Rigoberto Piña Medina

Expediente 1910/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1910/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
26/12/2022

Partes del expediente

  • Rigoberto Piña Medina

Actuaciones

  1. Incidental

    MESA V. Toluca, Estado de México, veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos del juicio en que se actúa, se advierte que se requirió a ** perito en materia de documentoscopía, para que exhibiera el comprobante fiscal digital por internet con fecha del año dos mil veintitrés, con la finalidad de proveer lo conducente respecto al oficio de aprobación y solicitud de pago, sin que a la fecha haya hecho pronunciamiento al respecto. En consecuencia, requiérase nuevamente a la citada ** perito en materia de documentoscopía, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, exhiba la documentación referida en el párrafo anterior, para proveer lo conducente respecto a su solicitud de pago. Notifíquese.

  2. Incidental

    MESA V. Toluca, Estado de México, veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos del presente juicio, así como la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa ********************, no hizo valer el recurso que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de cuatro de julio del año en curso, en esas condiciones, se decreta que ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 18, del referido acuerdo el cuaderno principal es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, inciso b), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se otorgó la protección constitucional. c) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 18 del Acuerdo en comento, el presente cuaderno permanecerá en el archivo de este órgano de control constitucional durante el lapso de tres años y, dentro de los noventa días siguientes se depurará y terminado dicho proceso se solicitará su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Además, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Daniel Isaac Pérez Sánchez quien se ostenta como defensor de Rigoberto Piña Medina, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con sede en Almoloya de Juárez y otra autoridad; fórmese expediente físico, electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 1910/2022-I. Cabe señalar que, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario determinar de forma clara y precisa el acto reclamado para que la sentencia que en su caso se emita resulte congruente, por lo cual también es requisito que las autoridades sepan desde el auto admisorio qué es lo que en realidad pretende controvertir el quejoso. Por lo que, de un análisis integral de la demanda de amparo, permite a este juzgador advertir que la pretensión de la quejosa está encaminada a reclamar los actos que se hacen consistir en: 1) La audiencia de veinticuatro de noviembre del año en curso, en el cual se calificó de legal la detención del quejoso Rigoberto Piña Medina. 2) La audiencia de veinticuatro de noviembre del año en curso en el cual se le impuso la media cautelar de prisión preventiva oficiosa al quejoso Rigoberto Piña Medina. 3) La audiencia de veinticuatro de noviembre del año en curso, en el cual se dictó auto de vinculación a proceso al quejoso Rigoberto Piña Medina y como consecuencia la valoración de la nulidad del cateo 232/2022. Tan es así, que en los hechos que narra en el apartado de antecedentes y en los conceptos de violación que hace valer, van encaminados a reclamar los actos antes descritos. En consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1º, fracción, I, 35, 37, 107, fracción V, 108, 112, 115, 116, 117 y relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda promovida por Daniel Isaac Pérez Sánchez quien se ostenta como defensor de Rigoberto Piña Medina contra los actos precisados en párrafos precedentes; háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Con fundamento en el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése al Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención que le compete, con copia de la demanda que se acuerda, así como de la presente determinación. Asimismo, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, con copia de la demanda de amparo, fórmese el incidente de suspensión en un tanto, para proveer respecto de la solicitud formulada por el quejoso. En otro contexto, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se requiere el informe justificado a las responsables, quienes deberán rendirlo dentro del plazo de quince días, contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio de notificación, solicitándoles privilegien el uso de medios tecnológicos y electrónicos para el envío de sus informes, de conformidad con el artículo 251, incisos a), g) y h) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, lo cual podrán realizar a través del correo electrónico oficial 9jdo2ctoajf@correo.cjf.gob.mx, o en su caso, a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, de acuerdo a lo previsto en los artículos 75, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se apercibe a las responsables para que, al rendir sus informes justificados y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remitan el expediente del cual emana el mismo, o en su defecto copias certificadas, legibles y completas de las constancias que tomaron en consideración para emitirlo, ya que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se les impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; sanción que también les será aplicada en caso de que no rindan sus informes dentro del plazo otorgado. Además, en atención a la última reforma a la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de junio de dos mil dieciséis y con apoyo en lo dispuesto en el citado artículo 117 de la Ley de Amparo, se Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con sede en Almoloya de Juárez, para que, de ser cierto el acto reclamado, remita con su informe justificado el índice cronológico del desarrollo de la audiencia en la que se haya dictado el acto reclamado, en el que se indique el orden de intervención de cada una de las partes. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, en caso de que dentro de la información que remita como apoyo al informe de Ley o sea requerida posteriormente, se envíe alguna que se encuentre clasificada como reservada, deberá enviar copia certificada del acta de clasificación a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, a efecto de que este Órgano de Control Constitucional, pueda constatar que la autoridad competente emitió la declaratoria correspondiente. En el entendido que, de no remitir la documental precisada en el párrafo que antecede, la información enviada será considerada como de acceso público y con ese carácter se anexará al presente expediente. Como lo previenen los artículos 61, 62 y 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo hagan saber así a este Juzgado; apercibidas que de no cumplir con esa obligación, se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238 y 251 del ordenamiento previamente citado, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en el entendido que de no tener conocimiento de que se actualicen tales hipótesis no deberán hacer comunicación alguna. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 de la Ley de Amparo, requiérase a la responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con sede en Almoloya de Juárez, para que dentro de los tres días siguientes a la notificación del presente proveído, remita la certificación correspondiente, informando si efectivamente Daniel Isaac Pérez Sánchez, tiene el carácter que ostenta y remita las constancias que así lo acrediten. Además, se apercibe al promovente que para el caso de carecer del carácter con el que se ostenta en el presente juicio, se hará acreedor a una multa de cincuenta a quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 14 de la Ley de Amparo. Por otra parte, resérvese acordar lo conducente tocante al emplazamiento de quien o quienes les pudiera recaer el carácter de terceros interesados de conformidad con el artículo 5, fracción III, de la citada ley, hasta en tanto obre en autos del presente juicio, tanto el informe justificado de las responsables, como las constancias generadoras de los actos que se reclaman y así estar en aptitud de obtener los domicilios necesarios para lograr su llamamiento a juicio. En diversa tesitura, téngase por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Daniel Isaac Pérez Sánchez y Rosa Araceli Velázquez, por contar con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente. Sustenta lo anterior, por identidad jurídico-procesal, la tesis VI.3o.A.30 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, de la Novena Época a página 2626, cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL." En atención a que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se encontró registro del usuario "Lawdan10", conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se acuerda favorable la solicitud de consulta del expediente electrónico, así como dicho medio para la práctica de notificaciones. Por otra parte, es necesario precisar que de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para un Juez de Distrito un "hecho notorio" lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan, los cuales pueden ser invocados de oficio, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes, lo cual se afirma con las consideraciones que rige la Tesis de jurisprudencia XXII J/2, sustentada por el Tribunal colegiado del Vigésimo segundo Circuito, publicada en la página 295 del tomo V, Enero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y Novena Época, cuyo rubro a la letra dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN". Por ello, considerando que se encuentra registrado en este Juzgado de Distrito diversos juicios de amparo, en el que se reclaman los mismos actos, aunque por diversos quejosos, por lo que, éste y aquellos guardan una relación que de ser estudiados de manera separada, podría dar lugar a emitir sentencias contradictorias, razón por la cual, se plantea de oficio la acumulación del expediente en que se actúa 1910/2022-I al 1908/2022-VIl. Para sustentar el objeto de la presente determinación conviene precisar lo que el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, establece: "Artículo 72. Dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. Para que proceda la acumulación, es necesario que los juicios no estén para verificarse la audiencia final de la primera instancia. La acumulación se hará del más nuevo al más antiguo." En ese orden de ideas, se desprende que en ambos juicios se reclaman de las mismas autoridades responsables; La audiencia de veinticuatro de noviembre del año en curso, en el cual se calificó de legal la detención, se le impuso la media cautelar de prisión preventiva oficiosa y se dictó auto de vinculación a proceso al quejoso Rigoberto Piña Medina y como consecuencia la valoración de la nulidad del cateo 232/2022; por lo que con fundamento en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se estima, de oficio, resolver de plano procedente la acumulación del presente juicio de amparo al diverso 1908/2022-VIl, ambos del índice de este Juzgado de Distrito. Por consiguiente, si el artículo 72, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, establece la necesidad de la acumulación de juicios, cuando se trate de juicios derivados, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia, la acumulación planteada en la presente determinación se estima procedente. Además, tomando en consideración que la finalidad de la acumulación, tiene por objeto tanto la economía del procedimiento, como evitar la posible contradicción de resoluciones que se dicten en negocios que impliquen el mismo problema jurídico y si los actos reclamados en los juicios de amparo relacionados son los mismos derivados del mismo procedimiento y emitidos por la misma autoridad, por tanto, es evidente que en el presente caso existe conexidad en los citados juicios constitucionales. En esas condiciones, como ya se había adelantado, procede acumular oficiosamente el presente juicio de amparo al diverso 1908/2021-VlI; lo anterior, tomando en consideración que si bien, ambos se recibieron en este Juzgado de Distrito, en la oficialía de partes común a los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, el quince de diciembre de dos mil veintidós; sin embargo, el juicio ya citado se registró en primer término, y el juicio de amparo en que se actúa se registró con posterioridad; por lo que es evidente que el juicio más reciente debe acumularse al más antiguo. Es aplicable, la jurisprudencia P./J. 24/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época, visible a página 19, que establece: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo; en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir, además, a lo previsto al respecto en el referido código adjetivo federal." Así como la tesis 2ª.LXXXIV/2013, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, página 1852, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, número de registro 2004378, de rubro y texto: "ACUMULACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. PARA EL DICTADO DE LA SENTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR TANTO LAS PRETENSIONES COINCIDENTES, COMO LAS DIFERENTES O PARTICULARES DE CADA EXPEDIENTE ACUMULADO. Los artículos 57 a 63 de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, regulan la acumulación en el juicio de amparo; figura procesal respecto de la cual esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que su existencia obedece a razones de economía procesal y a la necesidad y conveniencia de evitar que, de seguirse separadamente los diversos procesos, pudieran dictarse sentencias contradictorias; sin embargo, la circunstancia de decretar la acumulación y emitir una sola sentencia no se traduce en que el Juez pueda dejar de respetar la independencia o individualidad de los expedientes acumulados, o de pronunciarse respecto de todo a los argumentos expuestos por las partes, ya que en atención a los principios de exhaustividad y congruencia que rigen en la emisión de toda sentencia, debe analizar tanto las pretensiones coincidentes como las diferentes o particulares, y armonizarlas de forma que una sola sentencia se ocupe de todos los planteamientos de los autos acumulados." En tal virtud, glósese el presente juicio de amparo indirecto al diverso 1908/2022-VIl, sin mayor proveído, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Con fundamento en los artículos 3o, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Se faculta a la secretaria adscrita a este Juzgado de Distrito, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Finalmente, en términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aludido, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea.

  4. Incidental

    Toluca, Estado de México, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, una copia simple del escrito inicial de demanda, tramítese por cuaderno único el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1910/2022-I, promovida por Daniel Isaac Pérez Sánchez quien se ostenta como defensor de Rigoberto Piña Medina, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con sede en Almoloya de Juárez y otra autoridad. Con apoyo en lo preceptuado por los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables sus informes previos, que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándole al efecto una copia simple de la demanda de amparo; en él se concretarán a expresar si son ciertos los hechos que les atribuye el quejoso y que determinan la existencia del acto reclamado y, en su caso, la cuantía del asunto, pudiendo agregar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. Solicitándoles que de no existir inconveniente legal alguno, rindan el informe solicitado privilegiando el uso de medios tecnológicos y electrónicos para el envío de su informe previo; de conformidad con el artículo 251, incisos a), g) y h) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, lo cual podrán realizar a través del correo electrónico oficial 9jdo2ctoajf@correo.cjf.gob.mx, o en su caso, a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Se apercibe a las responsables que en caso de ser omisas en rendir su informe previo, se presumirá cierto el acto reclamado para el sólo efecto de la suspensión; además, se harán acreedoras a una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los preceptos legales 238 y 260, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos preceptos legales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Se señalan las nueve horas con cincuenta minutos del veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Ahora bien, debe puntualizarse que el marco jurídico que condiciona la procedencia de la suspensión del acto reclamado dentro del juicio de amparo, se prevé en los artículos 107, fracción X, de la Constitución General de la República, 128 y 129 de la Ley de Amparo, de los cuales se desprende que para el otorgamiento de tal medida suspensiva el juzgador de amparo debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, además, debe atender a la naturaleza de la violación alegada. En ese contexto legal, destaca que el estudio que debe realizarse atendiendo a la naturaleza de la violación alegada no se limita a considerar la aparente inconstitucionalidad o constitucionalidad del acto de autoridad controvertido, sino que conlleva, inclusive, a valorar si con la solicitud de la suspensión se pretende preservar una prerrogativa del quejoso, o más bien incorporar o constituir, a través de esa medida cautelar, un derecho cuyo ejercicio no se le había conferido legalmente. Ante tal exigencia constitucional, a fin de pronunciarse respecto a la procedencia de la suspensión del acto reclamado y previo al análisis de si el otorgamiento de la suspensión causaría perjuicio al interés social o contravendría disposiciones de orden público, debe verificarse la existencia del derecho cuya preservación se pretende obtener a través de la suspensión del acto reclamado, ya que siendo el objeto de esa medida cautelar conservar derechos y no constituir prerrogativas a favor de los gobernados, el presupuesto lógico del que debe partir el estudio de procedencia de la suspensión debe ser, precisamente, el fehaciente acreditamiento de que el derecho afectado por el acto de autoridad que se reclama, se ubica dentro de la esfera jurídica del peticionario de amparo, pues de lo contrario, de no constatar tal circunstancia, la medida cautelar tendría por efecto constituir el derecho cuya tutela se pretende. En el caso a estudio, los actos reclamados materia del presente incidente de suspensión, se hacen consistir en: 1) La audiencia de veinticuatro de noviembre del año en curso, en el cual se calificó de legal la detención del quejoso Rigoberto Piña Medina. 2) La audiencia de veinticuatro de noviembre del año en curso en el cual se le impuso la media cautelar de prisión preventiva oficiosa al quejoso Rigoberto Piña Medina. 3) La audiencia de veinticuatro de noviembre del año en curso, en el cual se dictó auto de vinculación a proceso al quejoso Rigoberto Piña Medina y como consecuencia la valoración de la nulidad del cateo 232/2022. Una vez precisados los actos reclamados por el referido promovente, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se procede negar la suspensión provisional solicitada, tocante a la emisión de dichos actos, ya que les reviste el carácter de consumados y contra actos de esa naturaleza es improcedente conceder la medida cautelar, toda vez que la consumación se surte al momento en el cual los actos han sido real y materialmente ejecutados por la autoridad a quien se les atribuye; pues de concederse, este órgano jurisdiccional les daría efectos restitutorios, propios de la sentencia definitiva, lo que implicaría dejar sin materia el juicio de amparo principal. Es aplicable, la jurisprudencia 12 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 13, del Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 1917-2000, materia común, con número de registro 917546, que establece: "ACTOS CONSUMADOS SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie." Respecto a la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, con fundamento en los artículos 128 y 166, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que el quejoso quede a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal en el lugar en que se encuentra recluido (en atención a que de la demanda de amparo se aprecia que se encuentra interno en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de "Santiaguito" en Almoloya de Juárez, Estado de México) y a disposición de la autoridad judicial que conozca del juicio respectivo, por lo que hace a la prosecución del procedimiento penal que se instruye en su contra. Es aplicable al caso, en lo conducente, la tesis XVII.1o.P.A.16 P (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, página 1847, Décima Época, del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. SUS ALCANCES TRATÁNDOSE DE ACTOS EN LOS QUE PROCEDE DECRETAR PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA (INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 162, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO). El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Por su parte, de conformidad con el artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo, la suspensión de una orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, tratándose de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el mencionado artículo constitucional, sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; en tanto que el artículo 162, párrafo segundo, de la propia ley establece la posibilidad de que, de acuerdo con las circunstancias del caso, la suspensión tenga como efecto que la privación de la libertad se ejecute en el domicilio del quejoso. Ahora bien, la legislación secundaria puede potencializar el derecho humano a la libertad y establecer la posibilidad de dar por concluida la prisión preventiva oficiosa prevista en la Constitución Federal con argumentos de razonabilidad, como sucede con el artículo 182 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, que contempla los casos razonables en los que puede finalizar la prisión preventiva, entre ellos, cuando "las condiciones personales del imputado se agraven de tal modo que la prisión preventiva se traduzca en un caso cruel, inhumano o degradante". No obstante, si en un asunto no obra ningún dato que indique que el quejoso se ubica en alguno de esos supuestos, es evidente que el Juez de Distrito no está en aptitud de aplicar el párrafo segundo del mencionado artículo 162, porque la privación de la libertad es una consecuencia de la resolución, ya sea de orden de aprehensión, reaprehensión o imposición de medida cautelar por un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, conforme al artículo 19 constitucional, y si no se justificó ni siquiera indiciariamente que existieran dichas circunstancias, a fin de decretar la privación de libertad en un domicilio, es correcto el alcance otorgado a la medida suspensional, de acuerdo con el diverso 166, fracción I, de la ley de la materia". Ahora, con relación a los efectos y consecuencias del auto de vinculación a proceso, con fundamento en los artículos 128, 163, 166 y 168 último párrafo de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional para los efectos siguientes: i) Una vez concluida la etapa intermedia se abstenga de la apertura a juicio, hasta que se resuelva en definitiva el juicio de amparo del que deriva el presente incidente; ii) En caso de que ya se haya formulado el auto de apertura de juicio oral, no se remita el asunto al Tribunal de Enjuiciamiento. Por lo que deberá continuar con el procedimiento hasta antes de la apertura del juicio que alude el artículo 347 el Código Nacional de Procedimientos Penales. En el entendido de que la suspensión concedida en este proveído no surtirá efectos, tratándose de actos posteriores a su concesión o si el acto reclamado procede de autoridades diversas a las señaladas como responsables. Los efectos de la presente determinación tienen vigencia hasta en tanto se notifique la resolución sobre la suspensión definitiva, según lo establece el artículo 130 de la Ley de Amparo. En diversa tesitura, téngase por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Daniel Isaac Pérez Sánchez y Rosa Araceli Velázquez Jacobo, por contar con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente. Por otra parte, en atención a que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se encontró registro del usuario "********************", conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se acuerda favorable la solicitud de consulta del expediente electrónico, así como dicho medio para la práctica de notificaciones. Con fundamento en los artículos 3°, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDTI/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Se faculta a la secretaria adscrita a este Juzgado de Distrito para que, en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Finalmente, en términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aludido, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea.

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