Rigoberto Patiño Sánchez

Expediente 923/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
923/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
28/10/2021

Partes del expediente

  • Rigoberto Patiño Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el plazo de cinco días, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el auto de ocho de octubre de dos mil veintiuno; en consecuencia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Comuníquese lo anterior a las partes y hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Se establece que el presente expediente carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral; lo anterior, hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Finalmente, procédase a la destrucción del presente expediente, una vez que haya transcurrido el plazo de tres años. Mientras tanto, resérvese en el archivo de este órgano jurisdiccional para su posterior destrucción.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve ***, por propio derecho. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 923/2021-K. Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de Ley de Amparo en vigor, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del anterior precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de amparo sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: 1.- Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional. 2.- Que este motivo sea manifiesto e indudable. Con relación a lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo, del escrito aclaratorio o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones, y lo indudable, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Bajo esa guisa, este órgano de control constitucional de oficio advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por lo que se debe desechar de plano la demanda que nos ocupa. En ese contexto, cabe señalar que el numeral 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XVIII, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]". En efecto, el análisis del artículo transcrito, pone de manifiesto: a) Que el gobernado, agraviado por un acto de autoridad que tenga la calidad de tribunal judicial, administrativo o laboral, podrá acudir en demanda de amparo solamente hasta después de que haya agotado todas las instancias procesales que se establezcan en la Ley que rija ese acto y tiendan a revocar, modificar o nulificar el mismo; y, b) Que las excepciones a esta regla se darán para los casos de terceros extraños a juicio, o cuando se afecte la libertad personal del quejoso, y para aquellos actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Ahora, el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece lo siguiente: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda." En el caso, el quejoso se duele del acuerdo dictado en la audiencia oral de seis de octubre de dos mil veintiuno, dentro de la causa judicial 184/2020, del índice del juez responsable, a través del que se autorizan copias certificadas de los datos personales del aquí inconforme. Dicha determinación emitida por la autoridad responsable, se considera una resolución de mero trámite, por lo que ante ello, procede el recurso de revocación, el cual tiene como finalidad examinar nuevamente la resolución emitida y dictar una nueva. De ahí que la parte quejosa, previo a la promoción del presente juicio de amparo, debió agotar el recurso contemplado en el citado precepto, toda vez que es un medio de defensa legal procedente para combatir este tipo de determinaciones, en términos del artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud que de que como se dijo, tal determinación se considera de mero trámite. Situación que incluso es más benéfica para la impetrante, ya que en términos de la legislación ordinaria, en una audiencia el juez de control resolvería lo conducente, y no conllevaría la dilación y complejidad técnica mayor que implica el trámite del juicio de amparo. En ese contexto, si el acto que reclama la parte quejosa es aquél que puede ser analizado a través del recurso correspondiente, entonces debe entenderse, en relación con el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, que previamente a acudir a éste, debió impugnarse a través del referido medio ordinario de defensa, por tanto, si la accionante constitucional no lo hizo así, es patente que no agotó el medio de impugnación ordinario, esto es, el recurso de revocación en términos del artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Consecuentemente, el inconforme inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, actualizándose la hipótesis prevista por la fracción XVIII, del numeral 61, de la ley de la materia, toda vez que la existencia de dicho recurso se advierte en forma patente. Tampoco es óbice a la determinación anterior, la circunstancia de que pudiera considerarse dicho acto como de ejecución irreparable, ya que aún contra ese tipo de actos, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes, a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de los supuestos de excepción al principio de definitividad. Por tanto, existiendo una norma que contempla un recurso, es indudable que el impetrante estaba facultado y obligado a la vez, para interponerlo y plantear en él lo pertinente; consecuentemente, antes de acudir al juicio constitucional, debió agotar el recurso ordinario procedente y al no hacerlo así, el acto reclamado debe catalogarse como no definitivo. Por último, debe hacerse la precisión que en el caso no se actualiza la excepción al principio de definitividad a que alude el numeral 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XVIII, inciso b), pues el acto aquí reclamado no afecta la libertad personal del imputado. Motivo por el cual, es válido estimar que se ha actualizado la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVIII, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la presente demanda de amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa el que índica en su escrito inicial de demanda, asimismo, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, ***, *** y ***, toda vez que cuentan con cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales y por lo que hace a *** y ***, dado que no cuentan con cédula profesional inscrita ante dicho sistema computarizado. Se tiene como correo electrónico ***, y número telefónico ***, los cuales de conformidad con el artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se utilizarán únicamente a efecto de entablar comunicaciones no procesales en los casos que se estime necesario, sin que ello implique que dicho contacto sustituya las notificaciones. Asimismo, se autoriza al quejoso para que puedan imponerse de las actuaciones dictadas en el presente juicio de amparo, mediante el uso de aparatos electrónicos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten su actuación a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; es decir, promuevan en la vía electrónica, asimismo, deberán proporcionar algún correo electrónico, número telefónico -celular o fijo- o mensajería instantánea -whatsapp-, a efecto de entablar comunicaciones no procesales, lo anterior con sustento en lo previsto en el artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 del referido órgano colegiado. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", según lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye a la secretaria encargado del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales" aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad del secretario la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio, en términos de lo establecido por los artículos 118 a 120 de la aludida Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

  3. Principal

    Se hace efectivo el apercibimiento hecho a la parte QUEJOSA, al no haber acudido a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, dentro de los dos días siguientes, en el horario comprendido entre las nueve y las quince horas, a partir de la fecha en que se le dejó el AVISO en el domicilio señalado en autos y se procede a notificar por lista que se fija en los estrados del Juzgado y en la página electrónica www.cjf.gob.mx, EL AUTO DE OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, del cual ya existe síntesis publicada con anterioridad.

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