RIGOBERTO PATIÑO PAREDES y Otros.
Expediente 20/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 20/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- RIGOBERTO PATIÑO PAREDES y Otros.
- HILARIO PATIÑO PATIÑO y Otros.
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el proveído de quince de febrero de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Se ordena archivo. Consecuentemente, se ordena archivar el presente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente no es de relevancia documental. Por tanto, atendiendo al numeral 21, inciso b), del referido acuerdo general, el presente juicio de amparo deberá ser destruido en el plazo de tres años. Hágase constar esta valoración en la carátula, en términos del ordinal 35 de dicho acuerdo general. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales o garantía, toda vez que no se exhibieron en el sumario.
- Principal
En atención a lo dispuesto por el artículo 4, fracción IV, última parte del diverso Acuerdo General 13/2020 -que se aplica atento a la Circular CAP 3/2020, que suspendió los términos judiciales y la actividad de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, y prorrogada por las diversas SECNO 1/2021, SECNO 4/2021, SECNO 6/2021, SECNO 8/2021 y SECNO 9/2021, que ampliaron el período de suspensión respectivo del doce al dieciocho, del diecinueve al veinticinco, del veintiséis de enero al nueve de febrero y del diez al quince de febrero del actual-; así como en el diverso Acuerdo General 8/2020, en sus artículos 1, fracción I y 4, fracciones IV, VII, VIII y IX, y el Acuerdo General 10/2020, reformó el párrafo primero del artículo 1 del acuerdo citado en último término, los que estipulan la reanudación de la actividad jurisdiccional para la recepción de casos urgentes. No obstante, el propio consejo reguló la forma en cómo se tramitarán los asuntos que, aunque no tengan un trato urgente, sí deban tramitarse para no vulnerar el precepto 17 constitucional. Tales circunstancias se aprecian del contenido de los artículos 1, fracción III, 2, fracciones VI, VII y IX y 125 del Acuerdo General 13/2020, 14, del diverso Acuerdo General 12/2020 y que regulan la mecánica en que opera el "juicio en línea". Así, de la demanda de cuenta se aprecia que ésta se presentó en línea; además, este asunto no es de aquéllos denominados como "casos urgentes", ya que el acto reclamado, medularmente, consiste en: Con la demanda de amparo de cuenta, *** solicitan el amparo y protección de la Justicia Federal. Fórmese expediente y regístrese con el número 20/2021-VI, tanto en el libro de control de juicios de amparo, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Es necesario analizar la forma en que se presentó la demanda de amparo, ya que, al ser un documento, debe contar los requisitos y formalidades que para su presentación prevé la Ley de Amparo. Formalidades que no constituyen formalismos sin sentido, sino que tienen como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio constitucional, como son fijar la litis, pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero interesado, dar la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público, abrir el incidente de suspensión -si se solicitó la medida cautelar-, y, además, de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa. Bajo esta perspectiva, se debe analizar íntegramente el escrito de demanda a fin de revisar si satisface los elementos necesarios para poder proceder a su análisis de fondo, mismos que se encuentran regulados en el ordinal 108 de la ley en la materia. Ahora, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos anexos; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas ni reticencias, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En el caso, se actualiza de manera indudable y manifiesta, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 6, ambos de la Ley de Amparo, de los que se advierte que el juicio de amparo, con las salvedades a que alude el numeral 15 de la ley en consulta, sólo puede iniciarse a instancia de parte agraviada, es decir, mediante la promoción de la demanda correspondiente, con base en las formalidades previstas en el ordinal 108 de la Ley de Amparo, esto es por escrito. De ahí que, si los quejosos *** no firmaron la demanda de amparo electrónicamente, y los actos reclamados tampoco se encuentran dentro de la hipótesis prevista en el artículo 15 de la Ley de Amparo, es inconcuso que la misma debe desecharse, ya que no se tiene certeza sobre la autoría de la demanda ni la voluntad de los promoventes. No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que, en el caso, la solicitud se presentó en forma electrónica y que en el escrito de demanda se advierta la impresión de grafismos; sin embargo, tal circunstancia es insuficiente para acreditar la manifestación de voluntad; toda vez que, la acción que se intenta constituye un derecho personalísimo que, por regla general, debe ejercerse directamente por las personas expresamente legitimadas para hacerlo, lo que se traduce en que si la parte interesada promovió por propio derecho, a través de la vía electrónica, es necesario que de la evidencia criptográfica generada con el motivo del envío de su promoción se advierta indubitablemente que la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, corresponda a los promoventes, de lo contrario, deberá desechar la solicitud presentada. Ahora, este órgano jurisdiccional no soslaya el hecho de que la demanda haya sido firmada electrónicamente por ***, quien fue señalado como autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. No obstante, sobre este aspecto, también el Pleno del Máximo Tribunal del País se pronunció al resolver la diversa contradicción de tesis 47/2018. En este asunto, se estableció que, en cuanto a la posibilidad de designar autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, el artículo 12 de la ley de la materia regula dicha designación. En su primera parte, permite que el agraviado o el tercero interesado autoricen a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien puede interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o el diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, debiendo acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado en las materias civil, mercantil, laboral (tratándose del patrón), administrativa y penal, tal como lo mandata la segunda parte de dicho dispositivo legal. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 6, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. Como se solicita, téngase como autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados ****, toda vez que sus cédulas profesionales sí se encuentran registradas en el Registro Nacional de Profesiones. Por otra parte, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza a ***, para acceder vía internet al expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa y con fundamento en el diverso 26, fracción IV, para recibir notificaciones, quien tiene como nombre de usuario ***; consecuentemente, comisiónese a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a efecto de que realice la autorización del usuario.
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