto de autoridad impugnado carece de la "afectación material" necesaria para la procedencia del juicio de amparo indirecto, en razón de que el actuar jurisdiccional únicamente depara consecuencias dentro del propio procedimiento, sin que trascienda a la persona o bienes del justiciable más allá de lo meramente procedimental, entonces, en tales supuestos no se estará en presencia de un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia excepcional del amparo indirecto contra actos intraprocesales. Partiendo de esas bases, es dable sostener que cuando a través del juicio de amparo indirecto se impugne un acto emitido dentro de un juicio y se advierta que el mismo no lesiona ningún derecho sustantivo del quejoso, sino que, en todo caso, la referida determinación judicial únicamente afecta bienes jurídicos cuya fuente proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, dado que solamente depara consecuencias dentro del propio procedimiento judicial de origen, sin que trascienda a la persona o bienes del justiciable más allá de lo meramente procedimental, entonces, se actualizará la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V del diverso 107, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, al no estar en presencia de un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. También resulta aplicable la Jurisprudencia PC.II.C. J/11 C (10a.), consultable en el Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo II, página 927, Materias Común, Civil, de la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro digital: 2021023, que dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL Y ATENTO A LA NATURALEZA Y EFECTOS DEL ACTO QUE SE RECLAMA, ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE NIEGA DAR TRÁMITE A PROMOCIONES Y ESCRITOS POR CARECER DE FIRMA DE LICENCIADO EN DERECHO, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1.94 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MÉXICO, AUN CUANDO SE ALEGUE TRANSGRESIÓN AL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el derecho sustantivo de acceso a la justicia, el cual resulta ser un derecho gradual y sucesivo que se va perfeccionando mediante el cumplimiento de etapas correlativas, lo que implica que no se agota con el acceso inicial a la justicia, sino que debe materializarse a lo largo de todos los actos e instancias del proceso, hasta culminar con el dictado de la sentencia y su ejecución. De esta manera, esa prerrogativa y su posible transgresión deben ser analizadas en cada caso concreto, estableciendo el momento en el que se suscitó el acto que se reclama, su naturaleza y sus efectos, pues de ello dependerán los efectos que cause y, por tanto, la vía en la que habrá de estudiarse. Así, por regla general, la negativa de la autoridad común a dar curso a promociones o escritos de las partes carentes de firma autógrafa o electrónica avanzada de licenciado en derecho, a que se refiere el artículo 1.94 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, constituye un acto meramente procesal dentro de juicio, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; no obstante, pueden ocurrir diversos supuestos consistentes en que: a) la determinación combatida constituya una resolución que ponga fin al juicio, como el auto que tiene por no interpuesto el recurso de apelación contra la sentencia definitiva o el auto que inadmite la demanda en el juicio natural, en cuyo caso, invariablemente y sin discusión, dará lugar a la procedencia del juicio de amparo directo, aun cuando la transgresión alegada haya sido cometida dentro del procedimiento, porque en ese supuesto ya no se dictará sentencia definitiva; y b) la transgresión ocurra en el curso del juicio, caso en el cual podrán presentarse dos supuestos: uno, que constituya un acto que tenga una ejecución de imposible reparación, por afectar materialmente derechos sustantivos no reparables en sentencia definitiva, como puede ser una abierta dilación al procedimiento o su paralización total, y procederá el amparo indirecto; y otro, que el acto no tenga una ejecución de imposible reparación por no afectar materialmente derechos sustantivos, o bien, afectándolos, éstos no sean reparables con la obtención de sentencia favorable, en cuyo caso deberán ser analizados como violaciones procesales en amparo directo, siempre y cuando dicha violación cumpla con las exigencias previstas en la ley y en la jurisprudencia. Sin que impida estimar lo anterior, la cita de las jurisprudencias de los rubros: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA DE OFICIO LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PENAL PARA EL DESAHOGO DE UNA PRUEBA PERICIAL (LEY DE AMPARO EN VIGOR HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)."; y "REPOSICIÓN DEL PROCESO PENAL. LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE LA ORDENA OFICIOSAMENTE RESPECTO DE UN IMPUTADO QUE SE ENCUENTRA EN RECLUSIÓN PREVENTIVA, CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, CONTRA EL CUAL PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Toda vez que no son aplicables al asunto de que se trata, esto porque la primera además de que se refiere a la Ley de Amparo en vigor hasta el dos de abril de dos mil trece, si bien determinó que el desahogo o perfeccionamiento de una prueba pericial era impugnable en amparo indirecto, fue porque incide en la fijación definitiva en la litis; lo que no ocurre en la especie, dado que en el asunto de que se trata quedó establecida desde el informe que emitió la autoridad investigadora; y la segunda, si bien estimó que la reposición de procedimiento constituye un acto de imposible reparación, fue únicamente en aquéllos casos en que el imputado se encuentra en reclusión preventiva, debido a que la decisión del caso se pospone y la restricción a la libertad personal a la que el quejoso está sujeto de forma preventiva se prolonga, lo que tampoco se actualiza en el presente juicio de amparo. Luego, al ser un acto emitido dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y no ser de aquellos considerados como de imposible reparación, se actualiza la causal de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción III, este último aplicado en sentido contrario. Por todo lo anterior, al no estar en presencia de actos que afecte derechos sustantivos de la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, se sobresee el juicio de amparo. Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, por su propio derecho, respecto del acto y autoridad que quedaron precisados en la consideración segunda; y, por los motivos expuestos en la diversa cuarta de esta sentencia. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la última consideración de la presente resolución. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de marzo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese a los autos el escrito firmado Gabriel Ángel de los Cobos Rico, en cuanto Director de Denuncias Ciudadanas e Investigación de la Contraloría del Honorable Ayuntamiento de Morelia y con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo se le tiene por apersonado al juicio en que se actúa. Asimismo, se tiene por señalado el domicilio que indica la parte tercera interesada para recibir notificaciones en esta ciudad y como autorizadas para tal efecto a la persona que designa, quien podrá gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tenga registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se verificará una vez que promueva con dicho carácter, o bien, hasta que acredite dentro del presente expediente, con documento idóneo, estar facultada para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ya que en caso contrario, solamente se le tendrá como autorizada para recibir notificaciones e imponerse de los autos. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos que realiza el tercero interesado; con ellos, se ordena dar nueva cuenta en el momento procesal oportuno. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos que realiza el autorizado de la parte quejosa; con ellos, se ordena dar nueva cuenta en el momento procesal oportuno. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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