Rigoberto Reyes Altamirano
Expediente 21/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 62 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 21/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 62
- Última actuación
- 30/12/2019
Partes del expediente
- Rigoberto Reyes Altamirano
- Congreso del Estado de Jalisco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 62.
- Principal
Vista la cuenta que antecede, téngase por recibido el escrito remitido vía electrónica por Rigoberto Reyes Altamirano, en su carácter de parte quejosa en el presente juicio, por medio del cual pretende interponer recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve. Se formula requerimiento. Ahora bien, el escrito enviado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, contiene un error en su documento, pues este no pudo ser impreso en su totalidad, ello respecto de la página veinticuatro del escrito de cuenta, tal y como se advierte de la impresión que obra glosada en autos; al efecto, requiérasele a la parte quejosa, para que en el término de tres días de conformidad con el artículo 297, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, presente el escrito completo, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, se le tendrá por no presentado su ocurso de cuenta.
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Vista la cuenta que antecede, téngase por recibido el oficio signado por el Juez Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, a través del cual, remite los autos originales que conforman el presente juicio de amparo 21/2018 en un tomo, un cuaderno de pruebas y dos sobres con documentos, en el que obra integrada la sentencia dictada por el referido homólogo, el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, cuyo resolutivo es el siguiente: "ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Rigoberto Reyes Altamirano, en contra de las autoridades responsables y actos reclamados destacados en el considerando cuarto de esta sentencia, atento a las razones y fundamentos precisados en el diverso punto sexto de este fallo". Resolución que fue capturada el veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), según se advierte de la certificación respectiva. Notifíquese a las partes. Glósense al expediente el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo de la remisión de las actuaciones al aludido Centro Auxiliar, así como el oficio de cuenta; acúsese recibo de estilo y notifíquese a las partes el contenido de la sentencia definitiva, para su conocimiento y efectos legales procedentes.
- Principal
R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el cinco de enero de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo de Jalisco, con residencia en Zapopan, remitido ese mismo día, por razón de turno al Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, Rigoberto Reyes Altamirano, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión en contra de las autoridades y por los actos que se precisaron en el escrito inicial de demanda. SEGUNDO. Ampliación de demanda. Mediante escrito presentado el cinco de julio de dos mil dieciocho, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, recibido en el Juzgado auxiliado, la parte quejosa amplió su demanda de amparo respecto de los actos reclamados y autoridades responsables que ahí señaló. TERCERO. Trámite. En acatamiento a la ejecutoria emitida por el Tribunal de Alzada y previo desahogo de prevención y ratificación, por auto de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, la Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, admitió a trámite la demanda constitucional, y por diverso proveído de once de enero de dos mil diecinueve, la ampliación de demanda de mérito, razón por la cual requirió a las autoridades responsables la rendición de su informe justificado, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción la intervención que legalmente le corresponde; y señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo el doce de septiembre de este año, al tenor del acta respectiva, y se ordenó remitir los autos a este Juzgado para el dictado de la resolución. CUARTO. Envío de los autos a este órgano jurisdiccional y recepción. En proveído de trece de noviembre de dos mil diecinueve, se radicó el asunto asignándole el número de cuaderno auxiliar 476/2019, reservándose los autos para dictar la resolución correspondiente. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el punto primero del Acuerdo General 54/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación del aludido Centro Auxiliar; así como el punto primero del diverso acuerdo 9/2014, emitido por el propio cuerpo colegiado, que establece el inicio de funciones de este Juzgado Federal y el oficio número STCCNO/64/2018 de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, signado por Víctor Axel Morales Vargas, Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, informó el punto de acuerdo C. CAR 5/2018-II de diecinueve de enero de dos mil dieciocho, por parte de dicha Comisión, en el que se determinó el inicio de apoyo por parte de este órgano auxiliar al Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, lo que ahora se hace. SEGUNDO. Cuestión relevante. Previamente a definir el sentido de este fallo, resulta oportuno señalar que la competencia de este órgano de control constitucional se encuentra restringida para dictar sentencia en los juicios de amparo que por disposición del Consejo de la Judicatura Federal son enviados para ese efecto, ya que fue creado exclusivamente para ello; de ahí que el presente asunto se resuelve con base en las constancias que existen en el expediente y conforme lo integró el Juzgado de Distrito auxiliado. TERCERO. Oportunidad. Resulta oportuna la presentación de la demanda de amparo como a continuación se evidencia: Escrito inicial de demanda Se ostentó sabedor del acto reclamado: 15 de diciembre de 2017. Transcurrió plazo: Del 18 de diciembre de 2017 al 9 de enero de 2018. Presentación: 5 de enero de 2018. Días inhábiles: 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de diciembre de 2017 y 6 y 7 de enero de 2018 por haber sido sábados y domingos; así como el 25 de diciembre de 2017 y 1 de enero de 2018, por ser días inhábiles. Fundamento: Artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Amparo. Ampliación de demanda de amparo Notificación del acuerdo de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual se le dio vista a las partes, respecto del informe justificado: 22 de junio de 2018. Surte efectos: 25 de junio de 2018. Transcurrió plazo: Del 26 de junio al 16 de julio de 2018. Presentación: 5 de julio de 2018 Días inhábiles: 23, 24 y 30 de junio y 1, 7, 8, 14 y 15 de julio de 2018, por haber sido sábados y domingos. Fundamento: Artículos 17, 18, 19 y 117 de la Ley de Amparo. CUARTO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo previsto en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, a efecto de fijar la litis constitucional en el presente asunto, es necesario precisar los actos que reclama la parte quejosa, lo que deriva de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como de las constancias que conforman el presente juicio. En tal virtud, para estar en aptitud de resolver la cuestión efectivamente planteada, se tiene entonces que la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional: Del 1. Congreso del Estado de Jalisco: a) El acuerdo legislativo 1532-LXI-17 de uno de noviembre de dos mil diecisiete, por el que se expide la convocatoria para la elección de tres magistrados de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. b) El acuerdo legislativo 1596-LXI-17 de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, únicamente por lo que hace a la designación de José Ramón Jiménez Gutiérrez y Avelino Bravo Camacho para ocupar el cargo de Magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. c) La minuta y documento, donde se toma protesta a los referidos profesionistas como Magistrados de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, las fechas catorce y quince de diciembre de dos mil diecisiete, incluyendo las votaciones y razonamientos para su elección. d) La expedición del nombramiento de los terceros interesados como magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. e) La ejecución y consecuencias de ese nombramiento. De la 2. Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Jalisco: f) La intervención para la aprobación de los acuerdos legislativos aludidos en párrafos que anteceden de uno de noviembre y catorce de diciembre ambos de dos mil diecisiete. g) La intervención para la toma protesta de José Ramón Jiménez Gutiérrez y Avelino bravo Camacho como Magistrados de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, de catorce y quince de diciembre de dos mil diecisiete, incluyendo las votaciones y razonamientos para su elección. h) El dictamen de acuerdo legislativo de uno de noviembre de dos mil diecisiete, a través del cual la Comisión de Justicia propuso a la Asamblea del Congreso del Estado de Jalisco la lista de los candidatos elegibles, a que se refiere la base séptima de la Convocatoria para Elección de Tres Magistrados de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. QUINTO. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades señaladas como responsables 1. Congreso del Estado de Jalisco y 2. Comisión de Justicia de dicho Congreso, ambas por conducto del Coordinador de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos, si bien es cierto que rindieron su respectivo informe justificado que les fue solicitado, también lo es que el mismo deviene ambiguo, pues no refiere categóricamente si es cierto o no los actos que concretamente se les atribuyen. Lo acabado de destacar hace patente la ambigüedad del informe justificado que conduce a presumir cierto el acto que se le imputa a la citada autoridad responsable, pues ésta no debe pasar por alto que el informe con justificación debe ser coherente con la demanda que origina el juicio de amparo, y si en los términos en que se encuentra redactado aparece que la responsable no expresa de manera categórica que es cierto o no el acto que de manera concreta se le atribuye, propiamente se está ante la falta de informe respecto del acto realmente combatido dada su ambigüedad, y por tanto, éste debe presumirse cierto. Además de que la certeza de dicho acto se corrobora con las copias certificadas de los acuerdos legislativos 1532-LXI-17 y 1596-LXI-17 de uno de noviembre y catorce de diciembre de dos mil diecisiete, así como de las actas de sesión celebradas el uno de noviembre y catorce de diciembre ambas de dos mil diecisiete, entre otras documentales, que exhibiera el Congreso del Estado de Jalisco, por conducto de Coordinador de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos, las que merecen valor probatorio pleno en términos de lo establecido en los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2°, por tratarse de documentos públicos, calidad que obtienen por haberse emitido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones. SEXTO. Procedencia del juicio de amparo. Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examina si opera alguna causal de improcedencia por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, pues su análisis es previo y preferente, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia del acto reclamado. Las autoridades señaladas como responsables 1. Congreso del Estado de Jalisco y 2. Comisión de Justicia de dicho Congreso, ambas por conducto del Coordinador de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos, al rendir sus informes justificados y los terceros interesados Avelino Bravo Cacho y José Ramón Jimenez Gutiérrez, manifestaron que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción VII, el artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que las resoluciones o declaraciones de las Legislaturas relativas a la elección, suspensión o remoción de funcionarios previsto en su Constitución, tienen la facultad de resolverlas soberana o discrecionalmente. La causal aludida es fundada. Previo a su estudio, toda vez que en el presente caso se reclaman los actos relativos al procedimiento de elección de Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, es necesario precisar que la facultad a cargo del Congreso del Estado de Jalisco, consistente en la elección de los Magistrados de la citada Sala, tiene fundamento en el artículo 35, fracción IX de la Constitución de dicha Entidad Federativa, mismo que establece lo siguiente: "Artículo 35. Son Facultades del Congreso: (.) IX. Elegir a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal Electoral y del Tribunal de lo Administrativo, así como a los titulares del Consejo de la Judicatura, en la forma y términos que dispongan esta Constitución y las leyes de la materia". Luego, el procedimiento por medio del cual se lleva a cabo dicha elección, se encuentra desarrollado en el artículo 24 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Estado de Jalisco, mismo que inicia con una convocatoria pública a la sociedad en general, con excepción de los partidos políticos, que emitirá el Congreso del Estado, a propuesta de la Comisión competente en los términos de la legislación orgánica del Poder Legislativo. La Comisión enviará copia de los expedientes de los aspirantes inscritos al Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción y éste emitirá un informe con la opinión técnica de los perfiles de los aspirantes, dentro de los treinta días naturales siguientes a que reciba la copia de los expedientes. En caso de que el Comité de Participación Social no remita al Congreso el informe dentro del plazo señalado en la fracción III, del artículo 24 antes citado, el Congreso deberá concluir el proceso en los términos del artículo aludido y la convocatoria respectiva. La Comisión deberá elaborar un dictamen que proponga la lista de los candidatos elegibles, considerando el informe remitido por el Comité de Participación Social. Una vez realizado lo anterior, el Congreso del Estado de Jalisco primero aprobará por mayoría simple y en votación nominal la lista de elegibles, para luego proceder a elegir al Magistrado por mayoría calificada y en votación por cédula de entre los candidatos de la lista aprobada; y si no existen candidatos elegibles, el Congreso no resuelve dentro del plazo fijado por la convocatoria o ningún candidato elegible reúne la mayoría requerida en tres votaciones por cédula, se declarará desierta la convocatoria y se emitirá una nueva. Resulta necesario traer a colación el contenido del artículo 61, fracción VII de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) VII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente". Como se ve, el precepto citado establece una causal de improcedencia específica para los casos en que se reclamen resoluciones o declaraciones de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones, con motivo de la elección de funcionarios, en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. Ese motivo de improcedencia ha sido interpretado por el Tribunal Pleno y por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque a la luz de la anterior Ley de Amparo (vigente hasta el dos de abril de dos mil trece), que en su artículo 73, fracción VIII, establecía esencialmente lo mismo. Así, al resolver el amparo en revisión 2639/96 en sesión de veintisiete de enero de mil novecientos noventa y ocho, el Tribunal Pleno sostuvo que no se actualizaba la causal de improcedencia en cuestión respecto de la no reelección de un Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y el desconocimiento de su calidad de inamovible, ya que de acuerdo con la Constitución local respectiva, el procedimiento correspondiente no constituía un acto soberano en tanto que la designación de magistrados y la remoción de quienes en su caso aquéllos van a sustituir no era una facultad que el Congreso Local pudiera ejercer de manera soberana o discrecional, pues su actuar se limitaba a analizar la propuesta que sobre el particular hacía el Ejecutivo y, en su caso, a aprobar dicha propuesta. Posteriormente, esa Segunda Sala resolvió el amparo en revisión 471/2006, mediante el cual analizó si en el procedimiento para la designación o ratificación del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Senado de la República emitía actos soberanos en términos del artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo, y estableció la tesis 2a. LXXXIX/2006, de rubro y texto siguientes: "COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN O RATIFICACIÓN DE SU PRESIDENTE, EL SENADO DE LA REPÚBLICA EMITE ACTOS SOBERANOS, A LOS QUE RESULTA APLICABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia que prevé el precepto citado tiene lugar cuando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (o la estatal relativa, en su caso) confiere al órgano legislativo la facultad de resolver soberana o discrecionalmente sobre la elección, remoción o suspensión de funcionarios. Ahora bien, la atribución que el artículo 102, apartado B, párrafos quinto y sexto, de la Constitución Federal confiere a la Cámara de Senadores (y en sus recesos a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión) para elegir mediante votación calificada al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, reviste características que permiten clasificarla como soberana -aun cuando el texto normativo no le atribuya tal adjetivo- en la medida en que no exige que la decisión sea avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo alguno; lo que se corrobora con la exposición de motivos y los demás documentos integrantes del proceso legislativo que originaron el decreto que reformó el precepto constitucional mencionado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 1999, pues de ellos se advierte que al sentar las bases de la actual Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se tuvo la clara intención de crear un auténtico defensor de los derechos relativos, concebido como organismo público autónomo, con independencia técnica y financiera, cuyo titular fuera designado por la Cámara de Senadores, sin obedecer a proposiciones de otra índole que pudieran afectar su autonomía de gestión. Además, la circunstancia de que los artículos tercero transitorio del decreto referido y 10 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos establezcan que la comisión correspondiente del Senado debe realizar una auscultación entre las organizaciones sociales representativas de los distintos sectores de la sociedad y entre los organismos públicos y privados promotores o defensores de los derechos humanos, así como que con base en su resultado dicho órgano podrá proponer al Senado la ratificación del titular para un segundo periodo o una terna de candidatos de la cual se elegirá a quien ocupe el cargo, no menoscaba la soberanía de la facultad del órgano legislativo, dado que no condiciona su fallo a la aprobación, sanción o ratificación de persona, asociación u organismo alguno, pues no atribuye fuerza vinculatoria a la opinión vertida por los sectores consultados; es más, este sistema tiende a optimizar el funcionamiento de la Cámara de Senadores, para que sus miembros puedan votar por alguna de las opciones que, en número reducido, se sometan a su decisión, de manera que alguna de ellas, en su caso, alcance la votación calificada requerida para su aprobación. En consecuencia, cuando se reclame la decisión final o cualquier acto emitido en el procedimiento de elección o ratificación del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el juicio de garantías será improcedente con fundamento en el artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo". Del criterio anterior destaca que la Segunda Sala, al interpretar el artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo (abrogada) consideró que: 1. Para que se actualice la causa de improcedencia en cuestión, no es necesario que la Constitución (federal o local, según el caso) establezca expresamente, como frase sacramental, que los actos emitidos por el Congreso u órganos respectivos, en relación con la elección, suspensión o remoción de funcionarios, constituye una facultad soberana o discrecional. 2. Estamos ante una facultad soberana cuando la ejerce quien goza de independencia y no requiere de injerencia externa para adoptar sus decisiones. 3. La propia facultad será discrecional cuando su titular la ejerza conforme a su arbitrio, pero con prudencia; esto es, la facultad discrecional no implica que se adopte una decisión en forma "arbitraria", sino conforme a la apreciación de las circunstancias que el titular realice o de acuerdo con la moderación de sus decisiones. Más adelante, la citada Sala resolvió el amparo en revisión 987/2007, en la que consideró que no se actualizaba esa causal cuando se reclamaba la ratificación o no ratificación de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua, y en dicha determinación se destacó que la "facultad de resolver soberana y discrecionalmente" a que aludía la fracción VIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, implicaba el poder, atribución o derecho que otorga una norma de derecho positivo vigente a la autoridad para decidir acerca de algo sin sujetarse a determinadas reglas. Posteriormente, al resolver la contradicción de tesis 118/2009, esa Segunda Sala analizó si los actos que se realizan en los procedimientos de elección, ratificación o cese de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco constituyen actos soberanos y discrecionales, y si por ende se actualiza o no la causa de improcedencia en comento. En esa ejecutoria, la Sala reiteró el criterio sostenido en el amparo en revisión 471/2006 respecto de la interpretación del artículo 73, fracción VIII de la Ley de Amparo (abrogada); invocó también los criterios emitidos por el Tribunal Pleno al resolver el amparo en revisión 2639/96 y por esa Segunda Sala en el amparo en revisión 987/2007; analizó el marco que la Constitución Federal establece para los Poderes Judiciales locales, en términos de los artículos 17 y 116, fracciones III y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el marco constitucional local que regulaba al Poder Judicial del Estado de Jalisco, tanto en su integración como en lo referente a la designación y ratificación de los titulares de los órganos jurisdiccionales que lo componían; lo que derivó en la jurisprudencia 2ª./J. 136/2009, de rubro y texto siguientes: "MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. LOS PROCEDIMIENTOS PARA SU ELECCIÓN, RATIFICACIÓN O CESE EN FUNCIONES POR TÉRMINO DEL ENCARGO, NO SON ACTOS SOBERANOS Y DISCRECIONALES DEL CONGRESO LOCAL, POR LO QUE SU RECLAMO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS NO ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece diversos principios que deben observar los Poderes Judiciales locales, a los cuales deberán sujetarse las entidades federativas y sus tres poderes en los que se divide el ejercicio del poder público, como formas para garantizar la independencia judicial en la administración de justicia local, los cuales consisten en el establecimiento de: a) Carrera judicial; b) Requisitos necesarios para ocupar el cargo de Magistrado; c) Seguridad económica de Jueces y Magistrados; y, d) Estabilidad en el ejercicio del cargo, que abarca la duración en tal ejercicio y la posibilidad de ratificación o reelección a su término. Estos principios deben garantizarse por las Constituciones y leyes estatales para lograr una plena independencia y autonomía de los Poderes Judiciales locales, sin que el hecho de que no se encuentren establecidos en aquéllas signifique que el Poder Judicial no cuenta con ellos, ya que son de observancia obligatoria. Ahora bien, la Constitución Política y la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambas del Estado de Jalisco, contienen los principios anotados, cuando confieren al Congreso de la entidad la facultad de elegir, ratificar o cesar en sus funciones por término del encargo, a los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia local; pero para el ejercicio de esa facultad exigen la existencia de ciertas causas y el cumplimiento de determinados requisitos esenciales, para que la Legislatura, con base en ellos, decida lo conducente; por ello, si la facultad mencionada está sujeta a determinadas reglas no puede considerarse soberana y discrecional, porque esto debe entenderse como el poder, atribución o derecho otorgado a la autoridad por una norma de derecho positivo vigente, para decidir acerca de algo sin sujetarse a reglas específicas. Además, las decisiones del Congreso local relacionadas con los procesos referidos no pueden considerarse discrecionales y soberanas, porque no pueden tomarse sin una debida fundamentación y motivación, pues de lo contrario colisionarían con la naturaleza misma de esos procesos decisorios, dado que no podrían ser al mismo tiempo fundadas y motivadas, esto es, sujetas al control racional del derecho, y discrecionales y soberanas, es decir, absolutamente libres e independientes de cualquier consideración, de ahí que el reclamo de dichos actos en el juicio de garantías no actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 73 de la Ley de Amparo". Del criterio así asentado cabe resaltar que: 1. La contradicción de tesis se refirió precisamente a casos como el que es materia del presente recurso de revisión, pues en ella se determinó si operaba o no la causal de improcedencia en estudio cuando se reclamaban los procedimientos de elección de Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. 2. La Sala se apoyó en el criterio emitido por el Tribunal Pleno al resolver la controversia constitucional 32/2007, promovida por el Poder Judicial del Estado de Baja California, en la que determinó declarar la inconstitucionalidad del artículo 58, segundo párrafo, de la Constitución de ese Estado, por establecer que las decisiones del Congreso local respecto a los nombramientos, ratificación o no ratificación y remoción de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Entidad tienen el carácter de soberanas y discrecionales; lo anterior, porque constitucionalmente es sabido que esas decisiones no pueden tomarse sin una debida fundamentación y motivación. De lo anterior se advierte que las determinaciones de los Congresos que requieren una debida fundamentación y motivación, no pueden considerarse soberanas, en tanto que no pueden estar sujetas al mismo tiempo al control racional del derecho y al mismo tiempo ser discrecionales y soberanas, esto es, absolutamente libres e independientes de cualquier consideración. 3. Por ende, como la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial de Jalisco exigen para el ejercicio de las facultades de elección, ratificación y cese, la existencia de ciertas causas y cumplir determinados requisitos esenciales, como son la intervención del Consejo General del Poder Judicial (actualmente Consejo de la Judicatura del Estado) y del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, el primero, en la recepción de documentos y en la elaboración de una lista en la que propone candidatos a ocupar el cargo de magistrado y, el segundo, en la elaboración de un dictamen técnico, mediante el cual emite su opinión sobre la actuación y desempeño del magistrado que pretende su ratificación y, con base en lo anterior, el Congreso del Estado decide si se elige, ratifica o, en dado caso, cesa en sus funciones, por término del encargo, al magistrado o magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco; tales facultades no pueden considerarse soberanas ni discrecionales. En el año dos mil nueve, a los pocos meses de haberse emitido el fallo antes comentado, esa Segunda Sala resolvió la contradicción de tesis 253/2009, en la que se resolvió un planteamiento similar, pues el punto de contradicción consistió en determinar si en el momento de elegir Consejeros del Poder Judicial del Estado de Jalisco, el Congreso de esa entidad actúa o no soberanamente y, en consecuencia, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en contra de la resolución y del procedimiento mediante los cuales son electos, en términos del artículo 73, fracción VIII de la Ley de Amparo (abrogada). En la ejecutoria correspondiente a esta contradicción de tesis, la Sala retomó el criterio expuesto en el amparo en revisión 471/2006 y de esa ejecutoria derivó la jurisprudencia 2a./J. 133/2009, que indica: "CONSEJEROS DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO. EN EL PROCEDIMIENTO PARA SU ELECCIÓN EL CONGRESO ESTATAL EMITE ACTOS SOBERANOS, RESPECTO DE LOS CUALES SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La referida causal de improcedencia se actualiza cuando la Constitución Política de alguna entidad federativa (o la General de la República, en su caso), confiere al órgano legislativo la facultad de resolver soberana o discrecionalmente sobre la elección, remoción o suspensión de funcionarios. Ahora bien, si se tiene en cuenta que la atribución conferida por los artículos 35, fracción IX, y 64, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, al Congreso de la entidad para elegir a los Consejeros de la Judicatura local, reviste características que permiten clasificarla como soberana -aun cuando el texto normativo no le atribuya tal adjetivo- en la medida en que no exige que la decisión sea avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo alguno. No es óbice a lo anterior, la circunstancia de que los artículos 219 y 220 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambas de ese Estado establezcan diversos requisitos a cumplir por la Legislatura Local para la elección correspondiente, como que se alcance una votación de las dos terceras partes de los diputados presentes y la consulta ciudadana, pues ello no menoscaba la soberanía de la facultad del órgano legislativo, dado que no condiciona su fallo a la aprobación, sanción o ratificación de persona, asociación u organismo alguno, pues no atribuye fuerza vinculatoria a la opinión vertida por los sectores consultados. Por tanto, cuando se reclame la decisión final o cualquier acto emitido en el procedimiento de elección de los indicados Consejeros, el juicio de garantías será improcedente con fundamento en el artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo". Como se ve, en este caso la Sala sostuvo que: Para que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción VIII de la Ley de Amparo se actualice, no se exige que los actos emitidos, entre otros órganos, por las Legislaturas de los Estados, en uso de facultades conferidas por la constitución local correspondiente, la norma constitucional relativa deba establecer, de manera sacramental, que la facultad que otorga al órgano legislativo sea de naturaleza "soberana" o "discrecional", sino que basta que, de acuerdo con la legislación correspondiente, tal potestad tenga las características propias de lo soberano y de lo discrecional. La facultad de nombrar a los Consejeros de la Judicatura, conferida por la Constitución Local al Congreso del Estado de Jalisco, es de naturaleza autónoma, en tanto que ese ordenamiento no exige que la decisión del órgano legislativo referido deba ser avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo diverso. Otro elemento a considerar para determinar que se trata de una facultad autónoma consiste en que el Congreso del Estado de Jalisco es un órgano de representación conformado por la elección libre, auténtica y periódica de los ciudadanos mediante la emisión del sufragio universal, libre, secreto, directo e intransferible, conforme a los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos previstos en los artículos 11, 12 y 17 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; por tanto, se trata de un órgano colegiado que, al ejercer sus facultades, expresa la voluntad popular, lo que es un rasgo característico de las democracias constitucionales, en que el pueblo soberano está representado por el órgano legislativo, y por ende, cuando el Congreso elige a los Consejeros, lo hace en ejercicio de una facultad exclusiva y en aras de un gobierno democrático porque, en su carácter de representante popular, tiende a conformar uno de los órganos públicos establecidos en el texto constitucional local, en cumplimiento al propio mandato de éste. Si bien la elección de los Consejeros está sujeta a la aprobación de cuando menos las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso del Estado y a propuesta de los grupos parlamentarios, previa convocatoria a la sociedad, lo cierto es que estas reglas especiales de procedimiento, especialmente la convocatoria (anuncio, aviso, invitación, decreto, nota y edicto, entre otros) a la sociedad, no menoscaban al carácter autónomo de la facultad del Congreso del Estado de Jalisco, ya que no lo vinculan para que adopte su decisión en sentido determinado, ni sujeta su voluntad a la deliberación de persona u órgano ajeno al propio órgano legislativo, por lo que tal disposición no puede interpretarse en el sentido de que hayan privado de independencia a la facultad del Congreso, en tanto que no sujetan la decisión que éste debe adoptar, a la determinación que vierta persona o institución alguna en respuesta a la convocatoria de mérito. La convocatoria a la sociedad, traducida en la mera opinión de determinados sectores de ella respecto de las personas que pudieran ser elegibles o incluso de quienes se postulen a sí mismos como candidatos al puesto, no implica sometimiento del Congreso a persona, órgano o asociación alguna, toda vez que aquélla sólo representa el sentir o estimación de las personas convocadas del asunto específico de que se trate, pero carece de toda fuerza vinculatoria. Los sistemas atinentes a facilitar la toma de decisiones del órgano legislativo (como la convocatoria a la sociedad) están orientados únicamente a optimizar la función del órgano colegiado relativo, sin que ello pueda representar menoscabo a la soberanía e independencia, en este caso, del Poder Legislativo Jalisciense. En consecuencia, como la elección de Consejeros es una facultad soberana, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, la cual debe hacerse extensiva a cualquier otro acto emitido por el propio Congreso, dentro del procedimiento instaurado para la designación, pues si la acción constitucional no procede contra el último acto pronunciado en el procedimiento de designación apuntado, que es el único que en todo caso podría irrogar perjuicio a determinada persona, menos podría proceder contra cualquier otro acto intermedio. Similar criterio y consideraciones se emitieron por esa misma Sala al resolver la contradicción de tesis 70/2010, al analizar si se actualizaba la causa de improcedencia en estudio respecto de los actos emitidos por el Congreso Local de Jalisco con motivo del procedimiento para el nombramiento o ratificación del Presidente del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado. La ejecutoria respectiva dio origen a la jurisprudencial 2a./J. 71/2010, cuyo título y cuyo contenido son: "INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS, CONFORME A LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DE LOS ACTOS SOBERANOS EMITIDOS POR EL CONGRESO LOCAL EN EL PROCEDIMIENTO PARA EL NOMBRAMIENTO O RATIFICACIÓN DEL PRESIDENTE DE AQUEL ORGANISMO. La referida causal de improcedencia se actualiza cuando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la de alguna entidad federativa, confiere al órgano legislativo la facultad de resolver soberana o discrecionalmente sobre la elección, remoción o suspensión de funcionarios. Ahora bien, los artículos 35, fracción XXXIII, de la Constitución y 43, fracciones I a VII, de la Ley de Transparencia e Información Pública, ambas del Estado de Jalisco, confieren al Congreso Local la facultad para elegir o ratificar al Presidente del Instituto de Transparencia e Información Pública de la entidad, la cual reviste características que permiten clasificarla como soberana, aun cuando el texto normativo no le atribuya tal adjetivo, en la medida en que no exige que la decisión sea avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo alguno; sin que sea óbice a lo anterior que el mencionado artículo 43, fracciones I a VII, establezca diversos requisitos que debe cumplir la Legislatura para la elección o ratificación correspondientes, como son que se alcance una votación de las dos terceras partes de los diputados presentes y la consulta ciudadana, pues ello no menoscaba la soberanía de la facultad del órgano legislativo, al no condicionar su fallo a la aprobación, sanción o ratificación de persona, asociación u organismo alguno, ya que no atribuye fuerza vinculatoria a la opinión vertida por los sectores consultados. En ese sentido, tales actos encuadran en el supuesto del artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo y, por ende, si se señalan como reclamados en el juicio de amparo, éste será improcedente al actualizarse esa causa, extendiéndose a cualquier otro acto emitido por el propio Congreso, dentro del procedimiento instaurado para la designación o ratificación mencionados, pues si la acción constitucional no procede contra el último acto pronunciado en el procedimiento de designación o ratificación, que son los únicos que en todo caso podrían irrogar perjuicio a determinada persona, menos procederá la acción de amparo contra cualquier otro acto intermedio". Del análisis a los precedentes antes referidos puede advertirse que si bien la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en un momento que la causal de improcedencia en estudio no podía considerarse actualizada cuando los actos reclamados (atribuidos a un Congreso) requerían de una debida fundamentación y motivación o cuando en ellos intervenían otros organismos e incluso la sociedad; lo cierto es que posteriormente varió tal criterio, para sostener que sí se surte ese motivo de improcedencia cuando se reclaman procedimientos de elección de funcionarios por parte de los Congresos locales, siempre y cuando las Constituciones o leyes locales los faculten para realizar la elección sin que tal decisión deba ser avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo diverso. En ese tenor, este Juzgador Federal considera que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia en cuestión (establecida en el artículo 61, fracción VII de la Ley de Amparo vigente) en tanto que la parte quejosa reclamó el procedimiento de elección de Magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco y, en ese sentido, ni el artículo 24 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, ni alguna otra disposición local, exigen que la decisión del órgano legislativo respectivo deba ser avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo diverso. Se afirma lo anterior, porque del procedimiento de elección de Magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, que establece el artículo 24 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se advierte que si bien en el citado procedimiento interviene también el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, al ser el órgano que emite un informe con la opinión técnica de los perfiles de los aspirantes, lo cierto es que finalmente, quien elige de manera independiente al nuevo Magistrado, sin injerencia de algún otro ente o poder público, es el Congreso del Estado, dado que primero aprobará por mayoría simple y en votación nominal la lista de elegibles, para luego proceder a elegir al Magistrado por mayoría calificada y en votación por cédula entre los candidatos de la lista aprobada. Por ende, si la elección del Magistrado no requiere de la aprobación, supervisión o aval de algún otro órgano o ente público, debe considerarse que tal acto sí se trata de un acto soberano emitido en uso de facultades discrecionales del Congreso del Estado de Jalisco. En este contexto, resulta pertinente retomar las consideraciones anteriormente vertidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que el Congreso del Estado de Jalisco es un órgano de representación conformado por la elección libre, auténtica y periódica de los ciudadanos mediante la emisión del sufragio universal, libre, secreto, directo e intransferible, conforme a los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos previstos en los artículos 11, 12 y 17 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; y por tanto, se trata de un órgano colegiado que, al ejercer sus facultades, expresa la voluntad popular, lo que es un rasgo característico de las democracias constitucionales, en que el pueblo soberano está representado por el órgano legislativo, y por ende, cuando el Congreso elige a los Magistrados, lo hace en ejercicio de una facultad exclusiva y en aras de un gobierno democrático porque, en su carácter de representante popular, tiende a conformar uno de los órganos públicos establecidos en el texto constitucional local, en cumplimiento al propio mandato de éste. De ahí que, si bien la elección de los Magistrados locales está sujeta a la aprobación de cuando menos las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso del Estado y a propuesta de los grupos parlamentarios, previa convocatoria a la sociedad, lo cierto es que estas reglas especiales de procedimiento, no menoscaban al carácter autónomo de la facultad del Congreso del Estado de Jalisco, ya que no lo vinculan para que adopte su decisión en sentido determinado, ni sujeta su voluntad a la deliberación de persona o ente alguno ajeno al propio órgano legislativo. No obsta a la anterior determinación, la contradicción de tesis 118/2009 sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 136/2009 del rubro siguiente: "MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. LOS PROCEDIMIENTOS PARA SU ELECCIÓN, RATIFICACIÓN O CESE EN FUNCIONES POR TÉRMINO DEL ENCARGO, NO SON ACTOS SOBERANOS Y DISCRECIONALES DEL CONGRESO LOCAL, POR LO QUE SU RECLAMO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS NO ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO", en la que se consideró que no se actualizaba la causal de improcedencia en comento cuando se reclaman actos que requieren de una fundamentación y motivación determinada. Ello, porque si bien la característica referida (fundamentación y motivación) es necesaria en los procedimientos de ratificación, como los que se analizaron en la citada contradicción de tesis, en tanto que el Congreso debe valorar el desempeño del Magistrado respectivo y exponer las razones para ratificarlo o no; lo cierto es que esas características no aplican en el caso de elección de Magistrados. Pues si bien en los procedimientos de elección, corresponde al Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, emitir un informe con la opinión técnica de los perfiles de los aspirantes, para que la Comisión del Congreso del Estado (la competente en los términos de la legislación orgánica del Poder Legislativo) deberá elaborar un dictamen que proponga la lista de los candidatos elegibles, considerando del citado comité; lo cierto es que una vez aprobada la lista y sometida a votación ante el Pleno del Congreso, queda a discreción de cada diputado la emisión de su voto, y la valoración que en lo personal realice de las aptitudes de cada uno de los candidatos es una cuestión que corresponde a su fuero interno a la hora de emitir su voto. Por esta razón, se justifica que en el acta de sesión sólo esté plasmado el sentido del voto y no así su motivación ni fundamentación, ya que sostener lo contrario sería irrazonable, en la medida que llevaría al extremo de exigir que cada diputado presente en la sesión exponga a la asamblea los motivos por los cuales vota a favor de alguno de los aspirantes de la lista que elaboró la Comisión de Justicia, y los motivos por los cuáles no se pronuncia en pro de cada uno de los restantes. En este sentido, dado que en el amparo no podría juzgarse si las razones o motivos que llevaron a tal o cual diputado a votar por un determinado aspirante al cargo de Magistrado, son correctas o no, resulta lógico que el amparo resulte improcedente contra este tipo de elecciones, en tanto se trata de actos autónomos y discrecionales. De ahí que, para resolver el presente juicio de amparo este Juzgado Federal tenga como base la jurisprudencia 2a./J. 102/2018 (10a.) sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. SU ELECCIÓN POR PARTE DEL CONGRESO LOCAL ES UN ACTO SOBERANO EMITIDO EN USO DE FACULTADES DISCRECIONALES, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 60 de la Constitución Política del Estado de Jalisco establece sustancialmente, que para la elección de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, el Consejo de la Judicatura, previa convocatoria realizada por el Congreso del Estado a la sociedad en general, someterá a consideración de éste una lista de candidatos al cargo, y que por acuerdo de las dos terceras partes de los diputados presentes, elegirá al Magistrado que deba cubrir la vacante dentro de un término improrrogable de 30 días; de lo que se concluye que quien elige de manera independiente a esos juzgadores, sin injerencia de algún otro ente o poder público, es el Poder Legislativo. Entonces, si la elección de los Magistrados no requiere de la aprobación, supervisión o aval de algún otro órgano o ente público, esto significa que se está ante un acto soberano emitido en uso de facultades discrecionales y, por tanto, esa elección y el procedimiento que le antecede no son impugnables a través del juicio de amparo, al actualizarse el supuesto contenido en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, por cuanto prevé que ese juicio es improcedente cuando se reclaman, entre otras, resoluciones de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, relativas a la elección de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. Además, el hecho de que en el procedimiento de elección corresponda a la Comisión de Justicia del Congreso Local calificar que los candidatos reúnen los requisitos para ocupar el cargo de Magistrado, lo cual queda plasmado en el dictamen que somete a consideración de la Asamblea, es una circunstancia que no disminuye el carácter soberano de la facultad de nombramiento, ya que una vez elaborada la lista respectiva, y sometida a votación ante el Pleno del Congreso, queda a discreción de cada diputado emitir su voto; y la valoración que en lo personal realicen dichos legisladores de las aptitudes de cada uno de los candidatos, es una cuestión que corresponde a su fuero interno al momento de votar." Sin que se contravenga lo establecido en el último párrafo, del artículo 217 de la Ley de Amparo, que dispone que la jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, al no considerar el diverso criterio 2a./J. 136/2009 a que se hizo mención en párrafos que anteceden, porque ahí se consideró que no se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción VII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuando se reclamaban actos relativos a la ratificación del encargo de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, ya que en ese caso dichos actos requerían una fundamentación y motivación determinada, lo que no es aplicable para el caso de elección de Magistrados, tal y como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 360/2018 en sesión de veintidós de agosto de dos mil dieciocho. Además, de que la jurisprudencia a que se hizo mención en el párrafo que antecede, regula un supuesto distinto al que aquí se resuelve, dado que aquél versa sobre los procedimientos de ratificación del encargo de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, y en el caso el motivo de reclamo se debe al procedimiento relativo a la elección de los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, que se regula de manera distinta, tal y como ya se ha hecho mención, ya que en el procedimiento aludido en último término, el Pleno del Congreso del Estado de Jalisco, en la elección respectiva, lo hace en ejercicio de una facultad exclusiva, y la valoración que en lo personal se realice por cada uno de los diputados es una cuestión que corresponde a su fuero interno a la hora de emitir su voto. Tampoco es óbice que el procedimiento para la elección de magistrados en el Estado de Jalisco se encuentre regulado en la Constitución local y, por tanto, que se trate de una facultad reglada; es decir, es verdad que se está ante la citada potestad pues la autoridad para elegir a los magistrados que forman parte del Tribunal de Justicia Administrativa, está obligada a observar las reglas establecidas en la Constitución del Estado para ese efecto, empero, el acto final de dicho procedimiento que corresponde a la designación del juzgador, es una decisión libre de cada uno de los integrantes del Congreso local; y es este último acto el que demuestra que se está ante una facultad soberana, en tanto que la propia Constitución permite que sea cada diputado, en lo individual, quien aprecie a nivel interno el sentido de su voto. En consecuencia, como la elección de Magistrados es una facultad soberana, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, la cual debe hacerse extensiva a todos los demás actos emitidos por el propio Congreso del Estado de Jalisco y la propia Comisión de Justicia de dicho Congreso, en uso de sus facultades discrecionales, dentro del procedimiento instaurado para tal designación, pues si la acción constitucional no procede contra el último acto pronunciado en el procedimiento de designación apuntado, que es el único que en todo caso podría irrogar perjuicio a determinada persona, menos podría proceder contra cualquier otro acto intermedio realizado en uso de las facultades discrecionales y autónomas con que cuenta dicho órgano o como consecuencia del ejercicio de aquellas. En las relatadas condiciones, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que conduce a decretar el sobreseimiento del presente juicio de amparo, de conformidad a lo establecido en el diverso 63, fracción V de ese ordenamiento. En esa tesitura, resulta innecesario el estudio de las demás causales de improcedencia que se hicieron valer, pues de cualquier modo el análisis de ello no cambiaría el sentido de la presente resolución, dado que la que motivó el sobreseimiento de este juicio se actualizó de manera fehaciente. Solo resta decir que atento al resultado del presente fallo, este órgano federal no se ocupa de los argumentos tendientes a demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados. SÉPTIMO. Alegatos. Finalmente, los terceros interesados y las autoridades responsables Congreso del Estado de Jalisco y la Comisión de Justicia de dicho Congreso, a través del Director de Asuntos Jurídicos y Dictamen Legislativo, mediante escritos recibidos el trece de junio, siete de agosto veinte y veinticinco de septiembre, diez de octubre de dos mil dieciocho, veinticinco de enero y quince de agosto de dos mil diecinueve, respectivamente, expusieron sus respectivas manifestaciones en vía de alegatos en el presente juicio; sin embargo, debe decirse que dichas manifestaciones no serán tomadas en consideración, pues no es obligatorio para este órgano de control constitucional examinar las mismas en virtud de que no forman parte de la litis en el presente juicio en que se actúa. OCTAVO. Transparencia. En otro orden de ideas, aun cuando en el auto admisorio de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, se le indicó a las partes que se protegerán los datos personales en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en el diverso numeral 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con la salvedad de quien otorgue su consentimiento expreso en contrario; por lo que ante la falta de manifestación expresa de las partes de oponerse a la publicación de sus datos, lo procedente es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos sensibles. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 61, fracción VII, 62, 73, 74, 75, 107, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Rigoberto Reyes Altamirano, en contra de las autoridades responsables y actos reclamados destacados en el considerando cuarto de esta sentencia, atento a las razones y fundamentos precisados en el diverso punto sexto de este fallo. Notifíquese personalmente por conducto del juzgado de origen; dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE y anótese en el libro de registro; en acatamiento del punto quinto, incisos 6 y 7 del Acuerdo General 54/2008, por el que se crea el Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, así como los órganos jurisdiccionales que lo integrarán, remítase al Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, este expediente y por medios electrónicos el archivo de esta sentencia, en cumplimiento al "protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", verificado por la Secretaria encargada de este juicio de garantías; debiendo quedar testimonio de la resolución en el cuaderno auxiliar 476/2019, del índice de este Juzgado de Distrito.
- Principal
Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que en el juicio en que se actúa, el doce de septiembre de dos mil diecinueve, se celebró la audiencia constitucional y considerando la determinación adoptada por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal establecida en el oficio STCCNO/64/2018, de fecha veintinueve de enero de dos mil dieciocho, del que se desprende que la mencionada Comisión determinó que el Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, auxiliara, a este Juzgado, en el dictado de la sentencia correspondiente a los amparos indirectos, una vez que se encuentren debidamente integrados, esto es, a partir de que se celebró la audiencia constitucional, designándose así, el juicio de amparo indirecto en que se actúa, de acuerdo con la remesa de auxilio del Programa de Turno Aleatorio de Asuntos a los Órganos Jurisdiccionales Auxiliares. En consecuencia, remítase este expediente a dicho órgano jurisdiccional auxiliar, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, a fin de que dicte la sentencia definitiva correspondiente; lo que se hace del conocimiento de las partes, por lista, en términos del Acuerdo General 54/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se crea el Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, así como los órganos jurisdiccionales que lo integrarán. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y fórmese cuaderno de antecedentes con las actuaciones que se generen a partir de este proveído y del oficio por el que se envíe el presente sumario al Juzgado Auxiliar referido. Sin que sea necesario fotocopiar las constancias que obran en el cuaderno original, pues se encuentran integradas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior, conforme a las políticas de disciplina, utilización y racionalización de recursos humanos y materiales que han adoptado los poderes de la Unión.
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