Rigoberto Peralta Mercado
Expediente 290/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 290/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 10/10/2016
Partes del expediente
- Rigoberto Peralta Mercado
- Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sultepec, Estado de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Toluca, Estado de México; diez de octubre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes mediante proveído de once de agosto de dos mil dieciséis, para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de garantías. En aquel proveído se apercibió a las partes que de no hacer manifestación alguna, este órgano de control constitucional, de oficio resolvería sobre el cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. En primer lugar, se precisa: 1. Que el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, se emitió sentencia en el juicio de amparo que nos ocupa, en la cual se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal (fojas 88 a 102). 2. Mediante auto de veintiuno de junio de dos mil dieciséis se determinó que la resolución anterior había causado ejecutoria (fojas 109 y 110); asimismo, se requirió el cumplimiento del fallo protector a la Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sultepec, Estado de México, actuación en la cual se decretaron los apercibimientos establecidos en los numerales 192, 197 y 258 de la Ley de Amparo. En tal contexto, el cumplimiento de la sentencia de amparo es una cuestión de orden público, lo anterior, con apoyo en la Jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." (10ª Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Libro 12, Noviembre de 2014, Materia Común). I. Alcances del estudio. La materia de la presente determinación, conforme a lo previsto por los artículos 196, párrafo tercero, 213 y 214, todos de la Ley de Amparo, consiste en examinar si la ejecutoria se ha cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos, supliendo, en su caso, la deficiencia de la vía y/o de los argumentos hechos valer por el impetrante; de modo tal que se concluya si existe o no materia para la ejecución; todo ello de manera fundada y motivada. Los dispositivos antes citados disponen: "Artículo 196. [...] La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos." "Artículo 213. En el recurso e incidentes a que se refiere este Título, el órgano jurisdiccional de amparo deberá suplir la deficiencia de la vía y de los argumentos hechos valer por el promovente." "Artículo 214. No podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia para la ejecución y así se haya determinado por el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada." II. Lineamientos de concesión del amparo y cumplimiento. Este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin que se atendieran los lineamientos, respecto de los cuales se ha dado cumplimiento, atento al siguiente análisis: Los efectos de la concesión del amparo son: [.] 1. Deje insubsistente la resolución de doce de febrero de dos mil dieciséis, dictada en el incidente de libertad por desvanecimiento de datos, deducido de la causa penal 16/2008; y, 2. Siguiendo los lineamientos contenidos en la presente determinación emita otra, la cual podrá ser en el mismo sentido, pero purgando los vicios formales evidenciados en el cuerpo de esta sentencia, esto es, deberá: a) Precisar qué pruebas fueron las que sirvieron de base para justificar el cuerpo del delito, y que hicieron probable la responsabilidad penal del encausado, para modificar la resolución de plazo constitucional, emitida en contra del aquí quejoso, por ese juzgado; y, b) Exponer de manera fundada y motivada, si tales elementos de convicción son de los que deben analizarse para resolver sobre el desvanecimiento solicitado o, en su caso, hasta el dictado de la sentencia definitiva. Una vez hecho lo anterior, deberá llevar a cabo una confrontación de los elementos de prueba que, en su caso, se consideren idóneos, para así demostrar si tales medios de convicción desvanecieron indubitablemente aquéllos que soportaron el auto de bien preso, lo cual deberá encontrarse debidamente fundado y motivado. 3. Y, de manera congruente y exhaustiva, dé contestación a la totalidad de los argumentos vertidos por el aquí quejoso, al momento en que promovió el incidente de libertad por desvanecimiento de datos. [.] Así, con el oficio 10810/2016 de este índice, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la ejecutoria mencionada. En ese tenor, mediante oficio 732 de diez de agosto de dos mil dieciséis, la Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sultepec, Estado de México, adjunta a dicha comunicación oficial copia certificada del proveído de cuatro de julio del año en curos, así como de la resolución emitida el nueve de agosto de la presenta anualidad, ambas determinaciones dictadas en el incidente de libertad por desvanecimiento de datos, deducido de la causa penal 16/2008 del índice de la responsable citada (fojas 121 a la 200); actuaciones a través de las cuales informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; en ese tenor se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con el numeral 2° de dicho ordenamiento. Ahora, mediante escrito presentado el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis el autorizado del quejoso realizó diversas manifestaciones que son del tenor siguiente: "[.] vengo por medio del presente ocurso a manifestar nuestra inconformidad en contra de la resolución incidental de nueve de los cursantes, dictada por el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sultepec, Estado de México, a través de la cual dice dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida por este H. Órgano Jurisdiccional Federal, dentro del juicio constitucional 290/2016, tomando en cuenta que, si bien es cierto hace una relación de pruebas desahogadas dentro de la causa penal 16/2008, también lo es que no cumple a cabalidad con la ejecutoria de mérito, pues la valoración que hace respecto de las pruebas que quedaron desvanecidas y que fueron fundamentales y tomadas en cuenta para la emisión del nuevo auto de formal prisión decretado en contra del ahora quejoso RIGOBERTO PERALTA MERCADO, tal valoración es contraria a derecho, habida cuenta que, como se expresó dentro del incidente que se promovió, las mismas, en la actualidad, carecen de todo valor probatorio por haberse desahogado de manera ilícita, tal y como lo determinaran las ejecutorias de amparo emitidas en favor de mis coprocesados REY LÓPEZ TIRADO, ALEJANDRO GARCÍA VENTURA, PEDRO ENGOMBIA MERCADO y DANIEL OLMOS MERCADO, constancias que obran en la causa penal de mérito y que sirvieron de base para promover la incidencia respectiva. En razón de lo anterior, esta parte quejosa considera que la Juez responsable no está dando debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ya que el párrafo tercero del artículo 196, de la Ley Reglamentaria invocada, determina que la ejecutoria se entenderá cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos; por lo que, se suplica a este Juzgado Federal tener por no cumplida la ejecutoria respectiva y ordenar a la autoridad responsable su debido y total cumplimiento, con el apercibimiento que para el caso contempla la propia Ley de Amparo Finalmente, con apoyo en el derecho de petición que otorga el artículo 80. [.]" En otro tamiz, de la confronta realizada entre los fines y efectos de la concesión del amparo, según la ejecutoria a cumplimentar, y la copia certificada de la resolución dictada en cumplimiento que adujo realizar la Juez responsable, este Órgano de Control Constitucional obtiene y concluye que por auto de cuatro de julio de dos mil dieciséis, la autoridad responsable dejó insubsistente la resolución de doce de febrero de dos mil dieciséis, dictada en el incidente de libertad por desvanecimiento de datos, deducido de la causa penal 16/2008 (fojas 121 y 122). Y, el nueve de agosto de la presenta anualidad, la Juez responsable dictó una nueva resolución, en la que se advierte purgó los vicios formales evidenciados en el cuerpo del fallo protector precisando; pues, señaló las pruebas que en el auto de formal prisión sirvieron de base para justificar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del quejoso, a saber, las declaraciones de Pedro Lara Gutiérrez, Nieves Esther Álvarez López, Emilio González Salazar, Margarito Álvarez López, Daniel Olmos Mercado, Rey López Tirado y Alejandro García Ventura; las inspecciones del lugar de los hechos, del vehículo y del cadáver, como se advierte a fojas 126 a 133 vuelta de la resolución de que se trata. Asimismo, enunció las pruebas recabas dentro de la instrucción hasta el momento de la promoción del incidente de libertad por desvanecimiento de datos, a saber, las ampliaciones de declaración de Pedro Lara Gutiérrez, Emilio González Salazar, Benito Servín, Gorostieta, Nieves Esther Álvarez López, Margarito Álvarez López, Manuel López Hernández, Zeferina Gabriela Ramírez Soto, Mario Alberto Martínez López, Nieves López Álvarez, Rey López Tirado, Benito Darío Sánchez, Gabino Mondragón Trujillo, Jaime Lara Gutiérrez, Francisca Vázquez Guadarrama, Ignacio Alfredo Corrales Villareal, Israel Cruz Blanca García, Alberto López Tirado, Rigoberto Peralta Mercado, Álvaro Quintero Estrada, Gloria Salinas Olmos, Francisco López Rojas, Héctor López Tirado, Sofía Mercado Lara, Victoria Hernández González, Mario Engombia Rojas, Pablo Sandoval González, Pedro Engombia Mercado, Rodrigo Albarran García, Carlos Lara Alpizar, Sira Lara Alpizar, Isai Domínguez Carriola, Jesús Hernández Valle, Manuel Everardo Rosales Bernal, Victoria Hernández González, Alejandro García Ventura, Daniel Olmos Mercado, Luis Omar Valdez López, Laura Ventura Rodríguez, Virginia Cruz Ayala, Roberto Carlos García Ventura, Gustavo García Ventura, Fabiola Santana Mercado, careos constitucionales, procesales y supletorios, diversas documentales públicas y privadas, así como ampliaciones de agentes ministeriales, como se colige desde la foja 134 hasta la foja 194 de la resolución de que se trata. Y, finalmente, realizó la confrontación de los elementos de prueba ya invocados y dio contestación a los argumentos del quejoso como se destaca a fojas 194 vuelta a 199 de la resolución incidental de nueve de agosto de dos mil dieciséis, y particularmente respecto al señalamiento consistente en "...carecen de todo valor probatorio por haberse desahogado de manera ilícita, tal y como lo determinaran las ejecutorias de amparo emitidas en favor de mis coprocesados REY LÓPEZ TIRADO, ALEJANDRO GARCÍA VENTURA, PEDRO ENGOMBIA MERCADO y DANIEL OLMOS MERCADO.", la autoridad responsable indicó lo siguiente: ". se vislumbra que el encausado RIGOBERTO PERALTA MERCADO, hace alusión al hecho de que durante el proceso se han desahogado diversos medios de prueba que le favorecen, fundamentando su pedimento en que de acuerdo con la determinación del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito al resolver el amparo 10/2015, determinó que las declaraciones tanto ministeriales como preparatorias vertidas en Febrero de dos mil ocho, constituyen pruebas ilícitas, declaraciones que según el dicho del promovente, son la parte fundamental de donde se considera su probable responsabilidad en el hecho delictuoso de referencia, las cuales en su momento adquirieron eficacia probatoria, aceptando a ver intervenido en el secuestro de la ahora occisa ANTONIA ÁLVAREZ LÓPEZ; y que por cuanto hace a su declaración preparatoria del procesado y promovente del incidente RIGOBERTO PERALTA MERCADO, así como las rendidas por DANIEL OLMOS MERCADO Y PEDRO ENGOMBIA MERCAD fueron recabadas en fecha diecinueve de mayo de dos mil quince; y por cuanto hace a REY LÓPEZ TIRADO, fue recabada en fecha veinticuatro de junio de dos mil quince, respectivamente y con motivo de la reposición del procedimiento ordenado por los Órganos Jurisdicciones Federales, señalando al respecto que el contenido de las mismas resultan insuficientes para demeritar el material probatorio que demuestre su intervención en la comisión del ilícito, dado que el contenido de las mismas no se concatenada con diversos medios de prueba. Al efecto, cabe hacer mención que la suscrita al momento de dictar el Auto de Formal Prisión no tomo en cuenta las primigenias declaraciones ministeriales vertidas tanto como por el quejoso RIGOBERTO PERALTA MERCADO, en fecha uno de febrero de dos mil ocho, como por los coinculpados mencionados; al ser consideradas pruebas obtenidas de manera ilícita, toda vez que no se les hizo saber quién los acusaba, el motivo de su acusación y su derecho de defensa. por ello quedaron excluidas; asistiéndole en ese sentido, derecho al quejos de mérito; en cuanto a que también deben quedar excluidas he invalidadas las declaraciones ministeriales de fecha uno de febrero de dos mil ocho. Empero, por otro lado, aun y cuando no se tomen en cuenta dichas probanzas existen otros datos que soportaron el Cuerpo del Delito y la Probable Responsabilidad del quejoso, pues en indagatoria, como ya quedo apuntado, en una nueva comparecencia del denunciante PEDRO LARA GUTIÉRREZ, al comparecer para identificar el cadáver de la víctima ANTONIO ÁLVAREZ LÓPEZ, hace nueva referencia en cuanto a que, fue secuestrada, le pidieron un rescate de DOS MILLONES DE PESOS, que con posterioridad se enteró que la privaron de la vida, y que los que la secuestraron, ahora sabe responden a los nombres de PEDRO ENGOMBIA MERCADO, DANIEL OLMOS MERCADO, REY LÓPEZ TIRADO, ALEJANDRO GARCÍA VENTURA, ALBERTO LÓPEZ TIRADO Y RIGOBERTO PERALTA MERCADO, denunciando el delito, en su contra." De ahí que a juicio de quien esto resuelve, la Juez responsable señaló las pruebas ya invocadas en párrafos que anteceden y dio contestación congruente y exhaustiva a la totalidad de los argumentos vertidos por el aquí quejoso respecto del incidente de libertad por desvanecimiento de datos. De ese modo, el cumplimiento de las ejecutorias de amparo debe ser total, sin excesos o defectos, por lo que en el caso la protección de la Justicia Federal fue concedida para los efectos destacados supra, cuyos aspectos fueron cubiertos en su totalidad. Sirve de apoyo a la anterior consideración la tesis 2a. XCVI/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 649 del Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema de materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento, debe ser total, sin excesos o defectos, por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente." Establecido lo anterior, al hacer un análisis de las constancias que integran el juicio en que se actúa, se tuvo presente el límite señalado en la ejecutoria, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, por lo que este Órgano de Control Constitucional concluye que la autoridad responsable vinculada con la concesión de amparo cumplió con la sentencia constitucional. Luego, atendiendo al análisis de las constancias del juicio en que se actúa, es dable concluir que la autoridad responsable, acató los aspectos establecidos en la sentencia dictada por este órgano de control constitucional y cumplió los lineamientos de la ejecutoria de amparo, por ende, no existe exceso ni defecto en el cumplimiento dado por la autoridad responsable, así como tampoco inejecución del fallo protector. En ese tenor, y atendiendo a la certificación de cuenta, con fundamento en el artículo 196, penúltimo párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en función del contenido de la certificación de cuenta, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del dicho punto, al ser un juicio en el que se concedió el amparo solicitado. c) Que de conformidad con el punto decimoséptimo del acuerdo en cita, se atendió la digitalización de las constancias, las cuales coinciden con su original. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa. Finalmente, visto el escrito signado por el autorizado del quejoso, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2, se ordena agregar a los autos únicamente para que obre como corresponda, en virtud de lo acordado en líneas precedentes. Notifíquese como legalmente corresponda. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Manuel Isaías Delgadillo Aguiñaga, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
SE NOTIFICA AL QUEJOSO EL AUTO D DIEZ DE OCTUBRE DE DSO MIL DIEICISÉIS POR MEDIO DE LISTA: "Visto el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes mediante proveído de once de agosto de dos mil dieciséis, para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de garantías. En aquel proveído se apercibió a las partes que de no hacer manifestación alguna, este órgano de control constitucional, de oficio resolvería sobre el cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. En primer lugar, se precisa: 1. Que el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, se emitió sentencia en el juicio de amparo que nos ocupa, en la cual se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal (fojas 88 a 102). 2. Mediante auto de veintiuno de junio de dos mil dieciséis se determinó que la resolución anterior había causado ejecutoria (fojas 109 y 110); asimismo, se requirió el cumplimiento del fallo protector a la Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sultepec, Estado de México, actuación en la cual se decretaron los apercibimientos establecidos en los numerales 192, 197 y 258 de la Ley de Amparo. En tal contexto, el cumplimiento de la sentencia de amparo es una cuestión de orden público, lo anterior, con apoyo en la Jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." (10ª Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Libro 12, Noviembre de 2014, Materia Común). I. Alcances del estudio. La materia de la presente determinación, conforme a lo previsto por los artículos 196, párrafo tercero, 213 y 214, todos de la Ley de Amparo, consiste en examinar si la ejecutoria se ha cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos, supliendo, en su caso, la deficiencia de la vía y/o de los argumentos hechos valer por el impetrante; de modo tal que se concluya si existe o no materia para la ejecución; todo ello de manera fundada y motivada. Los dispositivos antes citados disponen: "Artículo 196. [...] La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos." "Artículo 213. En el recurso e incidentes a que se refiere este Título, el órgano jurisdiccional de amparo deberá suplir la deficiencia de la vía y de los argumentos hechos valer por el promovente." "Artículo 214. No podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia para la ejecución y así se haya determinado por el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada." II. Lineamientos de concesión del amparo y cumplimiento. Este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin que se atendieran los lineamientos, respecto de los cuales se ha dado cumplimiento, atento al siguiente análisis: Los efectos de la concesión del amparo son: [.] 1. Deje insubsistente la resolución de doce de febrero de dos mil dieciséis, dictada en el incidente de libertad por desvanecimiento de datos, deducido de la causa penal 16/2008; y, 2. Siguiendo los lineamientos contenidos en la presente determinación emita otra, la cual podrá ser en el mismo sentido, pero purgando los vicios formales evidenciados en el cuerpo de esta sentencia, esto es, deberá: a) Precisar qué pruebas fueron las que sirvieron de base para justificar el cuerpo del delito, y que hicieron probable la responsabilidad penal del encausado, para modificar la resolución de plazo constitucional, emitida en contra del aquí quejoso, por ese juzgado; y, b) Exponer de manera fundada y motivada, si tales elementos de convicción son de los que deben analizarse para resolver sobre el desvanecimiento solicitado o, en su caso, hasta el dictado de la sentencia definitiva. Una vez hecho lo anterior, deberá llevar a cabo una confrontación de los elementos de prueba que, en su caso, se consideren idóneos, para así demostrar si tales medios de convicción desvanecieron indubitablemente aquéllos que soportaron el auto de bien preso, lo cual deberá encontrarse debidamente fundado y motivado. 3. Y, de manera congruente y exhaustiva, dé contestación a la totalidad de los argumentos vertidos por el aquí quejoso, al momento en que promovió el incidente de libertad por desvanecimiento de datos. [.] Así, con el oficio 10810/2016 de este índice, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la ejecutoria mencionada. En ese tenor, mediante oficio 732 de diez de agosto de dos mil dieciséis, la Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sultepec, Estado de México, adjunta a dicha comunicación oficial copia certificada del proveído de cuatro de julio del año en curos, así como de la resolución emitida el nueve de agosto de la presenta anualidad, ambas determinaciones dictadas en el incidente de libertad por desvanecimiento de datos, deducido de la causa penal 16/2008 del índice de la responsable citada (fojas 121 a la 200); actuaciones a través de las cuales informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; en ese tenor se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con el numeral 2° de dicho ordenamiento. Ahora, mediante escrito presentado el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis el autorizado del quejoso realizó diversas manifestaciones que son del tenor siguiente: "[.] vengo por medio del presente ocurso a manifestar nuestra inconformidad en contra de la resolución incidental de nueve de los cursantes, dictada por el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sultepec, Estado de México, a través de la cual dice dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida por este H. Órgano Jurisdiccional Federal, dentro del juicio constitucional 290/2016, tomando en cuenta que, si bien es cierto hace una relación de pruebas desahogadas dentro de la causa penal 16/2008, también lo es que no cumple a cabalidad con la ejecutoria de mérito, pues la valoración que hace respecto de las pruebas que quedaron desvanecidas y que fueron fundamentales y tomadas en cuenta para la emisión del nuevo auto de formal prisión decretado en contra del ahora quejoso RIGOBERTO PERALTA MERCADO, tal valoración es contraria a derecho, habida cuenta que, como se expresó dentro del incidente que se promovió, las mismas, en la actualidad, carecen de todo valor probatorio por haberse desahogado de manera ilícita, tal y como lo determinaran las ejecutorias de amparo emitidas en favor de mis coprocesados REY LÓPEZ TIRADO, ALEJANDRO GARCÍA VENTURA, PEDRO ENGOMBIA MERCADO y DANIEL OLMOS MERCADO, constancias que obran en la causa penal de mérito y que sirvieron de base para promover la incidencia respectiva. En razón de lo anterior, esta parte quejosa considera que la Juez responsable no está dando debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ya que el párrafo tercero del artículo 196, de la Ley Reglamentaria invocada, determina que la ejecutoria se entenderá cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos; por lo que, se suplica a este Juzgado Federal tener por no cumplida la ejecutoria respectiva y ordenar a la autoridad responsable su debido y total cumplimiento, con el apercibimiento que para el caso contempla la propia Ley de Amparo Finalmente, con apoyo en el derecho de petición que otorga el artículo 80. [.]" En otro tamiz, de la confronta realizada entre los fines y efectos de la concesión del amparo, según la ejecutoria a cumplimentar, y la copia certificada de la resolución dictada en cumplimiento que adujo realizar la Juez responsable, este Órgano de Control Constitucional obtiene y concluye que por auto de cuatro de julio de dos mil dieciséis, la autoridad responsable dejó insubsistente la resolución de doce de febrero de dos mil dieciséis, dictada en el incidente de libertad por desvanecimiento de datos, deducido de la causa penal 16/2008 (fojas 121 y 122). Y, el nueve de agosto de la presenta anualidad, la Juez responsable dictó una nueva resolución, en la que se advierte purgó los vicios formales evidenciados en el cuerpo del fallo protector precisando; pues, señaló las pruebas que en el auto de formal prisión sirvieron de base para justificar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del quejoso, a saber, las declaraciones de Pedro Lara Gutiérrez, Nieves Esther Álvarez López, Emilio González Salazar, Margarito Álvarez López, Daniel Olmos Mercado, Rey López Tirado y Alejandro García Ventura; las inspecciones del lugar de los hechos, del vehículo y del cadáver, como se advierte a fojas 126 a 133 vuelta de la resolución de que se trata. Asimismo, enunció las pruebas recabas dentro de la instrucción hasta el momento de la promoción del incidente de libertad por desvanecimiento de datos, a saber, las ampliaciones de declaración de Pedro Lara Gutiérrez, Emilio González Salazar, Benito Servín, Gorostieta, Nieves Esther Álvarez López, Margarito Álvarez López, Manuel López Hernández, Zeferina Gabriela Ramírez Soto, Mario Alberto Martínez López, Nieves López Álvarez, Rey López Tirado, Benito Darío Sánchez, Gabino Mondragón Trujillo, Jaime Lara Gutiérrez, Francisca Vázquez Guadarrama, Ignacio Alfredo Corrales Villareal, Israel Cruz Blanca García, Alberto López Tirado, Rigoberto Peralta Mercado, Álvaro Quintero Estrada, Gloria Salinas Olmos, Francisco López Rojas, Héctor López Tirado, Sofía Mercado Lara, Victoria Hernández González, Mario Engombia Rojas, Pablo Sandoval González, Pedro Engombia Mercado, Rodrigo Albarran García, Carlos Lara Alpizar, Sira Lara Alpizar, Isai Domínguez Carriola, Jesús Hernández Valle, Manuel Everardo Rosales Bernal, Victoria Hernández González, Alejandro García Ventura, Daniel Olmos Mercado, Luis Omar Valdez López, Laura Ventura Rodríguez, Virginia Cruz Ayala, Roberto Carlos García Ventura, Gustavo García Ventura, Fabiola Santana Mercado, careos constitucionales, procesales y supletorios, diversas documentales públicas y privadas, así como ampliaciones de agentes ministeriales, como se colige desde la foja 134 hasta la foja 194 de la resolución de que se trata. Y, finalmente, realizó la confrontación de los elementos de prueba ya invocados y dio contestación a los argumentos del quejoso como se destaca a fojas 194 vuelta a 199 de la resolución incidental de nueve de agosto de dos mil dieciséis, y particularmente respecto al señalamiento consistente en "...carecen de todo valor probatorio por haberse desahogado de manera ilícita, tal y como lo determinaran las ejecutorias de amparo emitidas en favor de mis coprocesados REY LÓPEZ TIRADO, ALEJANDRO GARCÍA VENTURA, PEDRO ENGOMBIA MERCADO y DANIEL OLMOS MERCADO.", la autoridad responsable indicó lo siguiente: ". se vislumbra que el encausado RIGOBERTO PERALTA MERCADO, hace alusión al hecho de que durante el proceso se han desahogado diversos medios de prueba que le favorecen, fundamentando su pedimento en que de acuerdo con la determinación del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito al resolver el amparo 10/2015, determinó que las declaraciones tanto ministeriales como preparatorias vertidas en Febrero de dos mil ocho, constituyen pruebas ilícitas, declaraciones que según el dicho del promovente, son la parte fundamental de donde se considera su probable responsabilidad en el hecho delictuoso de referencia, las cuales en su momento adquirieron eficacia probatoria, aceptando a ver intervenido en el secuestro de la ahora occisa ANTONIA ÁLVAREZ LÓPEZ; y que por cuanto hace a su declaración preparatoria del procesado y promovente del incidente RIGOBERTO PERALTA MERCADO, así como las rendidas por DANIEL OLMOS MERCADO Y PEDRO ENGOMBIA MERCAD fueron recabadas en fecha diecinueve de mayo de dos mil quince; y por cuanto hace a REY LÓPEZ TIRADO, fue recabada en fecha veinticuatro de junio de dos mil quince, respectivamente y con motivo de la reposición del procedimiento ordenado por los Órganos Jurisdicciones Federales, señalando al respecto que el contenido de las mismas resultan insuficientes para demeritar el material probatorio que demuestre su intervención en la comisión del ilícito, dado que el contenido de las mismas no se concatenada con diversos medios de prueba. Al efecto, cabe hacer mención que la suscrita al momento de dictar el Auto de Formal Prisión no tomo en cuenta las primigenias declaraciones ministeriales vertidas tanto como por el quejoso RIGOBERTO PERALTA MERCADO, en fecha uno de febrero de dos mil ocho, como por los coinculpados mencionados; al ser consideradas pruebas obtenidas de manera ilícita, toda vez que no se les hizo saber quién los acusaba, el motivo de su acusación y su derecho de defensa. por ello quedaron excluidas; asistiéndole en ese sentido, derecho al quejos de mérito; en cuanto a que también deben quedar excluidas he invalidadas las declaraciones ministeriales de fecha uno de febrero de dos mil ocho. Empero, por otro lado, aun y cuando no se tomen en cuenta dichas probanzas existen otros datos que soportaron el Cuerpo del Delito y la Probable Responsabilidad del quejoso, pues en indagatoria, como ya quedo apuntado, en una nueva comparecencia del denunciante PEDRO LARA GUTIÉRREZ, al comparecer para identificar el cadáver de la víctima ANTONIO ÁLVAREZ LÓPEZ, hace nueva referencia en cuanto a que, fue secuestrada, le pidieron un rescate de DOS MILLONES DE PESOS, que con posterioridad se enteró que la privaron de la vida, y que los que la secuestraron, ahora sabe responden a los nombres de PEDRO ENGOMBIA MERCADO, DANIEL OLMOS MERCADO, REY LÓPEZ TIRADO, ALEJANDRO GARCÍA VENTURA, ALBERTO LÓPEZ TIRADO Y RIGOBERTO PERALTA MERCADO, denunciando el delito, en su contra." De ahí que a juicio de quien esto resuelve, la Juez responsable señaló las pruebas ya invocadas en párrafos que anteceden y dio contestación congruente y exhaustiva a la totalidad de los argumentos vertidos por el aquí quejoso respecto del incidente de libertad por desvanecimiento de datos. De ese modo, el cumplimiento de las ejecutorias de amparo debe ser total, sin excesos o defectos, por lo que en el caso la protección de la Justicia Federal fue concedida para los efectos destacados supra, cuyos aspectos fueron cubiertos en su totalidad. Sirve de apoyo a la anterior consideración la tesis 2a. XCVI/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 649 del Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema de materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento, debe ser total, sin excesos o defectos, por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente." Establecido lo anterior, al hacer un análisis de las constancias que integran el juicio en que se actúa, se tuvo presente el límite señalado en la ejecutoria, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, por lo que este Órgano de Control Constitucional concluye que la autoridad responsable vinculada con la concesión de amparo cumplió con la sentencia constitucional. Luego, atendiendo al análisis de las constancias del juicio en que se actúa, es dable concluir que la autoridad responsable, acató los aspectos establecidos en la sentencia dictada por este órgano de control constitucional y cumplió los lineamientos de la ejecutoria de amparo, por ende, no existe exceso ni defecto en el cumplimiento dado por la autoridad responsable, así como tampoco inejecución del fallo protector. En ese tenor, y atendiendo a la certificación de cuenta, con fundamento en el artículo 196, penúltimo párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en función del contenido de la certificación de cuenta, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del dicho punto, al ser un juicio en el que se concedió el amparo solicitado. c) Que de conformidad con el punto decimoséptimo del acuerdo en cita, se atendió la digitalización de las constancias, las cuales coinciden con su original. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa. Finalmente, visto el escrito signado por el autorizado del quejoso, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2, se ordena agregar a los autos únicamente para que obre como corresponda, en virtud de lo acordado en líneas precedentes. Notifíquese como legalmente corresponda. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Manuel Isaías Delgadillo Aguiñaga, Secretario que autoriza y da
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Toluca, Estado de México; dieciocho de agosto de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2, se agregan a los autos el oficio de cuenta, a través del cual la parte quejosa realiza diversas manifestaciones en relación al proveído de once de agosto del año en curso. Circunstancia de la cual este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2900/2016, de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa asistido ante el licenciado Luis Alberto Castro Velázquez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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Toluca, Estado de México; once de agosto de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, agréguese a los autos para que surta los efectos legales correspondientes el oficio de cuenta, por medio del cual el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sultepec, Estado de México, da cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en este juicio y comunica el auto dictado el cuatro de julio anterior y la resolución incidental de nueve de los cursantes, así como las notificaciones respectivas, en la causa penal 16/2008. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el cumplimiento dado por la autoridad responsable; para que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación que del presente proveído se les practique, manifiesten lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento que realizaron las responsables al fallo protector; apercibidas que de no hacerlo, este juzgado de Distrito se pronunciará al respecto con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por estas. Notifíquese; y personalmente como corresponda. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Luis Alberto Castro Velázquez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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