Rigoberto Ramos Miranda
Expediente 547/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 11 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 547/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 27/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Rigoberto Ramos Miranda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Visto; el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no fue promovido el recurso de inconformidad a que se refiere el artículo 201 de la Ley de Amparo, contra el auto de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, por tanto y toda vez que este ha quedado firme, remítase el presente expediente al archivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que no existen diligencias pendientes de practicar, que no existen documentos exhibidos por las partes, que deban ser devueltos al interesado y en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente. Por tanto, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente en que se actúa es depurable.
- Principal
Visto; atento al estado procesal que guardan los autos, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en el expediente, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Al respecto se advierte que por sentencia de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, se otorgó al quejoso Rigoberto Ramos Miranda, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para que la autoridad responsable Juez de Control del Distrito Judicial de Tlaltenango, Zacatecas, realizara lo siguiente: "-Deje insubsistente la resolución de vinculación a proceso de diez de junio de dos mil diecinueve, dictada en la causa penal 36/2019; y, -En su lugar, señale nueva fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de vinculación a proceso, en la cual, con plenitud de jurisdicción y bajo su más estricta responsabilidad, dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior o en sentido diverso, pero purgando los vicios formales que la afectaban (en específico la falta de precisión de las circunstancias de tiempo y modo de ejecución del hecho delictivo), resolviendo de manera fundada y motivada, lo que conforme a derecho proceda, sobre lo cual no se prejuzga. Lo anterior, en la inteligencia que, la infracción que ha quedado relatada en esta sentencia, no tiene por efecto anular actuaciones anteriores a la emisión del auto de vinculación a proceso reclamado, como es, la audiencia de formulación de la imputación, sino que el efecto del amparo, consiste en que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y con plenitud de jurisdicción, una vez subsanados los vicios a que se ha hecho referencia, dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, o en sentido diverso, con lo cual quede cumplido el amparo. Cabe precisar, que la audiencia en la que se dicte una nueva determinación en cumplimiento al fallo protector, deberá ser presidida por la misma juez de control que actúo en la audiencia de formulación de imputación de diez de junio de dos mil diecinueve, en la que se conoció de la imputación y de la solicitud de vinculación a proceso por el Ministerio Publico sustentada en los datos de prueba ahí expuestos, lo anterior, en aras de privilegiar el principio de inmediación que rige al sistema oral acusatorio, pues es el precisado juez de control quien presenció las actuaciones referidas, y conoció de viva voz la exposición de los datos de prueba a cargo de la representación social, es decir, se encontró en contacto directo con la fuente de la que emanaron los antecedentes de investigación." En acato a lo anterior, una vez que causó ejecutoria la sentencia mencionada, mediante oficios 0829 y 0849 de nueve y catorce de octubre de dos mil diecinueve, respectivamente, la autoridad responsable en comento informó que el nueve de octubre del presente año, dejó insubsistente la resolución de vinculación a proceso de diez de junio de dos mil diecinueve, dictado en la causa penal 36/2019, asimismo, remitió un disco DVD certificado, en el cual se dio cuenta con la celebración de la audiencia de catorce de octubre del año en curso, llevada a cabo dentro de la referida causa penal. Además, la audiencia de catorce de octubre de dos mil diecinueve, en la que se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, fue presidida por la misma juez que emitió el auto de vinculación a proceso de diez de junio de dos mil diecinueve. La videograbación de que se habla, adquiere el carácter de documento público lato sensu para efectos del juicio de amparo, y como tal se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, máxime que esta constancia se reputa idónea para corroborar fehacientemente lo acontecido en la audiencia desarrollada ante la juez de origen responsable, dada la naturaleza del sistema penal acusatorio. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Determinación que se ajustó a los lineamientos del fallo protector del amparo, pues desde el minuto 11:36 de la misma, la responsable señaló lo siguiente: ". aunado a estos datos de prueba, también se hizo referencia por ambas partes, tanto defensa como Ministerio Público, al testamento público abierto de Francisca Miranda Covarrubias, volumen doscientos ochenta y siete acta veintinueve mil seiscientos sesenta y nueve realizado en la ciudad de Jerez de García Salinas, Zacatecas, ante la Notaria Pública Licenciada Cristina del Real Ávila, quien refirió o se desprende de este testamento, quien lo suscribió fue la madre de la ahora víctima, que en lo que interesa en su primer cláusula refiere que la hoy finada establece que el caudal hereditario que exista a su fallecimiento pertenecerá a todos y a cada uno de sus hijos, entre ellos Rigoberto y a Rosalba, por lo que en efecto, la víctima tiene el carácter de coheredera y no obstante lo anterior, el sujeto activo desplegó una conducta de acción consistente en ocupar de propia autoridad el inmueble en su totalidad de los que ambos son posesionarios y coherederos, al realizar los movimientos corpóreos idóneos para ellos, como fue, pues así lo refirió la víctima en su denuncia, poner el cerrojo por dentro de la puerta de la entrada de acceso de la víctima al inmueble, con el propósito que la víctima ya no pudiera ingresar al domicilio, esto de manera furtiva, pues de acuerdo a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, el sujeto activo aprovechó que la víctima se fue a trabajar y no se encontraba en su domicilio y evidentemente no se dio cuenta de dicha acción. Esto aproximadamente entre las nueve de la mañana a tres treinta de la tarde de ese día veintisiete de mayo de dos mil dieciocho, porque es la hora que marca la víctima que sale del domicilio y que regresa a las tres treinta de la tarde, en que llegó de trabajar es la hora que se percata que su llave ya no abre y no puede ingresar a su domicilio en el inmueble ubicado en calle Álvaro Obregón número ciento cuarenta y tres, centro, Tlaltenángo de Sánchez Román, Zacatecas, circunstancias que además de la denuncia ya referida se concatena con el informe de investigación oficio 0255 de fecha veintiséis de junio de dos mil dieciocho, emitido por el Comandante y Agente de Policía Ministerial Ramón Padilla Romero y Luz Soledad Nevares Jaso, respectivamente quienes se constituyeron en el domicilio ubicado en calle Álvaro Obregón ciento cuarenta y tres, centro de Tlaltenángo, Zacatecas y procedieron a verificar que la chapa de dicho domicilio donde se introdujo la llave que portaba la víctima giró a ambos lados, es decir, de izquierda a derecha y de forma viceversa no logrando abrirse la puerta de dicho domicilio, todos estos datos de prueba concatenados entre sí, enlazados armónica de manera libre y lógica permiten establecer que en efecto se ha cometido el hecho que la ley señala como delito de despojo de bien inmueble previsto en el citado artículo 345 fracción segunda del Código Penal en vigor en el estado de Zacatecas." Asimismo, en el minuto 16:39 se advierte lo siguiente: ". datos de prueba idóneos y pertinentes que permiten establecer hasta este momento procesal que probablemente Rigoberto Ramos Miranda cometió el hecho que la ley señala como delito de despojo, pues de acuerdo con lo narrado por la víctima y hasta este momento la defensa no objetó, Rigoberto es la única persona que además de la víctima habitaba dicho domicilio, por lo que existen altas probabilidades que fue él y no otra persona, quien de manera dolosa puso el seguro de la entrada a la casa habitación ubicada en Álvaro Obregón ciento cuarenta y tres, esquina con primo verdad, acción con la que impidió que la víctima pudiera ingresar a su domicilio despojándola del mismo." Así, al confrontar lo anterior con los efectos de la concesión del amparo y las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, se hace evidente que se cumplieron con los postulados del fallo protector, pues con la copia de la audiencia de vinculación a proceso allegada por la responsable, se advierte que dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo; toda vez que atendió a todos los lineamientos descritos por este órgano jurisdiccional, en el presente juicio de amparo, pues especificó las circunstancias de tiempo y modo de ejecución del hecho delictivo y resolvió de manera fundada y motivada. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Ahora bien, no pasan inadvertidos los argumentos del autorizado de la parte quejosa, al considerar que la ejecutoria de amparo encuentra defectos en cuanto a su cumplimiento, pues esencialmente indicó que la nueva determinación cuenta con los mismos vicios formales que la anterior, pues a su dicho reiteró los argumentos que había establecido en el anterior auto de vinculación, sin precisar las circunstancias de tiempo y modo de ejecución del supuesto hecho delictivo. Son infundados los motivos de inconformidad que se hacen valer contra el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así porque de la audiencia de catorce de octubre de dos mil diecinueve se advierte que la Juez responsable estableció que se cometió el hecho que la ley señala como delito de despojo de bien inmueble previsto en el citado artículo 345 fracción segunda del Código Penal en vigor en el estado de Zacatecas, en virtud a que la víctima tiene el carácter de coheredera y no obstante eso el sujeto activo desplegó una conducta de acción consistente en ocupar de propia autoridad el inmueble en su totalidad del que ambos son posesionarios y coherederos, al realizar los movimientos corpóreos idóneos para ellos, como fue, pues así lo refirió la víctima en su denuncia, poner el cerrojo por dentro de la puerta de la entrada de acceso de la víctima al inmueble, con el propósito que la víctima ya no pudiera ingresar a su domicilio, esto de manera furtiva, pues de acuerdo a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, el sujeto activo aprovechó que la víctima se fue a trabajar y no se encontraba en ese lugar. Asimismo, refirió que el ilícito se cometió aproximadamente entre las nueve de la mañana a tres treinta de la tarde del día veintisiete de mayo de dos mil dieciocho, porque es la hora que marca la víctima que sale del domicilio y que regresa a las tres treinta de la tarde, en que llegó de trabajar, por lo que es en ese momento en que se percata que su llave ya no abría y no podía ingresar a su domicilio en el inmueble ubicado en calle Álvaro Obregón número ciento cuarenta y tres, centro, Tlaltenángo de Sánchez Román, Zacatecas. De igual forma, señala que los datos de prueba aportados fueron los idóneos y pertinentes para establecer hasta ese momento procesal que probablemente Rigoberto Ramos Miranda cometió el hecho que la ley señala como delito de despojo, pues de acuerdo con lo narrado por la víctima y hasta este momento la defensa no objetó, Rigoberto es la única persona que además de la víctima habitaba dicho domicilio, por lo que existen altas probabilidades que fue él y no otra persona, quien de manera dolosa puso el seguro de la entrada a la casa habitación citada, acción con la que impidió que la víctima pudiera ingresar a su domicilio despojándola del mismo. Por tanto, contrario a lo aducido por el quejoso, se dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo; toda vez que la Juez responsable atendió todos los lineamientos descritos por este órgano jurisdiccional, en virtud a que especificó las circunstancias de tiempo y modo de ejecución del hecho delictivo y resolvió de manera fundada y motivada el auto de vinculación a proceso.
- Principal
Visto; agréguese a sus autos para obrar como corresponda el oficio y disco (DVD) de cuenta, que remite la autoridad responsable Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, mediante el cual informa el cumplimiento a la ejecutoria protectora emitida en el presente juicio de amparo. Con lo anterior y de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de tres días, computado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que legalmente se les practique de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad.
- Principal
Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio que remite la autoridad responsable Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tlaltenango de Sánchez Román, por el que informa que dejó insubsistente la resolución de vinculación a proceso de diez de junio del año dos mil diecinueve, dictada dentro de la causa penal 39/2019, contra del quejoso Rigoberto Ramos Miranda y, fijó nueva fecha y hora para la realización de la misma y, una vez celebrada, informará a este juzgado su resultado, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo.
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