Rigoberto Quintero Molina

Expediente 371/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 11 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
371/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
31/05/2019

Partes del expediente

  • Rigoberto Quintero Molina
  • Fiscal General del Estado de Sinaloa con residencia en esta ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Con base en la certificación de cuenta y dado que las partes no recurrieron el auto de nueve de los actuales dictado en este juicio de garantías, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido auto HA CAUSADO ESTADO; en tal virtud, agréguese a los autos el cuaderno original del incidente de suspensión.

  2. Incidental

    ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva contra las autoridades señaladas en el considerando segundo.

  3. Principal

    Culiacán, Sinaloa, nueve de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por el Director General Jurídico de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, mediamente el cual remite copia certificada de las constancias requeridas en proveído de tres de los actuales. Con fundamento en el arábigo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas documentales las allegadas, las cuales por ser públicas, en términos de lo dispuesto por el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto por su numeral 2, merecen eficacia demostrativa plena, según lo dispuesto por los ordinales 197 y 202 del primero de los ordenamientos legales citados. En el caso concreto, se reclama la omisión de resolver la propuesta de no ejercicio de la acción penal planteada por el Agente Segundo del Ministerio Público del Fuero Común del Sistema Tradicional de Culiacán, relativa a la averiguación previa 42/2016. El Director General Jurídico de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, en representación del Fiscal y Vicefiscal allegó copia certificada, entre otras, del acuse de recibo del oficio 227 de dieciséis de febrero del año en curso, dirigido a la Agente Segundo del Ministerio Público del Fuero Común del Sistema Tradicional de Culiacán, con el que le notificó y remitió el dictamen de esa fecha relativo a la propuesta del no ejercicio de la acción penal planteada en la averiguación previa 42/2016, donde determinó procedente dicha propuesta de no ejercicio; asimismo, allegó copia certificada de la comparecencia del aquí quejoso Rigoberto Quintero Molina de veintiséis de abril del presente año ante la citada representación social en la que se le notificó ese resultado; en consecuencia, con fundamento en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, pues cesaron los efectos de la omisión reclamada. Apoyo lo anterior, la Jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, cuyo texto literal es: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Derivado de lo anterior, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en relación a las autoridades señaladas como responsables, en términos del artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. No es obstáculo para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, pues es de tal manera clara y evidente la causal de improcedencia que conduce al resultado apuntado, que aun esperando a celebrar la audiencia, la conclusión sería la misma y nada puede impedir el mencionado resultado, de manera que atendiendo al principio de celeridad procesal previsto por el artículo 17 Constitucional, carece de objeto esperar la audiencia para resolver en el mismo sentido lo que desde ahora es factible. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a.J, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 386 y 387, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Tampoco es obstáculo el hecho que no se cuente con el informe justificado de la Agente Segundo del Ministerio Público del Fuero Común del Sistema Tradicional de Culiacán, ya que la omisión reclamada no le fue atribuida a dicha autoridad, además que no tiene facultades para subsanar dicha omisión. Atento a lo anterior, se deja sin efectos lo ordenado por proveído de veinticinco de abril del año en curso, única y exclusivamente en lo concerniente al señalamiento de la audiencia constitucional. Finalmente, glósese sin mayor proveído el oficio del Encargado de la Dirección General de Averiguaciones Previas de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, mediamente el cual manifiesta el impedimento para remitir las constancias requeridas en proveído de dos de los actuales; lo anterior, virtud del sobreseimiento decretado. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados a la parte quejosa. Agréguese a los autos el oficio signado por el Director General Jurídico de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, mediamente el cual remite copia certificada de las constancias requeridas en proveído de tres de los actuales. Con fundamento en el arábigo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas documentales las allegadas, las cuales por ser públicas, en términos de lo dispuesto por el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto por su numeral 2, merecen eficacia demostrativa plena, según lo dispuesto por los ordinales 197 y 202 del primero de los ordenamientos legales citados. En el caso concreto, se reclama la omisión de resolver la propuesta de no ejercicio de la acción penal planteada por el Agente Segundo del Ministerio Público del Fuero Común del Sistema Tradicional de Culiacán, relativa a la averiguación previa 42/2016. El Director General Jurídico de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, en representación del Fiscal y Vicefiscal allegó copia certificada, entre otras, del acuse de recibo del oficio 227 de dieciséis de febrero del año en curso, dirigido a la Agente Segundo del Ministerio Público del Fuero Común del Sistema Tradicional de Culiacán, con el que le notificó y remitió el dictamen de esa fecha relativo a la propuesta del no ejercicio de la acción penal planteada en la averiguación previa 42/2016, donde determinó procedente dicha propuesta de no ejercicio; asimismo, allegó copia certificada de la comparecencia del aquí quejoso Rigoberto Quintero Molina de veintiséis de abril del presente año ante la citada representación social en la que se le notificó ese resultado; en consecuencia, con fundamento en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, pues cesaron los efectos de la omisión reclamada. Apoyo lo anterior, la Jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, cuyo texto literal es: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Derivado de lo anterior, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en relación a las autoridades señaladas como responsables, en términos del artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo.

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