Rigoberto Rafael Aguilar y Otros.
Expediente 1029/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1029/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/09/2022
Partes del expediente
- Rigoberto Rafael Aguilar y Otros.
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado la determinación que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra dicha resolución. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó en el presente asunto fuera de audiencia, hecho que deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes, a que se cumplan tres años de haberse dictado el presente acuerdo, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que este asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable 1. Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Anexo al informe que se recibe, la autoridad señalada como responsable remite copia certificada del auto de veintidós de agosto del año en curso, dictado en el expediente laboral ***, de su índice. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza la documental que remite la autoridad responsable. Ahora, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la dilación en proveer sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes dentro del expediente ***. En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del citado artículo 61, que menciona: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" La citada causa de improcedencia requiere para su actualización que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal manera que destruya todos los efectos del mismo, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales que alega le fueron violadas. Esto es, que la propia autoridad a quien se le atribuye la emisión del acto impugnado, no solamente deje insubsistente dicha actuación, sino que lo haga en forma total e incondicional, y con ello produzca que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación de los derechos fundamentales de la parte quejosa. De lo que se sigue que, en la cesación de efectos del acto reclamado, el posterior actuar de la responsable debe equiparse a la concesión de amparo, en cuanto a que desaparecen los efectos del acto tachado de inconstitucional, como si éste nunca hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja ahí ninguna huella. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.". Luego, para que se actualice una cesación de efectos, se requiere lo siguiente: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. En la especie, la parte quejosa se duele de la dilación por parte de la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, de proveer sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes dentro del expediente ***. Ahora, se observa que la autoridad 1. Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, adjunto a su informe justificado remitió copia certificada del auto de veintidós de agosto del año en curso, dictado en el expediente laboral ***, en el que proveyó lo conducente sobre las pruebas ofrecidas por las partes en el aludido juicio, subsanando así la dilación planteada. Lo expuesto hace evidente que en el presente asunto han cesado los efectos de la dilación atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que durante el juicio de amparo emitió el auto en el que proveyó sobre los medios de prueba ofertados por las partes, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación a la garantía de prontitud en la impartición de justicia, a partir de la inactividad de la citada autoridad, consistente en que no proveía sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes dentro del expediente ***, lo que en el caso se subsana con el acuerdo de veintidós de agosto de la presente anualidad. De ese modo, quien resuelve concluye que lo actuado por la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó la promoción del juicio de amparo en que se actúa. Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con ocho minutos del ocho de septiembre de dos mil veintidós. Finalmente, se ordena realizar las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
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