Rigoberto Moreno Padilla

Expediente 792/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 12 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
792/2016
Año
2016
Actuaciones
12
Última actuación
04/01/2017

Partes del expediente

  • Rigoberto Moreno Padilla
  • Juez de Partido Cuarto Civil de Celaya, Guanajuato

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Visto el estado de autos se advierte que el presente juicio se encuentra totalmente concluido y que resulta innecesaria la retención de los seis tomos de pruebas que allegó a su informe justificado el Juez Cuarto Civil de Partido, con residencia en esta ciudad; en razón de lo anterior, hágase la devolución de los mismos, solicitando el acuse de recibo correspondiente.

  2. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, de los que se desprende que ya transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa y tercera interesada, para que hicieran manifestaciones en relación al cumplimiento dado al fallo protector por la autoridad responsable, sin que lo hayan hecho, por lo que se procede a analizar de oficio, sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Del estado que guardan los autos, se advierte que por resolución de veinticuatro de octubre del año en curso, se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso, para el efecto de que la autoridad responsable, dejara insubsistente el auto de veintitrés de abril de dos mil quince, y emitiera otra determinación en la que se pronunciará sobre el recurso de apelación interpuesto por el impetrante, de manera fundada y motivada sin incurrir en las violaciones analizadas en la sentencia. Por oficio registrado con el número 16121 (fojas 176-182), la Juez Cuarto Civil de Partido de esta ciudad, en cumplimiento al fallo protector remitió copia certificada del acuerdo emitido el veintidós de noviembre pasado, dentro del juicio ejecutivo mercantil 32/1997, a través del cual desechó de plano el recurso de apelación interpuesto por el quejoso, bajo el argumento de que el acuerdo impugnado no es apelable, aplicando los artículos 1334 y 1339 del Código de Comercio vigente, así como diversas tesis relativas a la irretroactividad de la ley. Ahora bien, en la sentencia de amparo, se consideró que el acuerdo reclamado, carecía de motivación y fundamentación, ya que de los preceptos invocados por la responsable, no se desprendía razonamiento alguno que justificara el desechamiento del recurso de apelación que el quejoso promovió contra el auto de quince de abril de dos mil quince, donde declaró la prescripción del procedimiento de ejecución de sentencia; ello porque no precisó el Código de Comercio aplicable, lo que resultaba relevante a efecto de constatar que los fundamentos se adecúen al caso concreto. En el particular, la Juez responsable, determinó que la legislación aplicable es el Código de Comercio vigente, y posterior a ello, citó los fundamentos y motivos por los que desechó el recurso de apelación interpuesto por el quejoso; con lo cual se estima, purgó los vicios de inconstitucionalidad destacados en la sentencia de amparo. Por tanto, si la protección federal se otorgó para ese preciso efecto, se concluye que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de su derecho violado en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, lo que conduce a declarar que la sentencia de amparo ha quedado cumplida. En consecuencia, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la justicia federal y no se tramitó incidente, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, debiendo conservarse la demanda y la sentencia respectivas.

  3. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio que signa la Juez Cuarto Civil de Partido de esta ciudad, por el cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copia certificada del proveído de veintidós de los actuales, dónde proveyó sobre el recurso de apelación interpuesto por el quejoso en el juicio ejecutivo mercantil 32/1997, de su índice. Con lo anterior, dese vista a la parte quejosa y terceros interesados, por el término de tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo, este Juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base a los elementos que obran en el expediente, lo anterior en términos de los artículos 192 y 196 de la Vigente Ley de Amparo.

  4. Principal

    Visto el estado de autos y en atención a que transcurrió el término legal a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia de veinticuatro de octubre del año en curso, que concedió a la parte quejosa el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones de ley en el libro correspondiente. Por ende, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al Juez Cuarto de Civil del Partido Judicial de Celaya, a efecto de que: Deje insubsistente el auto de veintitrés de abril de dos mil quince y dicte otra determinación sin incurrir en las violaciones que aquí se analizaron, purgando el vicio de constitucionalidad destacado. En el entendido de que, al estar obligado procesalmente a proveer sobre el recurso de apelación interpuesto, la autoridad responsable deberá acordar con libertad de jurisdicción fundando y motivando, cuál es el Código de Comercio aplicable al caso concreto, esto es, si el vigente a la fecha de los créditos que dieron lugar al juicio de origen, el relativo a la presentación de la demanda, o en su caso el actual, y hecho lo anterior, determine sobre la admisión o desechamiento del recurso planteado. Lo que deberá hacer en el plazo de tres días, apercibido que de no dar cumplimiento en el plazo precisado se le impondrá una multa conforme a la unidad de medida y actualización diaria, decretada por el ejecutivo federal, incrementada cien días, en términos a lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con los diversos 192, 197 y 258, de la Ley de Amparo, en concordancia con el decreto publicado en el diario oficial de la federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Se hace del conocimiento de la autoridad requerida que de no acatar lo ordenado, además de la multa, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la continuación del trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación al juez penal competente por la comisión del delito de desacato.

Quedan 8 actuaciones en este expediente

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